El general en el banquillo. Guerra y política en los juicios por las derrotas en el Paraguay y el Alto Perú

Investigaciones y Ensayos

Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, Argentina

ISSN: 2545-7055

ISSN-e: 0539-242X

Periodicidad: Semestral

vol. 70, 2020

publicaciones@anhistoria.org.ar

Recepción: 12 Octubre 2020

Aprobación: 01 Diciembre 2020

URL: http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/237/2371682004/index.html

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observo en su comunicación (…) una frialdad y estilo para mi desconocido en sus anteriores, y en las de después de vencer (…) ¿pero por qué esta diferencia? No puedo creer que en Vuestra Excelencia haya obrado la vulgaridad para con el Jefe que pierde, ni tampoco que no considere que yo jamás he contraído la obligación de ganar cuantas acciones presente.^[2]

El rol destacado que Manuel Belgrano desempeñó durante la década revolucionaria es ampliamente conocido, así como también el sitio que le fue reservado en el panteón de héroes nacionales. Como muchas de las figuras relevantes del período, combinó las carreras política y militar. Este trabajo se centra en la última, particularmente en las coyunturas en las que la suerte adversa en el campo de batalla desencadenó una revisión judicial de su actuación. Su propósito es indagar en el vínculo entre guerra y política en una de sus múltiples dimensiones, esto es, en el ámbito de la justicia. Para ello se estudian las causas judiciales a las que fue sometido Manuel Belgrano luego del fracaso de la expedición al Paraguay en 1811 y de las derrotas militares sufridas en el Alto Perú en 1813.

En cada caso se repasan las instrucciones que el poder de turno le confirió a Belgrano como comandante del ejército, los motivos que impulsaron los enjuiciamientos y las repercusiones que el contexto político y bélico tuvo en su desarrollo y resolución. Asimismo se detallan las autoridades que asumieron la jurisdicción de las causas, los actores que intervinieron en las diversas instancias y los cargos imputados.

Los sumarios militares examinados exponen, por un lado, la imprecisa demarcación que la guerra revolucionaria generó entre las funciones y las responsabilidades militares y políticas. Y por el otro, cómo las tentativas de punir a Belgrano por sus malogradas empresas militares fueron alteradas tanto por los vaivenes de la política revolucionaria y los constantes cambios en las correlaciones de fuerzas, como por los derroteros de los frentes de guerra de Paraguay, el Alto Perú y la Banda Oriental.

En julio de 1810 una junta convocada por el gobernador Bernardo de Velasco en Asunción resolvió jurar fidelidad al Consejo de Regencia y mantener, al mismo tiempo, buenas relaciones con Buenos Aires. La Junta Provisional de Gobierno, que pretendía erigirse como autoridad suprema, no aceptó dicha posición: impuso un bloqueo comercial a la intendencia de Paraguay y comenzó a organizar un ejército para someter el territorio a su autoridad (Pottbast, 2009). En septiembre designó al vocal Belgrano como general en jefe de las tropas destinadas a “auxiliar” a “los pueblos de la Banda Oriental, Santa Fe, Corrientes y Paraguay” y protegerlos de “los enemigos” de la “justa causa”. Lo nombró, también, su “verdadero representante de la Junta” con sus “mismos honores, tratamientos, distinciones y facultades”.^[3]

La Junta le otorgó a Belgrano instrucciones precisas que debía ejecutar al mando de la expedición. Entre otras cuestiones, especificaban el itinerario a seguir y la orden de reclutar hombres y de abastecer al ejército en los sitios por donde transitara, realizar ejercicios doctrinales con la tropa diariamente, deponer a regidores o jueces “contrarios o de una indiferencia sospechosa”, arcabucear a los jefes de las partidas enemigas y asegurarse de no exponer a un combate sin correr con ventaja asegurada. Arribado a Paraguay, Belgrano debía dispersar a “toda la gente reunida” bajo las órdenes del gobernador, reemplazar capitulares y funcionarios por “hombres de entera confianza en los empleos” y desterrar a los “vecinos sospechosos”. Al gobernador, cabildantes y obispo se les ofrecería garantías “a nombre de la Junta” para encaminarse a la capital, pero en caso de resistirse, serían pasados por las armas. Finalmente, según las indicaciones de la Junta, la expedición debía “pacificar el resto de la Banda Oriental”.[4]

Belgrano partió al frente de trescientos setenta y cinco hombres –de los cuales sólo setenta eran veteranos– rumbo a Paraguay. En Santa Fe y Entre Ríos logró elevar a mil el número de combatientes. A fines de 1810, el ejército llegó a Misiones, cruzó el río Paraná y diseminó rápidamente a la defensa paraguaya en Campichuelo. Pero en Paraguarí, el 19 de enero de 1811, el gobernador contó siete mil hombres y dieciséis cañones, a los que Belgrano podía enfrentar quinientos soldados. Las tropas revolucionarias fueron derrotadas y debieron replegarse hasta del río Tacuarí, donde a comienzos de marzo fueron atacadas por el general Manuel Cabañas con mil quinientos hombres y nuevamente vencidas. Belgrano firmó un armisticio en el que aceptaba la formación de una junta propia en Asunción y garantizaba el libre comercio por el Paraná, a cambio de asegurarse la retirada pacífica para su ejército. Dos meses después, Paraguay recorrería su propia aventura revolucionaria y dejó de ser motivo de inquietud para Buenos Aires, más preocupados por las ocurrencias de Montevideo y el Alto Perú (Halperin Donghi, 2010: 65-66).^[5] En octubre del mismo año, y ya con el Triunvirato conformado, Belgrano regresó a Paraguay en misión diplomática. Luego de estar al frente del regimiento de Patricios (donde tuvo que reprimir el movimiento conocido como motín de las trenzas^[6]), fue nombrado general en jefe del Ejército del Norte e inició la segunda campaña al Alto Perú.

