La militarización de la frontera mexicana y el “muro de Donald Trump”

The militarization of the Mexican border and the “Donald Trump Wall”

Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017, el magnate Donald Trump prometió que llevaría adelante una política de mano dura en materia migratoria.

Con ese objetivo emitió varios decretos para suspender los viajes desde siete países de población mayoritariamente musulmana y el ingreso de refugiados. Además, insistió en construir un muro de miles de kilómetros en la frontera con México para frenar el flujo de migrantes indocumentados desde Centroamérica y propuso poner fin a un programa que otorgaba estatus legal a jóvenes inmigrantes que llegaron de forma irregular al país siendo niños.

Lo cierto es que el presidente Donald Trump ha tenido una connotación inusual para los mexicanos. De repente, como al borde de un estado de confrontación o guerra con tan poderoso vecino, los mexicanos se han sentido denunciados por Trump como criminales, violadores y narcotraficantes. En la visión de Trump, México ha exportado hacia el territorio estadounidense sus problemas y lo peor de los ciudadanos mexicanos. También ha acusado a México de beneficiarse de Estados Unidos con un tratado de libre comercio injusto que –según Trump – le ha costado a la superpotencia millones de empleos e inversiones, mientras que los beneficios para los mexicanos han sido muy superiores.

El 25 de enero de 2017 el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden para construir un nuevo muro para la frontera que divide Estados Unidos de México. La frontera actual tiene 3 201 kilómetros (1 989 millas) y atraviesa distintos tipos de terrenos, pueblos y ríos. Actualmente, el muro, que fue construido en presidencias anteriores, ocupa 1 126,54 kilómetros (700 millas), pero para el presidente Trump el muro tendrá 1 609,34 kilómetros (1 000 millas), ya que el resto de la división está cubierta de obstáculos naturales.

En relación con lo anterior, hasta que se termine la construcción de un muro, Trump firmó un memorando en el que se previó enviar entre 2 000 y 4 000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur de su país, con el supuesto fin de proteger la frontera sur y tomar medidas necesarias para detener el flujo de drogas, el contrabando, las pandillas y la delincuencia e inmigrantes ilegales a este país.1

La situación de los migrantes que llegan a la frontera mexicana con Estados Unidos es muy compleja, a los riesgos que atravesaban para llegar hasta allí ahora deben sumarle encontrarse con una frontera militarizada y tener una muralla de vergüenza que separa a ambos países, es toda una amenaza y una vulneración de los derechos humanos integrales de la población que se aproxime, no importa cuál sea el país de origen. A todo eso se sumó las palabras muy groseras, obscenas, del presidente Donald Trump hacia México y otros países latinoamericanos.

Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017, el magnate Donald Trump prometió que llevaría adelante una política de mano dura en materia migratoria.

Con ese objetivo emitió varios decretos para suspender los viajes desde siete países de población mayoritariamente musulmana y el ingreso de refugiados. Además, insistió en construir un muro de miles de kilómetros en la frontera con México para frenar el flujo de migrantes indocumentados desde Centroamérica y propuso poner fin a un programa que otorgaba estatus legal a jóvenes inmigrantes que llegaron de forma irregular al país siendo niños.

Lo cierto es que el presidente Donald Trump ha tenido una connotación inusual para los mexicanos. De repente, como al borde de un estado de confrontación o guerra con tan poderoso vecino, los mexicanos se han sentido denunciados por Trump como criminales, violadores y narcotraficantes. En la visión de Trump, México ha exportado hacia el territorio estadounidense sus problemas y lo peor de los ciudadanos mexicanos. También ha acusado a México de beneficiarse de Estados Unidos con un tratado de libre comercio injusto que –según Trump – le ha costado a la superpotencia millones de empleos e inversiones, mientras que los beneficios para los mexicanos han sido muy superiores.

El 25 de enero de 2017 el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden para construir un nuevo muro para la frontera que divide Estados Unidos de México. La frontera actual tiene 3 201 kilómetros (1 989 millas) y atraviesa distintos tipos de terrenos, pueblos y ríos. Actualmente, el muro, que fue construido en presidencias anteriores, ocupa 1 126,54 kilómetros (700 millas), pero para el presidente Trump el muro tendrá 1 609,34 kilómetros (1 000 millas), ya que el resto de la división está cubierta de obstáculos naturales.

