¿Sigue siendo pertinente continuar hablando de “orden conservador”? ¿Es posible ofrecer una interpretación del espacio temporal que se extiende entre el Ochenta y la ley Sáenz Peña de manera que no constituya un ejerci­cio imposible advertir una serie de rasgos característicos que describan éstas tres décadas de historia argentina? Es indudable que la historiografía política dedicada a estudiar el último cuarto del siglo XIX y el comienzo del siglo XX se benefició decididamente (y fue influenciada por) la aparición del libro de Natalio Botana, El orden conservador. Este libro no solamente ofreció una poderosa e influyente interpretación de un “régimen” político. También (y porque hasta el momento no ha habido reemplazos con semejante éxito de popularidad) le dio su nombre a un período determinado. Esta bienvenida convocatoria a reflexionar acerca de las dimensiones de la política argentina a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX coloca en el centro del de­bate no solo los elementos característicos que habrían definido un “régimen”, “orden”, “ordenamiento” o “república” determinados sino que también abre las puertas a discusiones incluso más amplias sobre la consistencia de la periodización en la historia argentina [1].

El punto de partida de estas reflexiones es, por lo tanto, la pregunta sobre las dimensiones de la vida política en el espacio temporal seleccionado y su carácter constitutivo de un ordenamiento determinado. Para ello el texto recorre algunos ejemplos de la intensa renovación historiográfica de las últimas décadas y señala la importancia de apreciar el impacto (mayor o menor) de los cambios operados a partir de 1880 de acuerdo a la pluralidad de los campos de estudio, las características de los procesos provinciales y la relevancia del Partido Autonomista Nacional en la vinculación entre los elen­cos dirigentes provinciales y nacionales. Retomando investigaciones propias previas y atendiendo a la historiografía reciente este artículo busca examinar estas cuestiones a partir de una mirada nacional de los entramados partidarios (que, sin embargo, presupone la interacción entre los espacios provinciales y la política nacional) y se pregunta sobre la capacidad explicativa de una serie de conceptos (redes de amigos políticos, facción, oligarquía, elite) presentes en los estudios sobre las dirigencias del “orden conservador”. Se pone el foco, además, en la relevancia de considerar la dinámica de los entramados partida­rios (débil institucionalización y emergencia de coaliciones cambiantes), sus transformaciones en el tiempo y la pertinencia de incorporar su análisis en la comprensión de los procesos de reforma electoral a comienzos del siglo XX. ­

Por otra parte, este trabajo propone algunas interpretaciones iniciales de las modalidades de articulación entre las coaliciones políticas, el parlamento y las formas colectivas de práctica política. La atención colocada en el Congreso, la constitución de coaliciones parlamentarias y la elaboración de la agenda de debates permite una entrada escasamente explorada en el funcionamiento del ordenamiento político conservador. En sintonía con esta preocupación, este ar­tículo considera a la institución parlamentaria como un escenario privilegiado para avanzar en la comprensión de las diversas facetas de la vida política: la vinculación entre el régimen representativo y las expresiones manifestadas en la esfera pública (prensa, movilizaciones, peticiones), la conformación de los grupos dirigentes y, finalmente, las complejas relaciones entre el Ejecutivo y el parlamento.

La vida política argentina a finales del siglo XIX: El Partido Autonomista Nacional

Como recuerda en un texto reciente Eduardo Míguez, el impacto de la de­rrota de Buenos Aires de 1880 en el campo electoral y en el campo de batalla se deja ver claramente en el título del ensayo de Eduardo Gutiérrez, La muerte de Buenos Aires. El fracaso revolucionario, el ascenso del proyecto político de Julio A. Roca y la concreción de la federalización de la ciudad dan sustento a aquella mirada lúgubre de Gutiérrez. Una literatura extensa ha descubierto en estos y en otros factores, argumentos de peso para interpretar al Ochenta como un parte aguas que delimita un período (y también un “régimen”) de la historia argentina definido por la consolidación del estado nacional y la subordinación de estados provinciales díscolos. Un estudio reciente - dedicado a estudiar la historia de la provincia de Buenos Aires- se asienta sobre el valor explicativo de los sucesos de 1880 para ensayar una comprensión del viraje experimen­tado en la vida política bonaerense en los años siguientes, que habrían dado comienzo a un “orden oligárquico” transcurrido entre la derrota ante el poder federal y la experiencia saenzpeñista [2]. Por otra parte, como se ha advertido con agudeza, las transformaciones introducidas con la “revolución de 1880” y sus consecuencias a nivel de la centralización política, estuvieron lejos de incidir de manera homogénea en la construcción de los diferentes órdenes políticos provinciales o de significar el ingreso en nuevas etapas de estabi­lidad institucional en los variados escenarios políticos provinciales [3]. En este sentido, puede argumentarse que el carácter decisivo de 1880 y su condición de “línea divisoria de aguas” se dibujan con mayor claridad en la “trayectoria político-institucional” de la república cuando se consideran los debates con­temporáneos en torno al centralismo y al federalismo y a sus implicancias para el escenario bonaerense [4]. Como se ha señalado recientemente, el estudio de la construcción estatal argentina cuando se atiende a la compleja interacción entre los gobiernos nacionales y el protagonismo de los gobiernos provinciales ofrece una lectura que revisa y complejiza las periodizaciones tradicionales [5].