El Norte constituía un frente de vital importancia, por la complejidad de sus relaciones sociales, su lejanía y el límite con el Virreinato del Perú, el más poderoso de los bastiones realistas.^[7] La expedición militar enviada por la Junta y dirigida por Juan José Castelli y Antonio González Balcarce obtuvo una victoria en Suipacha a fines de 1810. Pero en junio de 1811, el ataque imprevisto de las tropas comandadas por el general Juan Manuel de Goyeneche en Huaqui, provocó una ola de pánico que desbandó catastróficamente al Ejército Auxiliar del Perú (Rabinovich, 2017). La derrota sufrida supuso un duro golpe para la revolución ya que significó además la pérdida del Alto Perú. Como resultado del fatal desenlace, Castelli y Balcarce fueron desplazados y enjuiciados.

En marzo de 1812, Belgrano marchó hacia el norte para reemplazar a Juan Martín de Pueyrredón, que había quedado al mando de las fuerzas revolucionarias[8]. Prevenido por la Junta sobre los planes de Goyeneche de avanzar sobre Salta, debía retroceder con el ejército y “no exponer la fuerza”, destruyendo cuanto pudiera “ser útil al enemigo, para dificultar sus marchas y recursos”.^[9] Al frente de un ejército maltrecho, pobremente equipado y corroído por la deserción, Belgrano había dispuesto la retirada, convencido de la imposibilidad de derrotar al enemigo. La medida alcanzó a las tropas bajo su mando, pero también a la población de Jujuy. Cientos de familias emprendieron el éxodo, llevando consigo todos los recursos que pudieran servir a las fuerzas realistas: ganado, cosechas, mercancías, enseres. En una semana, la procesión arribó a Tucumán. Desobedeciendo la orden de Buenos Aires de continuar el retroceso hasta Córdoba, el 24 de septiembre de 1812 las fuerzas revolucionarias enfrentaron y vencieron a las tropas realistas, que se replegaron al norte.

En reconocimiento por “los relevantes méritos y servicios” prestados, el gobierno le otorgó el grado de capitán general^[10] y amplió sus facultades. Según sus nuevas instrucciones, Belgrano estaba autorizado a “dar al ejército la forma y dirección” más conveniente “para batir al ejército enemigo y asegurar los intereses del Estado hasta la orilla del Desaguadero”, “variar y conferir grados militares”, “premiar en el acto a los individuos de los cuerpos” que se distinguiesen y “castigar a los cobardes y delincuentes”. Tenía la obligación asimismo de “dar repetidos avisos de sus determinaciones y de las ocurrencias” y proceder “en todas las reformas con la prudencia y circunspección (…) haciendo valer la autoridad, facultades y representación” que le había conferido el gobierno. Por último, no debía comprometer “jamás las armas de la Patria” ni dar batalla sino “con evidentes probabilidades del suceso”.^[11]

En febrero de 1813 la batalla de Salta se presentó favorable a las huestes de Belgrano. Tras un tiempo de inactividad, la vanguardia al mando de Eustaquio Díaz Vélez marchó a Potosí, sitio donde se concentró el ejército a pleno. Los realistas se retiraron de la villa imperial, al mismo tiempo que los levantamientos y las insurrecciones en el Alto Perú parecían abrirles paso a las tropas revolucionarias. Joaquín de la Pezuela, general que reemplazó a Goyeneche, decidió entonces atacar a las filas comandadas por Belgrano el 1 de octubre en Vilcapugio. Belgrano no consideró definitiva la derrota y estableció su campamento en Macha, mientras que el ejército de Pezuela se apostaba en la pampa de Ayohuma.^[12] Contra la opinión de gran parte de los jefes, decidió enfrentar a los realistas el 14 de noviembre. La diferencia entre los movimientos del enemigo y los que había previsto Belgrano, la inferioridad de la artillería revolucionaria y los accidentes de la geografía se conjugaron para que el desastre fuese prácticamente total: se contabilizaron seiscientos prisioneros, doscientos heridos y trescientos muertos y se perdieron el parque y la artillería. Belgrano retrocedió hasta Tucumán. Allí dejó a José de San Martín y retornó a Buenos Aires. Pezuela se instaló en Salta, pero en 1814 a raíz de la caída de Montevideo se retiró a Cotagaita.