En relación con lo anterior, hasta que se termine la construcción de un muro, Trump firmó un memorando en el que se previó enviar entre 2 000 y 4 000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur de su país, con el supuesto fin de proteger la frontera sur y tomar medidas necesarias para detener el flujo de drogas, el contrabando, las pandillas y la delincuencia e inmigrantes ilegales a este país.¹

La situación de los migrantes que llegan a la frontera mexicana con Estados Unidos es muy compleja, a los riesgos que atravesaban para llegar hasta allí ahora deben sumarle encontrarse con una frontera militarizada y tener una muralla de vergüenza que separa a ambos países, es toda una amenaza y una vulneración de los derechos humanos integrales de la población que se aproxime, no importa cuál sea el país de origen. A todo eso se sumó las palabras muy groseras, obscenas, del presidente Donald Trump hacia México y otros países latinoamericanos.

DESARROLLO

La prometida militarización de la frontera entre Estados Unidos y México por el presidente Donald Trump, no es un fenómeno novedoso. A través de la historia se han enviado soldados o milicias para:

• Impedir la fuga de esclavos afrodescendientes.

• Expulsar a nativos de sus tierras ancestrales.

• Reprimir revueltas mexicanas provocadas por la violencia anglosajona.

• Reprimir y eliminar activistas sociales o estudiantiles.

• Asesinar líderes sociales o estudiantiles.

Los antecedentes históricos sobre la militarización de la frontera o de la influencia de las fuerzas militares en la frontera comienza con la esclavitud, después que Estados Unidos se apoderó de Texas y otros territorios del suroeste tras la guerra con México, milicias armadas patrullaban la frontera en busca de esclavos afrodescendientes prófugos.

La vía tradicional de fuga hacia el norte, el ferrocarril, era demasiado larga para los que deseaban huir, de manera que miles buscaban libertad cruzando la frontera sur. Los texanos que traficaban con personas enviaban milicias armadas para encontrar a “su mercancía”. En aquel contexto México frecuentemente se negaba a entregar a los esclavos, y se producían escaramuzas violentas. Durante la etapa de Revolución y Revuelta, reinaban las tensiones entre colonos blancos, mexicano-estadounidenses y pueblos nativos en territorios adquiridos por Estados Unidos. El gobierno estadounidense de la época instaló guarniciones militares con el fin de expulsar a pueblos nativos de sus tierras.

Al comenzar la Revolución Mexicana (1910), colonos anglosajones temieron que mexicano-estadounidenses se levantaran en armas para plegarse al dirigente revolucionario Pancho Villa (José Doroteo Arango Arámbula). Ocurrieron hechos como el fusilamiento de ingenieros blancos por soldados del ejercito de Villa y el ataque a mexicano-estadounidenses en barrios pobres de El Paso por mineros estadounidenses, lo que provocó disturbios en 1916.

En represalia el ejército de Villa atacó la aldea de Columbus, Nuevo México. La incursión enfureció a blancos y el presidente Woodrow Wilson ordenó al general John J. Pershing invadir México para arrestar a Villa, pero no pudieron capturarlo.

En el siglo xx, sobre el tema de la migración y las drogas, el Congreso de Estados Unidos creó en 1924 la Patrulla Fronteriza, la que se amplió lentamente a medida que evolucionaba su misión. Su primera tarea fue impedir el ingreso de migrantes asiáticos y luego la de detener el contrabando de alcohol durante la época de la Ley Seca. Poco a poco pasó a ocuparse de la inmigración indeseada de latinoamericanos.

En 1997 el presidente William Clinton envió infantes de marina a la frontera para “ayudar” en la lucha contra las drogas. El experimento terminó luego que un marine disparó y mató a un joven mexicano de 18 años, que pastoreaba sus cabras cerca de su pueblo, que no solo no estaba relacionado con el narcotráfico, sino que era un estudiante distinguido. Se recuerda todavía a Esequiel Hernández porque las autoridades mexicanas reconocieron que Hernández no tenía nada que ver con las drogas y, por el contrario, era un estudiante destacado.