El dramático enfrentamiento de 1880 significa un paso decisivo pero no final ni definitivo en la consolidación del estado nacional. Como han contri­buido a demostrar investigaciones en la última década que han desafiado el enfoque propuesto por Oscar Oszlak, [6] aquel proceso de constitución de las instituciones estatales tampoco dependió exclusivamente de la dinámica del centro político avanzando sobre las periferias provinciales. Además de la relevancia de los procesos provinciales en la formación del Estado nacional, se advierte la necesidad de incorporar en el análisis a la importancia de las formas de autoridad y gobierno preexistentes, [7] lo cual sin dudas lleva a prestar mayor relevancia tanto a las décadas previas al Ochenta como a la variedad de los escenarios desarrollados en la vida política provincial. Por otra parte, desde los ensayos de interpretación de la historia económica se ha llamado la atención sobre la presencia de tiempos diversos en la concreción de la domina­ción estatal: si por una parte 1880 significó un momento relevante en términos de conflictos políticos, la puja por el financiamiento y el control del terreno económico continuó en los años siguientes entre la provincia de Buenos Aires y el estado nacional. Según esta perspectiva, la imposición de un orden polí­tico en 1880 a partir del triunfo de las armas nacionales no fue sinónimo de una garantía del predominio del Estado nacional en la economía, que hubiera quebrado de manera definitiva la situación de “empate” con la provincia de Buenos Aires [8].

En otros ámbitos, el Ochenta parece funcionar de manera más convin­cente como aquella divisoria de aguas perseguida. Así, en lo que se relaciona con las actividades vinculadas a la federalización de Buenos Aires y el desa­rrollo de una arquitectura pública que reflejara el nuevo status de la ciudad, las elites políticas y elencos burocráticos manifestaron una preocupación por el establecimiento de ‘marcas’ republicanas en el ejido urbano que mostraran la constitución del poder federal. Los debates parlamentarios de la década de 1880 señalan el consenso en torno a la necesidad de contar con una arquitectu­ra pública de carácter permanente (entre otros ejemplos, un nuevo Palacio del Congreso) que materializara el nuevo orden político [9]. De manera similar, las formas que adquirieron las relaciones entre Iglesia y Estado en la década de 1880 y el establecimiento de cierto modus vivendi entre los actores estatales y eclesiástico ha llevado a un conjunto de estudios recientes a proponer una cronología que observa en el Ochenta (o en los años ochenta) a un momento decisivo en el proceso de laicización de las funciones del Estado moderno y de una apuesta mayor en el manejo del patronato que definió un modelo de relación que se extendió hasta comienzos del siglo XX, a partir del cual co­menzaron a advertirse ciertos reacomodamientos [10].

Los combates de 1880 confirmaron el ascenso de una configuración de poder con base en el interior del país que representó un intento (relativamente exitoso aunque parcial) de garantizar la estabilidad política y que puso en discusión la legitimidad del recurso revolucionario para enfrentarse a los go­biernos “despóticos”. Así, desde la “contundencia del desenlace” y atendiendo a los resultados, la revolución de 1880 ha sido entendida en la historiografía como expresión de la consolidación de un nuevo “régimen” por sobre los in­tentos autonómicos provinciales [11]. Pero además, y más allá de la significación del Ochenta como posible comienzo de una nueva era, a partir de entonces y por espacio de unos treinta años la vida política argentina estuvo fuertemente influenciada por la suerte del Partido Autonomista Nacional (en adelante PAN) y sus estrechas vinculaciones con las instituciones estatales. Por supuesto que la atención colocada en reconstruir la trayectoria del PAN y las relaciones establecidas entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional no agota en ningún sentido el estudio de la vida política entre el ascenso del roquismo y el Centenario, pero contribuye a identificar rasgos centrales de la política nacional de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este relativamente exitoso experimento de articulación entre una preexistente Liga de Goberna­dores y sectores del autonomismo bonaerense funcionó como regulador de los conflictos presentes entre las elites dirigentes provinciales -de conformación interna muy variada- y estuvo lejos de establecer estructuras partidarias definidas y permanentes. Como ha sido estudiado extensamente, el gobierno central podía ejercer influencia sobre la vida política provincial a través de mecanismos constitucionales como la intervención federal pero su poder elec­toral en ningún caso era completo y los gobernadores se reservaban márgenes de acción decisivos como se evidencia en el peso de las ligas constituidas a favor de los candidatos presidenciales en las décadas de 1880 y 1890 [12]. En este sentido, la naturaleza de las disputas internas de las dirigencias provinciales contrarrestaba los recursos constitucionales del ejecutivo nacional y concedía a las dirigencias provinciales un ascendiente considerable en el diseño de los apoyos parlamentarios y en la conformación de los colegios electorales.