Hasta ese momento, la Banda Oriental había resultado un frente sensible por su cercanía con la Junta porteña, la flota naval realista allí asentada y el regreso de Francisco Javier de Elío como virrey a comienzos de 1811. Sin embargo, la revolución encontró apoyo en la campaña oriental: en mayo Gervasio José Artigas lideró el sitio de Montevideo. Pero, la intervención portuguesa forzó la firma de un armisticio que provocó el éxodo de la población rural oriental hacia Entre Ríos y que tensó la relación entre Buenos Aires y Artigas. El segundo sitio de Montevideo, iniciado en octubre de 1812, exhibió nuevas rispideces cuando el jefe de los orientales se negó a sumar sus fuerzas mientras Manuel de Sarratea estuviese al mando. El rechazo de los diputados de la Banda Oriental en la Asamblea General Constituyente desembocó en la ruptura total con Artigas, que abandonó en enero de 1814 el sitio. Montevideo capituló ante las tropas porteñas comandadas por Carlos de Alvear en junio de ese mismo año y le dio un respiro a la dirigencia revolucionaria (Frega, 2012), que seguía jaqueada en el frente norte. Las adversidades afrontadas en el espacio altoperuano llevaron a José de San Martín (tras un breve paso por la comandancia del ejército) a trazar una nueva estrategia militar consistente en la formación de un ejército en Cuyo para cruzar los Andes, liberar a Chile y avanzar sobre Perú (Rabinovich, 2016). En 1815 las tropas revolucionarias se retiraron de manera definitiva y el resguardo de la frontera quedó a cargo de Martín de Güemes (Ternavasio, 2009).

El movimiento de los primeros días de abril de 1811 en Buenos Aires, que aseguró el triunfo de los moderados saavedristas frente a los radicales morenistas, incitó el enjuiciamiento de Belgrano por su actuación en las batallas de Paraguarí y Tacuarí.^[14] Vocal de la Junta y alineado a la tendencia liderada por el secretario Mariano Moreno, se convirtió en uno de los blancos del petitorio presentado por los alcaldes de barrio ante el Cabildo. El escrito demandaba de manera explícita que Belgrano se presentara en la capital para rendir cuentas sobre la expedición despachada para auxiliar a los “hermanos paraguayos”. Pero también expresaba dos exigencias que lo afectaban aún sin mencionarlo: ningún integrante de la Junta debía ejercer en simultáneo el mando de una fuerza militar y los títulos de brigadieres –a excepción de los otorgados a Cornelio Saavedra y Antonio González Balcarce– debían suspenderse hasta tanto no fuesen confirmados por un “congreso general”. Belgrano ostentaba el grado de brigadier desde comienzos de 1811 por los méritos y servicios adquiridos “en beneficio de la patria”^[15] y, siendo vocal de la Junta, se encontraba al frente de un ejército como su primo Juan José Castelli. Esta última cuestión era de vital importancia, pues suponía el rechazo de la concentración de funciones militares y políticas en una misma persona y advertía la amenaza de que fuerzas militares considerables, cuya intervención en las rencillas políticas sería determinante, respondieran a dos antagonistas de la tendencia saavedrista.

La Junta Grande ordenó al general en jefe dejar el ejército al mando de José Rondeau y regresar a la capital.^[16] Belgrano respondió que jamás había pretendido “exponer la patria al más mínimo vaivén” y que se pondría en marcha “para evitar reclamaciones” y ser acusado de “ambición” por quienes habían “movido al pueblo” en su contra”.^[17] A comienzos de junio, el gobierno inició el proceso al designar como juez fiscal al coronel del Regimiento América Marcos González Balcarce.^[18] El juez fiscal debía indagar sobre “los procedimientos y conducta militar” de Belgrano en “la expedición del Norte”, tomando declaraciones y recabando información necesaria, para pasar luego el sumario a un consejo militar encargado de dictar sentencia. Para ello, Balcarce convocó a los habitantes de la ciudad, por medio de bandos, a la presentación de cargos de forma personal o escrita y solicitó toda documentación referida a la expedición, los oficios del coronel Tomás de Rocamora (gobernador de Misiones que había unido sus fuerzas en la batalla de Tacuarí), las causas originales que se habían formado en el ejército y las declaraciones por escrito de los oficiales prisioneros en el Paraguay que habían sido remitidos a Montevideo, entre los que se encontraba José Ildefonso de Machain, segundo de Belgrano en la expedición.^[19] La Junta, por su parte, notificó al general del ejército destacado en la Banda Oriental para que aquellos soldados que habían marchado al Paraguay y que ahora se encontraban bajo su mando se expidieran también sobre los pormenores de la campaña.

