Privatización y concentración de la edición de revistas científicas

Desde la creación de las revistas científicas hace 350 años las editoriales privadas con fines de lucro han incrementado su influencia en el sistema científico. La proporción de la producción científica publicada en revistas de estas editoriales ha aumentado de manera constante en los últimos cuarenta años, y más aún desde el advenimiento de las tecnologías digitales. Este avance del mercado editorial no sólo representa un negocio con altos márgenes de ganancia, sino que también ubica a las grandes editoriales como actores preponderantes en la definición de políticas del sistema científico.

Un grupo de investigadores de las universidades de Quebec y Montreal de Canadá elaboró en 2015 un trabajo que analiza esta problemática y que tuvo una amplia difusión. El estudio fue publicado en la revista de acceso libre PlosOne y difundido por webs especializadas como Sciencealert.com (Larivière, Haustein & Mongeon, 2015). Sobre la base de 45 millones de artículos científicos indexados en la Web of Science (WoS) y publicados durante el periodo 1973 - 2013, los autores mostraron que, desde la dé-cada de 1970, las seis mayores editoriales de trabajos de investigación del mundo tomaron el control de las publicaciones de artículos académicos en varias ramas de las ciencias. Esas editoriales son American Chemical Society (ACS), Reed-Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis, y Sage. De las seis mencionadas, cinco son empresas privadas, salvo ACS que pertenece a una asociación científica sin fines de lucro. En 1973, estas grandes editoriales controlaban apenas el 20% de las publicaciones. En 1996, con el advenimiento de la era digital, alcanzaron el 30%. Y continuaron incrementando su participación al punto tal que, hacia 2013, absorbían ya más del 50% de las publicaciones científicas indizadas en WoS.²

Por otra parte, y más recientemente, un informe de la Asociación de Bibliotecas de Investigación de Canadá mostró cómo los editores imponen y aumentan de forma unilateral los precios de las suscripciones (Shearer, 2018). En ese país se registraron subas de entre un 5% y 7% por año entre 2011 y 2015, acumulando alrededor de un 25% en cuatro años (en ese período la inflación apenas alcanzó el 2% anual). Se destaca que, mientras esto sucedía, los cinco editores “top” alcanzaban márgenes globales de ganancia del orden del 29% al 39%.

El informe canadiense señala otros dos aspectos no tan conocidos, pero que también afectan las negociaciones de las instituciones con las editoriales:

El primero es el armado de colecciones temáticas de revistas por parte de las editoriales que se ofrecen como paquetes cerrados -algo que se conoce como “big deal”-, a los cuales hay que suscribir de forma completa. En este modelo, el proveedor ofrece un paquete de revistas de una temática o disciplina determinada a un precio único que establece en base al tamaño de la institución, su cantidad de alumnos/as e investigadores/as, su producción científica y otros criterios. La institución no puede elegir qué revistas suscribe dentro del paquete, que generalmente no incluye a todas las publicaciones de la disciplina, sino sólo a aquellas que administra el editor en cuestión. A la vez, el paquete incluye muchos títulos poco conocidos que posiblemente la institución no compraría si tuviera la posibilidad de elegir, pero cuya eliminación no abarata el precio total. Esta forma de comercialización impuesta por los proveedores les permitió consolidarse en el mercado y orientar el dinero de las instituciones hacia sus productos exclusivos, evitando que las instituciones puedan diversificar sus inversiones. De ese modo aumentan de forma unilateral tanto el tamaño como el costo de los paquetes, quedando las instituciones presas de ese modelo de negocios. El otro aspecto señalado en el informe canadiense es la poca transparencia del proceso de contratación de las suscripciones, ya que los proveedores imponen cláusulas de confidencialidad que impiden divulgar los acuerdos alcanzados, y eso hace muy difícil la comparación de los precios y condiciones de cada contrato entre los distintos países e instituciones.

Por su parte, nuestro país no es ajeno a esta situación. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) es el encargado de negociar con los proveedores internacionales el acceso a las publicaciones, mediante el programa Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Se trata de un portal centralizado desde el cual las instituciones autorizadas acceden a las publicaciones científicas. Según la información publicada en ese portal, en 2016 el costo de las suscripciones realizadas fue de casi 22 millones de dólares, permitiendo el acceso a 13.275 títulos de revistas, lo que incluye también el acceso a bases referenciales y otro tipo de recursos electrónicos. El acceso a esas revistas posibilitó que en 2017 los/as investigadores/as argentinos/as consultaran y descargaran 2.829.415 artículos, lo que representa un costo de casi ocho dólares por artículo. Por otra parte en el período 2008-2016, el costo de estas suscripciones pasó de 11 a 22 millones de dólares sin que se hubiera registrado un aumento significativo en la cantidad de títulos disponibles, y aún no se conocen las cifras finales de la negociación de los años posteriores.

Si bien es cierto que históricamente los/as editores/as desempeñaron un papel central en la difusión del conocimiento científico, en la era digital las facilidades que ofrecen los múltiples recursos con que hoy se cuenta permiten cuestionar el rol tradicional que siguen ejerciendo. Más aún teniendo en cuenta que la casi totalidad de las revistas científicas se basan en un sistema de revisión por pares, que utiliza a las/os propias/ os investigadores/as, sin pagar nada por ello, para realizar esta tarea. Es decir que el control de calidad de lo que se publica no es un valor añadido centralmente por los/as editores/as, sino por la propia comunidad científica que lo hace gratuitamente. Por otro lado, la edición digital y difusión por la web ha reducido drásticamente los costos de producción (impresión, distribución), que ahora se limitan a la maquetación de los manuscritos (muchas veces también a cargo de las/os autoras/es), la administración de los referatos y el mantenimiento de las plataformas y servicios de publicación digitales, entre otros. Costos reales que existen, pero que de ninguna manera justifican el aumento de los precios. Este creciente desfasaje entre costos y precios indudablemente es una de las razones por la cual estas grandes editoriales cuentan con enormes márgenes de ganancias (rentabilidad que es destacada por Larivière, Haustein & Mongeon, 2015).

