Artículos

Deconstruir el «efecto barrio» desde una perspectiva comparada y su implicación criminológica en el sur global

Deconstructing the «eighbourhood effect'»from a comparative perspective and its criminological implication in the global south

José Rodrigo Moreno
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Delito y Sociedad

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 2362-3306

Periodicidad: Semestral

vol. 29, núm. 50, 2020

delitoysociedad@unl.edu.ar

Recepción: 01 Agosto 2019

Aprobación: 03 Marzo 2020



DOI: https://doi.org/10.14409/dys.2020.50.e0016

Resumen: La necesidad esencial de desarrollar políticas sociales que promuevan la reducción de desigualdades es un tema que se ha discutido de forma reiterada en diversos foros académicos y políticos. Cuestionar si la distribución de la población social, en un sentido económico y espacial, puede predecir futuras oportunidades de sus miembros y cómo el barrio en el que una persona crece puede ser un elemento decisivo en la integración del mercado laboral, se mantienen como temas controversiales desde una perspectiva académica. El Neighbourhood effect, o «efecto barrio», se encuentra considerablemente marcado por rastros de desigualdad y segregación que tienen el poder de moldear a las sociedades y de actuar como un factor criminogénico. Desafía a estudiar la relación entre el lugar donde las personas crecieron o residen y su influencia social, económica o psicológica en los individuos. Este ensayo plantea un análisis del «efecto barrio» con radiografías que ilustran sus repercusiones en Latinoamérica, EE.UU. y los países nórdicos, que apuntan a una aproximación del «efecto barrio» en cada realidad social y sus diversas manifestaciones locales. Se argumentará que las condiciones del barrio pueden y van a moldear a los miembros de una comunidad cuando están expuestos a estas características de manera prolongada. Los mecanismos de mejora de estas condiciones serán esbozados.

Palabras clave: efecto barrio , criminogénico , inequidad , redistribución social.

Abstract: The essential need to develop social policies that promote the reduction of inequalities is an issue that has been repeatedly discussed in various academic and political forums. The question to whether the distribution of the population, in an economic and spatial way, can predict future opportunities of its members; and how the neighbourhood in which a person grows can be a decisive element in the integration to the labour market, remains controversial from an academic perspective. The Neighbourhood effect is heavily marked by traces of inequality and segregation that have the power to shape societies and act as a criminogenic factor. It challenges academics to study the relationship between the place where people grew or reside and their social, economic or psychological influence on individuals. This essay aims to create an analysis of different social realities such as Latin America, USA, and the Nordic countries; by providing an approximation of the neighbourhood effect in each place and its various local manifestations. It will be argued that the conditions of the neighbourhood can and will shape the members of a community when they are exposed to these characteristics for a long time. The mechanisms to improve these conditions will be outlined.

Keywords: neighbourhood effect , criminogenic , inequality , social distribution.

Introducción

La necesidad de desarrollar políticas públicas de carácter social que promuevan la reducción de desigualdades es un tema que se ha discutido de forma reiterada en diversos foros académicos y políticos. Sin embargo, un gran número de estas aproximaciones teóricas intentan dar un enfoque homogéneo al tratamiento del problema, cuyo resultado es que se deja de lado las características propias y necesidades de cada grupo poblacional. La heterogeneidad de subregiones geográficas en el mundo dificulta el planteamiento de un eje transversal de estudio en cuanto a temáticas como la inequidad, criminalidad e interacciones dentro los entornos urbanos. No obstante, para comprender el desarrollo humano y social es primordial entender el contexto que afecta al mismo. Es una tarea ardua pero necesaria. El «efecto barrio» no es un tema novedoso, en síntesis el concepto invita al estudio de la relación entre la ubicación habitacional de las personas con posibles predicciones relativas a su futuro económico, laboral y personal. A pesar de ello, es un tema que ha sido muchas veces relegado a un segundo plano. Por el contrario, es un enfoque multidisciplinario de especial importancia que puede ser explotado por la academia contemporánea, en específico por la propuesta de la «criminología del sur».1

Los teóricos que desarrollaron en sus inicios al «efecto barrio» atribuyen a dichos entornos la capacidad de moldear las características sociales y económicas de personas que lo habitan, sino que además influyen de manera transversal en aspectos de desarrollo general como la salud pública, educación y proximidad a los sistemas de justicia. Este ensayo pretende analizar de manera crítica el «efecto barrio» utilizando ejemplos y estudios académicos de diferentes realidades sociales y regiones. Para ello, se definirá en primer lugar las características del «efecto barrio» y cuan poderoso puede ser a la hora de determinar el futuro de los actores sociales que los componen mediante la predicción de su acceso al mercado laboral y la propensión individual de ser expuestos temprana o tardíamente al sistema penal. Se intentará abarcar la noción de desigualdad económica global y regional, en sus amplias acepciones, para proporcionar un marco económico ejemplificativo, e ilustrar cómo la distribución de la riqueza ha jugado un papel fundamental en la perpetuación del status quo dentro de esferas más locales.

Luego, se examinarán tres estudios de caso para dar una idea de cómo el «efecto barrio» toma forma en diferentes realidades sociales. Por una parte América Latina, al ser una de las regiones más desiguales del planeta; los Estados Unidos, con el hyperghetto y la prisión como la sucesión de un sistema de control etno-racial focalizada; y por otro lado, los países nórdicos, con un modelo carcelario benevolente pero de efecto discutido para los inmigrantes provenientes de regiones en situación económica y social más vulnerable; plantean diferentes manifestaciones de «efecto barrio» dentro de sus realidades sociales, no sólo cuando se habla sobre niveles de desigualdad, sino también en la segregación étnica y del uso del sistema penitenciario como una herramienta de exclusión social. Finalmente, se argumentará acerca de cómo los vecindarios tienen la capacidad de moldear a sus miembros y, en consecuencia, a las sociedades con una implicación criminológica. Además, es preciso señalar que las construcciones y manifestaciones sistémicas de un «efecto barrio» en regiones geográfica, social y económicamente distantes, como aquellas tomadas para este ensayo, presupone un desafío en contextualizarlas, adicionando que el vínculo hoy planteado entre barrio-criminalidad, no es recurrentemente discutido en muchos niveles académicos. Las aproximaciones teóricas recabadas en la interseccionalidad de barrio y criminalidad no dejan de ser eso, aproximaciones; en las que el trabajo empírico, poco a poco, podrá absolver dudas sobre la complejidad de lo planteado. De ahí que la pretensión consista, a su vez, en invitar a los investigadores a llenar este espacio para la creación de políticas públicas necesarias para mitigar sus efectos.

¿Qué es el «efecto barrio» y cómo éste moldea realidades urbanas, el futuro de sus miembros y las oportunidades de inclusión al mercado laboral?