Así lo hicieron los oficiales Nicolás Cabrera, José Celestino Vidal, José Laureano Villegas, Bonifacio Ramos, Juan Manuel San Martín, Miguel Ruiz, Luis Nuñez, Reinaldo Rosas, Antonio Ramos Segovia, Manuel Agustín Suslin, Manuel Chares, Francisco Saez, José Casado y Vicente Mármol:

Cuantos oficiales tuvimos la gloria de militar bajo las órdenes de este digno jefe desde el momento de que empezamos á recibir sus sabias disposiciones, encontramos motivos para admirar, no tan solo la fina política y madura prudencia con que todo lo componía uniendo los animos, y llenándolos de un fuego verdaderamente militar, removiendo con su alta previsión hasta los menores tropiezos que podían retardar nuestro gran proyecto, sino también su constancia y continuo desvelo para mantener la tropa en la más perfecta disciplina, y su heróico valor con que logró que nuestras armas se cubriesen de gloria en los memorables ataques de Candelaria, Paraguary y Tacuarí.^[20]

A las palabras laudatorias del informe del grupo de militares se añadió un escrito firmado por veinte alcaldes de barrio (entre ellos, Tomás Grigena, uno de los impulsores del petitorio presentado al Cabildo) donde asentaban que ningún vecino deseaba presentar cargos en contra de Belgrano y aclaraban que el juicio no había sido exigido por animosidad, sino porque otros jefes militares “en iguales circunstancias y casos” habían dado explicaciones por “la pérdida de las acciones de guerra”.^[21]

Frente al fiscal desfilaron nueve testigos que se encontraban en la capital: el coronel y gobernador de Misiones Tomás de Rocamora, el mayor Gregorio Perdriel, los tenientes Cayetano Martínez y Juan Mármol del Regimiento de Granaderos de Fernando VII, el teniente Vicente Silva y el subteniente Felipe Callejo del Regimiento 2, el teniente Marcelino Sosa del Regimiento 3, el alférez de Caballería de la Patria José Antonio Segovia y el capitán de Artillería José Ramón de Elorga. Algunos testimonios mostraron discrepancias con el plan de acción delineado por Belgrano en la expedición. Rocamora señaló que no había reunido sus tropas a las del general en jefe durante el ataque en Tacuarí porque el camino que le había señalado resultó ser un “gran rodeo” y criticó no ser consultado para “tratar los asuntos del servicio”.^[22] Perdriel también señaló que en la junta de guerra celebrada en la tarde previa a la batalla, Belgrano no había advertido a los demás jefes respecto de las órdenes del gobierno de “no aventurar acción sin ventaja conocida” y que el “desprecio” con el que se miraba al enemigo había alentado la decisión de combatir.^[23] Martínez por su parte, protestó por haber sido separado del ejército cuando Belgrano se enteró de una carta escrita a su padre en la que relataba que el ejército “estaba sitiado” y coincidió en que Rocamora se había retrasado por culpa del itinerario trazado por el general en jefe. Señaló, por último, que el vocal Miguel Azcuénaga le había prohibido anoticiar a la junta sobre los sucesos referidos.^[24]

En la defensa que entregó a la Junta Grande, Belgrano expuso que, a pesar de sus “cortos conocimientos”, su intención siempre había sido “ser útil” a “la causa sagrada de la Patria” y en especial, en el afianzamiento de “relaciones sólidas y ventajosas” con el Paraguay. Sentía que su “honor” se encontraba “manchado” y “degradado” debido a la pública acusación de no haber sabido “cumplir con sus obligaciones” y manifestaba que la única manera de “salvar las infamias” era ser juzgado de manera pormenorizada. Belgrano estaba convencido de obtener una sentencia favorable en la causa, con la declaración de su inocencia y el restablecimiento del grado de brigadier que le había sido despojado. Por eso terminaba su alegato pidiéndole a la Junta que se condujera con “justicia” en el asunto:

Espero pues que me la administre y que reponiéndome en el honor y grado que me corresponde me haga obtener por este medio el premio de mis méritos y servicios, y la justificación de mi conducta con que pueda merecer el digno título de ciudadano honrado un magistrado que no desmerece el concepto público, y de un militar que sabe cumplir con sus deberes.^[25]

Belgrano admitía así sus “cortos conocimientos” en materia castrense, pero destacaba su “honor” como ciudadano, su compromiso como funcionario y su sacrificio como militar en el cumplimiento de sus obligaciones, más allá de las derrotas sufridas.

La Junta Grande evitó nombrar una comisión militar y actuó como tribunal, reservándose el dictado de la sentencia. El 9 de agosto de 1811 dictaminó que, como la actuación de Belgrano en el mando del ejército expedicionario al Paraguay había sido digna del “reconocimiento de la patria”, debían reponérsele “los grados y honores” suspendidos “en conformidad de lo acordado en las peticiones del 6 de Abril”.^[26] Ordenó además la publicación del decreto en la Gaceta, junto a una introducción en la que explicaba las razones del enjuiciamiento y la celeridad con la que se había cerrado:

Es muchas veces dolorosa la necesidad de litigar uno su honor: pero alguna vez también debe lisonjearse el honor de esta misma necesidad, que ha de acrisolarlo en el juicio imparcial de una nación zelosa de su crédito, y de su dignidad, pero justiciera, y generosa. La imprescindible energía de un pueblo transportado con el amor de su libertad, y con el alhagüeño prospecto que le presentan los momentos críticos en que debe recuperar sus derechos, le hacen adoptar ciertos procedimientos extraordinarios cuya consecuencia es siempre ó el castigo del delinqüente, ó el premio de los buenos servicios, por unos tramites mas prontos, y executivos que lo que regularmente estamos acostumbrados á ver quando las cosas giran con las lentitudes de una política.^[27]

