Resumen: La apropiación del espacio por las empresas privadas en los territorios colombianos no es una situación nueva. Por años, los modelos de producción como el monocultivo se han asentado en el suelo de Colombia, no solo explotado la tierra sino también la labor del campesino; en este artículo se da cuenta de acontecimientos que están estrechamente ligados a la producción del monocultivo de palma, actores armados ilegales, hechos violentos en la región del caribe colombiano y el accionar político del gobierno frente a la vulneración del derecho al territorio.
Palabras clave: Conflicto armado, verdad, justicia, agroindustria, despojo.
Abstract: The appropriation of space by private companies in Colombian territories is not a new situation. For years, production models, such as monoculture have been settled on Colombia's soil, not only exploiting the land, but also the peasant’s job. This article accounts for events, which are closely linked to the production of the monoculture of palm, illegal armed actors, violent acts in the Colombian Caribbean region and the political action of the government in the face of the violation of the right to the territory.
Keywords: Armed Conflict, Truth, Justice, Agribusiness, Dispossession.
Artículos de investigación
Montes de María, un territorio en disputa: la guerra entre la palma y el agua
Montes de María, a Disputed Territory: The War between the Palm Tree and Water
Karen Yuliana Gaviria Mejía karengamejia@gmail.com
Juliana Carolina Jurado Giraldo juliana.cjg1995@gmail.com
Carla Bajonero Bedoya carlabajonero@gmail.com
Recepción: 01 Mayo 2019
Revisado: 01 Julio 2019
Aprobación: 01 Octubre 2019
El contexto de explotación palmicultora de los Montes de María, tuvo nexos con los repertorios de violencia que se desarrollaron allí, especialmente ligados a la incursión paramilitar. La responsabilidad de terceros –en este caso, empresas– sigue siendo un debate abierto en un país que intenta transitar hacia una paz participativa, con justicia social, ambiental, sostenible y duradera.
Los Montes de María se han caracterizado por ser un territorio donde confluyen y se confrontan múltiples actores sociales y armados. Esto ha afectado la configuración del territorio, los imaginarios que de este se tienen y las condiciones de vida de sus habitantes. En este texto se defiende la tesis en la que se plantea que: el actual contexto de explotación palmicultora de la región de los Montes de María, tuvo nexos con los repertorios de violencia que se desarrollaron allí, especialmente ligados a la incursión paramilitar. Para este análisis se proponen cuatro apartados: primero, se dará un contexto general, incluyendo la configuración social de los Montes de María, la descripción de esta territorialidad durante la década de los noventa, haciendo alusión al conflicto armado y a la violencia que allí se ha presentado. En segundo lugar, nos centraremos en el primer actor armado: el bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] Héroes de los Montes de María, desarrollando elementos de su estructuración paramilitar, sus repertorios de violencia y el recrudecimiento de ésta, así como las relaciones económicas y políticas que dieron paso a la consolidación de la explotación de la palma de aceite. En tercer lugar, se hará un abordaje del Frente 37, perteneciente al Bloque Caribe de la extinta guerrilla de las FARC-EP, analizando sus repertorios de violencia, sus discursos y su respuesta al recrudecimiento del accionar paramilitar. Cabe aclarar que para la fecha en la que se realiza este artículo la guerrilla de las FARC-EP y el frente 37 de Bloque Caribe ya no existe, como se menciona en el mismo documento, se desmovilizaron e hicieron su tránsito hacia la escena política en el marco de los Acuerdos de Paz; y actualmente no hay presencia de estos en el territorio analizado. En el presente documento, se hará referencia a ellos como FARC-EP.
El papel de los grupos mencionados se analizará enmarcado en la década de los noventa, debido a que en esta se intensificaron los repertorios de violencia en el territorio, debido a la lucha por el poder de ambos grupos, donde la sociedad civil se vio gravemente afectada. Finalmente, se presentarán algunas discusiones y conclusiones alrededor de todo el panorama de la región y la tensión entre los actores armados.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz [Ideaspaz] (2011):
La región de Montes de María está ubicada al norte del país, exactamente entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Está constituida por 15 municipios: 7 del departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, María la baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Toluviejo) además de 137 corregimientos, lo que suma una extensión territorial de 6.644 kilómetros cuadrados.
Según afirma Amaranto Daniels (2016), los Montes de María se han caracterizado en las últimas décadas por el cambio socioproductivo que ha sufrido su área natural. Así pues, esta territorialidad ha pasado de ser una despensa agrícola que surte ciudades como Cartagena y Barranquilla a ser reconocida como un territorio minero-energético de grandes extensiones de monocultivo (p. 55). Bajo esta lectura de cambios y transformación, se coincide con el autor en que, el devenir socioeconómico de esta región debe explicarse teniendo en cuenta el trasfondo de violencia asociada al conflicto armado, a las reglas del mercado y a las políticas públicas en materia de desarrollo rural. Aunado a ello, no se puede perder de vista que estas territorialidades en disputa se caracterizan por la fertilidad de sus tierras y otras condiciones esenciales, como acceso al mar y disponibilidad de sistema de riego para algunas zonas. De esta forma, en esta región del país, el desarrollo económico ha tenido una fuerte presencia de la agroindustria, en especial del monocultivo de la palma de aceite y de la ganadería extensiva.
Montes de María también es epicentro del conflicto armado: desde los años noventa se intensificaron fuertes disputas entre diferentes grupos insurgentes que rodean la zona. Por otro lado, además de su vocación productiva de tipo agrario, la región se ha caracterizado por su notable actividad social y sindical, que ha vinculado a obreros y campesinos con el propósito de dignificar y reivindicar sus derechos fundamentales y el acceso a recursos vitales:
En la segunda mitad del siglo XX surgieron organizaciones que aglomeraban sindicatos de trabajadores de las plantaciones, cooperativas y organizaciones veredales, entre ellos la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez & Rojas, 2015, p. 110).
Sin embargo, a pesar del proceso de reforma agraria impulsado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria [Incora] en los años setenta, el campesinado de la región, representado por la ANUC, comenzaron procesos para acceder a tierras, estableciéndose en terrenos que eran propiedad de latifundistas.
En ese entonces empieza a coger fuerza la ANUC y se inicia la recuperación de tierras. “En la parte de montaña la recuperación a terratenientes, ya que toda esta vaina era de los gremios, y eso lo expropiaron (...) Se metieron allí y fueron conquistando hasta la parte de Pueblo Nuevo, toda esa zona también fue recuperada” (Aguirre Alcalá, Caro Tapia, Quiroga Manrique, & Vallejo Bernal, 2016, p. 24)
La ANUC fue consolidándose, más aún en el área de Sincelejo, que es la que tiene una destacada influencia en los movimientos de recuperación de tierras en María la Baja (Ojeda et al, 2015, p. 23). Por otro lado, a partir de gestiones del Incora y del presidente Lleras Restrepo, se inició la construcción de un distrito de riego que abastecería los cultivos de los campesinos de la zona; esto, se realizó también en el marco de la denominada Revolución Verde y financiado con recursos de la Alianza Para el Progreso que fomentaba el cultivo extensivo de arroz, aunque también se tuvieron en cuenta cultivos de otros cereales, tubérculos y frutas (Aguirre Alcalá et al, 2016, p. 22).
La actividad organizativa campesina y sindical, la organización en torno al reparto y recuperación de la tierra y el empoderamiento de las comunidades, sumado a la riqueza de la tierra y a su posicionamiento como una de las grandes despensas agrícolas del país, pusieron a Montes de María en la mira de los grupos insurgentes y paramilitares. Varios líderes de la ANUC tuvieron que bajar su perfil, ya que varios fueron amenazados y otros asesinados (Verdad Abierta, 2014). Dicho panorama fue resquebrajando el tejido social y comunitario que se había creado en la zona a partir del proceso organizativo y varios actores armados, empezaron a atacarlos.
A los líderes los mataron porque las FARC-EP vieron que esos liderazgos se estaban fortaleciendo en Montes de María, entrelazando las regiones y sus comunidades, sin ningún tipo de influencia armada. Ante ello, la guerrilla estaba perdiendo terreno y decidió actuar en contra para que las comunidades cogieran miedo y no siguieran apostándole al cambio que estábamos impulsando (Verdad Abierta, 2014).
La llegada de los grupos paramilitares y su consecuente enfrentamiento con la guerrilla de las FARC, aunado a las acciones violentas dirigidas contra la población civil que dejaron tras de sí una estela de muerte y desolación, hicieron que los pobladores se desplazaran hacia otros lugares de la región y del país. A su vez, quienes decidieron quedarse, se vieron forzados a subarrendar sus tierras o a venderlas por bajos precios. Estos hechos terminaron de resquebrajar las relaciones sociales y los arraigos presentes en el territorio.
La década de los noventa y los primeros años del 2000 fueron tiempos difíciles, donde la disputa territorial de los Montes de María tuvo mayor impacto en las comunidades rurales especialmente en la zona de María La Baja. Durante esta década, se desarrollaron enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el dominio del territorio, masacres, secuestros y asesinatos selectivos. En dicha temporalidad, además, se dio un recrudecimiento de la violencia, producto de la consolidación en 1997 de la mayor incursión paramilitar que dicho territorio haya sufrido jamás.