Entendido como una coalición de partidos provinciales débilmente es­tructurados, el PAN adquirió las formas de una máquina política que reunía a dirigencias y partidos políticos provinciales (de manera más explícita en las elecciones nacionales), y facilitaba la producción de vínculos entre el aparato provincial y el partido político. Lógicamente, una rápida revisión de la historiografía de la última década es suficiente para advertir cómo se ha complejizado la interpretación no sólo sobre la política argentina de finales del siglo XIX sino también sobre las transformaciones internas que el PAN sufrió entre los años ochenta y el proyecto político saenzpeñista [13]. Esto significa no solamente atender a las características del proceso de débil institucionalización partidaria sino también a las evidencias de fragmentación y dispersión de las agrupaciones partidarias que experimentó luego del cambio de siglo, en para­lelo con el creciente debate sobre los mecanismos del gobierno representativo y la necesidad de introducir reformas en la legislación electoral. En este sentido, se evidencian diferencias entre la dinámica del PAN durante las campañas presidenciales entre la década de 1880 y la emergencia del modernismo (con la constitución de las “ligas” de gobernadores en torno a las candidaturas presi­denciales que ha estudiado en detalle Paula Alonso) y las coaliciones políticas del novecientos surcadas por el clivaje roquismo/antirroquismo y los riesgos de ruptura del otrora partido dominante [14].

Más allá de una paciente reconstrucción de elementos o rasgos caracte­rísticos que puedan definir un determinado recorte temporal (y la existencia de un “régimen”) es conveniente también insistir sobre el peso que la política “personalista” adquirió durante el ‘orden conservador’ a partir de la corre­lación que se advierte entre los alineamientos políticos (si bien no exclusi­vamente) y la lealtad que se generaba por incentivos y premios de carácter inter-personal. No parece exagerado argumentar que la influencia de Julio A. Roca y la construcción de una densa trama de contactos políticos a escala nacional (que tuvo momentos de mayor fortaleza y de declinación relativa o terminal a lo largo de tres décadas) adquirió de manera perdurable un peso significativo sobre las dirigencias políticas y actores diversos hasta comienzos del siglo XX [15]. Cuando dirigimos nuestra atención hacia la fragmentación de la elite política ‘conservadora’ en el novecientos y su relación con la creciente preocupación entre políticos, publicistas y agrupaciones en torno a la repre­sentación política (en particular sobre la necesidad de introducir cambios en la legislación electoral), una de las cuestiones que emergía con mayor claridad a comienzos del siglo XX era la figura del General Roca como el elemento que podía definir la correlación de fuerzas o la definición de las coaliciones al interior de la elite política [16]. Y no solamente como figura más representa­tiva de una “red de amigos políticos” sino también como encarnación de una forma de hacer política y de entender la construcción del aparato estatal y las relaciones entre los gobiernos provinciales y el estado central. En ese sentido, y aun cuando fue fuertemente disputado su sentido entre los amigos políticos de Roque Sáenz Peña, el desmantelamiento de la “máquina política” roquista en los años del gobierno de José Figueroa Alcorta equivalió para la prensa, intelectuales y políticos antirroquistas al ingreso en una nueva era política y al final de una influencia electoral que había obstruido la competencia política amplia. No deja de ser significativo, en este sentido, que la coalición de apoyos a la candidatura de Sáenz Peña se conformara a partir de facciones y grupos unificados en su rechazo al liderazgo de Roca dentro del Partido Nacional. Esta cuestión no iba a dejar de ser percibida por los “amigos políticos” de Roca que observaban cómo las coaliciones que sustentaron a los gobiernos de José Figueroa Alcorta y Sáenz Peña se construían sobre esfuerzos retóricos que enfrentaban a quienes gustaban describirse como “regeneradores” con las expresiones de los “regímenes pasados” [17].

Facciones, fracciones, partidos y coaliciones: las redes de amigos políticos

Desde el punto de vista de las luchas presidenciales y teniendo en cuenta las “transacciones inestables” desarrolladas entre líderes provinciales que ne­gociaban sus apoyos en el proceso de selección de candidaturas, Paula Alonso observa allí una contribución al tono “faccioso y personalista de la política argentina” definido por los liderazgos personales que articulan apoyos políti- cos [18]. En El ocaso de la república oligárquica procuré indagar en torno al rol del “faccionalismo” en la vida interna del PAN y, de manera más amplia, en la vida política de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Allí argumento que este “faccionalismo político” habría constituido una de las características definitorias del PAN, funcionando la política facciosa como un “sustituto par­cial de la competencia partidaria” que tenía características particulares a partir de la Política del Acuerdo y de los períodos en los que el radicalismo se retira­ba de la arena electoral en las provincias o en el escenario electoral nacional. Recientemente se ha discutido agudamente la pertinencia de la utilización de este concepto y su aplicación al estudio de la política de la segunda mitad del siglo XIX. Desde esta perspectiva, la facción sería un concepto utilizado por los contemporáneos, de manera habitualmente peyorativa y para subrayar las consecuencias negativas de la división (construida sobre motivos irrelevantes) y en contra de la supervivencia de la nación política [19]. Por otra parte, si bien podríamos preguntarnos si el uso extendido de la palabra “facción” con este significado correspondería más ajustadamente a las décadas de 1860 y 1870 que a las posteriores, es posible conjeturar (si bien se hacen necesarias investi­gaciones más extensas) que hacia finales del siglo la correspondencia epistolar entre amigos políticos muestra un uso mayor de los términos “fracción” y “partido” antes que facción, que nunca abandonó, de todos modos, los tonos negativos si bien identificados con intereses particularistas. En todo caso, y si bien este último concepto en ningún caso desaparece, entre los miembros de las dirigencias provinciales que se identificaban con la tradición política del PAN la expresión más favorecida era la de “amigos políticos”, [20] de manera similar al término utilizado en la España de la Restauración [21]. Es en este sentido, fun­damentalmente, en que aquí entenderemos a las construcciones de entramados personales de contactos políticos, que si bien enfrenta obstáculos (y claros tonos derogatorios en la polémica discursiva contemporánea), también permite avanzar en la comprensión de la dinámica interna de los conflictos intra-elite y de articulación entre la política nacional y provincial.

