Neoconstitucionalismo y derecho administrativo. La tutela de derechos fundamentales en las administraciones del siglo XXI

Neoconstitucionalismo y derecho administrativo. La tutela de derechos fundamentales en las administraciones del siglo XXI

Neoconstitutionalism and Administrative Law: the protection of fundamental rights in the public administration of the XXI century

PEDRO SPANO TARDIVO
Universidad Nacional del Litoral (Argentina) , Argentina

Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN-e: 2362-583X

Periodicidad: Semestral

vol. 4, núm. 1, 2017

revistaredoeda@gmail.com

Recepción: 30 Marzo 2016

Aprobación: 27 Abril 2016



Resumen: La globalización y constitucionalización del derecho han venido transformar la ciencia jurídica y las sociedades para el siglo XXI. Se propone un trabajo de investigación de diseño cualitativo, no experimental, método hipotético deductivo, de fuerte análisis dogmático filosófico bajo la técnica documental y de estructura lógico jurídica, que tiene por finalidad enfatizar sobre la influencia de la nueva corriente iusfilosófica denominada Neoconstitucionalismo en la praxis del derecho administrativo, particularmente respecto del requisito de razonabilidad del actuar de la administración en materia de tutela de derechos fundamentales. Se parte de sentar líneas básicas acerca del contenido de las ideas del Neoconstitucionalismo y el rol de los principios en el nuevo Estado Constitucional de Derecho. La distinción entre principios y reglas para Alexy constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es la clave para la solución de problemas centrales de la dogmática de los derechos fundamentales. Explica que dentro de las normas iusfundadentales es posible distinguir entre normas que son principios y normas que son reglas y que unas no excluyen a las otras. Esta corriente iusfilosófica modifica la posición del Estado respecto del ciudadano y frente a la tutela de sus derechos fundamentales exigiendo de este una actitud proactiva. La irrupción de los principios junto a las reglas del ordenamiento jurídico conforman un sistema de juridicidad cuya hermenéutica (basada en la técnica de ponderación) genera efectos directos sobre principios e institutos propios del derechos administrativo (legalidad/juridicidad, competencia). Aceptada la categoría de los principios, constituyen para el Estado un marco de acatamiento obligatorio con especial visualización de la dignidad de la persona humana convertida en eje de la interpretación y aplicación constitucional. Las tesis del neoconstitucionalismo aplicadas a la gestión pública otorgan herramientas de acción a las Administraciones Públicas para reaccionar ante una norma expresa que resulte irrazonable a la luz del test constitucional (ejemplo: interpretación de arts. 32 inc. c) y 36 inc. a) ley N°8525 conforme Dictamen Fiscalía de Estado N°159/15) y, al mismo tiempo, importan el inicio de un proceso de transformación sobre la premisa del carácter instrumental de las administraciones para un nuevo modelo de gestión pública al servicio del ciudadano (el sistema de garantías relativo a los derechos fundamentales opera en el campo del derecho administrativo como fundamento imperativo y como límite de la potestad de actuación de la administración y obliga a las Administraciones a actuar de un modo participativo para atender en sede administrativa y previa a la judicial la satisfacción de los núcleos mínimos de los intereses, bienes o valores fundamentales comprometidos en casos concretos). Particularmente el principio de razonabilidad se presenta como una técnica idónea para garantizar el respeto integral de los derechos fundamentales por parte de los poderes estatales. En conclusión, la transformación de las administraciones públicas en base a estos principios deberá orientarse la realización de la justicia tomando como centralidad la dignidad de la persona humana, en definitiva a la protección de un núcleo básico de derechos fundamentales.

Palabras clave: neoconstitucionalismo, principios de derecho, derechos fundamentales, Administración Pública, transformación.

Abstract: SPANO TARDIVO, Pedro. Neoconstitucionalismo y Derecho Administrativo: la tutela de derechos fundamentales en las administraciones del siglo XXI. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, vol. 4, n. 1, p. XX-XX, ene./jun. 2017. DOI: 10.14409/rr.v4i1.7142 * Doctorando en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina). Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral y Especialista en Derecho Empresario por la Universidad Nacional de Rosario. Jefe de Departamento Asesoría Jurídica, Contratos, Programas y Subsidios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. E-mail: pedrospano@hotmail.com.

Keywords: neoconstitutionalism, principles of law, fundamental rights, Public Administration, transformation.

RESUMEN

La globalización y constitucionalización del derecho han venido transformar la ciencia jurídica y las sociedades para el siglo XXI. Se propone un trabajo de investigación de diseño cualitativo, no experimental, método hipotético deductivo, de fuerte análisis dogmático filosófico bajo la técnica documental y de estructura lógico jurídica, que tiene por finalidad enfatizar sobre la influencia de la nueva corriente iusfilosófica denominada Neoconstitucionalismo en la praxis del derecho administrativo, particularmente respecto del requisito de razonabilidad del actuar de la administración en materia de tutela de derechos fundamentales. Se parte de sentar líneas básicas acerca del contenido de las ideas del Neoconstitucionalismo y el rol de los principios en el nuevo Estado Constitucional de Derecho. La distinción entre principios y reglas para Alexy constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es la clave para la solución de problemas centrales de la dogmática de los derechos fundamentales. Explica que dentro de las normas iusfundadentales es posible distinguir entre normas que son principios y normas que son reglas y que unas no excluyen a las otras. Esta corriente iusfilosófica modifica la posición del Estado respecto del ciudadano y frente a la tutela de sus derechos fundamentales exigiendo de este una actitud proactiva. La irrupción de los principios junto a las reglas del ordenamiento jurídico conforman un sistema de juridicidad cuya hermenéutica (basada en la técnica de ponderación) genera efectos directos sobre principios e institutos propios del derechos administrativo (legalidad/juridicidad, competencia). Aceptada la categoría de los principios, constituyen para el Estado un marco de acatamiento obligatorio con especial visualización de la dignidad de la persona humana convertida en eje de la interpretación y aplicación constitucional. Las tesis del neoconstitucionalismo aplicadas a la gestión pública otorgan herramientas de acción a las Administraciones Públicas para reaccionar ante una norma expresa que resulte irrazonable a la luz del test constitucional (ejemplo: interpretación de arts. 32 inc. c) y 36 inc. a) ley N°8525 conforme Dictamen Fiscalía de Estado N°159/15) y, al mismo tiempo, importan el inicio de un proceso de transformación sobre la premisa del carácter instrumental de las administraciones para un nuevo modelo de gestión pública al servicio del ciudadano (el sistema de garantías relativo a los derechos fundamentales opera en el campo del derecho administrativo como fundamento imperativo y como límite de la potestad de actuación de la administración y obliga a las Administraciones a actuar de un modo participativo para atender en sede administrativa y previa a la judicial la satisfacción de los núcleos mínimos de los intereses, bienes o valores fundamentales comprometidos en casos concretos). Particularmente el principio de razonabilidad se presenta como una técnica idónea para garantizar el respeto integral de los derechos fundamentales por parte de los poderes estatales. En conclusión, la transformación de las administraciones públicas en base a estos principios deberá orientarse la realización de la justicia tomando como centralidad la dignidad de la persona humana, en definitiva a la protección de un núcleo básico de derechos fundamentales.

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