Como antecedente, es preciso anotar que la zona rural de María la Baja fue poblada en los años sesenta. Los campesinos compraron las tierras con cartas-venta, es decir, documentos escritos a mano entre compradores y vendedores; sin embargo, no recibieron titulación por parte del Incora (Verdad Abierta, 2013). Esta anotación merece atención, pues tal y como lo afirma Molano (2015), “el conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado” (p. 541). De esta forma, para comprender el conflicto armado y su permanencia en el tiempo, es necesario comprender las disputas alrededor de lo agrario, que incluso al día de hoy siguen siendo vigentes debido a la problemática que causa la presencia de la palma de aceite en esta región.
También es menester recordar, que, pese a que en el año de 1997 se dio un recrudecimiento de la violencia en la región, ya desde los ochenta estaban brotando distintos grupos armados que se identificaron como autodefensas. Un ejemplo de ello fueron grupos emergentes tales como: la Casona, los Macarenos, los RR, los encapuchados de Colosó y los Méndez (Verdad Abierta, 2010) desde los ochenta eran una estructura de autodefensa de tres familias de la élite regional, quienes según el reporte de Verdad Abierta (2012), responden a modo de autodefensa ante la incursión guerrillera que estaba asesinando los miembros de sus familias y usurpando sus tierras. Más tarde, a mediados de los 90s, algunos integrantes, como por ejemplo Luis Fernando Terán Romero, pasaron a ser miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU),que hicieron su incursión en la región lideradas por los hermanos Castaño.
Así pues, para el año de 1997, según los reportes de Verdad Abierta (2010), surgió de forma “oficial” el paramilitarismo en los Montes de María, como una alianza contraguerrillera liderada por finqueros, políticos y jefes paramilitares como Vicente Castaño y Salvatore Mancuso.
En otro reporte del mismo año, Verdad Abierta (2010) también afirma que la creación de un grupo paramilitar en la región responde al supuesto de combatir a las FARC-EP y al ELN; sin embargo, este grupo terminó convertido en uno de los más terroríficos del país y uno de los actores que más desplazó a la sociedad civil, constituyéndose así, en una parte fundamental en la espiral de la violencia que fue en ascenso a partir de esa fecha.
Según un reporte de Verdad Abierta (2010), los paramilitares ingresaron a la zona de Montes de María en 1997, cuando empresarios, políticos locales, los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, se reunieron para crear dicho grupo bajo el supuesto de combatir a las FARC y el ELN. Progresivamente, éstos se fueron involucrando con demás miembros de las élites locales y con el negocio del narcotráfico. Sus principales comandantes fueron Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”; Uber Enrique Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”; Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias “Rodrigo Cadena”; William Ramírez Castaño, alias “Román Zabala” y Marco Tulio Pérez, alias “El Oso”. William Ramírez Castaño fue identificado como ocupante de mala fe de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, ambos territorios colectivos de comunidades afrodescendientes que estaban siendo usados para ganadería y monocultivo (Justicia y Paz, 2012).
Su violento accionar se manifestó en homicidios selectivos y desplazamiento forzado, así como en masacres y violencia sistemática contra las mujeres. Todo ello fue financiado, en gran medida, por propietarios y narcotraficantes de la región; y apoyado por políticos y militares.
Su principal forma de estructura fue la organización por grupos regionales independientes: 1. Frente Canal del Dique comandado por alias “Juancho Dique”, 2. Frente Central Bolívar comandado por alias “Román Zabala” y 3. Frente Golfo de Morrosquillo, comandado por alias “Cadena”. Todos estos respondían a su vez al mando general de alias “Diego Vecino”. (Duica, 2010, p. 26)
Después de 8 años de presencia en la zona, el Bloque Héroes de los Montes de María se desmovilizó el 14 de julio de 2005 con 594 miembros, entregó 364 armas, y hasta la fecha varios de sus hombres han participado en el proceso de Justicia y Paz. Ellos han destapado crímenes y señalado a varios de los cómplices con los que sembraron el terror en esta región del país, según lo relata Verdad Abierta (2010). Además, como se ha mencionado anteriormente, factores como el crecimiento poblacional y económico de la región, la efervescencia de su movimiento social y su posición geoestratégica, atrajo a numerosos grupos guerrilleros y paramilitares A finales de la década de los noventa y durante la miad de la primera década de los años 2000, María La Baja sufrió masacres, desplazamiento forzado, violaciones y desapariciones. La región ha sido devastada por el conflicto armado, el monocultivo y el monopolio agroindustrial; el mapa de actores rurales que de allí se desprende está en constante lucha por el dominio total del territorio. En este contexto se destaca la estructura paramilitar Héroes de los Montes de María.
Para este artículo, se adopta el paramilitarismo en primera instancia como:
Práctica o conjunto de prácticas, o una estructura que se configura en proximidad a lo militar, a expensas de lo militar, pero constituyendo algo que está más allá de la frontera de lo militar y que deforma lo militar. Se podría decir que su desviación principal es usar las armas (esencia de la milicia) para lo que no se debe: en lugar de defender a la sociedad, atacarla. (Giraldo, 2003 p. 19)
Según el autor, esta práctica tiene como esencia y estrategia central diluir las fronteras entre lo civil y lo militar, teniendo como punto de partida el Estado y la sociedad civil; busca terminar el conflicto armado por la vía militar, con el propósito de tratar de eliminar los efectos, no las causas del conflicto (Giraldo, 2003, p. 9).
A pesar de que en las investigaciones adelantadas por el sacerdote jesuita Javier Giraldo (2003), durante la presidencia de Andrés Pastrana –de 1998 a 2002– el 82,88% de las violaciones graves a los derechos humanos y el 53,8% de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) es responsabilidad de los paramilitares (p. 18), el origen del paramilitarismo en Colombia se ha intentado sustentar en un relato tergiversado e inclusive justificatorio de su accionar, donde se intenta separar sus acciones de las del Estado y la Fuerza Pública:
El paramilitarismo ha creado un lenguaje ficticio basado en tres mentiras oficiales (1) que el paramilitarismo nació de reacciones de los particulares a los abusos de la insurgencia; (2) que el Estado no tiene vínculo alguno con el paramilitarismo, y (3) que el Estado persigue al paramilitarismo. Esto hace que no haya un lenguaje común para poder negociar. (Además, salir de la ficción es muy complicado para el Estado, pues se autoilegitima radicalmente). Pero además el Estado, como tal, (dentro de su ficción) no puede negociar sino sobre una plataforma jurídico legal. Y el paramilitarismo justamente se sitúa fuera de lo legal. O sea que ninguna plataforma jurídico legal es apta para fundar una negociación del conflicto que toque el problema del paramilitarismo (Giraldo, 2003, p. 20)
En ese sentido, el paramilitarismo se presenta bajo dos modalidades: una, cuando los civiles se atribuyen acciones que son propias de los militares, pero con propósitos distintos al que originalmente tiene la milicia; y dos, cuando los militares se camuflan entre la población civil para ejecutar acciones prohibidas por la normativa militar.
En concordancia con ello, se podría afirmar que los paramilitares son un órgano de Estado, cuyas acciones son apoyadas legislativamente –desde el decreto 3398 de 1965–y de forma logística, como se puede ver en las declaraciones de un alto mando de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC):
En 2007, ante la Fiscalía de Medellín, Salvatore Mancuso, comandante de las AUC, afirmó ante un juez de Justicia y Paz que generales como Rito Alejo del Río e Iván Ramírez habían tenido un rol importante en cuanto a la expansión del paramilitarismo en Antioquia y la Costa Atlántica, respectivamente; que habían participado en reuniones de índole logística con paramilitares y que además sus hombres habían patrullado junto a tropas del Ejército (Redacción Semana, 2007)
Vale recordar que, el decreto 3398 de 1965, “el estatuto de la defensa nacional” se puede considerar como el origen oficial del paramilitarismo, tal como se conoce ahora, en Colombia; es promulgado en el marco del Estado de Sitio decretado por Guillermo León Valencia. Sin embargo, en el país ya se habían presentado fenómenos similares previamente, tales como las brigadas liberales de Enrique Olaya Herrera, los chulavitas de Boavita (Boyacá) y los pájaros de Tuluá (Valle del Cauca) en el periodo de la Violencia, y las guerrillas liberales de los Llanos Orientales (Valencia Grajales, Restrepo Ramírez, & Insuasty Rodriguez, 2016).
En cuanto a la conformación de estructuras paramilitares, parecen emerger varios relatos explicativos. Por un lado, el relato más frecuente afirma que la incursión paramilitar entra para responder a la incursión guerrillera que poco a poco ganaba más territorio. Por otro lado, se defiende la idea que la lucha contrainsurgente solo es una “fachada” o un interés secundario frente a la apropiación de tierras. Zelik (2015), hace dicha distinción, en otros términos:
En este proceso se superpusieron diferentes formas de paramilitarismo. Medina Gallego (1990: 184) diferencia entre los paramilitares que el Ejército usó como “mercenarios de la lucha contrainsurgente” y las autodefensas ganaderas, producto de la organización (forzosa) de civiles que se dedicaron sobre todo a tareas de patrullaje (p. 93)
Vinculado a este punto, Zelik (2015) menciona que, para muchos autores, el punto de partida para la conformación de los grupos paramilitares es el mencionado decreto 3398 de 1965, que legalizó las autodefensas “cívico-militares”; según el autor, este hecho permitió la permeabilidad del Estado frente a grupos armados de carácter privado. Entonces, “de acuerdo con esta interpretación, diferentes actores no estatales –en especial narcotraficantes, ganaderos y militares retirados– se aprovecharon del decreto para fundar ejércitos privados en la década de los 80s, socavando el monopolio de la violencia estatal” (p. 86).