Los debates que abordan contextos urbanos y el entramado social dentro de una comunidad continúan siendo un enfoque esencial para comprender fenómenos como el crimen, la segregación y las desigualdades dentro de las ciudades. La pregunta sobre la distribución de la población social, en un sentido económico y espacial, puede predecir futuras oportunidades de sus miembros y cómo el barrio en el que una persona crece puede constituirse como un elemento decisivo en la integración del mercado laboral, son temas un tanto controversiales desde una perspectiva académica. En este sentido, describir el «efecto barrio» no es una tarea fácil debido a sus diferentes enfoques interdisciplinarios. Se define como la capacidad que tienen los barrios de afectar económica y socialmente, de forma directa e indirecta, a los individuos que lo habitan. El Neighbourhood effect, o «efecto barrio», está fuertemente marcado por rastros de desigualdad y segregación que tienen el poder de moldear a las sociedades y, consecuentemente, de actuar como un factor criminogénico, el cual, de manera etimológica denota que es la suma de elementos (endógenos o exógenos en su mayoría) y que serán explicados más adelante, que pueden ser las causales para el desarrollo de una determinada conducta. No obstante estos factores no inciden de la misma manera en el comportamiento de los individuos. Estos desafían a estudiar la relación entre el lugar donde las personas crecieron o residen y su influencia social, económica o psicológica. Asimismo, se refiere a las oportunidades individuales y colectivas de acceder al mercado laboral, factores criminogénicos producidos por la comunidad o la estigmatización que recae en áreas de vivienda determinadas (Quintanar y Sabate, 2014;Wilson, 1987;Dietz, 2002). Entendiendo a un factor criminogénico como aquellos elementos dentro de un espectro social, económico, psicológico, entre otros, como catalizadores de comportamientos delictivos. El impacto de este efecto podrá apreciarse dentro o fuera del área geográfica de un vecindario. De la misma manera, el marco teórico donde se expone el «efecto barrio» contempla el cómo y el por qué diversos elementos sociales y económicos en una comunidad apuntalan o influyen en patrones de inequidad inherentes a la misma (Sampson, 2009;Smagacz-Poziemska et al., 2020). De estos enunciados se pueden identificar dos variables: etnicidad y entorno socioeconómico. Ello explica los factores políticos, socioeconómicos o de redistribución de la riqueza de una dirección domiciliaria particular, que pueden tener el potencial de influenciar la calidad de vida y el futuro de sus miembros (Quintanar y Sabate, 2014).

El punto de partida para comprender el «efecto barrio» es la suposición que las áreas de vivienda individuales o los códigos postales pueden tener un efecto decisorio profundo en el desempeño social y por ende económico de diversos actores, y ejercer como catalizador de ciertos tipos de discriminación en la sociedad o en el acceso a los mercados laborales, entre otros. Dietz (2002), al referirse a los tipos de «efecto barrio» de Manski, explica que existen de tres formas:

En este punto, es necesario identificar al precursor de la teoría relacionada con el «efecto barrio». El sociólogo William Julius Wilson (1987) en su libro The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy, trastoca la investigación sociológica urbana y el desarrollo social en las ciudades de EE.UU. en la década de los setenta. En este se describe cómo la desintegración de las comunidades afroamericanas en los círculos internos de las ciudades estadounidenses y crecientes brechas de inequidad entre ricos y pobres, vieron un estrepitoso incremento a partir del 1973, factores que influyeron y que fueron pautas determinantes dentro de ese espacio de tiempo tanto en la economía y la calidad de vida de ese país. El autor señala que, para ese caso, la discriminación no es el único elemento que contribuye al incremento de dicha brecha, pero existen factores sociales de carácter estructural y cambios económicos en países considerados como liberales que tienen una influencia crucial en cuanto a inequidades sociales, para lo cual Wilson propone reformas en políticas públicas y de ayuda social. El papel de la segregación racial en Estados Unidos es abarcado de manera posterior por Loïc Wacquant (2008) en diversas publicaciones de particular importancia a nivel sociológico. A pesar que el trabajo Wilson tiene más de treinta años, su investigación es aún materia de debate académico, de ahí la atemporalidad de sus ideas en el contexto actual.

No obstante, el autor en mención argumentó en contra de teorías (sostenidas en la esfera de lo político) que aducían que cualquier tipo «generosidad social» por parte del Estado estaba intrínsecamente relacionada a la desintegración de familias de orígenes afro y que dichas medidas contribuían a desincentivar la búsqueda de trabajo por parte de los miembros de estas comunidades. Aunque los postulados eran ‘convenientes’ como elementos de segregación étnica para muchos actores de carácter político, el autor sistemáticamente demostró las fallas inherentes en las mismas mediante estadísticas laborales, y el cómo la representación de familias cuyos jefes de hogar eran exclusivamente mujeres, solían convertirse en la excusa política en contra de los beneficios sociales otorgados por el gobierno que principalmente beneficiaban a familias afroamericanas en relación al papel laboral precario de las jefas de hogar únicas dentro de este grupo, que estaba correlacionado a los altos niveles de desempleo joven y la precarización de sus condiciones de vida.

El rápido ascenso del neoliberalismo como corriente y el cambio de medidas de políticas económicas y sociales en años posteriores agravó la problemática en los Estados Unidos, con la subsecuente expansión de esta teoría en otras regiones del mundo. El trabajo de Wilson es de particular relevancia pues en razón que logra conceptualizar los elementos clave de la redistribución económica y social, así como el acercamiento estatal a la entonces denominada war on poverty (guerra a la pobreza) (Frankfor, 1988). A su vez, Wilson (1987:109) describe cómo el dilema de los menos favorecidos, se agudiza con el rápido deterioro de la calidad de vida de éstos desde los años setenta; mientras que los grupos más ricos del país amasaron fortunas aún mayores. De la misma manera, hace hincapié sobre el significativo problema relativo al acceso igualitario a beneficios y servicios sociales, así como de redistribución social. Además, debido a que las personas que provienen de estratos sociales más elevados son más propensos a desarrollar mayores oportunidades tanto económicas, sociales y culturales, así como convertirse en miembros influyentes y de cambios políticos, como lo son el acceso a cargos públicos. Es dentro de este espacio donde también podría haber cabida a verdaderos representantes de los grupos más necesitados y de esta manera acortar la brecha y los posibles ciclos de inequidad e injusticia. Pero, ¿cómo se puede medir en la vida de las personas el efecto que su barrio tiene sobre ellas?

En primer lugar, la desigualdad juega un papel fundamental cuando se habla del «efecto barrio» y su ubicación es vital para una comprensión integral del problema. Uno de éstos es que las altas concentraciones de pobreza en asentamientos poblacionales particularmente segregados, crean barreras económicas y sistémicas para el acceso igualitario de oportunidades, sistemas básicos de ayuda y servicios sociales, educación y trabajo. En adición a lo expuesto, los entes de seguridad pública tienden en asociar estas zonas con problemas relativos a inseguridad y de violencia (Blokland & Serbedzija, 2020). Problemáticas similares se desarrollan en zonas de alta concentración de migrantes, en particular dentro de países europeos (Smagacz-Poziemska et al., 2020). En cuanto a desigualdad económica general, a manera de ejemplo, se estima que desde 1980, el 15% más rico de la población global recibió el doble de lo percibido en el mismo período de tiempo que el 50% más pobre (The World Inequality Lab, 2017). Sin embargo, la desigualdad económica a nivel mundial no ha sido constante. El 1% más rico registró un crecimiento en sus ganancias de un 16% en 1980, en contraste con el 22% en el año 2000. No obstante, esta cifra disminuyó un 20% desde ese mismo año. Lo último se explica debido a que de forma comparativa, los países redujeron paulatinamente la disparidad de la riqueza, pero de la misma manera, las brechas de inequidad dentro de éstos registró un incremento. Ello denota que muchos han aumentado su riqueza en cuanto a capital privado y por el contrario los Estados como tal, han elevado sus niveles de empobrecimiento. Por tanto, son menos eficientes en su capacidad de respuesta a necesidades básicas de la población y mitigar los posibles riesgos, así como la implementación de programas de beneficio social, que deviene de la regulación de la economía local. De acuerdo con el World Inequality Report 2018 (Ibíd), pese al rápido incremento en la riqueza privada considerada entre un 400-700% del ingreso nacional en los países ricos en la actualidad, la hacienda pública ha disminuido de manera drástica. Países como los Estados Unidos y el Reino Unido, registran un saldo negativo en cuanto la riqueza pública, lo cual tiene un impacto directo sobre los programas de asistencia social dirigidos a quienes se encuentran en situación vulnerable. Si esta tendencia se mantiene, se estima que para el año 2050, el 0.01% de las personas más ricas del mundo tendrá el equivalente a la riqueza total de la clase media mundial (Ibíd). Esto incide particularmente cuando se acrecentan brechas de inequidad con resultados desfavorables en barrios previamente deprimidos y la incapacidad estatal de suplir necesidades básicas.