En el contexto argentino de finales del siglo XIX y dada la importancia de la política personalista construida sobre redes de aliados políticos o amigos po­líticos, los alineamientos (si bien no exclusivamente) expresaron vinculaciones de redes de individuos en base a incentivos y premios que adquirieron algunos de los rasgos que Giovanni Sartori ha atribuido a las “facciones de interés”, es decir grupos que asumían la forma de redes de estilo clientelar en la persecución del poder político. Sin embargo, no se sugiere aquí que allí se agoten las posibilidades de utilización del concepto que demuestra una versatilidad importante para dar cuenta de la dinámica interna de los grupos dirigentes. Una interpretación del concepto que dirija su atención a las características “es­tructurales” de las facciones como alianzas entre personas que se establecen en relación al acceso al “honor” o determinados “recursos” permitiría reconstruir la dinámica de la articulación y congregación de grupos involucrados en el espacio político [22]. Se interpreta, entonces, que esta conceptualización puede ser relevante para explorar la política argentina de la primera década del siglo XX dado el contexto extremadamente fluido que presentaban los alineamien­tos partidarios y la declinación en la influencia del PAN como organización política que podía canalizar los conflictos internos de la elite política y de los partidos políticos provinciales. Por otra parte, entendido en esta línea, ofrece la posibilidad de explorar la introducción de “nuevos recursos” como sería el caso de la creciente popularidad entre los grupos dirigentes de un cierto (y a veces no excesivamente definido) reformismo electoral. Desde esta perspec­tiva, la facción no se explica por lo “faccioso” y no excluye motivaciones o articulaciones diversas en cuanto a intereses o ideologías. En todo caso, puede argumentarse que, con la utilización del concepto, hay una preocupación hacia la construcción de las redes políticas sostenidas en torno a vínculos cliente- lares, personales y espaciales, que no excluye trazar relaciones con la manera en que se establecen lealtades que puedan ser identitarias o ideológicas [23]. De esta manera puede avanzarse en la comprensión, por ejemplo, de la partici­pación de quienes se encolumnaban en torno al autonomismo pellegrinista a comienzos del siglo XX o interpretar las estrategias políticas perseguidas por el “partido católico” entre el cambio de siglo y la Ley Sáenz Peña en el marco de coaliciones más amplias [24]. En todo caso, el enfoque propuesto no niega ni busca obliterar la importancia de los principios ideológicos en la definición de los conflictos políticos que no se reducen ni se explican (no podrían explicarse) exclusivamente a partir de conflictos clientelares.

Con la intención de indagar en torno a la incidencia de la fragmentación de los grupos dirigentes a comienzos del siglo XX sobre los debates de los proyectos de reforma electoral que tuvieron lugar en esos años procuramos en investigaciones anteriores reconstruir los conflictos internos de la elite política nacional y su vinculación con los equilibrios parlamentarios. Esto no signifi­caba sostener que la participación de la sociedad civil, las formas colectivas de movilización y expresión de la opinión pública carecieran de peso especí­fico o fueran “irrelevantes” por cuanto las decisiones se tomarían a partir de acuerdos entre pocos y a puertas cerradas [25]. Entiendo que, en el estudio de las coyunturas particulares de comienzos del siglo XX, es clave proponer una interpretación sobre cómo se articulaban las prácticas y formas colectivas de participación con las configuraciones específicas de las coaliciones tempora­rias de los gobiernos y bloques parlamentarios. En esta dirección, los estudios sobre el Congreso pueden claramente advertirnos sobre los alcances y dimen­siones de las movilizaciones de sectores de la sociedad urbana en el escenario político además de brindarnos la oportunidad de estudiar las vinculaciones entre los mecanismos representativos y la intervención de los diversos actores sociales y expresiones asociativas en el espacio público entre el Ochenta y el Centenario [26]. A pesar del crecimiento evidente de la historiografía política argentina en las últimas décadas, los estudios dedicados a estudiar el rol del parlamento en el sistema político han experimentado una menor sistematicidad. En este sentido, los estudios generales que abordan al Congreso como objeto de análisis no acercan interpretaciones que contribuyan a comprender la articulación del legislativo nacional en la dinámica interna del régimen político [27]. En parte puede argumentarse que el carácter presidencialista de la Constitución Nacional de 1853 y el consiguiente acento colocado por los inves­tigadores en estudiar el rol del Ejecutivo nacional en la construcción del estado nacional haya conspirado contra un lugar más expectante entre los intereses de los historiadores políticos. Por otra parte, como advirtió hace casi dos décadas Paula Alonso, es posible que la centralidad del PAN en la dinámica del período (y en los estudios del “orden conservador”) llevara a algunos investigadores a interpretar a las Cámaras como meras expresiones de decisiones tomadas en otros ámbitos por los notables nacionales [28].