A pesar de que en un principio fueron las Fuerzas Militares quienes respaldaron e incluso ayudaron a la conformación de estos grupos, entregando disposiciones y propiciando logística para ello, denominándolos juntas de autodefensas, comités cívicos militares, juntas de seguridad y vigilancia, comités municipales de autodefensa, entre otros (NCOS, 1995, p. 20), una fracción del paramilitarismo termina escindiéndose del Estado y de las Fuerzas Militares, empezando a obedecer a intereses particulares o privados, aunque continúan solicitando el apoyo de la Fuerza Pública en algunas situaciones.
Por otro lado, se debe conocer la configuración de las élites como un punto de partida, ya que allí entra en juego el objetivo de salvaguardar los intereses de clase que se ven en riesgo con la llegada de la incursión guerrillera y su fortalecimiento. Según Francisco Gutiérrez Sanín (2015), el crecimiento del paramilitarismo se configuró a partir de tres tipos de élites: las rurales, las políticas y las nuevas emergentes de tipo ilegal –los “mágicos” o “nuevos ricos”: los narcotraficantes–:
En primer lugar, la insubordinación de élites rurales legales –por ejemplo, terratenientes ganaderos–, que actuaban en condiciones de hostilidad y desprotección y enfrentaban amenazas personalizadas provenientes del conflicto armado. En segundo lugar, la insubordinación de élites ilegales, particular, pero no únicamente los narcotraficantes. De manera análoga a las legales, pero por razones muy distintas, las élites ilegales no podían acceder, al menos en teoría, a la protección sistemática que requerían del Estado. Recuérdese que Colombia estaba formalmente en una guerra global en contra del narco (...) La cuestión de fondo aquí es la capacidad de un actor social de requerir del estado la provisión de seguridad de manera abierta, legal y estable; y los narcos por definición no podían hacerlo. Por lo tanto, la conseguían a través del mercado de la protección o de agentes privados. En tercer lugar, amplios sectores del sistema político promovieron al paramilitarismo, por razones ideológicas, para expulsar a la guerrilla, para protegerse personalmente, para vincularse con iniciativas de agencias nacionales, o simplemente para hostilizar a sus rivales dentro del sistema. La mayoría de los agentes involucrados en esta clase de procesos parece haber actuado a partir de una combinación de los anteriores motivos. (p. 518)
Cuando se observa el caso concreto de Montes de María, en el accionar paramilitar presente en el territorio se cruzan dos elementos: uno, la presencia de ciertas élites locales de propietarios, ganaderos y políticos que buscan defender sus intereses particulares, ante la efervescencia del movimiento social en la zona y la llegada de las guerrillas que buscan acaparar territorios estratégicos y que pretenden armar cierta base social. El otro elemento, y no menos importante: una creencia personal, basada en las vivencias de quienes conforman estos grupos, que termina concretándose en acciones respaldadas por el propósito discursivo de defender la honra y la propiedad privada; y que se encadena a las pretensiones de las mencionadas élites.
Como se dijo anteriormente, los paramilitares ingresaron a Montes de María en 1997, cuando se juntaron diversos empresarios, élites locales y comandantes de Autodefensas, buscando crear un brazo armado que combatiera contra las FARC-EP y el ELN, para poder salvaguardar sus propiedades y su seguridad. Bajo este panorama, llama la atención cómo en las versiones libres y discursos de los paramilitares siempre está presente la protección de lo propio como justificación de la guerra; sin embargo, cuando se observan sus repertorios de violencia, se suman masacres, abusos sexuales, despojos de tierras campesinas y homicidios selectivos, especialmente a líderes comunitarios.
Frente a este doble panorama, cuando analizamos la sistematicidad de los hechos paramilitares, allí emerge con frecuencia la masacre, el despojo y apropiación de tierras. Así pues, el interés que los grupos armados poseen por las tierras se puede considerar desde dos puntos: si ellas se configuran como un medio o como un fin. Según los desarrollos de Duica Amaya (2010), cuando son un medio, se llevan a cabo mecanismos de violencia; sin embargo, el propósito central es controlar el territorio en pos de tomar ventajas en los sentidos logísticos, estratégicos y militares (p. 28). En contraste, si son un fin, la violencia y la imposición de “paisajes del terror” son métodos efectivos para eliminar la población del territorio –masacres y muertes selectivas– y así poder realizar la posesión de tierras a través de la declaración de propiedad, el usufructo o las amenazas. De esta manera, la legalización de los predios se vuelve un pilar fundamental de dicho accionar violento.
Para el caso de los Montes de María, el interés último del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María era el de tomar propiedad en tanto sinónimo del ejercicio del poder, buscando la consecución de derechos jurídicos, para así pasar de una acción ilegal violatoria del Derecho Internacional Humanitario, a una acción legítima desde una perspectiva jurídica, como lo es la compra de tierras donde se busca incursionar y ampliación de proyectos tales como el monocultivo de palma.
Por otro lado, hay un elemento que no debe pasarse de largo: la dimensión subjetiva entre quienes conforman y se vinculan a los grupos paramilitares, donde asuntos familiares o personales (que se suponen privados) se terminan imbricando con las lógicas del conflicto y, a la larga, termina obedeciendo al discurso de la protección personal y de la propiedad privada. Este es el caso de Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, comandante del mencionado bloque:
[Diego Vecino] Relata que a los doce años recibió un disparo en la cabeza tras una emboscada que guerrilleros del M19 le hicieron a su familia porque no pagaron una extorsión. También cuenta que las Farc le asesinaron a un tío y que él fue secuestrado en dos ocasiones por grupos guerrilleros (...) Según el ex jefe paramilitar, él fue el primer ganadero que secuestraron las Farc, cuando el 24 de agosto de 1995, este grupo guerrillero asaltó y bombardeó la finca Las Melenas. (Verdad Abierta, 2010)
En este caso, un asunto personal termina alimentando el conflicto. Franco (2009) menciona al respecto:
La dimensión subjetiva y estrictamente individual del odio contrainsurgente se activa en aquellos que han sido objeto de agresión de los rebeldes en su persona o familia o en sus bienes materiales. A partir de este sentimiento se activan los ciclos de venganza que dan lugar a lo que Kalyvas reconoce como la interacción entre las acciones e identidades políticas y privadas en la guerra (...) Lo que intenta resolver aquel que quiere venganza por los agravios recibidos es un asunto privado que, simultáneamente, se inserta y alimenta la estructura de la guerra (p. 117).
Las identidades personales, construidas a lo largo de la vida y de las vivencias, van construyendo una motivación privada que termina siendo vinculada al discurso con el que desde las voces oficiales se pretende construir una suerte de justificación fundacional del paramilitarismo, mencionada por Giraldo (2003, p. 20), citado anteriormente. Sin embargo, esto contrasta con lo dicho por alias ‘Diego Vecino’ el día de la desmovilización del bloque Héroes de los Montes de María, el 14 de julio de 2005:
“Las heridas más dolorosas son las que llevamos en el alma, para las que no hay más remedio que la paciencia, el perdón, la resignación y el olvido; no el olvido de la memoria, porque eso es imposible, pero si el olvido del espíritu que perdona y no vuelve, obsesionado una y otra vez, sobre las propias heridas y la mismas pesadillas (...) No fue la venganza la que me indujo a incorporarme posteriormente a las Autodefensas, sino la evidencia perturbadora e inquietante de que mi madre, mi esposa, mis hijos, toda mi familia; mis amigos, mis compañeros de trabajo, miles y miles de personas y de familias enteras estaban sometidas diariamente en estas zonas de Bolívar y de Sucre a los mismos riesgos, a los mismos vejámenes que producían las guerrillas comunistas, sin que el Estado asumiera la defensa de todos estos ciudadanos expuestos al ultraje de su honra, de sus bienes, de su libertad y de su vida (...)”
Aquí lo personal pasa a ser político: el jefe paramilitar menciona que ante el accionar violento de las “guerrillas comunistas” pudo ver que sus seres queridos, su círculo social y sus paisanos se encontraban vulnerables, con un Estado que, a su juicio, no tomaba ninguna posición para defender sus vidas y sus bienes, no vio otra alternativa que la de vincularse a las Autodefensas. Curiosamente, no menciona nombres de ningún grupo, sino que cataloga un objeto general –las guerrillas– en un concepto abstracto –el comunismo– que para una sociedad como la colombiana, tan influenciada por la Doctrina de la Seguridad Nacional, producía temor y odio. Franco (2009) menciona al respecto:
Tras el crepúsculo de la Guerra Fría, y con la aparición de nuevas violencias, las representaciones anticomunistas han sido relegadas por una nueva representación del enemigo insurgente, que en el plexo de la acción teleológica del poder y el aparato de Estado también cumple un papel en su deslegitimación y afianzamiento como objeto de odio (pp. 124-125).