La oposición al militarismo en la frontera mexicana contribuyó a que la administración de William Clinton interrumpiera la presencia militar estadounidense, pero después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush envió a la frontera efectivos desarmados de la Guardia Nacional como fuerza de apoyo, también envió 6 000 efectivos en 2006 y Barack Obama mandó 1 200 efectivos en 2010, en este último caso con el pretexto de responder a la violencia creciente del narcotráfico, pero siempre se han esgrimido distintas argumentaciones para imponer ese objetivo (Trump, 2018).

La política de distintas administraciones estadounidenses ha pretendido que el conjunto del territorio mexicano y Centroamérica se conviertan en una frontera “vertical”. La frontera sur mexicana (de Chiapas con Guatemala o Belice) se ha convertido, de hecho, en la frontera sur de Estados Unidos, pues allí empieza el control militar de las personas migrantes que intentan alcanzar el “sueño americano”. Esta estrategia de Estados Unidos ha tenido el consenso de las elites políticas y empresariales mexicanas y centroamericanas, ya que les sirve como excusa para militarizar el territorio y expandir sus proyectos extractivistas, que se desarrollan en toda esa zona.

En los últimos años han crecido de manera súbita los recursos destinados a tal fin, en buena parte canalizados a través del denominado Plan Mérida (antes Plan Puebla Panamá y después Iniciativa Mesoamericana). Estas inversiones tienen relación con planes diseñados desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense y afectan las políticas migratorias mexicanas. Es cada vez mayor la necesidad de apoyo que necesitan los migrantes que sobreviven a los peligros de la frontera, como refugiados, menores y mujeres indígenas, cuyos derechos laborales se ven especialmente vulnerados.

En el control de los flujos migratorios, Estados Unidos desarrolla una política de control muy intensa en sus estados fronterizos con el norte mexicano (California, Arizona, Texas, Nuevo México, entre otros). La frontera está controlada desde hace muchos años, lo que incorpora el “muro”, las patrullas de migración norteamericana y la cooperación de la migración mexicana. A esto se ha unido desde hace años una metodología compartida con la Unión Europea de “externalización” de las fronteras, es decir, los países enriquecidos aplican la práctica de no considerar la frontera como la raya que los separa de los países aledaños, sino que tratan de influir en los Estados vecinos para que controlen y detengan la migración antes de llegar a los países ricos, sin importar los métodos o las consecuencias.

El despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, representa una fuerte ofensiva en contra del gobierno de México en su relación diplomática. Sin embargo, el gobierno mexicano, en lugar de confrontar al mandatario estadounidense ha mantenido el Programa Frontera Sur y la Iniciativa Mérida, con lo que refleja subordinación a los designios estadounidenses (Noyola, 2018).

No se debe soslayar que el Programa Frontera Sur no involucró un proyecto de desarrollo económico para los países centroamericanos ni tampoco para los estados fronterizos de México, lugares donde la pobreza extrema es aprovechada por los grupos criminales para tener hombres que realicen sus actividades delictivas. En México la guerra contra las drogas, que se viene librando desde el sexenio de Calderón ya se cobró 200 000 víctimas y entre el 2007 y el 2016 se encontraron 1 075 fosas comunes con 2 024 muertos (Cooperación, 2018). Esto constituye un escenario de guerra. ¿Es realmente lo que necesita el resto de los países de América Latina en el enfrentamiento al narcotráfico y el consumo de drogas?

Sin la elaboración de una estrategia integral, el programa está destinado a seguir deteniendo migrantes de manera indefinida, ya que los migrantes volverán a intentar cruzar la frontera frente a la imposibilidad de permanecer en sus países de origen.

Lo más peligroso para la paz en la región es que se buscan diversas iniciativas para reforzar la seguridad regional de Centroamérica en el enfrentamiento a las organizaciones criminales trasnacionales, pero desde el enfoque de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Como resultado, los países centroafricanos terminarán colaborando con los cuerpos militares del Comando Sur, el Comando Norte y las fuerzas centroamericanas (Noyola, 2018).