El juicio contra Belgrano se legitimaba por la demanda del “pueblo” de Buenos Aires, más que en el fracaso de la campaña que había comandado al Paraguay. En definitiva, el pueblo era el que había actuado como juez (o fiscal) al suponer que el general en jefe “no había llenado con la exactitud correspondiente los deberes” impuestos por “la alta confianza” que “la patria” le había depositado en dicha expedición. Restaba que esa valoración fuese confirmada o rebatida en un procedimiento formal. Por ello

D. Manuel Belgrano fue llamado á esta capital en conseqüencia dé las peticiones del pueblo del 6 de abril; y se presentó inmediatamente. La patria tenia derecho á ser satisfecha en las dudas, y cargos, que había concebido sobre su conducta: pero él habló, y en un juicio formal los ha desvanecido enteramente. Él ha servido bien a la patria; véase aquí la más lisonjera declaración que hoy ha conseguido, y un nuevo motivo que debe empeñarlo doblemente en su servicio. La Patria lo llamó para que lo justificase, y él lo ha hecho.^[28]

La “patria” era en este alegato el sujeto colectivo al que se debía rendir explicaciones de lo actuado. Pero más allá de esta retórica que buscaba entrelazar los derechos del pueblo y la exhibición de un juicio formalizado por parte del gobierno, es posible que en el decreto que dio por terminada la causa contra Belgrano haya pesado la crítica situación que el Ejército Auxiliar del Alto Perú atravesaba en ese momento. La derrota de Huaqui producida en junio debió concentrar la atención –y la preocupación– de la Junta, que finalmente lo libró a Belgrano de cualquier cargo por su desempeño militar de manera expeditiva y ni siquiera pidió la rendición de su comisión como representante.

A fines de 1813, el Triunvirato^[29], encomendó a la Comisión Directiva “averiguar los motivos de las desgracias sucedidas al ejército” al mando de Belgrano en las acciones de Vilcapugio y Ayohuma y, con especial atención, analizar “la conducta de los jefes”.^[30] La Comisión se había instalado primero en Córdoba y luego en Tucumán para servir de “vínculo entre los Pueblos y el Gobierno”, revisar “los males” derivados de las “convulsiones políticas” y de “los desórdenes introducidos por las incursiones del enemigo”. Sus miembros, Antonio Álvarez Jonte y Francisco José Ugarteche, estaban revestidos de amplias facultades, entre ellas, “mejorar el sistema de Hacienda”, “entender en el secuestro de los bienes de propiedades enemigas” y “vigilar” el comportamiento “de los empleados de la administración pública". Debía abstenerse, por el contrario, de “mezclarse en las operaciones” del ejército, cuya responsabilidad recaía exclusivamente en su general en jefe.^[31] De esta manera y como resultado del encargo recibido por parte de la autoridad central asentada en Buenos Aires, las atribuciones de la Comisión, que en principio contemplaban funciones de gobierno y administración, se extendieron al ejercicio de la justicia militar.

La Comisión Directiva encontró serias limitaciones al momento de concretar la misión de procesar a Belgrano. Una de ellas fue la escasez de oficiales y soldados presentes en la ciudad de Tucumán que pudieran atestiguar por haber combatido en Ahoyuma y Vilcapugio. En el expediente solo figuran cuatro declaraciones, tomadas a mediados de enero de 1814: las de los capitanes José María Lorenzo y Mariano Diaz del Regimiento número 1, la del capitán y comandante interino de Artillería en Vilcapugio José Sereso, y la del sargento mayor Benito Martínez del Regimiento número 6.

Los testimonios concordaron en varias apreciaciones respecto de lo acontecido en Vilcapugio y Ayohuma. Por ejemplo, Lorenzo esbozó una caracterización del ejército ampliamente compartida por los demás: la fuerza efectiva con la que contaba el general en jefe eran unos tres mil quinientos hombres “de las tres armas”, como consecuencia de la “escandalosa deserción de cerca de 800 hombres que tuvieron en Potosí, antes de la salida del Ejército”; de esa cantidad, “sólo 2.000 era tropa vieja” y “los otros 1.500 reclutas que a pesar de ser bien instruidos, no se habían hallado en acción alguna”; y “la infantería y artillería estaba muy bien dotada en armamento y municiones; pero que la caballería estaba muy mal montada, por cuyo motivo no pudo operar como debía.”^[32] Todos convinieron en que, a pesar de las flaquezas señaladas, en el ejército “no se hablaba ni pensaba de otra cosa que de la victoria” cuando salió de Potosí rumbo a Vilcapugio.^[33] Respecto de esa funesta jornada hubo una versión consensuada de que la división de la izquierda se había dispersado desordenadamente –debido a la muerte de los jefes del Regimiento número 8 por la carga del fuego enemigo–, arrastrando consigo a la reserva que intentó socorrerla.^[34] Los prolegómenos de la acción de Ayohuma mostraron asimismo la mutación del talante en las filas del ejército: Martínez comentó que el consejo de guerra había disgustado a los jefes porque, al expresar su opinión de no dar batalla, Belgrano los había desdeñado diciéndoles “que el respondía á la nación con su cabeza”, mientras que Sereso relató que por eso mismo, el ejército había iniciado “con mucho descontento, el movimiento de Macha para Ayohuma”.^[35] Sobre el enfrentamiento bélico, los testigos relataron que “la línea patriota” había avanzado con cierto “desorden a causa del terreno, con zanjas y escalinatas”, que el ala izquierda, compuesta por los regimientos número 1 y 5, había logrado arrollar al enemigo y tomar su artillería, pero que “todo lo demás” había sido batido “por la tropa de los cerros, y por la metralla enemiga que operaba”, dando por resultado la fuga. Por último, Sereso mencionó que “la conducta del general en jefe antes y durante la acción fue reservarse á sí mismo la facultad de dar órdenes mandando que solo se obsérvasen las suyas y prohibiendo á los otros jefes dar alguna” y “señalando por punto de reunión la bandera donde él se hallase; que en los momentos posteriores se retiró hacia el campo con la indicada señal y se le reunieron algunos.”^[36]