Desde 1947, el primer mandatario de los Estados Unidos Harry S. Truman, retomando la doctrina Monroe (“América para los americanos”), pretende blindar América ante el nuevo enemigo de la potencia: el comunismo soviético. En 1948, se firma el Tratado Interamericano de Acción Recíproca (TIAR), en el marco del cual se dio el primer intercambio político y logístico; además, se autorizan intervenciones de Estados Unidos en cuestiones de seguridad.
Entre 1948 y 1952, Colombia firma con Estados Unidos una serie de tratados bilaterales de ayuda militar donde se intercambiaron fuerzas y hombres; es creada la Escuela de las Américas, donde se entrenó a militares de todo el continente para combatir las nuevas guerras o “guerras irregulares”, formando cuadros político-militares que difundieran la política de la seguridad nacional. En el país, Laureano Gómez empieza una reestructuración de las Fuerzas Armadas, con manuales contrainsurgentes que llegan al país. La política de seguridad nacional que adelantaba Estados Unidos se fundamenta en las crisis de gobernabilidad que sufría América Latina en el momento; se buscaba, entonces tomar medidas coordinadas que permitieran dar una salida a la estabilidad social (Valencia Grajales, Restrepo Ramírez, & Insuasty Rodriguez, 2016).
El comunismo era entendido como una patología de la sociedad y un estado de especial peligrosidad; era un concepto abstracto donde cabía cualquier elemento “anómico” que no necesariamente era comunista: las organizaciones sociales, las nacientes “tribus urbanas”, las comunidades organizadas, hasta los grupos de personas que se reunían sin ninguna bandera política, eran marcadas con esta etiqueta. Así, aunque en su discurso trate de dar un matiz ideológico con cierta pretensión de justificar su accionar, termina en función de los intereses particulares de las élites presentes en la región, que se vieron en jaque con la llegada de la insurgencia al territorio y con la previa actividad social y política. (Villa Gomez & Arroyave Pizarro, 2018)
Se evidencian también actores no visibles, empresas nacionales, internacionales, que de manera directa o indirectamente terminan lucrándose del objetivo final de éste accionar: el mercado y la ganancia económica del negocio derivado del Aceite de Palma y sus múltiples usos industriales, incluyendo, por supuesto el biocombustible.
La normatividad que le dio vida a los biocombustibles en Colombia son las leyes 693 de 2001 llamada ley del etanol carburante y la ley 939 de 2004 o ley del biodiésel. El etanol de caña de azúcar empezó a producirse el 3 de octubre de 2005 y el biodiésel de aceite de palma el 1 de enero de 2008. De manera progresiva su mezcla se fue extendiendo en la medida en que nuevas plantas entraban en operación, hasta alcanzar un promedio del 8 por ciento en las gasolinas. Igualmente, la mezcla de biodiésel con el ACPM hoy es del 10% en el país, con excepción de Bogotá y su área de influencia donde la mezcla es del 9%. Para alimentar las plantas productoras fue necesario sembrar 165 mil hectáreas de palma y aumentar los cultivos de caña con 30 mil nuevas hectáreas (Fedebiocombustible, 2017).
En la región de Montes de María, producto de varios elementos de orden neoliberal, social y de conflicto, se ha dió un viraje hacia el monocultivo extensivo de palma de aceite y ello conllevó a diversas problemáticas de índole social, política y ambiental.
De hecho, para el año de 2014, Bolívar era el sexto departamento con mayor producción de palma (Semana, 2016). Esto puede evidenciarse específicamente en el municipio de María La Baja, que se encuentra rodeado de este tipo de cultivo, propiedad del exministro de agricultura en el periodo de 1998 a 2002 Carlos Roberto Murgas Guerrero, conocido como el “Zar de la palma” (Rutas del Conflicto, 2017); con una de sus empresas llamada Oleoflores, que cuenta actualmente con casi 50.000 hectáreas sembradas con palma de aceite y una fábrica de procesamiento en el mismo territorio. Todo esto se logró debido al proceso de apertura económica que tuvo el país en el periodo presidencial de César Gaviria (1990-1994).
En primer lugar, es importante mencionar que el paso de Murgas del Estado a la empresa privada entra en la categoría de reconfiguración cooptada del Estado, definida por Luis Jorge Garay (2008) como
la acción de organizaciones legales e ilegales que, mediante prácticas ilegítimas, buscan modificar, desde adentro, el régimen político, de manera sistemática e influir en la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés rector del bienestar social (p. 96)
En este caso, se puede considerar reconfiguración cooptada del Estado el hecho de que Carlos Murgas aprovecha su cargo como ministro, para importar la semilla de corozo, de palma y promover por primera vez este cultivo en el país, de lo que se usufructuaria después de consolidar su cultivo de carácter 100% privado.
En segundo lugar, llama la atención la relación entre abandono de tierras por parte de campesinos y aumento en las plantaciones de palma de aceite:
En el año 2000, el Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC perpetraron dos de las masacres más violentas ocurridas en la región. En El Salado, en Carmen de Bolívar, y en Mampuján y Las Brisas, en María La Baja y San Juan Nepomuceno, los paramilitares asesinaron a 71 personas y desplazaron a otras 4.300. Pero, mientras los campesinos abandonaban sus tierras y los paramilitares aumentaban su presencia en la zona, el negocio de la palma echaba sus raíces. (Rutas del Conflicto, s.f.)
Aunado a los hechos mencionados anteriormente, en tercer lugar, llama la atención que mientras el empresariado palmicultor hace su irrupción en el territorio, comprando tierras e invirtiendo en ellas para cultivar palma de aceite, se reemplazan la mayoría de cultivos que los campesinos –que allí pervivían o que habían retornado– habían logrado sacar adelante, hecho que termina privatizando el distrito de agua de María La Baja:
Según algunos campesinos de la zona, conforme la palma fue aumentando, el agua del distrito de riego empezó a ser destinada mayoritariamente al cultivo agroindustrial y en beneficio de los grandes palmicultores, afectando a comunidades enteras que hoy tienen dificultades para acceder al vital líquido. (Rutas del Conflicto, s.f.)
De hecho, los distritos de riego en Colombia fueron creados para el uso comunitario. Sin embargo, tras la llegada de políticas neoliberales en los años noventa, la administración de estos distritos fue decida a asociaciones de usuarios y organizaciones de carácter privado (Aguirre et al, 2016). De esta manera, la concesión del distrito de riego a Usomaría –gerenciada hasta hace pocos años por el mismo Murgas, y en el año 2016 bajo la gerencia de Alfonso Torres, propietario de varios cultivos de palma de la zona– ha impactado de forma negativa en las vidas de los habitantes de los lugares cercanos a los canales y a las represas. Según Aguirre et al (2016), “en la actualidad, gran parte de las 9688 hectáreas beneficiadas con el distrito de riego, aproximadamente 8500, están cultivadas con palma aceitera”. (p. 114).
Con todo lo anterior, no sobra hacer hincapié en que dicho crecimiento de la industria de la palma no se dio por vías pacíficas o de negociación de mercado. Allí operaron diversos repertorios que van desde el cruce de estrategias jurídicas y de coerción, por medio “del rifle y el título”, escalando hasta la violencia manifestada en las masacres, las desapariciones, los abusos sexuales y el desalojo forzado que posibilitaron el despojo de tierras. Para la muestra de ello, las cifras oficiales informan que en la región de los Montes de María se presentaron 56 masacres entre 1997 y 2004; unas 220 muertes de civiles, de los cuales el 80% fueron víctimas del paramilitarismo; 200000 casos de desplazamiento forzado y despojo de más de 80000 hectáreas de tierra entre 1997 y 2007 (Ojeda et al, 2015, p. 107). Estas acciones coercitivas se desarrollaron con mayor frecuencia a medida que los grupos paramilitares se desplazaban por el territorio encontrando rastros de guerrillas. Las masacres son una acción específica dentro del repertorio de violencia que ejercía este grupo paramilitar durante los años noventa.
La masacre se convirtió en una acción constante en los Montes de María, una de las más recordadas por la población de esta región es la ocurrida en el Salado, perpetrada en el año 2000, y otras masacres como la de Mampuján y las cometidas en la hacienda el Palmar, en el municipio de San Onofre. El CNMH (2013) señala que “en Colombia de las 1.982 masacres documentadas por el GMH entre 1980 y 2012, los grupos paramilitares perpetraron 1.166, es decir el 58,9% de ellas. Las guerrillas fueron responsables de 343 y la Fuerza Pública de 158” (p. 45). En este artículo no nos ocupamos de fondo en el tema del repertorio de violencia –hechos concretos como masacres– porque se quiere profundizar y dar respuesta a la hipótesis central: la relación entre despojo, paramilitarismo y el monocultivo de palma de aceite en la región. Lo hacían con el fin de demostrar control y poder no solo sobre la tierra sino sobre la sociedad civil; esta es sin duda una de las formas más bárbaras de ejercer control sobre la población, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2013) define la masacre como
El homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia. Es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror. Es producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del victimario y la impotencia total de la víctima. (p. 36).