En el marco de esta colaboración, una nueva base militar se instala en la frontera de Guatemala para realizar ejercicios militares conjuntos que se desarrollarán en los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo. Esto ocurre en un contexto general de militarización regional por parte de Estados Unidos.

Todo esto responde a la necesidad de crear redes más complejas de seguridad frente a la aparición de nuevas rutas que están tomando los migrantes para superar el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. La región fronteriza se volverá un espacio donde continuará predominando la violencia, ahora exacerbada por la sofisticación de las fuerzas militares tanto nacionales como extranjeras. Lo inevitable para los migrantes será que tendrán que enfrentar mayores riesgos ante la aparición de nuevos enemigos, amenazas y peligros en la frontera sur de México, pues ya hay más de 20 000 agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México.

La disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar efectivos militares a la frontera con México es un gesto de injerencia y violencia hacia toda la región de América Latina y el Caribe. No debería observarse como un hecho de agresividad contra el pueblo mexicano, sino también hacia Latinoamérica, pues toda militarización, en cualquier circunstancia, significa riesgo para la integridad física a la vida de los ciudadanos que circulan o viven en el entorno de una zona militarizada.

Ante estos hechos se han visto pocos pronunciamientos de los distintos gobiernos en los foros regionales e internacionales que rechacen las acciones que amenazan la paz regional. También desde la sociedad civil debemos hacer visibles esos temas y que no nos impongan una agenda que evite evocar esta amenaza de agresión y hostilidad para el pueblo mexicano y de América Latina en su conjunto.

¿Qué nos dice la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz? América Latina y el Caribe como Zona de Paz debe desarrollar sus vínculos internacionales en el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas:

• En la búsqueda permanente de la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza en nuestra región.

• En el compromiso de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.

• En la responsabilidad de los pueblos de América Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo, de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos.

• Mediante la promoción en la región de una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de la Declaración sobre Cultura de Paz de las Naciones Unidas (Proclama, 2016)

Estas visiones, son muy poco divulgadas y representan una visión, desde las necesidades de paz, estabilidad, progreso y seguridad desde el Sur. Estos postulados se encuentran amenazados por la orientación de ciertos líderes latinoamericanos –sin memoria histórica–hacia concepciones de seguridad nacional de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El presidente estadounidense Donald Trump tomó la decisión de militarizar la frontera mexicana ante su fracaso para conseguir que el Congreso le autorice el financiamiento que necesita para la construcción de un tramo del muro fronterizo con México, con el que pretende frenar el tráfico de inmigrantes ilegales y de droga en la frontera. Hay que recordar que en febrero de 2019 Trump declaró una situación de Emergencia Nacional² para disponer de miles de millones de dólares del Pentágono para financiar el muro, además de los 1 400 millones asignados por el Congreso. Las victorias del gobernante en tribunales sobre las impugnaciones de oponentes y ambientalistas permitieron el inicio de las obras del muro en Arizona y Nuevo México.

Su obstinada posición sobre la construcción del tramo de muro fronterizo, muy relacionada con su promesa de campaña electoral, al no encontrar apoyo congresional, obligó a Trump decidir sobre la utilización de recursos del Pentágono para acometer esta obra cerca de Yuma, Arizona. De esa forma, la cerca de acero de 9 m (30 pies) y unos 8 km (cinco millas) se erige a lo largo del río Colorado en una sección de frontera donde se había registrado un fuerte aumento en la entrada de familias migrantes en 2019.

En complicidad con esta iniciativa, las autoridades federales estadounidenses hicieron pública una lista de proyectos del Pentágono cancelados para pagar el muro del presidente Donald Trump por tres 3 600 millones de dólares que se realizarían en bases militares para financiar el muro, hechos que ponen de relieve el dilema político en el que se encuentran muchos miembros del Congreso que buscarán la reelección en 2020.

Por un lado, esos legisladores tendrán que responder por los proyectos militares estatales cancelados, pero por el otro podrán granjearse el apoyo de las huestes del presidente en asuntos de seguridad fronteriza con los proyectos del muro.