La discrepancia más significativa entre los declarantes se dio cuando debieron determinar cuáles habían sido las razones de las dos derrotas sufridas. Lorenzo y Martínez aseveraron que la causa de la pérdida de Vilcapugio había que buscarla en la muerte de los jefes de los batallones, en la falta de apoyo al ala izquierda y en la confusión provocada por un toque de alarma de origen desconocido, mientras que en Ayohuma “la superioridad de la artillería enemiga”, la “altura ventajosa” en la que se había posicionado y “el mal terreno que impidió obrar a la caballería” explicaban el mal resultado.^[37] Sin embargo, Sereso cargó la entera responsabilidad sobre la espalda de Belgrano enumerando sus falencias y errores: su “ninguna pericia militar” y “su despótico modo de tratar á los oficiales y tropa”; “su imprudencia en no calcular sobre el número de los enemigos”; “su egoismo comprobado en no querer tomar consejo” de los jefes, a quienes les respondía “con palabras agrias cuando se trataba de las cosas de la guerra”; la circunspección en torno a “las noticias” y “el conocimiento” que se tenía sobre el estado propio y del enemigo; la ingenuidad al “dejarse engañar por los que le aseguraban que el ejército enemigo era menor en número”.^[38]

A los cuatro testimonios se adjuntaron las exposiciones del coronel Gregorio Perdriel y del mayor general Eustaquio Díaz Vélez. Perdriel había combatido bajo las órdenes de Belgrano en la expedición al Paraguay y, como ya se señaló, atestiguado en el sumario abierto luego de su fracaso. Durante Vilcapugio había comandado a la reserva, por lo que su declaración resultaba crucial para esclarecer la desgraciada acción. El coronel insistió en que las heridas y las muertes infligidas a los jefes habían sido determinantes al desencadenar la retirada en desorden y la dispersión total del ala izquierda y en que, a pesar de la orden de que Belgrano le había ordenado auxiliarla, no lo había logrado porque también “la confusión se envolvió a la reserva.” Añadió que la pérdida de la artillería infundió tal “terror” en la tropa que “todo empeño en su reunión fue infructuoso” y que con algunos jefes acordaron partir unos a Potosí y “otros a contener la tropa que huía por los cerros inmediatos, consiguiendo “entrar en Macha en la noche del dos con más de 400 soldados.” Ante la inminencia de un nuevo enfrentamiento armado, Perdriel señaló que, al igual que varios de los jefes, pensaba que “era imposible el triunfo” porque los soldados habían quedado “atemorizados por la reciente derrota” y porque un “número considerable de reclutas no sabía ponerse el fusil al hombro”, además de estar la poca artillería salvada en condiciones precarias. Pero como ninguno se animó a manifestar sus resquemores “por miedo a ser considerados cobardes”, propuso en el consejo de guerra la estrategia de esquivar el choque con el ejército e internase en territorio enemigo. Sin embargo, la mayoría quería permanecer en Potosí o dirigirse a Oruro, porque “en caso de una desgracia, como la que recientemente había sufrido el ejército” la Nación quedaría “expuesta” por hallarse prácticamente “agotados todos los recursos con una guerra tan dilatada”. La discusión se cerró con el general en jefe exclamando que “su cabeza era solo la responsable á la Nación del buen o mal éxito de la acción que estaba resuelto á presentar” y según el relato de Perdriel, nadie rebatió la proposición porque debían suponer “en él los más altos conocimientos” del “estado del enemigo” y “una seguridad en sus disposiciones militares por sus mejores conocimientos en la guerra”.^[39]

La mesura del informe del coronel Perdriel se contrapuso notablemente a la inclemencia manifestada por el mayor general Díaz Vélez, que atribuyó a la “confianza imprudente” y a la “inmatura determinación del Señor Capitán General” de “encomendar a la fortuna ciega la obra de la previsión, de la energía y del esfuerzo”. Específicamente sobre Vilcapugio, Díaz Vélez destacó que los oficiales se habían comportado “con la mayor bizarría, y con el mismo honor que los vencedores de Salta y Tucumán” y que “los soldados viejos y aguerridos habían cumplido con su deber”, pero que cuando el “terror se apoderó del corazón de los reclutas” –debido a “la falta de disciplina y la nula “instrucción”– dieron principio á su desórden” y “se dispersaron hácia distintos rumbos”. Sobre “la jornada de Ayohuma aseveró que había sido “mucho más desgraciada y mucho peor dirigida que la de Vilcapugio”.^[40]