De hecho, la violencia no sólo se presentó en términos de acciones coercitivas, sino que también operó una violencia económica de carácter sistemático que buscó la vinculación de los campesinos a la empresa palmicultora, encadenándolos a esta por medio de créditos y sistemas de financiación a largo plazo. De hecho, según Aguirre et al (2016) “la gran mayoría de quienes han participado en el programa en calidad de productores dicen haber perdido sus tierras, debido a las obligaciones financieras en las que incurren con la empresa tras la adquisición de semillas y agroquímicos” (p. 112). Finalmente, podemos afirmar que cuando se instauran estos proyectos agroindustriales, el primer desplazamiento que realizan estructuras paramilitares como ocurrió en Montes de María se convierte en varios desplazamientos de facto, pero el proyecto de monocultivo es en últimas quien desplaza al campesino pues elimina toda condición material para el retorno, ya que la ubicación de los cultivos extensivos de palma coincide con los lugares donde antes se encontraban las parcelas de los campesinos:
Antes de los desplazamientos a finales de los noventa, las familias vivían dentro de sus parcelas. Una vez la violencia se instauró en la región, estas familias tuvieron que abandonar sus tierras, y, si bien han querido volver a trabajarlas, los largos desplazamientos para llegar a sus parcelas son insostenibles. Campesinos ahora asentados en San José del Playón recorren hasta tres horas por trayecto para acceder a sus parcelas comunitarias. (Aguirre et al, 2016, p. 116).
Aunque la relación entre el accionar de los paramilitares y los palmicultores es bastante evidente, ha hecho falta voluntad política para realizar investigaciones al respecto, debido a la estrecha relación de las élites políticas con los palmicultores y al hecho de que el fomento de este cultivo obedece a políticas de planeación del Estado, particularmente desde el gobierno de Álvaro Uribe:
Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el cultivo de palma fue impulsado decididamente como parte de la política de biocombustibles. Aumentaron en un 80% las hectáreas sembradas de palma en el transcurso de dos años. Hoy existen más de 350 mil hectáreas sembradas en el país, según Fedepalma. Hace una década había un poco menos de la mitad (Editor La Rama Torcida, 2018)
Como se ha mencionado, Carlos Murgas fue ministro de agricultura en el periodo presidencial de Andrés Pastrana. Además fue nombrado presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla por el expresidente Juan Manuel Santos; además, es amigo personal de los expresidentes César Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez (La Silla Vacía, 2016). Con esto, queda en evidencia que los intereses políticos y desarrollistas de las centralidades se encadenan con las pretensiones económicas de las élites periféricas del país, que adelantan acciones conjuntas para beneficiarse. Así, uno de los métodos a los que recurren es el del uso de la fuerza, encarnado en el accionar paramilitar.
En los Montes de María y en general en toda la región del Caribe colombiano, ha existido una fuerte presencia de guerrillas. En la zona de María la Baja, la disputa por el territorio se hizo más evidente cuando el Frente 37 de las FARC-EP irrumpe con sus tropas y adquiere el control, realizando extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas, expropiación, entre otros hechos contra la comunidad.
El Frente 37 de las FARC-EP llega a la región en 1988, tras ser creado en octubre de 1987. Sin embargo, la historia del grupo insurgente en esta zona es de más antigua data. Sus orígenes se pueden rastrear desde la Tercera Conferencia de las FARC-EP, la denominada “de reconstrucción”, realizada posterior al golpe sufrido en Quindío, donde murieron gran parte de los hombres del naciente grupo:
En marzo de 1969, se determina la creación del IV frente de las FARC en el Magdalena Medio, para que funcione en los límites entre Boyacá y Santander (...) se enfatiza nuevamente la táctica de guerrilla móvil, debido al duro golpe propiciado a Ciro Trujillo, quien habiendo concentrado en el Quindío parte importante de las fuerzas de las FARC, perdió el 70% de las armas y muchos hombres (Vélez, 2001. p. 158)
El IV Frente llega a la zona y se establece allí, con el propósito a mediano plazo de expandirse y movilizarse hacia el Caribe. Inicialmente, llegaron con pretensiones de formar escuela política y de ser un poder que reemplaza al estatal, pero esto cambia posteriormente, debido a la expansión y la llegada de fenómenos externos como el narcotráfico:
El comandante del IV Frente de las FARC dice lo siguiente (entre 1965 y 1975), “con el accionar del IV Frente se redujo el adoctrinamiento político de los campesinos y se controló el robo de ganado”, práctica que fue generalizada en todo el movimiento de esos años. Sin embargo, la relación con la población, la evolución del movimiento y la expansión guerrillera en los años siguientes, tuvieron una dinámica y unos móviles distintos, debido a las necesidades internas del movimiento y a la complejización del conflicto, por el desarrollo del narcotráfico y la aparición de nuevas formas de financiación, como la extorsión y el secuestro. El movimiento, entonces, se expandió sin abandonar sus zonas tradicionales (Vélez, 2001, pp. 160-161).
Tras la muerte del comandante Franco del IV frente, en 1979, se inicia el desdoblamiento del frente, que según Solís Almeyda (citado por Santrich, 2008),
“es un proceso en el que efectivamente se divide el número de unidades y mandos, atendiendo a un plan de penetración, control de áreas..., crecimiento y desarrollo cuantitativo y cualitativo en general. De tal manera que la división sólo se da como procedimiento multiplicante; ella se produce cuando un Frente o grupo de Frentes han crecido y generado condiciones de desarrollo interno como para poder “parir” una nueva estructura o estructuras, que a su tiempo volverán a hacer lo mismo.”
En este caso, el desdoblamiento del IV Frente se dio debido al tamaño que éste había alcanzado (Solís Almeyda, citado por Santrich, 2008). Por ello, a partir del año 1985, las FARC decidieron expandirse hacia el resto de la región Caribe –y en general desde zonas de colonización a zonas con recursos particulares o de frontera– para vincularse, probablemente, a actividades de contrabando (Vélez, 2001, p. 158). En este año, el Estado Mayor de las FARC-EP trazó un plan estratégico de expansión a nivel nacional, creando más frentes a nivel nacional, planeando una estrategia para controlar la Cordillera Central y un cerco para Bogotá; aparte, estableciendo un gobierno provisional en el sur del país (Vélez, 2001, p. 164). Según esta autora (2001, p. 165), varios autores coinciden que esta expansión, en parte, se debió al fenómeno del narcotráfico: por un lado, la fuerza pública estaba concentrada en combatir las acciones de los carteles de Medellín y Cali; y, por otro, empezaron a cobrar impuestos por el cultivo, transformación y transporte de la coca. Hay que recordar que la zona de los Montes de María, además de su riqueza natural, es un paso obligado para llegar a ciudades como Montería, Sincelejo y Cartagena; además de ser uno de los pasos para acceder al Golfo de Morrosquillo, lugar estratégico como un paso obligado de la cocaína, que se distribuiría hacia el mercado internacional (Molano, 2013).
Además de esto, por allí se podía recibir armamento e insumos para la guerra. Aunado a esto, es preciso anotar que si bien anteriormente en este lugar ya habían concurrido grupos reducidos de varias insurgencias, la llegada de las FARC marcó un punto de inflexión, en el sentido de ser la primera guerrilla que llegaba con un grupo significativo al territorio y con un interés definido:
A finales de los setenta llegaron guerrillas del Ejército Popular de Liberación –EPL–, y el 7 de noviembre de 1985 llegan los primeros cinco guerrilleros de las fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– a Bajo Grande porque esa era la única zona de los Montes de María donde el Partido Comunista Colombiano –PCC– tenía presencia. El interés de las FARC en la zona no era social, buscaban crear y consolidar un bloque armado (Duica Amaya, 2010, p. 21).
Para 1987, el IV Frente se desdobla en los frentes 35 y 37: el primero, operaba en las zonas de Antioquia, Sucre y Córdoba; el segundo, empezó a operar en los Montes de María, comandado por Gustavo Rueda Díaz, cuyo nombre de guerra era ‘Martín Caballero’.
El nacimiento de los grupos insurgentes en Colombia está marcado por el conflicto histórico y político del país, donde la disputa por la tierra es un factor que influye directamente en la consolidación de estos grupos, tal como lo enuncia Estrada (2017) “La violencia contra el campesinado en este período [mediados del siglo XX] provocó la contestación armada en la forma de autodefensa y de guerrilla campesina” (p. 11). Este conflicto se agudiza debido a la apertura económica (la acumulación capitalista), la implementación de políticas neoliberales y la “acumulación por desposesión” y, finalmente estos son los motivos por los que, según Estrada (2017) nace la insurgencia en el país. El Estado se convierte en el enemigo político de los grupos insurgentes debido, por un lado, a que este expande la brecha entre las clases sociales y le concede privilegios económicos y políticos a la clase dominante y, por otro lado, la falta de garantías para una vida digna de la clase social dominada, lo último, pasa a ser un factor decisivo para los campesinos que en los años sesenta deciden tomar las armas.