En este sentido, Urban (2009) argumenta sobre el impacto de la composición étnica en el «efecto barrio» de Wilson, al separar sus factores en dos grupos. Por un lado, existe la posición en la que los factores económicos locales pueden influir en los miembros de su sociedad. El primer grupo plantea tres hipótesis:

  1. 1. La hipótesis cultural: la cual sostiene que las personas que crecen en áreas desfavorecidas desarrollan creencias morales erróneas, y son más propensas a la criminalidad y estilos de vida poco proclives al trabajo, así como la posterior dependencia a la asistencia social.
  2. 2. La hipótesis de las redes sociales: que está relacionada con el entorno y las interconexiones a través de la interacción local que un individuo desarrolla a lo largo de su vida. Esto puede ser un factor influyente en su futuro, así como de oportunidades de acceso al mercado laboral.
  3. 3. La hipótesis institucional: que las instituciones como la escuela, definen la actitud de los individuos para frente a las circunstancias sociales y económicas, sean adversas o no.

Por otro lado, el segundo grupo está relacionado con la densidad poblacional inmigrante dentro de áreas urbanas. Nuevamente, la clasificación se subdivide (Ibíd) en tres teorías:

  1. 1. La hipótesis del lenguaje: que sostiene que cuando se congregan grandes grupos de inmigrantes en un área específica, es más difícil aprender el idioma de la nación en la que residen (cuando no comparten el mismo lenguaje), lo que socava su acceso al mercado laboral local.
  2. 2. La hipótesis de privación étnica múltiple: que sostiene que los grupos de alta concentración de inmigrantes son más propensos a sufrir discriminación por parte de los prejuicios locales y por tanto, tener mayores inconvenientes en cuanto a un acceso al mercado laboral en las mismas condiciones que los nacionales, lo que conlleva a la reducción de las expectativas propias lo que de manera paulatina influye a una pérdida de voluntad para buscar un trabajo.
  3. 3. La hipótesis del vuelo blanco: que se encuentra relacionada con la reacción de los nacionales en abandonar sus hogares debido a la rápida y constante afluencia de inmigrantes dentro del área en que residen.

En resumen, la síntesis argumentativa en ambos grupos mencionados anteriormente es que, los factores socioeconómicos (barrios pobres) y los factores relativos a la etnicidad (densidades de inmigrantes y minorías) pueden convertirse en obstáculos para aquellos que buscan empleo, así como en la desigualdad de ingresos económicos y salarios. Los antecedentes personales de un individuo tienen una influencia sustancial en su desarrollo y en la probabilidad de sufrir discriminación a futuro; a pesar que estos elementos pueden ejercer una influencia independiente, su correlación tiende a agrupar a las personas con características sociales similares, lo que puede conllevar a una asociación (errónea) entre pobreza e inmigración (Ibíd). A lo largo de este escrito, se expondrán ejemplos concretos sobre lo descrito.

De igual relevancia resultan los procesos de «racialización» efectuados de forma variada en distintas regiones del mundo, sobre todo en países de antiguo control europeo, que presuponen un punto a tener en cuenta en el desarrollo y segregación habitacional de diversos grupos humanos. En este sentido, Tijoux y Palominos Mandiola (2016) alegan que desde un punto de vista institucional un «neo-racismo» es el resultado de la invisibilización del problema del racismo a niveles sociales y que a nivel institucional ha constituido un eje transversal en la construcción de identidades, grupos sociales y prácticas gubernamentales. Además, en el contexto de la colonialidad, se mantienen concepciones y representaciones de dominio y de «jerarquías sociales» que establecen rasgos arraigados, en las formas de capitalismo y dominación económica para con ciertos grupos sociales (Ibíd). Comunidades segregadas o forzadas a su masificación basadas en aspectos étnicos, promueven la masificación de problemas sociales «percepciones» y sociales sobre grupos humanos, particularmente sobre percepciones de criminalidad (Blokland & Serbedzija, 2020).

El «efecto barrio» como factor criminogénico

De forma resumida, un factor criminogénico se entiende como la suma de aquellos elementos, endógenos o exógenos, sociales, intrapersonales o psicológicos, entre otros; que influyen en el comportamiento criminal de los individuos. La relación de dichos elementos no tiene igual resultado en el comportamiento de toda persona dado que, a nivel individual, ciertos componentes atenúan o acentúan a otros. Ahora, cuando se habla del «efecto barrio» como factor criminogénico, es preciso señalar que las razones por las cuales miembros de la población delinquen, no han podido ser respondidas de manera uniforme a través de las diversas jurisdicciones (y tampoco a nivel de estudiosos de la materia). Los desencadenantes que generan actos delictivos son mutables según el entorno y de forma evidente, acorde a lo que cada país considera actitudes lesivas a la sociedad.

Para entender a quienes cometen actos ilícitos, quizás la respuesta más sencilla es reducirla a aquellos que son procesados o puestos en contacto con el sistema penal. Sin embargo, es una afirmación que puede resultar insuficiente, en razón que existen muchas conductas relevantes a nivel penal para los sistemas de justicia, que no son reportadas ni investigadas, y que por tanto resultan en la omisión de su registro, entre otras causas. Pese a que los registros policiales o antecedentes personales tienen utilidad para los entes gubernamentales, confiar del todo en aquellas cifras es errado, dado que no toda infracción es puesta en conocimiento de las autoridades y/o es procesada por el sistema judicial.

A manera de ejemplo, la recopilación de datos estadísticos como los efectuados por el Reino Unido mediante el uso del British Crime Survey (Encuesta británica sobre delincuencia) resultan métodos más confiables, de ser conducidas dichas encuestas de forma adecuada, como herramienta de estudio2(Hope, 2007). Una amplia mayoría de quienes reportan haber cometido al menos un acto ilícito durante su vida son hombres, con una incidencia del 94%, hasta pasados los 40 años. En esta misma línea, la «curva de la edad» del crimen es un punto que muchos académicos comparten. Esto es, los individuos que inician una actividad delictiva en su juventud, declinan de forma rápida en el futuro, y es poco común que continúen con estos comportamientos pasados los treinta o cuarenta años. Es, en efecto, un patrón compartido tanto en hombres como mujeres y en diversas etnicidades. En resumen y contrario a lo que puede pensarse, perpetrar delitos no está ligado a una pequeña parte de la población (Newburn, 2018).

En contraste, las cifras suelen denotar una sobrerrepresentación de minorías (Lammy, 2017), lo cual se ve por ejemplo, en el número de encarcelamiento de grupos étnicos minoritarios en ciertas jurisdicciones. Grupos de ascendencia afro son seis veces más propensos a ser arrestados por robo en países como los Estados Unidos, cinco veces más por homicidio y el doble por delitos contra la propiedad en general. Se han provisto diversas explicaciones a esto; por ejemplo, dadas las brechas de inequidad fuertemente marcadas en minorías étnicas, así como el acceso limitado a servicios estatales y desventajas educacionales, crean un ambiente con factores de riesgo más altos para sus miembros, conjugados con un control abusivo por parte de elementos policiales a grupos específicos (Newburn, 2018). Una de las causas de esto es que el sistema penal, así como los estudios de carácter criminológico, tienden a enfocarse en aquellos delitos cometidos por los grupos oprimidos puesto que, según se mencionará posteriormente, aquellos delitos cometidos generalmente por individuos de estratos económicamente favorecidos y por funcionarios de alto rango, rara vez son procesados. En contraste, tienen una mayor incidencia social y mediática los delitos callejeros, en razón que la criminalidad es un aspecto que influye de manera profunda en la vida de las personas.