A mediados de febrero de 1814, la Comisión Directiva fue suprimida, por lo que remitió el proceso a Gervasio Posadas, erigido en Director Supremo en reemplazo del Triunvirato. En el oficio que acompañó al expediente, la Comisión explicó que los exiguos progresos en la causa se debían a que los oficiales “se retraían de expresar el por menor” de las dos acciones militares “por la circunstancia de conservarse en el mando del general Manuel Belgrano” y a que San Martín había sugerido dejar las “averiguaciones” para “tiempo más oportuno” porque “la reorganización del ejército” era “precisa y urgente.^[41] Por lo tanto, a la ya señalada carencia de testimonios disponibles, la extinguida comisión sumó dos “graves dificultades” para sustanciar el proceso: la permanencia de Belgrano entre las filas del ejército y el papel jugado por San Martín para retrasar su partida. Es preciso remarcar que cuando el Triunvirato ordenó el sumario, Belgrano no había sido destituido como general en jefe sino que él mismo había elevado su renuncia, solicitando ser relevado por el jefe de la expedición que iba en su auxilio y que, en principio, había sido destinado como mayor general en lugar de Díaz Vélez.^[42] Posadas aceptó la dimisión de Belgrano (y su continuación en el ejército como comandante del Regimiento 1) y el nombramiento de San Martín como su sucesor a mediados de enero de 1814, dándose por lo tanto, una situación ambigua en la que un militar estaba siendo evaluado por designio de una autoridad política sin que eso significara un inicial desplazamiento de su posición.

Poco después, se dio la transferencia de mando en Yatasto, y San Martín y Belgrano se apostaron en Tucumán con las tropas. A partir de ese momento se produjo un cambio de la actitud condescendiente del gobierno con Belgrano y mandó a San Martín su separación inmediata del ejército y su partida hacia la ciudad de Córdoba. El nuevo general en jefe se manifestó reacio a ejecutar la notificación y justificó su decisión en que la enfermedad de terciana que padecía Belgrano se agravaría durante la travesía poniendo en “grave riesgo su vida”, pero también en la dificultad de encontrar un oficial que

me ayude a (…) instruir la oficialidad, que además de ser ignorante y presuntuosa, se niega a todo lo que es aprender (…). Después de esto, yo me hallo en unos países cuyas gentes, costumbres y relaciones me son absolutamente desconocidas, y cuya situación topográfica la ignoro; y siendo estos conocimientos de absoluta necesidad para hacer la guerra, sólo este individuo puede suplir su falta (…) Últimamente, Vuestra Excelencia, esté firmemente persuadido su buena opinión entre los principales vecinos emigrados del interior y habitantes de este pueblo es grande; que a pesar de los contrastes que han sufrido nuestras armas a sus órdenes, lo consideran como un hombre útil y necesario en el Ejército.^[43]

Sobre la renuencia de San Martín para acatar la orden del Directorio se han tejido diversas conjeturas. Lo cierto es que, a pesar de su férrea argumentación ponderando el rol de Belgrano en el ejército (a la que se sumó una representación firmada por sesenta tucumanos que destacaba también su importancia en el frente de guerra norteño^[44]), Posadas reiteró su orden e instó al general en jefe a que la cumpliese. Finalmente, y luego de un mes y medio de dilaciones, Belgrano se puso en marcha, siendo arrestado en la chacra de Perdriel en Luján y en junio trasladado por su delicado estado de salud a San Isidro, donde aguardó el desenlace del juicio mientras escribía sus memorias.

En este punto es preciso retomar el estado del sumario y reconstruir su derrotero. La distancia existente entre la capital y Tucumán se traducía en la demora en el cumplimiento de órdenes y en la superposición de la vigencia de las disposiciones referidas al sumario. Como se refirió, cuando los miembros de la comisión se enteraron de su disolución, resolvieron despachar el proceso a Buenos Aires. Álvarez Jonte se quedó en Tucumán, puesto que con aquella medida había arribado también su nombramiento como auditor de guerra del ejército del Perú. Pero al parecer, Ugarteche se encaminó a la capital portando consigo la causa. El 1º de marzo de 1814, Posadas comisionó al nuevo auditor de guerra para concluir las diligencias procesales, pero la notificación llegó a Tucumán dos semanas después. Para ese entonces Álvarez Jonte yo no contaba con el expediente ni con la posibilidad de tomarle declaración a Belgrano, porque ya había dejado la ciudad.^[45] El auditor escribió entonces al Director Supremo poniéndolo al corriente de que dicha situación le impedía “adelantar las diligencias hasta ponerla en estado de sentencia”.^[46]