Dirigir la atención hacia el parlamento, el estudio de la constitución de coaliciones parlamentarias y la elaboración de la agenda de debates es importante porque nos puede permitir una entrada diferente (y escasamente explorada) en el funcionamiento del ordenamiento político conservador. La historiografía política latinoamericana está manifestando un renovado interés en el rol jugado por los congresos y asambleas legislativos a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, recuperando su importancia en la formación de gobiernos, la definición de la agenda parlamentaria y la limitación del poder del Ejecutivo [29]. A la luz de esta agenda de investigación, se advierte la relevancia de revisar y atender al estudio del escenario parlamentario como arena de expresión (y complejización) de las configuraciones de poder (signi­ficativo no solo en la constitución de los entramados relacionales sino también en la nacionalización de los elencos dirigentes), de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y, finalmente, la vinculación entre el régimen representativo y las prácticas de participación en el espacio público (prensa, movilizaciones, peticiones).

Quizás no esté de más recordar aquí que la inclusión de la construcción del edificio del Congreso (cuestión ya mencionada más arriba) dentro de un esfuerzo mayor de arquitectura pública (marcado por el signo de la “perma­nencia” del estado federal y el nuevo status de la ciudad de Buenos Aires), también estuvo acompañada de un intercambio legislativo y en la prensa sobre la importancia asignada a la pedagogía republicana y la relevancia de la trans­parencia de los actos de gobierno. No se trata de anular el rol desempeñado por los “jardines secretos” en las negociaciones que tenían lugar entre los políti­cos provinciales y nacionales sino de recuperar la relevancia que los debates parlamentarios adquirieron en la vida política de finales del siglo XIX y co­mienzos del siguiente. En este sentido, las discusiones en las Cámaras acerca de las características que debía adquirir el diseño arquitectónico del edificio del Congreso advierten sobre la relevancia que tuvo en aquellos intercambios la necesidad de garantizar la publicidad de los procedimientos legislativos a partir de una edilicia que atendiera a estas cuestiones. Asimismo, los manuales parlamentarios también dirigían su atención hacia el principio de la publicidad y el rol del periodismo en la cobertura de las sesiones legislativas. Hojas perió­dicas específicas y la profusión de las crónicas dedicadas a cubrir la actividad parlamentaria a lo largo del “orden conservador” dan cuenta de la relevancia de los debates parlamentarios en la vida política de estas décadas [30].

También el Congreso ofrecía una posibilidad de interacción estrecha entre la institución parlamentaria y la tradicional cultura de la movilización en la ciudad de Buenos Aires, sobre la cual ha escrito extensamente Hilda Sabato [31]. Las movilizaciones en las calles que interactuaban con la agenda legislativa o se referenciaban en ella buscaban indudablemente influenciar de alguna manera la acción de los parlamentarios, funcionando por lo tanto como un mecanismo comunicante entre esferas. Estas esferas han sido frecuentemente estudiadas por separado y como compartimientos estancos, tanto el entramado institucional formal, por un lado, como las prácticas de participación popula­res por el otro. Dada las características y límites de este texto solo se puede mencionar aquí (sin entrar a analizarlos) algunos ejemplos del despliegue de manifestaciones en el espacio público que tenían como destinatario al Con­greso a comienzos del siglo XX, entre ellos las movilizaciones y campañas del Club Católico y de los librepensadores en relación a los proyectos de ley de divorcio entre 1900 y 1902; las concentraciones de julio de 1901 en oposi­ción al proyecto que discutía el Congreso de unificación de la deuda externa; movilizaciones en favor de la intervención federal en Mendoza en 1906; las campañas lanzadas en 1908 a favor y en contra del aumento del presupuesto destinado a los armamentos militares [32]. Constituye, sin dudas, un desafío importante avanzar en el estudio de la relación entre el Congreso, la opinión pública y las formas de movilización política más alá de las instancias de crisis políticas o de crisis de representación procurando establecer las conexiones en­tre los debates parlamentarios y su vinculación con la prensa o en la asistencia del público a las sesiones y el contacto con los bloques legislativos.

Pero además una atención colocada en explorar el lugar del parlamento en la vida política del periodo contribuye a complejizar tanto el estudio de los alineamientos partidarios como de la vinculación entre las dirigencias políticas y la participación de las asociaciones políticas y sociales en el espacio público. Así, si por una parte el parlamento brinda múltiples ejemplos del proceso de fragmentación de la elite política que se observa a comienzos del siglo XX, por la otra es también la expresión del establecimiento de configuraciones que responden no solo a la presencia de redes de amigos políticos y a lealtades facciosas sino también a la densidad del debate de ideas que tiene lugar en el recinto. De esta manera, si bien existían en principio una serie de cuestiones en las cuales el interés de partido o facción parecía primar sobre discusiones más amplias (por ejemplo, la aprobación de diplomas parlamentarios, la elec­ción de autoridades de la cámara, los proyectos de intervención federal), en otras los alineamientos de los legisladores expresaban visiones más amplias que la mera coincidencia estratégica con los habituales amigos políticos. La intervención de Emilio Mitre en el comienzo del año legislativo de 1908, por ejemplo, subrayaba la importancia de diferenciar en el trabajo parlamentario a los asuntos “políticos” (donde las tensiones entre los bloques opositores y el Ejecutivo eran más notorias) de los de “orden administrativo” en los que los oficialismos podían alcanzar consensos en las sesiones legislativas y en los cuales podía verse desarrollado con más libertad el “juicio espontáneo” de los legisladores, como lo definía el diario La Nación [33].