En cuanto a las sociedades latinoamericanas, según el Latinobarómetro (2017), 43% de la población en la región presenta constante miedo a ser víctima de algún tipo de delito. Para 2018, el mismo indicador se reduce a un 40% en la región. Las personas que no tienen temor a ser víctimas de un delito han aumentado de un 8% en 2007 a un 16% en 2018 según el reporte anual del Latinobarómetro (2018) para el año en cuestión. Honduras es el país en la región con el porcentaje más alto que reporta menor temor al delito (un 28%) mientras que Chile posee el más bajo (7%). De manera paradójica, el primero tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo (Ibíd). En Ecuador, se estima que existe una cifra de delitos no reportados de alrededor del 80% (Ethos, 2017), lo que implicaría que sólo 2 de cada 10 delitos son denunciados. Argentina por su parte, reporta un número superior al 60% de delitos no reportados en concordancia con la Encuesta Nacional de Victimización 2017 (Indec, 2018). Mientras que en países como México, para 2019, reportó un récord en aumento de muertes violentas en las últimas dos décadas (Nájar, 2020). Estas cifras convierten a América Latina en la región más violenta del mundo (Lissardy, 2019). Esto da como resultado a que los ciudadanos confíen poco en las instituciones gubernamentales y la consecución de justicia dentro del sistema; por tanto, se tiende a la normalización de comportamientos o reacciones a delitos. Más allá de esto, el miedo permanente puede desembocar en el uso de políticas de corte «populista penal» por parte de los actores políticos que adecuarán códigos, conductas, castigos e ideologías a cuestiones de «interés popular», que no necesariamente resolverán las causas estructurales del problema. Latinoamérica por tanto, es una región propensa en apoyar regímenes autoritarios y reducir sus libertades individuales si aquello conlleva a resolver problemas cotidianos como lo es la criminalidad (Iturralde, 2018).

Lynam et al. (2000) menciona que existen dos corrientes principales que constituyen comportamientos delictivos. La primera, asociada con factores psicológicos que impulsan a los individuos a transgredir el derecho penal; la segunda, relativas a deficiencias cognitivas en las personas (por ejemplo: el coeficiente intelectual de un individuo como lo explican Braithwaite (1989), Lynam et al. (1993;2000) y Kandel et al. (1988)), condiciones económicas y características personales (Ibíd). Dicho ensayo estudia rasgos de impulsividad en los individuos y la influencia de sus barrios con relación a qué tan propensos son a cometer delitos. El artículo también cuestiona el impacto directo que pueden tener las condiciones relativas al barrio en que se desarrollan las personas conectadas a su proclividad para con actitudes delictivas (en una población mayoritariamente joven), y la impulsividad denotada en las personas objeto de estudio.

Adicionalmente, Lynam et al. (2000) señala lo siguiente:

Si los barrios «criminogénicos» pueden ser considerados como ambientes de fuerte influencia, las variables individuales de las personas aportarían muy poco a un comportamiento tendiente a cometer ilícitos en este contexto, más estas variables harían una contribución mucho mayor en vecindarios de mejores condiciones, mismos que son menos probables en ejercer presión entre pares para perpetrar comportamientos antisociales (Lynam et al., 2000:564)3

Vecindarios con menores ingresos económicos ejercen una fuerte influencia en la comisión de crímenes por parte de sus miembros, pero al mismo tiempo, pueden ocultar los factores subyacentes del delito en la sociedad. Dietz (2002) señala que a pesar del hecho de que las características específicas de un vecindario pueden influir en el comportamiento, su impacto puede ser menos significativo de lo que se cree.

Por su parte, Lynam et al. (2000) relaciona la impulsividad en el contexto del barrio como un factor que contribuye al cometimiento de delitos. Pero dicha impulsividad es mitigada en barrios de mayor nivel socio económico. En este sentido, los autores indican que un área urbana con menor estrato social no es un factor criminogénico per se; sin embargo la impulsividad entre sus miembros es mayor en estos ambientes donde se ven exacerbadas tendencias delictuales. También, se sugiere que mecanismos como el «control social informal» juegan un rol fundamental en estos espacios que deben ser reforzados para mantener el orden social y que ayudan a reducir la impulsividad y criminalidad entre la población joven (Sampson & Villela, 2017).

De igual manera, algunos autores (Urban, 2009; Barker, 2013) destacan que un problema en el estudio del «efecto barrio» es que se centran principalmente, en la perspectiva norteamericana de raza-etnicidad, segregación social y economía. El anglocentrismo de muchos trabajos puede encontrarse lejos de otras realidades socioeconómicas, incluidos algunos estudios de corte eurocéntricos desarrollados de manera posterior por académicos europeos. Asimismo, se puede argumentar que el «efecto barrio» es menos «visible» en Europa en comparación con los Estados Unidos, debido a sus políticas de seguridad interna, transferencia de políticas públicas y sistemas de seguridad social (Urban, 2009); lo que a su vez, se ve reflejado en sus coeficientes de inequidad menores a los de países latinoamericanos. Desafortunadamente, la poca cantidad de estudios académicos sobre la relación entre el «efecto barrio» y los mercados laborales en los países latinoamericanos, complica la tarea de un enfoque más preciso del tema en esta región. Pese a que no resulta novedad alguna decir que América Latina es una región marcada por la inestabilidad política, la desigualdad social y económica; factores que conforman un papel importante en las sociedades que la conforman. Aunque no es la región más empobrecida del mundo, es considerada la más desigual (Focus Economics, 2017). En consecuencia, los «factores económicos locales» explicados en renglones anteriores, y sus tres hipótesis, constituyen un marco teórico para entender a la región y el «efecto barrio» en la misma, debido a su fuerte correlación con las estructuras que forman el entramado social latinoamericano.

Los procesos urbanos dentro de la ciudad pueden describirse como una forma de «darwinismo social», en el cual la competencia se remodela entre grupos e individuos y crea nuevas formas de cohesión, cooperación o incluso exclusión (Wyly, 2015). No obstante, la definición de esta expresión, aplicando los principios de la evolución natural a un contexto social e histórico, no dejan de ser controvertidos. En este sentido, y a manera de metáfora, las ciudades han permitido mutar a los individuos de entornos individuales y aislados para proponer nuevas humanidades, justicia y colaboración social (Bannister y Flint, 2017). Sin embargo, es importante abordar que las ciudades también fomentan antipatía, exclusión e incivilidades; y, según lo expresado por Engels, también promueven el aislamiento y la indiferencia en el que cada individuo está principalmente (de no ser únicamente esto) preocupado por su propio bien de forma proporcional a la densidad poblacional en donde se desarrolla (Ibíd). Así como Louis Wirth describió los complejos fenómenos urbanos que ocurren en la ciudad hace casi ochenta años, trasciende la idea de que las sociedades urbanas modernas hicieron que las relaciones sociales fueran anónimas para el resto de la comunidad (Sampson, 2012). Es decir, los problemas sociales en la ciudad pueden ser indiferentes para los grupos de mayor estrato social, mientras que los que menos tienen (por lo general) luchan a diario para superar la injusticia y la desigualdad.

Para esto, Carrington et al. (2016) propone una rectificación a los modelos de transferencia de conocimiento que se desarrollan desde el norte global, particularmente desde una perspectiva criminológica. Las percepciones que desde «el sur global» se han adaptado de forma vertical de concepciones y conocimientos desde países con mayor desarrollo académico, urgen a una nueva crítica criminológica que «descolonice» el discernimiento y pueda desarrollarse de forma autónoma, sin centros ni periferias. En este sentido, los factores criminogénicos que sirven de catalizador en el denominado «sur», pueden ser erróneamente observados desde una óptica exclusiva del «norte».