El Bloque Caribe de las FARC-EP, que abarcaba la región del mismo nombre, nació oficialmente a partir de la Octava Conferencia de las FARC-EP, realizada en La Uribe (Meta), entre marzo y mayo de 1993. En esta conferencia, se realizó una evaluación general de la situación del momento, teniendo en cuenta la coyuntura mundial y nacional, tales como la caída de la Unión Soviética, la reciente Constitución Política de 1991 y la política de apertura económica del presidente César Gaviria; además, se modifica el régimen interno de la organización y se empieza a complejizar su estructura organizativa (Medina Gallego, 2010, pp. 591-592), definiendo la jerarquización con la que se conoció a las FARC-EP hasta el año 2016, lo que sería funcional a la hora de definir mandos, tomar decisiones y organizar a los hombres en armas:
El país se dividió en 7 regiones, y a cada una se asignó un Bloque de Frentes o Comando Conjunto. Así por ejemplo para el Caribe Colombiano se creó el Bloque Caribe. Para el oriente del país se creó el EMBO o Bloque Oriental. Ello permitió adquirir una organización armada si bien centralista en la toma de decisiones, descentralizada en términos militares. Lo que se hizo es que cada uno de los miembros del Secretariado de las FARC, 7 en total, se iba como un comandante político a cada Bloque y a su vez cada Bloque tenía su Estado Mayor. Con ello las FARC lograron dos evitar insubordinaciones en una estructura militar grande y garantizar que en caso de la muerte de un mando ello no fuera el fin de la organización, evitando así lo que sucedió con Sendero Luminoso en Perú (Ávila, 2016 p. 24).
Además, decidieron entrar de lleno en guerra contra el Estado, debido a hechos como los incumplimientos del gobierno en las treguas dadas en los años ochenta, además del exterminio de la Unión Patriótica (UP) y el bombardeo a Casa Verde el 10 de diciembre de 1991. Según Verdad Abierta (2015),
Uno de los primeros bombardeos de gran significado estratégico fue el realizado en ejecución de la Operación Colombia el 10 de diciembre de 1990 a Casa Verde, zona rural del municipio de La Uribe, Meta, un campamento central de las Farc, donde operaba el secretariado de ese grupo armado, su máximo órgano de decisión.
Desde la comandancia, se decía: “Lo intentamos, intentamos la paz y nos traicionaron” (Ávila, 2016, p. 23); por otro lado, las FARC-EP rompen relaciones con el PCC:
Cientos de militantes de la UP y el Partido Comunista habían sido asesinados por fuerzas estatales, paramilitares y narcotraficantes. Las FARC habían llamado a que aquellos que quisieran salvar sus vidas debían irse al monte y había que comenzar la guerra. (...) La militancia del Partido Comunista o la que sobrevivió, había decidió no irse al monte y las FARC decidieron romper las relaciones. “Cada loro en su estaca” dijo Marulanda. (Ávila, 2016, p. 24)
Así se estructura la ofensiva militar que adelantarían a partir de 1995, pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, con miras a la expansión y a la toma del poder, tomando como referencia la experiencia china:
(...) donde en una especie de evolución un movimiento armado pasa de guerra de guerrillas a guerra de movimientos y por último a guerra de posiciones. La teoría Maoísta daba a entender que esta evolución permitiría ir ganando la guerra en una situación prolongada y no una explosión revolucionaria de algunos días. (Ávila, 2016, p. 24)
En este punto, hay que destacar que esta época fue la de las tomas e intervenciones de las FARC en diversas poblaciones del país con la creación de grandes columnas móviles, empezaron a hacer la transición a la guerra de posiciones: “la Urías Cuellar sería la más famosa, luego la Teófilo Forero y la Jacobo Arenas. A partir de allí se dieron la toma a las Delicias en el Caquetá, Miraflores en Guaviare y llegó a su punto máximo en la toma a Mitú la capital el departamento de Vaupés” (Ávila, 2016, p. 24). Sin embargo, previo al establecimiento del Bloque Caribe, ya en la región existían varios frentes de las FARC. En este escrito, como ya se ha mencionado, nos enfocaremos en el Frente 37, comandado por ‘Martín Caballero’.
En 1981, ‘Martín Caballero’ ingresó a las FARC, proveniente de uno de los cuadros santandereanos de la Juventud Comunista (Juventud Comunista [JUCO] de la Universidad Pedagógica Nacional, 2012); entró a las filas del IV Frente, que hacía presencia en el Magdalena Medio (FARC-EP, 2014). Años más tarde y después de varias “hazañas” es promovido y se convierte en el comandante del Frente 37 de las FARC desplegando sus tropas (conformadas en parte por su grupo familiar) ‘Martín Caballero’ vinculó a varios miembros de su familia, no sólo a sus hijos, a las filas de la organización, en la zona de los Montes de María (El Tiempo, 2007).
Para octubre de 1987 se constituye como tal el Frente 37 de las FARC-EP. Con la llegada de más guerrilleros y el establecimiento del mencionado frente, se abre la disputa por las tierras, pues la injerencia paramilitar en la zona complejiza aún más el conflicto, debido a que la apropiación de las rutas del narcotráfico y el despliegue de hombres (paramilitares) en zonas de alta producción agrícola, generaba tensión en términos de poder político y territorial. En palabras de Duica Amaya (2010) “El bloque Caribe de las FARC al mando de alias ‘Martín Caballero’ ejercía un gran control territorial; contaba con base social y disponía de milicias y testaferros que aportaban información de inteligencia vital para ejercer el control. (p. 22). Adicional a esto, señala Duica Amaya (2010) que las FARC-EP tenía un fin definido en esta zona, pues su poder territorial a finales de los 80s y comienzos del 90s estaba concentrado en la obtención de tierras, su control y el de las actividades –legales e ilegales– que se realizara allí:
El ELN, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las FARC no controlaban el narcotráfico, pero se financiaban a través de un “impuesto” por el cuidado de las zonas de cultivos de coca (al sur de Bolívar); en los Montes de María sus ingresos básicos provienen de la extorsión a ganaderos, empresarios y en general a propietarios de tierras. Adicionalmente, usaron como estrategia la compra de tierras al margen de la carretera por parte de testaferros de la guerrilla -provenientes del interior del país- con el objetivo de asegurar la zona desde la carretera hasta la montaña. (pp. 21-22).
En la década de los noventa, los guerrilleros se posicionaron con fuerza y lograron obtener terrenos cerca a la troncal del Caribe, para así poder acceder a cargamentos que transitaban por la vía, esto con el fin de realizar extorsiones, comercializar drogas, robar ganado, transportar armas, secuestrar, entre otros. Esto les permite acceder de manera inmediata a medios y recursos para su sostenimiento:
Después del año 1995, se presenta un incremento de las acciones de las FARC-EP en la región como resultado de la consolidación del Bloque Caribe, que fue creado para ocupar zonas de puertos y de expansión minera –legal e ilegal–, entendiendo que allí había unos recursos y unos poderes que esta organización quería apropiarse. Con el Bloque, se fortalecieron los frentes 35 y 37: el primero ocupó la zona nororiental de la región y el segundo la noroccidental (Echandía, 1999).
El Bloque, específicamente su Frente 37, despliega sus tropas en la zona norte del país, llegando a María La Baja, un territorio que era altamente rico en cultivos de tabaco y arroz, debido a las políticas agrarias de anteriores gobiernos, las movilizaciones campesinas y la influencia del distrito de riego. Sin embargo, para ese momento se estaba realizando una transición productiva, marcada por la irrupción del cultivo de palma de aceite, enmarcado en las políticas neoliberales de apertura económica llevadas a cabo durante el gobierno de César Gaviria. El Frente 37 ratifica su posición política y militar desde estos hechos, adheridos también a lo planteado en la Octava Conferencia –guerra frontal contra el Estado colombiano– y consolida su discurso frente al enemigo político, es decir, convirtieron al Estado colombiano en el enemigo absoluto.
El despliegue territorial de este Frente no tuvo base social, pero sí ejerció poder coercitivo; es decir, la presencia de las FARC-EP en el territorio de los Montes de María provocó una gran disminución en términos de vandalismo ya que la comunidad acudía al grupo para que dieran solución a ciertas problemáticas, como el robo de ganado. Este hecho, sin embargo, no permite asegurar que las FARC-EP tenían pretensiones de ejercer soberanamente en ese territorio como sí lo hicieron en el Cauca y Arauca, donde buscaron consolidar una base social y política.
Durante las primeras décadas de recuperación y expansión de las FARC-EP, los bloques guerrilleros se dirigieron del centro del país hacia los extremos. El Frente 37 llega a los Montes de María –en su momento llegó a tener 500 hombres en sus filas (El Universal, 2016)– y empieza a ejercer control soberano u orden de facto, como lo enuncia Maria Teresa Uribe (1998):
Otra Colombia donde reinaban las guerrillas societales muy imbricadas con la población residente, que empezó a reconocer en ellas un poder concreto, autoritario y discrecional es cierto, pero capaz de constituirse en principio de orden, dirigir la vida en común, dirimir las disputas entre vecinos, sancionar las conductas consideradas por ellos como delictivas y ofrecer dominio y protección; y si bien buena parte de estos pobladores, campesinos y colonos en su mayoría, no estaban muy interesados de los propósitos políticos o de las razones morales de los insurgentes, su presencia era aceptada porque no perturbaba demasiado la cotidianidad de sus vidas y porque encarnaban una autoridad armada a la cual podían recurrir para dirimir conflictos y tensiones de la vida local (p. 21)
Según lo anterior, se puede decir que los grupos guerrilleros ejercieron poder soberano en algunas regiones del país, inclusive llegando a suplir ciertas funciones que debía tener el gobierno. De hecho, en palabras de Vélez (2001, p. 167), la década de los noventa constituyó un hito para la organización en términos de expansión, ya que creó nuevos frentes y los concentró alrededor de centros de poder y centros agrícolas; esto puede ser visto con el Frente 37, que llega a un territorio con una historia productiva agrícola de vieja data. Así, en los Montes de María controlaron las rutas del narcotráfico que por allí pasaban, disminuyeron el robo de ganado y dieron “orden social”. Con la entrada de los paramilitares al territorio, este control territorial y social entró en disputa, ya que el enfrentamiento entre ambos actores causó que se empezara a resquebrajar el poder “soberano” que las FARC-EP pretendían construir.