Ya en Buenos Aires, y a comienzos de abril, Ugarteche puso el sumario en manos de Francisco Javier de Viana, secretario de Guerra, quien a su vez los remitió al Auditor de guerra del Ejército de la Ciudad, Gregorio Tagle, para que lo examinara.^[47] Tagle aconsejó a Posadas nombrar un juez fiscal y un secretario para avanzar con las declaraciones de los oficiales que se hallaron en las acciones y que se encontraban en la capital hasta poner el sumario en estado de resolverse en Consejo de Oficiales Generales. La última resolución tocante al procedimiento judicial fue una nueva revisión, en mayo por parte del Auditor General de Guerra, Agustín Pío de Elía, que dictaminó que Belgrano debía ser juzgado por la Comisión Militar, pues en ella se había “refundido la jurisdicción del Consejo de Guerra de oficiales Generales”.^[48] La Comisión a la que refería el auditor había sido creada poco antes por un decreto del Director Supremo con el objeto de “uniformar el método de las causas de los individuos del ejército” (Abásolo, 2002 p. 180). Con el decreto se produjo una notable modificación en materia de administración de justicia castrense porque dicha comisión, que reemplazó a los tradicionales consejos de guerra, funcionaría de manera permanente y estaría con jurisdicción en todo el territorio que dependiera del poder central.^[49]

No hay registros de que el expediente haya llegado a la recientemente creada Comisión Militar. Tampoco se han hallado constancias documentales del decreto con el que finalmente Posadas dispuso el sobreseimiento de Belgrano, que parece haber tenido lugar entre julio y agosto de 1814. Unos meses después, fue comisionado como diplomático en Europa junto a Bernardino Rivadavia. A su regreso en 1816, y tras su paso por el Congreso General Constituyente reunido en Tucumán, nuevamente se puso al frente del ejército en el frente de guerra norte. Los cuestionamientos sobre su idoneidad militar parecían haber quedado en el olvido.

Los procesos judiciales a los que fue sometido Belgrano para dar cuenta de su conducta militar en Paraguay y en el Alto Perú evidencian algunos contrastes. Mientras que el primero se caracterizó por la celeridad con que fue sustanciado y la difusión que tuvieron tanto la tramitación como la resolución (las publicaciones en la Gaceta y la circulación de los bandos públicos son elocuentes al respecto), el segundo pareció ceder a las intermitencia y demoras de las diligencias procedimentales, a la ambigüedad y el sigilo de la autoridad política que lo ordenó y a la discreción que rodeó su curso, incluido su prácticamente inadvertido veredicto. Sin embargo, pueden advertirse también ciertos puntos de contacto que ilustran la complejidad que adquirió la relación entre guerra y política, al menos durante los primeros años de la revolución.

En primer lugar, el inevitable entrecruzamiento de los asuntos políticos y militares. No solo porque la dirigencia conformada al calor de la revolución se nutrió tanto de militares como de civiles, sino también porque las funciones política y castrense de las autoridades no estaban claramente delimitadas. Así puede concluirse si se tienen en consideración los roles adoptados por los gobiernos de turno en causas destinadas a juzgar materia militar.

En segundo lugar, la dificultad para sacar adelante esas causas debido al influjo de las coyunturas políticas (como el pedido de enjuiciamiento de Belgrano por parte de la movilización adicta al saavedrismo en abril de 1811) y bélicas. Las marchas y contramarchas en los distintos frentes de guerra repercutieron en sus resoluciones, que tuvieron un elemento común: los tres grandes sumarios que escrutaron la campaña al Paraguay y las dos primeras expediciones al Alto Perú se clausuraron con absoluciones para sus imputados. Así, Belgrano salió indemne en los dos procesos judiciales estudiados en este trabajo, pero también González Balcarce fue sobreseído de los cargos que pesaban en su contra en la Causa del Desaguadero, la más paradigmática de esta clase por su dilación y la dimensión de los asuntos discutidos.^[50] Las tres sentencias coincidieron con hitos de la empresa militar revolucionaria: la debacle de Huaqui y la caída de Montevideo en las causas contra Belgrano y las calamidades de Vilcapugio y Ayohuma en el sumario instruido a Balcarce.

En tercer lugar, pero en relación con lo anterior, se percibe cierta resistencia a asumir el compromiso de condenar a miembros de la corporación que habían adquirido poder y protagonismo defendiendo la revolución a través de las armas. A pesar de la aparente debilidad a la que los exponía las derrotas sufridas en los campos de batalla, los comandantes seguían siendo actores de peso, tanto en el terreno político, porque muchas veces la suerte de los proyectos políticos dependía de su respaldo (Morea, 2013), como en el castrense, debido a la escasez de militares con experiencia y capacidad acreditadas (más allá de la precaria o nula instrucción formal) para conducir las maniobras de un ejército durante un enfrentamiento armado. El propio Belgrano, a pesar de sus “cortos conocimientos”, fue general en jefe en tres oportunidades y en tres frentes de guerra.

Por último, los juicios muestran una radiografía descarnada de los ejércitos revolucionarios. A la nula o insuficiente formación militar de la jefatura y la oficialidad durante los primeros años de la revolución –en palabras de Rabinovich, lanzados “al fuego sin suficiente preparación” por las urgencias de la guerra–, se acumulaban la falta de disciplina e instrucción de la tropa, la endémica deserción que azotaba a los ejércitos y la recurrente manifestación del fenómeno del pánico, tal como ocurrió en Huaqui y como lo relatan los testimonios sobre Vilcapugio.^[51]