El hyperghetto y la prisión como la sucesión de un sistema de control etno-racial en los Estados Unidos

Loïc Wacquant (2002) sugiere que a lo largo de la historia norteamericana han existido «instituciones peculiares» que han sido utilizadas para confinar y controlar a grupos afroamericanos. Desde la época de la esclavitud, pasando por el sistema Jim Crow, hasta llegar al ghetto afro. Estas instituciones evolucionaron para utilizar los rezagos de los antiguos sistemas de opresión y poner en práctica nuevas formas de represión desde la prisión. La institución nacida para subyugar a grupos etno-raciales es denominada el Hyperghetto, en conjunto con la prisión, que son vestigios del ghetto oscuro y el atavismo de la segregación racial después de la Revolución de los Derechos Civiles en los estados del sur de los Estados Unidos. La intención principal es hacer que la prisión se parezca más a un ghetto, perpetuando así los ciclos de marginalidad y exclusión.

Wacquant (2002;2008) sostiene que estas instituciones y el encarcelamiento masivo hacia grupos afros, están vinculados genealógicamente y que su comprensión debe hacerse de manera sistémica. El encarcelamiento masivo contra grupos minoritarios, especialmente afroamericanos, puede ser asimilado como una función «extra-penológica» del sistema penitenciario en los Estados Unidos. El papel y la funcionalidad del sistema penal es una semejanza al «gueto judicial», en el que el poder punitivo del estado tiene el objetivo de limitar las libertades individuales de sus miembros y, por medios legales, excluir y denigrar a estas minorías. Wacquant, en su texto Deadly Symbiosis: Race and the Rise of Neoliberal penalty, describe cómo el hyperghetto y la prisión se convirtieron en la perpetuación de un sistema de control etno-racial.

Del mismo modo, la prisión y el gueto son herramientas para adoptar nociones de criminalidad de corte lombrosiano en las sociedades actuales, esto es, que erróneamente los sistemas de justicia atribuyen predisposiciones al cometimiento del delito basados en meros atributos físicos. No sólo en los EE.UU., sino como un fenómeno transversal y diverso en todas las jurisdicciones; puesto que, para muchos, estar en prisión equivale a una muerte civil en la que los individuos pueden y serán excluidos permanentemente de un sistema de redistribución social. Así como una herramienta para desprestigiar y excluir a los grupos minoritarios de la vida política, impidiéndoles ejercer derechos civiles, entre otras. Los estereotipos culturales y raciales perpetúan el estigma en los vecindarios y los miembros menos favorecidos en su interior. En un enfoque similar se puede asumir que el desarrollo de teorías como el de las «ventanas rotas» en los EE.UU. (Wacquant, 2009), contiene una importante mezcla de sesgo racial, en cuya teoría florecen argumentos racistas y de discriminación en contra de grupos y comunidades afros y latinas.

En este sentido, la segregación étnica es un problema histórico-cultural en el que se necesita un enfoque multidisciplinario para una completa interpretación. Como señala Wilson (1987:113), no se trata sólo de promover un acceso justo de oportunidades de los individuos; también consiste en abordar un sesgo histórico que está enquistado en la memoria colectiva y de este modo, superar una «subyugación racial» a la cual la sociedad estadounidense, históricamente, ha estado ligada. Las minorías y los grupos desfavorecidos tienen una herencia cultural de desproporcionada representación en poblaciones sin igualdad de oportunidades, sean estos en los mercados laborales, dentro del sistema penal, entre muchos otros. Wilson (Ibíd) sostiene que un gran desafío en la modernidad es también el comprender que eliminar las barreras raciales y étnicas es sólo una mejora para los grupos mejor ubicados o educados dentro de las minorías. El uso de acciones afirmativas para mejorar las habilidades laborales, la educación y los programas públicos para estos colectivos es de vital importancia para superar la discriminación del pasado, pero también es necesario el hacer una evaluación periódica de esas políticas para evitar un beneficio concentrado en los miembros ya «favorecidos» dentro de las propias minorías. Además, la representación excesiva de grupos segregados es evidente en el sistema penitenciario, particularmente en los Estados Unidos.

Un claro ejemplo de exclusión étnica es la evidencia respaldada por las tasas de encarcelamiento en este país en los últimos 40 años (World Prison Brief, 2016). Durante este período alcanzó índices de encarcelamiento más altas que cualquier otro en la historia del mundo, con una tasa per cápita de 720 presos por cada 100.000 habitantes (Garland, 2013). Garland (2013) sostiene que la valoración desproporcionada de afro-estadounidenses dentro del sistema penitenciario aumentó considerablemente después de la llamada «guerra contra las drogas» a mediados de los años setenta. Ejemplo de esto es la probabilidad que un afroamericano sin un diploma de escuela secundaria tenga un riesgo de encarcelamiento de alrededor del 58,9%, frente a un 11,2% de individuos blancos en una situación similar (Pettit y Western, 2004). Además, las implicaciones socioeconómicas y de salud inherentes desempeñan un papel negativo en las personas expuestas al sistema penitenciario, como el empobrecimiento de su salud mental y física, los salarios, el matrimonio y las tasas de divorcio, muy marcadas entre minorías (Massoglia, 2008).

Garland (2012:293) sostiene que la figura del castigo de Estado y el sistema penitenciario desempeñan un papel significativo en el desarrollo cultural de las sociedades, principalmente debido a las funciones que la pena tiene en los individuos; una institución comunicativa a la generalidad como herramienta de disuasión (entiéndase prevención general y específica en materia penal). Las políticas penales sirven a los Estados a crear un marco cultural organizador para moldear el comportamiento político e incluso moral, al permitir comunicar y legitimar el poder punitivo del mismo como una forma de interacción social (Aniyar de Castro y Cordino, 2013). El poder soberano puede y será incapacitante para aquellos considerados de forma equivocada como «clases peligrosas» y para controlar el bienestar de unos cuantos, en legitimación del «contrato social» a través del sistema penitenciario como una herramienta moralizadora en la que convertirse en un «buen ciudadano» otorgará acceso a la protección social del Estado.

En consecuencia, Wilson (1987:123) también alude a que los programas de tipo de asistencia universal en los Estados Unidos, relacionados con reformas económicas de carácter general, podrían beneficiar a los miembros de grupos minoritarios favorecidos y desfavorecidos por igual; en razón que muchos «programas de igualdad de oportunidades» dirigidos a individuos o grupos específicos apuntan a exacerbar las diferencias de otros más favorecidos dentro de los mismos, porque en muchas ocasiones las acciones afirmativas en favor de minorías pueden crear fricciones entre los grupos no discriminados. El autor expresa que un enfoque preferible es una reforma en políticas públicas con efectos duraderos, que involucre a líderes de minorías que no sólo deben enfocarse en efectos inmediatos (y que por tanto puedan resultar atractivas políticamente), sino que deberán de propender a la creación de una misma línea base a todos los miembros de la sociedad. Mientras tanto, es de vital importancia atender y resolver los problemas inherentes a una sociedad altamente dividida por factores etno-raciales, como lo es la estadounidense.