La prolongación de la guerra entre las FARC-EP y los paramilitares en la zona, hizo que María la Baja, que otrora fuese considerada una de las despensas agrícolas más grandes del país, con un incipiente potencial económico, terminara al margen de la escena productiva del país, lo que a la larga fue aprovechado por el monopolio del cultivo de la palma. Sin embargo, el conflicto hizo tambalear la soberanía estatal, teniendo en cuenta la posición estratégica que tenía el municipio –su cercanía con puertos y ciudades costeras – y la importancia en cuanto a lo productivo. María Teresa Uribe (1998), al respecto, afirma que:
Los estados de guerra prolongados constituyeron otra Colombia, invisible, marginal y distante de los grandes centros urbanos, de las zonas económicas más productivas y de las principales del poder público, pero con la suficiente capacidad de mantener en vilo la soberanía del Estado y construir órdenes de facto con pretensiones soberanas. (p. 21)
Así pues, con todo lo anterior, el territorio en disputa pasa a ser, inesperadamente, parte de esa “otra” Colombia, relegándose y acentuándose su condición de periferia y convirtiéndose en un espacio vulnerable a las pretensiones económicas y políticas de ciertas élites.
La presencia de las guerrillas en los Montes de María marca un punto de inflexión en la historia campesina de la región, pues en un inicio las FARC-EP pretendieron usurpar los procesos organizativos que estaban asentados en esta zona del país e hicieron de su discurso un medio para la obtención de seguidores afines a sus luchas revolucionarias. Duica Amaya (2010) expresa que “en este contexto, los incipientes grupos guerrilleros buscaban capitalizar las acciones campesinas como propias y por ello se confundieron los discursos revolucionarios con las reivindicaciones de reforma agraria” (p. 19). Siguiendo los planteamientos de Pizarro Leon Gómez (1991) acerca de la tipología de las guerrillas en Colombia y vinculado con lo que menciona Duica Amaya, podría pensarse al Frente 37 como una guerrilla de tipo societal, ya que pretendía cooptar la base social ya presente en el territorio. Sin embargo, hay que recordar que en ese momento, según directrices de la Octava Conferencia, las FARC-EP se encontraban en una guerra frontal y manifiesta contra el Estado, debido a que, como se mencionó anteriormente, se dieron incumplimientos en acuerdos, además el se dio el exterminio de la UP, por lo que podría hablarse de una guerrilla más militar que societal: “Las guerrillas tuvieron la hegemonía militar-social de la zona por cerca de dos décadas, en las que se disputaron el control de los recursos provenientes de las extorsiones y el secuestro” (Duica Amaya, 2010 p. 2). Con todo lo anterior, tampoco podría considerarse una guerrilla de partido –partisana–, debido a que Manuel Marulanda decidió, en esa misma Conferencia, romper toda relación con el PCC. Al no poder cooptar la organización social presente en el territorio, el grupo armado empieza a tomárselo por medio de acciones armadas, intimidando a la población para afianzar su poder: “Atacar a la población es, para los actores armados, una forma de debilitar al adversario y, al mismo tiempo, de acumular fuerza” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013, p, 37)
Por otro lado, el CNMH propone dos puntos para leer la relación de los actores armados en Colombia: en primer lugar, un anclaje originario o endógeno, en segundo lugar, un anclaje inestable. El primero se refiere a la fuerte consolidación del grupo armado que permite –tal y como lo denomina María Teresa Uribe– ejercer soberanía territorial y dar orden social.
En este tipo de anclaje [originario o endógeno] la guerrilla asume funciones de regulación, por lo cual los niveles de violencia tienden a ser bajos, y los armados consiguen insertarse en el ordenamiento social emergente. No obstante, pese a la consolidación del dominio de los grupos ilegales, la población civil de estos territorios ha sido victimizada, especialmente en la segunda mitad de la década de 1990, cuando las FARC se fortalecieron militarmente (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013, p. 38)
En el caso del Frente 37 y su presencia en los Montes de María, se podría hablar de este tipo, debido al dominio y a la violencia que ejercieron. Al llegar al territorio, luego de intentar tomar la ya existente base social, empiezan a regular asuntos de seguridad y a dirimir en hechos como el robo y el abigeato. El grupo es legitimado por parte de la comunidad a raíz del temor y cohesionados debido a la presión armada. El segundo responde a una relación del grupo armado con el orden político y económico de un territorio determinado: “Un anclaje inestable. Esta forma de anclaje se puede observar en dos tipos de zonas: en zonas de integración económica y política o en zonas en las cuales hay bonanza económica” (CNMH, 2013, p. 40) Claramente hay una relación entre el poder ejercido por los grupos armados y la territorialidad.
La empresa palmicultora Oleoflores tiene sus instalaciones sobre la Troncal del Caribe: esta carretera es uno de los principales corredores viales del país pues conecta toda la región atlántica; la empresa ubicada en los Montes de María tiene sus plantaciones en la finca Las Flores, principalmente en el municipio de Codazzi, pero en el año 2000 se expande hacia María la Baja, territorio que estudiamos en este artículo. La presencia de la palma de aceite en este territorio se da por la alianza que se creó con los pequeños campesinos de la zona, tal y como lo cuentan en su página web “se realizan las primeras alianzas productivas y sociales para la palma de aceite, con 126 pequeños productores de la zona rurales de los Montes de María en el municipio de María la Baja, en el departamento de Bolívar” (sitio web de Oleoflores, s.f.) Esto no es fortuito, ni fue beneficioso para las familias campesinas que se acogieron a la alianza ya que ellos mismos denuncian la escasez de comida y agua que se vive hasta el momento en la zona.
La empresa palmicultora opera en la región desde el año 1978 y hasta el momento las denuncias que corren en su contra están orientadas a la falta de agua que hay en la zona; la comunidad denuncia públicamente que sufren de enfermedades debido a que tienen que utilizar el agua que proviene del riego de las plantaciones, esta agua perjudica gravemente su salud generando sarpullidos, erupciones en la piel y problemas estomacales, así lo enuncian Pablo Rodero y Maria Roda (2017):
En Palo Altico nunca hubo acueducto ni agua potable. Sin embargo, ese nunca fue un problema, pues la gente recogía el líquido de pozos y de los embalses circundantes, o por último bebía lo que caía del cielo. Así fue su día a día durante décadas, llenando bidones y cargándolos sobre la cabeza o sobre un burro. Con ella cocinaban, lavaban la loza y se bañaban. Y nunca hubo escasez, tampoco una denuncia de enfermedades cutáneas o intestinales, ni mucho menos mortandades de animales.
Hasta que llegó la palma africana y con ella todos estos males que hoy tienen sedientos y preocupados a los habitantes de esta pequeña vereda enclavada en Los Montes de María, una subregión montañosa ubicada en el departamento de Bolívar.
La salud de los habitantes de Maria la Baja se ha deteriorado debido a la utilización de aguas que están mezcladas con agroquímicos y fertilizantes que se usan para el cultivo de la palma. Esta es otra de las denuncias que hacen los activistas ambientales de la zona:
Vecinos y expertos ambientales como la propia Paula Álvarez denuncian, además, que los agroquímicos empleados para el cultivo de palma se están filtrando al agua de la represa, que surte a todos los canales del distrito de riego, que, a su vez, son la única fuente hídrica de muchas comunidades de la zona. (Rodero & Roda, 2017)
Así como se denuncian las afecciones en la salud de la comunidad, también se denuncia que el uso de agroquímicos altamente contaminantes que causan problemas a la fauna que habita la zona, especialmente a los peces; sumado a esto, las pocas fuentes hídricas que sirven para el consumo humano se están contaminando debido a la cercanía con el monocultivo de palma. Este cultivo está acabando con las formas de vida alrededor de sus plantaciones. El tema más delicado es el agotamiento del agua consumible debido a que es contaminada por las aguas que bajan de los riegos. Las comunidades se deben desplazar largos trayectos para conseguir nueva fuentes que suplan la necesidad del líquido; en otras palabras, los habitantes de esta zona viven el día día en la búsqueda de un recurso vital para la vida que se convirtió en un bien privado. Este recurso natural está siendo aprovechado para el mantenimiento de los cultivos de palma. La revista Semana presenta un informe del IDEAM, el cual indica en cifras el consumo de agua para este tipo de cultivo:
El Estudio Nacional del Agua, elaborado en 2010 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), contiene un dato que puede ilustrar la magnitud del problema. Mientras que las cerca de 700.000 hectáreas de café que había en el país en ese año utilizaban 1.211 millones de metros cúbicos de agua, la palma africana, cuya extensión para esa fecha era de 322.000 hectáreas, consumía 1.270 millones de metros cúbicos. (Semana, 2017)
Otras denuncias alrededor de la industria palmicultora son por la propiedad sobre la tierra. La organización para los derechos humanos Human Rights Everywhere –Derechos humanos para todos– (HRW), realizó una denuncia en el año 2006 sobre las violaciones a los derechos humanos en las regiones donde hay presencia del cultivo de palma de aceite, para la región Caribe comprendido por los municipios de Sucre, Bolívar, Magdalena y la Guajira, las denuncias son:
Apropiación ilícita de tierras y delitos asociados: apropiación indebida o fraudulenta de tierras, robo de tierras, compra de tierras bajo coacción armada, falsedad en documentos.