Como ha sido señalado acertadamente, el Congreso pese a las atribucio­nes del Poder Ejecutivo establecidas en el marco constitucional, desempeñó un rol clave en momentos determinados ya sea a través de los debates parlamenta­rios poniendo límites a la expansión de la autoridad presidencial (como surge de las sesiones en que se discutían intentos por reglamentar los mecanismos de la intervención federal) como en su directa intervención en crisis políti­cas, seguidas éstas por sendas renuncias presidenciales en 1890 y 1895 [34]. La decisión presidencial de clausurar las sesiones extraordinarias del Congreso en 1908 y su ocupación por fuerzas de seguridad parecen contar una historia diferente. Sin embargo, pese a que esta representaría de manera ejemplar un nuevo avance de lo que la Revista Argentina de Ciencias Políticas definía como el “autoritarismo presidencial”, [35] tanto los frenos a los rumores de diso­lución del Congreso como la persistencia y vitalidad de los movimientos de opinión que tenían como objeto a la institución parlamentaria advierten sobre los riesgos de caer en rápidas presunciones sobre el peso avasallante del presi­dencialismo a finales del orden conservador [36]. Conviene, en este sentido, tener presente que similares advertencias han sido ensayadas para la historiografía mexicana reciente sobre los límites de asumir, sin mayores cuestionamientos, la subordinación del Congreso a la voluntad del presidente [37]. En sintonía con estas observaciones pueden definirse, finalmente, una serie de líneas de investigación en torno a los debates parlamentarios sobre las cuales avanzar, incorporando una preocupación por la articulación entre las provincias y el estado nacional (las diferentes versiones del federalismo y la conformación de una clase política nacional); las diversas concepciones sobre el liberalismo y el federalismo y su interacción con la incorporación del radicalismo y el socialismo a las Cámaras, fundamentalmente a partir de 1912; el control del Congreso sobre la presidencia, y las correlaciones que las intervenciones de los legisladores dejan entrever entre la doctrina y las prácticas políticas concretas.

Las características de los grupos dirigentes: oligarquías, elites, dirigencias

La intervención de los sectores subalternos y de sectores variados de la sociedad civil en la segunda mitad del siglo XIX no se reducía a su inclusión en clientelas electorales o a relaciones subordinadas ante las dirigencias loca­les o provinciales. Incluso, y a pesar de las lagunas en nuestro conocimiento sobre las formas en que se incorporaban a redes partidarias, es difícil aceptar la reverencia “deferencial” como explicación de su encuadramiento político o de una hipotética homogénea subordinación política. Por otra parte, y fun­damentalmente en ámbitos urbanos, la participación de sectores medios y populares se expresaba en variadas formas de movilización colectiva en las cuales existía una mayor “horizontalidad” en los vínculos, si bien no dejaban de existir “liderazgos, jerarquías y exclusiones” [38]. Pero además, en términos de inclusión o exclusión política (las posibilidades de ingresar o no en las estructuras de los elencos político-partidarios) las características que los sec­tores dirigentes asumieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y, más específicamente, a lo largo del “orden conservador”, mostraron modalidades diversas que respondían a las características del ordenamiento político post Ochenta y al ascenso del roquismo, y a las particularidades regionales y de la vida política en las provincias.

Los intentos por consolidar un estado nacional en la década de 1880 y las mismas características del PAN (como laxa coalición de grupos y sectores de las elites políticas provinciales) condujeron a experiencias de integración entre políticos porteños y provincianos, así como (desde el punto de vista de los gru­pos dominantes de la economía) surgieron o se intensificaron conexiones entre unos y otros a partir de la pertenencia o participación en ámbitos comunes de la vida social [39]. Sin embargo, está claro, a partir de los aportes de la histo­riografía de los últimos veinte años, que la identificación armoniosa entre la clase política y los sectores terratenientes dominantes de la economía ha sido fuertemente cuestionada [40]. No se argumenta, al menos no desde la historiogra­fía académica, que una clase dominante controlara a su vez los mecanismos representativos y administrativos del estado constituyendo una “oligarquía”. Este último término, sin embargo, fue utilizado frecuentemente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX para referir a grupos políticos excluyentes que mantenían a sectores opositores alejados (o considerablemente alejados) de los puestos representativos y burocráticos de los aparatos estatales provin­ciales. Es decir que en su sentido político clásico, el término “oligarquía” se aplicaba a menudo para referir a grupos dirigentes a nivel nacional o provincial que recurrían a prácticas políticas fraudulentas o escasamente transparentes, obstaculizaban el acceso al poder de facciones opositoras y bloqueaban los proyectos de reforma de la legislación electoral.

Las críticas hacia la conformación de “oligarquías” de políticos profe­sionales que controlaban la política nacional y las “situaciones” provinciales (la “soberanía de los partidos” substituyendo a la “soberanía popular”) ya se encuentran tempranamente, por ejemplo, en las críticas de José Manuel Estra­da a comienzos de la década de 1880 [41]. Múltiples ejemplos pueden, además, referir a la existencia de grupos dirigentes provinciales que impiden el acceso a posiciones de poder a representantes de las facciones opositoras de las elites provinciales. Por otra parte, aunque interpretar al término “oligarquía” como un concepto ‘equivocado’ que no expresaba la ‘verdad’ del sistema político del ‘orden conservador’ tiene la ventaja de alertarnos sobre los riesgos de aceptar los análisis interesados contemporáneos como descripciones precisas de la “realidad” impide, sin embargo, apreciar al menos en parte, su importancia en las acciones de los actores involucrados.