Asimismo, los estudios sobre la «movilidad de vivienda» en Estados Unidos demostraron el poder e influencia del «efecto barrio», con una amplia gama de resultados beneficiosos para sus miembros. El proyecto Moving to Opportunity (MTO) fue un experimento social realizado en los Estados Unidos en el que grupos de familias asignados al azar se trasladaron de los barrios más empobrecidos hacia zonas menos desfavorecidas (National Bureau of Economic Research, 2011). Como resultado, el informe final mostró mejoras sustanciales no sólo en el espectro socioeconómico y el desarrollo de oportunidades laborales para el futuro de sus miembros, sino que también señala un aumento en la salud mental y física de los adultos, como son los problemas relacionados con la obesidad y la diabetes, entre otros. El estudio también mostró una mejora notable para los miembros jóvenes que se alejaron de los vecindarios de alta pobreza antes de cumplir los trece años, quienes tuvieron un mejor éxito económico y una reducción significativa sobre índices de venta y consumo de drogas ilegales en jóvenes varones (Ibíd). No obstante, se argumentó que los impactos positivos de salir de los estratos de alta pobreza a mejores condiciones económicas son más beneficiosos para las mujeres (Clampet-Lundquist et al., 2011). Si bien es cierto que el proyecto apuntó a desconcentrar la misma de zonas desatendidas económica y socialmente, con resultados positivos generales; su evaluación aún es discutida. Sin embargo, Moving to Opportunity pone en evidencia la significación del efecto de los barrios en el futuro de las personas. Lamentablemente, la inequidad concentrada tiende a repetirse en generaciones próximas en barrios con minorías étnicas. Hecho que se refleja de forma equiparable en otras locaciones globales.

¿Un excepcionalismo nórdico?

Al hablar de bajos índices de encarcelamiento, condiciones penitenciarias más «humanas» y sistemas penitenciarios modernos, se puede citar el ejemplo de los países escandinavos. La tesis del «Excepcionalismo Nórdico» sostiene que en una época en que los criminólogos reconocen ampliamente el exceso penal en gran parte de los sistemas penitenciarios modernos, estas jurisdicciones representan un «rompimiento» a las realidades impuestas en otras sociedades, como las presentadas por Garland o Wacquant.

De manera simultánea, Barker (2013) sostiene que este «excepcionalismo» tiene dos aspectos marcadamente contrastantes, porque su benevolencia proyecta una sombra opresiva e intrusiva sobre los derechos individuales de los privados de libertad:

La tesis del Excepcionalismo Nórdico afirma que la dinámica subyacente de este estado generoso y universal de bienestar está arraigada en la solidaridad y homogeneidad social, un reflejo de la fuerte cohesión grupal y una identificación étnica y religiosa similar, especialmente el luteranismo. La organización social basada en la igualdad y la unión proporciona la base para un fuerte estado de bienestar redistributivo, ya que todos contribuyen y todos se benefician y, en el ámbito penal, castigos más leves y menos intensos. (Barker, 2013:9) 4

Hay algunos problemas con estas nociones. Si Suecia por ejemplo, se ve a sí misma como una sociedad grupal como se ha señalado en la descripción anterior que Barker argumenta, parecería que no es tal el caso, y su sistema de bienestar no busca el paternalismo en los individuos sino la emancipación de éste; la idea de una comunidad cercana no proporciona entera cohesión por la evidencia de aparente segregación étnica y barrial dentro de estos estados. Garland (2012) argumenta que parece existir un patrón entre las sociedades individualistas y los regímenes penales menos coercitivos en el mundo. El sistema de bienestar en los países nórdicos es muy generoso si el individuo es parte de éste; de lo contrario la marginación, segregación de viviendas, exclusión del mercado laboral y la propensión a enfrentar el sistema de justicia penal se constituye como una condición sine qua non básica para los «desplazados» en la región (Barker, 2013). Estas distinciones entre nacionales y extranjeros propende a crear tensión e intolerancia hacia minorías y grupos menos favorecidos, impidiéndoles vivir en sociedad. Barker (2013) sostiene que, al igual que países como Reino Unido o los EE.UU., los países nórdicos tienden a excluir a los usuarios de la asistencia social mediante el uso del sistema penal. Igualmente importante, los estados nórdicos tienen altas tasas de prisioneros extranjeros en comparación con la mayoría de países occidentales, y su población carcelaria está relacionada principalmente con delitos relativos a sustancias sometidas a fiscalización (World Prison Brief, 2016).

De forma similar, Urban (2009) señala que una de las fallas fundamentales en los estudios del «efecto barrio» efectuadas en América del Norte están fuertemente influenciadas por factores raciales y de segregación a lo largo de la historia, en comparación con los países nórdicos que se consideran tienen menores índices de inequidad. Al mismo tiempo, correlaciona la agrupación de barrios de inmigrantes con zonas más empobrecidas en países escandinavos. En este sentido, la alta densidad étnica de un mismo grupo en las escuelas secundarias tiene un efecto adverso en las calificaciones entre los estudiantes, lo que también aumenta el abandono de estudios con un impacto significativo en el mercado laboral futuro. Sin embargo, el estudio realizado por Urban compara los niveles de exclusión del mercado laboral en Suecia con los casos vistos entre grupos afros e hispanos en Estados Unidos. Los habitantes de este país nórdico que vienen de afuera tienen mayores posibilidades de estar desempleados por períodos de tiempo prolongados y de tener salarios más bajos, en comparación con los nativos. Empero, indica que la segregación habitacional es diferente a la de los EE.UU., en consonancia con las observaciones realizadas por Wacquant (2002;2008).

Además, en el trabajo de Musterd et al. (2008), se analiza cómo la agrupación étnica puede influir en las oportunidades laborales y la mejora de los ingresos de los individuos en dicha región. Se discute que la concentración étnica de varios grupos en su estudio (chilenos, bosnios, iraquís, turcos, somalís y etíopes) creó un «efecto barrio natural» que influye en sus miembros con resultados a corto y largo plazo. En contraste con nociones previas que una conglomeración étnica similar puede generar beneficios comerciales, menos discriminación dentro de la locación y transacciones económicas estables (como el pedir dinero prestado a miembros de una misma comunidad); el estudio concluye con la afirmación que los inmigrantes sufren una suerte de penalización de ingresos debido a su origen. Esto es, que tanto el acceso a servicios como el pago de éstos puede resultar mayor en comparación a otros individuos. Además, esto implica que, para obtener un impacto positivo en barrios o vecindarios de un mismo grupo étnico, todos deberán contar con empleos estables. Esto evidenció que incluso bajos índices de desempleo pueden influir de manera negativa en las perspectivas de ingresos de otros miembros de la misma comunidad.

A su vez y no menos controversial, Dinamarca publica una lista oficial de los considerados ghettos al final de cada año en barrios donde al menos la mitad son de origen migrante o de países «no occidentales». El sitio web del gobierno danés contempla criterios para la clasificación de ghetto,5 entre los que se incluyen ingresos bajos, índices de empleo, nivel educacional, ascendencia étnica extranjera y antecedentes penales. Como históricamente se ha mantenido, la definición oficial del gobierno para dichos barrios conlleva connotaciones negativas en la que sus residentes están mayormente expuestos al sistema penal y a sistemas «más severos» donde ciertas infracciones que normalmente serían sancionadas con multas, se podrían imponer regímenes de privación de libertad. Además, los niños de las familias congregadas en estas zonas deben por mandato legal, recibir veinticinco horas semanales de entrenamiento en «valores daneses». El argumento administrativo es impedir el desarrollo de «sociedades paralelas» y zonas residenciales socialmente desaventajadas (Versi, 2020). No obstante, las denominaciones dadas a los barrios y su tratamiento oficial bajo criterios rigurosos, indican procesos de segregación mayormente basados en razones económicas y étnicas. Consecuentemente, se evidencia que los «barrios» donde confluyen factores delimitados de por condiciones menos favorables a sus miembros crean una categoría perjudicial para el desarrollo familiar.

Ostendorf et al. (2001), por su parte, alega que en países desarrollados combinar núcleos familiares de barrios menos favorecidos con otros en mejores condiciones no reduce la pobreza y aduce que factores como éste deben tener un acercamiento directo en lugar de esperar resultados variados en relación al «efecto barrio». Debido al extendido estado de bienestar en muchos países europeos, la intervención del mejoramiento de situaciones sociales generales es menos marcado que en países con políticas neoliberales, puesto que los focos de pobreza aguda son más escasos (Ibíd), hecho que pese al tiempo transcurrido se mantiene como presupuesto vigente en Europa.