Seguramente deberán escuchar la oposición de las organizaciones ambientalistas a la construcción de más barreras fronterizas. Por ejemplo, financiado por el Pentágono, en la reserva de la biósfera Parque Nacional Organ Pipe Cactus cerca de Ajo, Arizona, se efectúan los trabajos para reemplazar 3,2 kilómetros (2 millas) de barreras antiguas con barreras de acero de 9 m (30 pies). En Nuevo México las cuadrillas sustituyen barreras de menor altura en un tramo de 74 kilómetros (46 millas) de desierto al oeste de Santa Teresa.

El presidente Donald Trump prometió durante la campaña electoral de 2016 extender el muro existente en algunas zonas de la frontera entre el país y México para evitar la entrada de inmigrantes sin permiso, pero no ha podido hacerlo hasta ahora porque el Congreso no le concedió 5 700 millones de dólares pedidos.

La militarización de la frontera mexicana ocurre en un contexto de mayor intervencionismo político y militar de la administración de Donald Trump en América Latina y el Caribe, pero tiene antecedentes históricos en el periodo esclavista, de Revolución, Revuelta y, hasta la actualidad, bajo las administraciones de George W. Bush y Barack Obama con diversas argumentaciones.

Hay que tener en cuenta que el 52 % de los estadounidenses está de acuerdo en enviar a efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México. Se estima que el 42 % se opone a la medida para combatir la llegada de indocumentados a la región. El 84 % de los republicanos apoyan el envío de la Guardia Nacional, por el 19 % de apoyo demócrata, mientras que los afroamericanos son los que registran un rechazo mayor (65 %), seguido de hispanos (54 %) y blancos (38 %). Esta medida, que supone el envío de al menos 1 600 soldados en Texas, Nuevo México y Arizona, tiene mayor aceptación que construir el muro, a la que se opone el 57 % de la población, aunque con importantes diferencias entre grupos (Mayoría, 2018).

La militarización de la frontera mexicana durante la administración de Donald Trump sugiere una revisión de todos los mecanismos de cooperación existentes entre México y Estados Unidos. La militarización de la frontera mexicana desacredita, aún más el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se firmó en 1994, en medio de gran entusiasmo por parte del gobierno de Carlos Salinas. Muchos creyeron que con ese acuerdo por fin México encontraría la solución a los problemas que plantea la contigüidad territorial de dos países separados por una diferencia abismal de poder.

Sin embargo, ha significado una vulnerabilidad sin precedentes. La liberalización comercial puede haber traído a México indicadores de prosperidad, pero también lo dejó más expuestos que nunca a los cambios en la política interna y externa estadounidense.

Los estados latinoamericanos debieran rechazar todo tipo de estigmatización de sus pueblos por los gobiernos de Estados Unidos, uno de los principales desafíos de los países de la región es la integración de los pueblos, la comunicación y concertación entre ellos, el respeto a la soberanía de las naciones y la paz.

Múltiples sectores sociales han rechazado la militarización de las fronteras y la construcción del muro, porque ambas acciones son contrarias de la convivencia civilizada de los pueblos americanos, por solidaridad con el pueblo de México y constituye otro atentado a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Las medidas propuestas por Trump para militarizar la frontera dañan a México, pero también lesionan la naturaleza multiétnica y pluricultural de la misma sociedad estadunidense.

Además, la región forma parte de la comunidad y la cultura de toda América, incluido Estados Unidos: los flujos de migración han creado históricamente la diversidad cultural de la sociedad norteamericana, fortaleciendo su crecimiento económico y generando una ciudadanía multicultural. Negar esta historia con muros y militares, profundiza mucho más la fractura en las dos Américas, en un contexto en que la xenofobia y segregación se conviertan en una política de Estado en Estados Unidos, lo cual afecta la construcción de relaciones constructivas entre los pueblos y un mundo diverso e inclusivo.

La construcción del muro afectará también el medio ambiente y el tránsito de especies terrestres y perjudicará valiosos recursos hídricos, pero la administración de Donald Trump es indiferente e ignora estas realidades ecológicas, sociales y humanas.