- Asesinato de sindicalistas y trabajadores de palma, persecución sindical.
- Asesinato de líderes sociales y campesinos, rotura del tejido organizativo y social.
- Asesinatos y masacres.
- Colaboración en red de corrupción.
- Desapariciones forzosas.
- Desplazamiento forzado colectivo e individual.
- Extorsión.
- Infracciones al derecho internacional humanitario, pillaje, atentados en las plantaciones.
- Lavado de activos del narcotráfico.
- Paramilitarismo por acción o colaboración (financiera, logística u operativa).
- Torturas, hostigamientos, amenazas con el fin de crear un clima de terror. (HRW, 2006)
Las consecuencias del sembrado de este monocultivo en los Montes de María son la devastación del territorio, la transgresión de su identidad, la desaparición de sus habitantes y la escasez de sus fuentes hídricas; no obstante, cabe resaltar que a pesar de las denuncias que hizo la HRW y los reportes de los mismos habitantes en la Revista Semana contra la operabilidad de Oleoflores, esta empresa sigue ejerciendo sus labores con normalidad en la zona Caribe Colombiano. Es preciso preguntarse por las demandas vigentes que hay en su contra y el papel del Estado frente a la situación que viven y denuncian las familias.
Todo lo anterior permite analizar el hecho de que los habitantes de los Montes de María fueron desplazados para darle paso a la siembra de monocultivo de palma de aceite, no recibieron ayuda del gobierno; es decir, son víctimas del Estado por abandono, sufrieron del repertorio de violencia impartido por los paramilitares que comandaron la zona y el despojo de tierras por parte de las guerrillas; son víctimas de diferentes actores a partir de un hecho concreto que fue el monocultivo de palma de aceite, introducido en la zona con miras al desarrollo industrial y la apertura económica del país al mercado global. En Maria la Baja, al igual que en otras regiones del país, los monocultivos o la extracción minería como actividad propia del modelo de desarrollo económico, no le generó a sus habitantes una mejor calidad de vida; contrario a esto se evidencia que al llegar la palma en el año 1978 se incrementa la criminalidad, las muertes, desapariciones y despojos de tierras. Los mayores perjudicados han sido los pequeños campesinos que no cuentan con el apoyo del ente gubernamental para defender sus territorios, desde entonces y hasta ahora se han defendido de las empresas nacionales y multinacionales, de las guerrillas, de los paramilitares y hasta de la fuerza pública.
El costo de reordenar el territorio en función de un megaproyecto económico que beneficia a pocos sectores es evidente en este caso. Es clara la consecuencia que se deriva de una presión en cadena, que va desde los intereses del mercado global, firma de acuerdos internacionales –en este caso el tránsito hacia el modelo híbrido de biocombustible– y que, a modo de cascada baja a los territorios. Esta realidad genera una presión por alcanzar una posición privilegiada en éstos nacientes negocios, por parte de las élites locales y nacionales, quienes logran el control de sectores políticos para no solo reordenar el territorio, sino la institucionalidad Estado con el fin de mover las decisiones necesarias a su favor, una suerte de captura del Estado (OXFAM, 2018) por vía legal e ilegal. Vale preguntarse por la relación que tienen también, las decisiones económicas ancladas a intereses globales, en este caso el tránsito hacia el bio-combustible, una necesidad global que impacta intereses de élites locales quienes buscan de suyo, una mejor posición en el negocio, ejerciendo la presión necesaria para lograr sus objetivos de mercado.
Luego de una guerra cruenta que destruyó tejido social, organizaciones sociales, afectó la cultura e hirió gravemente la democracia como participación real de la comunidad (Borja Bedoya, Barrera Machado, & Insuasty Rodriguez, 2017), no podemos hablar de democracia cuando el miedo, la sombra hoy de lo que fueron ayer los verdugos sigue viva en los espacios de poder, así la democracia termina siendo reducida a un asunto de votos en elecciones cuyos resultados la historia demuestra, ya están viciados. Los costos de la guerra que, dicha expansión trajo ante todo una gran pérdida en términos de efervescencia social, autoorganización comunitaria y destrucción de lazos de confianza. Dichos costos sociales dan cuenta de lo absurda que es la guerra, sobre todo cuando ambos actores la defienden desde “la justa causa”; sea ideología de usurpación del poder del Estado por parte de las FARC-EP, o defender “lo propio” de la amenaza comunista por parte de la estructura paramilitar. Así pues, de acuerdo con lo que muestran las cifras, (Verdad Abierta, 2010), aunado al aumento de las incursiones paramilitares entre 1996 y 1999, los secuestros llevados a cabo por la guerrilla se multiplicaron por cuatro.
El terror de unos alimentaba el odio de los otros. Violencia trajo violencia. Y para cuando se inició el proceso de desmovilización en 2003, la guerrilla en los Montes de María estaba entera y su jefe alias ‘Martín Caballero’ seguía haciendo retenes en las carreteras y volando torres eléctricas. Y así como las Farc con todo su odio no les consiguió una hectárea de tierra a los campesinos, el paramilitarismo con todo su terror no les trajo un día de tranquilidad. (Verdad Abierta, 2010).
También podemos concluir de forma paradójica, que si bien las FARC-EP en un principio no perturbaron demasiado el orden social, luego, frente a la incursión paramilitar, la presencia de las FARC-EP, fue una de las razones más importantes por las que los paramilitares aumentaron las masacres, la violencia indiscriminada y los asesinatos selectivos, pues tal y como lo plantea (Duica Amaya, 2010) “La falta de control por parte de los paramilitares y un dominio claro de las guerrillas, es una de las razones por la que los primeros deciden ejercer violencia” (p. 23). Ello conllevó a una prioridad por el amedrentamiento de la población y el esfuerzo por el dominio de los Paramilitares.
Sin embargo, en medio de la complejidad que amerita la guerra, no se puede olvidar que la otra gran razón de peso para el repertorio de violencia paramilitar tiene como objetivo “buscar el desplazamiento para luego repoblar las zonas con gente afín, bajo la táctica de desplazamiento/repoblamiento”. (Duica Amaya, 2010, p. 23). De lo anterior, es posible inferir que esa inserción del capitalismo agrario, “ya sea de la agroindustria bananera o actualmente la palma africana, los cultivos de teca, el auge minero y el narcotráfico” (CNMH, 2018, p. 51) estuvo coordinado en los Montes de María, por el orden paraestatal y ello apenas está siendo investigado.
Suena paradójico que, a pesar de que la expansión paramilitar se justificó en acabar la guerrilla y ese discurso siempre estuvo presente en las declaraciones, la evidencia apunta a que, el accionar estuvo más orientado hacia la apertura y “limpieza” de corredores de narcotráfico, consecución de jugosos contratos a empresarios (Verdad Abierta, 2010) y sobre todo el despojo de tierras en las que hoy se desarrollan grandes proyectos mineroenergéticos, como lo es el cultivo de la palma de aceite en los Montes de María, especialmente en el municipio de María La Baja, que “casualmente” coincide con las mejores condiciones de suelos y disponibilidad de riego.
Finalmente, a modo de recomendación, se hace hincapié en la importancia de estudiar los fenómenos de intrafilas, pues hay razones subjetivas que se imbrican en las lógicas del conflicto, como sucedió en el caso de Diego Vecino o Luis Fernando Terán. Éste último dijo: “Yo maté mucha gente, porque a mis hermanos les mocharon la cabeza después de que los bombardearon en una emboscada y les prendieron fuego. Por eso, a mi motivaba un deseo de venganza” (Verdad Abierta, 2012).
Con lo anterior se puede identificar de forma clara, cómo se entrecruzan diversas motivaciones tras la configuración de este grupo armado en los Montes de María. Por un lado, una expresión de autodefensa más de corte instrumental, que opera de forma violenta para “cuidar” las tierras o para ganar otras; y por el otro lado, se suma una razón más visceral, que obedece al deseo de venganza cuando el enemigo arrebata a los seres queridos. Lo interesante de todo ello, es que el desenlace no fue “acabar con la guerrilla como enemigo” sino que esos odios y deseos de venganzas terminaron siendo instrumentalizados para generar despojo de campesinos que, paradójicamente, no pertenecían a las guerrillas.
Para la vida del campesino en los Montes de María no queda otra opción más que trabajar en la Finca Las Flores y servir de mano de obra a la misma empresa que les quita las fuentes hídricas, desplaza de sus tierras y deteriora su salud; la situación que se vive en la vereda el Playón, en Santo Domingo de Mesa, Palo Altico y demás veredas no es la mejor a pesar de que el gobierno prometió desarrollo y prosperidad para la región, no se ve reflejado en las condiciones de vida de quienes allí habitan.