Sin embargo, la concentración de pobreza en regiones menos desarrolladas como América Latina resulta más notoria. La CEPAL indica que entre 2002 y 2014 aproximadamente 66 millones de personas salieron de la pobreza en la región. No obstante, desde 2015 se ve un cambio en la curva de crecimiento (NU. CEPAL, 2019). «La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas (…) Se caracteriza por un complejo entramado, en que las desigualdades de origen socioeconómico se entrecruzan con las desigualdades de género, territoriales, étnicas, raciales y generacionales» (Ibid, p. 15). Parecería que en América Latina es más difícil identificar el «efecto barrio».

El «efecto barrio» desde el contexto latinoamericano. Colonialismo, desigualdad e informalidad laboral

Quintanar y Sabate (2014) sostienen que después de la independencia regional de los países europeos, muchos estados latinoamericanos en un contexto informal, mantuvieron la segregación de castas establecida durante la colonia por los Códigos de Indias. Así, los patrones poblacionales entre ricos y pobres se distribuyeron entre las ciudades y se mantuvieron estables durante un período prolongado de tiempo. A pesar que luego de la industrialización, los ricos se alejaron de los centros urbanos para ocupar las mejores zonas del área periférica de las ciudades (Ibíd), estas zonas desarrollaron «círculos» de barrios pobres y necesitados; así como algunos centros urbanos se convirtieron en zonas «gentrificadas», cuyo origen proviene de Estados Unidos, que lugares tradicionalmente marginales u olvidados, gracias a la transformación urbanística, resulten visual y económicamente atractivos para aquellos que no pueden permitirse vivir en lugares social y económicamente superiores.

En este sentido, las áreas ocupadas por estos últimos también constituyen zonas periféricas donde la falta o ausencia total de servicios públicos y de la presencia del estado, es evidente. Se convierten en barrios y sitios vulnerables para sus habitantes y su desarrollo interpersonal y social. Esto no hace alusión al uso de categorías como «underclass», más demuestra una desatención estatal estructural. Esto implica diferentes rasgos sociales como la desigualdad, informalidad y precarización laboral. Además, la falta de investigación entre la informalidad laboral y la segregación domiciliaria (Quintanar y Sabate, 2014) limita el alcance de la comprensión de los mercados laborales en la región. La economía informal es un factor relevante para tener en cuenta dentro la realidad social latinoamericana. A pesar del hecho que la economía sumergida y el trabajo no se pueden medir de forma precisa, se realizan estimados totales. El Foro Económico Mundial enfatiza la importancia en la erradicación de estos elementos sociales para reducir la desigualdad y fomentar el desarrollo; enfatiza además que sólo el 53.2% de los empleos son considerados «formales» en la región (Casabón, 2017). El porcentaje de cada país puede cambiar, pero se calcula que alrededor de 130 millones de trabajadores en América Latina y el Caribe están empleados de manera inadecuada. En América Latina, el dramatismo de la segregación barrial provoca deriva también en la reducción de oportunidades de acceso laboral justo, así como el complejo acceso a herramientas de bienestar general, que cumplen un papel importante en la redistribución social.

La brecha económica entre ricos y pobres refleja los índices de desigualdad en las sociedades latinoamericanas, lo que también muestra el acceso deficiente a la educación en la región (Worldfund, 2017) y que tiene repercusiones determinantes en el futuro individual y colectivo. Por otra parte, se estima que una de cada cinco personas jóvenes entre los 15 y 24 años no están escolarizados ni cuentan con un trabajo formal, y la escasa inversión de los gobiernos en educación, con el tiempo, conlleva beneficios desproporcionados para los miembros más ricos de la sociedad (Ibíd) debido a que los fondos educacionales terminan en instituciones de élite de educación superior, en lugar de desarrollar programas de educación inicial y básica en áreas económicamente deprimidas. Asimismo, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo, sólo después de África subsahariana (UNFPA, 2018; Moloney, 2018;CEPAL, 2017). Estas cifras también se encuentran relacionadas con los altos niveles de aborto en la región. Los niveles más bajos de educación entre los adolescentes conducen a niveles más altos de embarazos inesperados y, posteriormente, un mayor riesgo de procedimientos de aborto ilegal. El UNFPA (2018) indica que, en algunos países, las adolescentes sin ningún tipo de educación o sólo con educación primaria, tienen cuatro veces más probabilidades de quedar embarazadas que sus pares con educación secundaria o superior, números que pueden estar relacionados con aquellos reflejados entre las adolescentes indígenas de comunidades rurales. Esto no sólo afecta las posibilidades de las jóvenes de terminar la escuela secundaria u obtener un empleo en el futuro, sino que también tiene un impacto en la mortalidad materna, que es una de las principales causas de muerte en mujeres entre 15 a 24 años (Ibíd).

Ahora bien, la relación entre el crimen y la hipótesis de la red social de Urban (2009), es importante para entender cómo los grupos menos favorecidos son más propensos a enfrentar penas privativas de libertad y el sistema de justicia penal, que también desempeña un papel fundamental en la perpetuación de las desigualdades (Clampet-Lundquist et al., 2011). La afirmación de Foucault que el sistema penitenciario es funcional para la sociedad a pesar del hecho de que poco influye en la disminución dentro de los índices de crimininalidad (Foucault, 1977) y que su uso es una herramienta contemporánea de los grupos más poderosos para controlar a los desfavorecidos, puede ayudar a ejemplificar y dividir a las sociedades modernas. Por ejemplo, a pesar del hecho que los delitos administrativos tienen un impacto sustancialmente mayor en un entorno en que los crímenes contra la propiedad en cualquier sociedad contemporánea, se estima que anualmente se pierden alrededor de USD$ 300 mil millones en este tipo de infracciones (Healy y Serafeim, 2017). Además, se cree que entre un 2 y 5% del PIB (Producto Interno Bruto) total del mundo se desvía ilícitamente debido a actos de corrupción en los gobiernos (UNODC, 2011).

Nuevamente, es poco probable que estas infracciones sean procesadas por las autoridades jurisdiccionales, a pesar de su enorme influencia en la economía y los programas de inversión social que dependen de fondos públicos (Maguire, 2012). Estas omisiones perpetúan el uso del sistema penitenciario como herramienta de exclusión social, estructurada y legalizada contra los menos favorecidos socialmente en una ciudad. Además, Braithwaite (1989) cuestiona la afirmación criminológica empírica que el crimen es mayormente perpetrado por personas de entre los 15 a 25 años. Argumenta que esto no tiene en cuenta delitos de negocios o gobiernos; debido a la incompatibilidad de ambos ya que el primero se refiere a crímenes comunes, mientras que el otro es cometido mayormente por personas de estratos medios y altos.

Hacia el sur

La distribución socioeconómica en Latinoamérica es distinta a la europea o norteamericana, y se desarrolla en muchas ciudades, dentro de la periferia con incidencia en la movilidad humana inclusive (Rodríguez Vignoli, 2008). A su vez, el estudio criminológico en el «sur global» tiene potencial importancia para la compresión del delito en ambos hemisferios. La no tan extensa literatura de esta rama en el sur se nutre de su par del norte; no siempre siendo un reflejo de condiciones símiles.

En este sentido, los elementos socioeconómicos dispares en sociedades latinoamericanas pueden incidir en el acceso a servicios básicos, de salud y educación; pudiendo aproximar a los miembros más vulnerables a un temprano acercamiento al sistema penal. Ejemplo de esto es que la violencia estructural de barrios segregados y de pobreza elevada incurren en las condiciones de vida de los jóvenes.