Es indudable que el término formaba parte de la retórica de grupos, facciones y partidos entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. También es indudable que esos políticos, militantes y funcionarios hacían uso de aquella expresión para caracterizar la realidad política con la cual estaban actuando y, por lo tanto, es necesario considerar que estas conceptualizacio- nes también daban forma a sus prácticas [42] y a la forma que se enfrentaban con, por caso, las articulaciones políticas provinciales. En este sentido, no solo informes de interventores federales o de publicaciones abundantes en la prensa recurrían al concepto de “oligarquía” (como los diarios La Prensa o La Nación), sino también la correspondencia entre amigos políticos que buscaba, de manera más descarnada, describir los conflictos locales. En este sentido, no parece que la popularidad en el uso del término remitiera (o remitiera únicamente) a una intencionalidad (manifiesta o no) de legitimar la acción de los partidos frente al más tradicional imaginario basado en la concepción del cuerpo político como indivisible [43]. Quienes recurrían a este concepto no solamente se identificaban con los partidos “nuevos” como el radicalismo o el Partido Socialista, sino también con grupos y actores diversos dentro del PAN o del autonomismo que criticaban diversas “oligarquías”: las oligarquías comunales, el roquismo, las “oligarquías” enquistadas en el Congreso, grupos que apoyaban la candidatura de Roque Sáenz Peña porque consideraban ésta expresaba un símbolo de la lucha contra “Roca y las oligarquías” o sectores que adherían al ‘golpe de estado’ de 1908 porque creían que éste había signi­ficado ir en contra de “todo aquello titulado oligarquía” [44].

Decíamos más arriba que es importante estar alertas sobre las vincula­ciones entre conceptualizaciones y prácticas. No olvidemos que el reformismo saenzpeñista también se estructuró en torno a la intención de Roque Sáenz Peña y su grupo de amigos políticos de contener la influencia de los “profesio­nales de la política”. Es decir, por una parte, el programa de reforma política de Sáenz Peña era particularmente sensible a la “cuestión nacional” y a la nece­sidad de encontrar respuestas al “cosmopolitismo”. Pero, por la otra, también se construía sobre un interés por establecer una relación más ‘transparente’ entre sociedad y estado y menos dependiente de la intervención de los políticos profesionales. En términos concretos, esta preocupación ya se observaba en la inclusión de grupos antirroquistas (entre otros, antiguos juaristas y notables católicos) en la coalición que llevaría a Sáenz Peña a la presidencia en 1910. De acuerdo a la concepción del entonces diplomático argentino uno de los re­sultados a los que podía conducir la garantía del sufragio libre y la “creación” del sufragante era la introducción de cambios en la composición del “ ..elenco que nos ha dejado Roca de los profesionales de la política” [45].

Desde el punto de vista de la vida política en las provincias, es sin duda importante considerar las diferentes modalidades de los grupos dirigentes en la distinta dinámica de los escenarios provinciales y en la existencia de (difusas o más evidentes) “fronteras socio culturales” que marcaban el acceso a las di­rigencias políticas [46]. Dadas las características de estas reflexiones solamente se advertirá aquí sobre la diversidad de los grupos dirigentes provinciales (como lo dejan en claro los avances de la historiografía reciente) y sobre la multiplicidad de factores que contribuyeron a sus bases del poder (desde redes familiares y participación en los ámbitos de sociabilidad de elite o relaciones construidas en la esfera económica a la posesión de saberes específicos y ca­pital político acumulado) [47]. Entre otras muchas cuestiones a tener en cuenta en una agenda de investigación relacionada con el carácter de las dirigencias provinciales y la presencia persistente (o no) de excluidos del poder local, es relevante atender a las características de la competencia política (modalidades electorales, formas del fraude electoral, concepto del “fraude” en relación a la competencia entre facciones o grupos partidarios), los mecanismos de coopta­ción y acuerdos entre dirigentes, y el rol de las revoluciones o revueltas locales como recurso para alterar el juego político provincial (en algunos casos a partir de las intervenciones federales).

Por otra parte, y así como es evidente que existieron diferencias (a veces considerables) entre los políticos y administradores del poder en las diferentes provincias y regiones, también debe indagarse más detenidamente en los cam­bios que se pueden advertir a partir del Ochenta y en las décadas siguientes. En este sentido, Hilda Sabato recordaba en La política en las calles las preocu­paciones manifestadas por observadores contemporáneos sobre el avance de la “oligarquización política” como expresión de la constitución de sectores diri­gentes divorciados crecientemente de las “clases conservadoras” [48]. En algunos casos, este rechazo ante la profesionalización de los elencos políticos también señalaba las evoluciones que creían advertir en la conformación de las elites políticas provinciales que habrían sufrido cambios significativos con el avance del estado federal y el ascenso del roquismo [49]. En este sentido, Paula Alonso sostiene que con las transformaciones advertidas en el Ochenta se advertiría un deslizamiento hacia obstáculos mayores para las facciones opositoras a las que les sería más difícil el acceso al poder a partir de los mecanismos electo­rales. También Eduardo Míguez en un trabajo reciente introduce una cuestión importante al momento de caracterizar a los grupos dirigentes posteriores a Caseros (y esto más allá de las vinculaciones sugeridas entre grupos reducidos que detentaban el poder político y la “dimensión social de la política”): ¿qué diferencia a las elites y grupos dirigentes del “ordenamiento político oligár­quico” de aquellos otros elencos existentes en etapas previas o posteriores? [50] Una agenda de investigación que se plantee discutir las características de las dirigencias políticas durante el “orden conservador” debería también incor­porar una dimensión diacrónica (sensible a las transformaciones que puedan observarse) y regional que avance en una comprensión de la constitución de las elites políticas entre la federalización de Buenos Aires y el momento del Centenario.