Además, los miembros de barrios menos favorecidos demuestran menor conocimiento en los derechos inherentes a sus libertades individuales, experiencias traumáticas con policías y abusos de diversos tipos. Alvarado (2013), en estudio de ciudades como São Paulo, Buenos Aires, Cali, Medellín, Cancún, Quintana Roo, Ciudad de México y Guatemala; nota un aumento significativo en las muertes de población joven en estas ciudades entre 2000 y 2008, así como el incremento en uso de armas de fuego, consumo de estupefacientes y acercamiento al crimen organizado (Ibíd). Las decisiones políticas tomadas frente a estos hechos se reflejan en la severidad penal en lugar de ayudas estructurales o focalizadas (Saraví, 2004) y tienen repercusiones futuras relacionadas a la discriminación y falta de acceso al mercado laboral. Además, los jóvenes perciben a los sistemas de justicia locales como exclusivo a las clases acomodadas y represiva para los desfavorecidos. Las identidades que los barrios eventualmente atribuyen a los jóvenes en Latinoamérica los hace vulnerables a redes delictivas organizadas así como de las propias autoridades estatales. Los barrios en la región, pese a diferencias geográficas, presentan similitudes crimonogénicas. Galster (2008) propone la identificación de los factores en cada barrio para que futuros estudios en la región coadyuven a determinar asignaciones de recursos y ayudas focalizadas; entre las que incluye, la definición e identificación del entorno y los mecanismos que se da el «efecto barrio», exposición de la zona, medición de características individuales del barrio y endogeneidad. Abordar a los jóvenes de forma incluyente en educación, salud y acceso a oportunidades, en líneas generales, es apenas el inicio del trabajo.

La dicotomía «norte-sur» planteada a lo largo de este trabajo, en este caso para la última entendida como América Latina, invita a los estudios criminológicos en reforzar desde una perspectiva propia los problemas que la sociedad debe abordar. En este sentido, indicar patrones aparentemente exclusivos pero difusos en sociedades heterogéneas y desiguales, propone un acercamiento a las causas estructurales de los delitos en la sociedad. Particularmente aquellas estructuras de segregación que llegan a marcar a poblaciones completas y que se han normalizado históricamente en centros y periferias. La estigmatización y represión son medidas poco acertadas por parte de quienes elaboran políticas públicas. La transformación del estado de bienestar en países en vías de desarrollo, como en América Latina y Caribe, es el eje principal para un cambio real para generaciones venideras.

Conclusión

El «efecto barrio» es un fenómeno social que debe apreciarse y estudiarse de manera interseccional y multidisciplinaria, es necesario asignar diferentes aspectos al relacionar las condiciones de una comunidad con sus diferentes realidades sociales. La desigualdad y la segregación poblacional tienen un efecto poderoso y profundo al grado de predecir las condiciones socioeconómicas, el acceso al mercado laboral y la exposición al sistema de justicia penal por parte de miembros de comunidades específicas. Sin embargo, puede llegar a mutar en todas y cada una de las regiones donde se observa, pudiéndose apreciar de manera diferente según la jurisdicción donde se estudie. Las condiciones del barrio pueden moldear en mayor o menor grado a los miembros de una comunidad cuando están expuestos a estas características de manera prolongada, aunque sus particularidades sean menos notables en zonas heterogéneas y económicamente desiguales. Por tanto, el desarrollo de políticas públicas en clave social es el punto de inflexión para hacer que estos efectos sean menos marcados entre sus miembros. Sin embargo, dichas respuestas no deben ser enfocadas únicamente en acciones afirmativas; estas deberán de proporcionar un punto base referencial a todos los miembros de la sociedad con igual acceso a oportunidades. La evaluación periódica de cada una será fundamental para su seguimiento, así como su uso en diferentes comunidades de manera transversal. Además, es imperativo el reevaluar el uso y abuso del sistema penitenciario a nivel global, el quién y el por qué ciertos individuos (o grupos) son juzgados con mayor frecuencia. Esta constituirá una tarea esencial para los académicos, así como el papel que desempeña el sistema de justicia penal como instrumento de exclusión social en contra de los verdaderamente desfavorecidos.

Las implicaciones del «efecto barrio», en muchos casos, se evidencian según su latitud. Latinoamérica, con sus amplias brechas de inequidad y de redistribución injusta de la riqueza; Norteamérica y sus estructuras de segregación etno-raciales mantenidas e institucionalizadas históricamente; y, los países nórdicos, con modelos penitenciarios cuasi diferenciados acorde al origen geográfico de sus internos; son pequeñas muestras de cómo el barrio moldea a las personas con importantes efectos predecibles en su entorno socioeconómico y/o familiar durante su vida. Sin embargo, la problemática presenta matices a ser tomadas en cuenta, puesto que el barrio no es un nexo causal exclusivo y determinante en el futuro de sus miembros. En buena medida, son factores exógenos aquellos que moldean el efecto y acentúan vulnerabilidades en el barrio. Es necesaria una aproximación específica acorde a cada realidad social, si la intención es mitigar su efecto y revertir posibles resultados desfavorables.

Las implicaciones criminológicas hacia el sur global del «efecto barrio» son aún difíciles de aproximar dada la escasez de estudios y estadística desagregada de inequidad urbana a nivel regional. Progresivamente, los países en desarrollo deberán destinar recursos para investigación urbana diseñada a recabar información de desigualdad y criminalidad que ayude a crear medidas directas y efectivas acorde a cada realidad y barrio.

Finalmente, la brecha económica y social entre ricos y pobres es una retórica constante que debe ser tomada en cuenta cuando se intenta esbozar un argumento sobre el «efecto barrio». Una adecuada redistribución de la riqueza en las sociedades puede y marcará la diferencia al enfrentar la problemática compleja que esto representa y que no cuenta con una respuesta definitiva. El componente étnico u origen geográfico de un individuo no constituye un aspecto determinante en el mejoramiento de sus condiciones de vida a futuro, son las condiciones socioeconómicas del entorno que pueden llegar a tener fuerte influencia en el mismo. En otras palabras, los barrios desfavorecidos en un momento determinado, son proclives a continuar en esta condición en un futuro cercano si no se mitiga la problemática de fondo y no solo adecentarlo. Por tanto, si la sociedad no es capaz de reconocer las fallas sistémicas en las desigualdades sociales y concentradas, poco se podrá abarcar para llegar a soluciones concretas. Los barrios, y sus efectos, tienen una fuerte implicación futura en la vida de sus habitantes; sin embargo, parecería más complejo intentar predecirlos en sociedades ampliamente inequitativas. Pese al tiempo transcurrido los acercamientos académicos de Wilson y Sampson vuelven a llamar al debate décadas después y está en manos la sociedad exigir la toma de decisiones pertinentes por parte de las autoridades y la implementación de políticas públicas adecuadas que planteen posibles soluciones.


1º Edición de la Marcha de la Gorra en Santa Fe. Jueves 28 de noviembre de 2019.

© Fotografía: Andrés Basualdo

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Notas

1 Para una aproximación al tema de la «criminología del sur» ver, por ejemplo, a Carrington, Hogg & Sozzo (2016) en Southern Criminology publicado en el British Journal Of Criminology; a Travers (2017) en The idea of a Southern Criminology; o, el libro Southern Criminology de Carrington, Hogg, Scott, Sozzo & Walters (2019).
3 Traducido por el autor.
4 Traducido por el autor.
5 Ver: Definition of vulnerable areas and ghetto areas en sitio web gubernamental https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/definition-ghetto-og-udsatte-boligomraader/

Información adicional

Delito y Sociedad: Revista de Ciencias Sociales: Ésta publicación forma parte del Programa de Estudios sobre el Control Social, Universidad de Buenos Aires; y el Programa Delito y Sociedad, Universidad Nacional del Litoral.

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