Comentarios finales

Analizado desde el punto de vista de la configuración de coaliciones políticas de alcance nacional exitosas, el PAN aparece como uno de los ele­mentos centrales de la vida política argentina entre la “revolución” de 1880 y el Centenario. Desde esta perspectiva, es decir, desde una mirada que atienda al establecimiento de coaliciones exitosas y que perduraron en el tiempo (aún a pesar de las situaciones que puedan haber superado cercanas a la extinción o declinación apresurada) la “máquina política” roquista pudo mostrar una continuidad que no pudieron contrarrestar otros promisorios intentos como el modernismo o el autonomismo pellegrinista. Por otra parte, el Ochenta no constituyó solamente una victoria electoral y militar (que facilitó desestimar algunos obstáculos que de otra manera el PAN hubiera tenido que afrontar desde el gobierno) sino que también significó establecer las bases de una pau­latina imbricación entre el “partido” (con sus formas particulares) y el estado nacional. Esta flexible coalición de fuerzas políticas provinciales que funda­mentalmente se corporizaba durante las elecciones nacionales (y sobre todo en la sucesión presidencial) ingresó en un terreno de turbulencias con el cambio de siglo que, a diferencia de crisis previas como en 1890, no superó, tensionado por recambios generacionales, disputas por el liderazgo y el creciente reclamo de introducción de reformas en los mecanismos representativos. En ese contex­to de la primera década del siglo, las coaliciones “antirroquistas” persiguieron el desmantelamiento de lo que definían como la “máquina” roquista y el recha­zo de los “profesionales de la política” de los “regímenes” pasados. Optimistas y ambiciosos, quienes adherían al reformismo saenzpeñista pronosticaban “ .. el comienzo de una nueva era de regeneración institucional” [51].

En este texto nos hemos detenido a considerar una serie de conceptos a los cuales una historiografía diversa ha recurrido para estudiar la conforma­ción y el comportamiento de las elites políticas y sociales durante el “orden conservador”. De lo señalado hasta aquí, es importante destacar la diversidad de los grupos dirigentes provinciales (y de los factores sobre los cuales se construyeron sus bases de poder) así como de las interacciones diferenciadas frente al ascenso del roquismo luego del Ochenta, que definían umbrales de inclusión y circulación que no parecen haber sido homogéneos. Este nuevo escenario que se dibuja en la política nacional a partir de la derrota de las milicias porteñas condujo a la elaboración de críticas acerbas hacia lo que -se interpretaba- constituían “oligarquías” de políticos profesionales articuladas en entramados nacionales. En el cambio de siglo sobre este terreno fértil se erigió y consolidó la crítica saenzpeñista hacia el liderazgo de Roca y sus redes de amigos políticos.

Sin embargo, estudiar la trayectoria del PAN y de los grupos que consti­tuyeron las dirigencias nacionales y provinciales no agota el estudio de la vida política a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En este sentido, como se ha propuesto en este trabajo, los estudios sobre el Congreso contri­buyen no solo a una mayor comprensión de la dinámica interna de un ordena­miento político determinado sino que también constituyen una oportunidad singular (y no únicamente en momentos de crisis política) para avanzar en el entendimiento de la articulación entre las modalidades colectivas de moviliza­ción e intervención y las expresiones institucionales de la vida republicana. La presencia de movilizaciones en las calles, elevación de petitorios y la vitalidad de los movimientos de opinión que dirigían sus acciones hacia la institución parlamentaria advierten sobre los peligros de arriesgar presunciones apresu­radas sobre el avance incontrolable del “autoritarismo presidencial” durante el “orden conservador”.

Finalmente, y desde el punto de vista de la conclusión del “orden con­servador”, indudablemente proponer una reflexión del ordenamiento político existente en los años previos a la llamada Ley Sáenz Peña puede implicar un riesgo que surge de considerar (o al menos de plantear el interrogante) del proceso de reforma electoral como si fueran la culminación de un largo pro­ceso hacia la democratización de la política electoral en la Argentina. Podría argumentarse, de esta manera, que los estudios históricos dedicados a estudiar al reformismo electoral y la consecución de la “república verdadera” serían culpables de una cierta teleología que permearía tales análisis [52]. Esta es, sin duda, una observación importante, si bien los avances de la historiografía política nos han preparado de manera más adecuada para cuestionar y revisar interpretaciones canónicas previas que colocaban a la reforma de 1912 como el punto de llegada y de ruptura que prologaría el ingreso a la política moder­na en la Argentina [53]. En todo caso, y en nuestra apreciación tanto del “orden conservador” como de la década previa a la Ley Sáenz Peña, debería incluirse una reflexión sobre la naturaleza de la política durante la década de 1920 y las características de aquella república (¿verdadera o relativamente verdadera?) en relación a las modalidades políticas advertidas entre el Ochenta y el ascenso del radicalismo a la presidencia en 1916.

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Notas