Bases de datos privadas como refuerzo del sistema editorial concentrado

Analizar el panorama completo de las publicaciones científicas es complejo, debido a que resulta difícil obtener los datos, justamente porque las bases que los registran son pagas y no hay acceso a ellas, o bien son datos que se incluyen en los folletos de propaganda de las editoriales y no hay forma de chequear su veracidad. Sin embargo, se puede tener una imagen aproximada en base a los siguientes datos³:

• La base de datos SCOPUS, propiedad de Elsevier y creada en 2004, señala que existirían entre 80.000 y 300.000 revistas científicas en todo el mundo, de las cuales a agosto de 2017 habían incluido 21.950 en su base. Para estar en Scopus la revista tiene que ser arbitrada (peer review), tener ISSN (número internacional normalizado) y ser una publicación regular, “relevante y legible para una audiencia internacional”⁴ (el alfabeto debe ser romano y como mínimo los títulos y resumen deben estar en inglés). Además deben contener una declaración de ética y mala praxis en la publicación.

• La base Web of Science (WoS), actualmente propiedad de Clarivate Analytics, considerada la tradicional y exclusiva fuente de información “autorizada” que registra “las mejores publicaciones científicas del mundo”, informa en su Factbook que incluye alrededor de 20.000 revistas en su selecta base Web of Science Core Collection (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index y Emerging Sources Citation Idex). En este caso y por tratarse de un índice de citas, sólo incluye revistas que hayan sido citadas antes por otras que ya integren el WoS, y además exige que la revista cumpla con ciertos estándares editoriales: peer review, formato, regularidad, convenciones internacionales, idioma inglés (mínimo para la información bibliográfica), que su contenido sea científico, y que su foco sea internacional, y en menor medida, regional.

Evidentemente, si se editan alrededor de 300.000 revistas científicas en el mundo⁵, tanto Scopus como WoS registran menos del 10% del total, y es sobre esta base que calculan sus famosos indicadores bibliométricos, sobre los que hablaremos más adelante. Una rápida mirada a los requisitos de inclusión de ambas bases denotan la selectividad impuesta en función de criterios que benefician claramente a las revistas de las editoriales dominantes sobre las que hablábamos en el apartado anterior. Para el caso argentino, por ejemplo, encontramos que se editan alrededor de 740 revistas científicas. Las cuales según el Catálogo de Latindex⁶ cumplen con los estándares básicos de calidad editorial. Sin embargo, en 2015 tan sólo 21 y 54 de esas revistas estaban indexadas respectivamente en WoS y Scopus (Rozemblum & Banzato, 2015), lo que pone en evidencia la baja cobertura que esas bases de datos realizan de las revistas nacionales, mayormente editadas por organismos públicos y sociedades científicas.⁷

El factor de impacto y su influencia en la evaluación científica

Las grandes editoriales que controlan el mercado de las publicaciones científicas imponen criterios, reglas de juego y valores determinados por ellas mismas para incrementar su negocio. Estos valores y criterios son avalados por una parte importante de la comunidad científica y suelen ser usados por las instituciones como parámetros de calidad. Uno de ellos es el llamado factor de impacto de una revista.⁸

Este índice, creado hace cuarenta años para medir el impacto de las revistas y ayudar a las bibliotecas en la elección de títulos a comprar, se comenzó a usar como medida de la calidad de los artículos publicados, y posteriormente para evaluar la actividad de los/as investigadores/as y su rendimiento. De esta forma, un aspecto esencial de la actividad científica -como es la comunicación y la evaluación-fue quedando atrapada en la lógica de un sistema editorial gestionado mayormente por empresas comerciales. Esto obliga a preguntarnos: ¿por qué la comunidad científica mantiene un sistema que lucra con el conocimiento y el trabajo de los científicos sin un aporte evidente a la sociedad? ¿Qué es lo que ofrecen las editoriales que sea tan esencial para la comunidad científica al punto tal que los científicos no cuestionen su poder y dediquen una proporción cada vez mayor de su presupuesto a este fin? ¿Para qué necesitamos a estas empresas?

Un breve diagnóstico de situación permite reconocer diversos factores que contribuyen a esta situación, pero los más relevantes son:

• Los/as jóvenes investigadores/as son presionados/as para publicar en revistas de prestigio para avanzar en su carrera académica, mientras que las/os investigadoras/es de más edad tienen que hacer lo mismo con el fin de mantener sus subsidios y prestigio. En este entorno, publicar en revistas de alto impacto como las que editan las grandes editoriales es lo que cuenta.

• La utilización de indicadores bibliométricos como criterio único de evaluación de las/os investigadoras/es individuales y de los subsidios y proyectos, produce un efecto negativo en la calidad de la evaluación y fortalece el rol de las editoriales y las políticas que éstas implementan. El “paperismo” o conteo del número de artículos científicos indexados por las grandes bases de datos, que se utiliza en las evaluaciones, tiene en cuenta principalmente revistas publicadas por las grandes editoriales comerciales. Esto crea un fuerte incentivo para que las/os investigadoras/es publiquen en estas revistas, y por lo tanto refuerza el poder y el control de los editores privados en la dinámica de la comunicación científica.

En síntesis, mientras la publicación en revistas de alto factor de impacto sea un requisito para que los/as investigadores/as obtengan posiciones, financiación en la investigación y reconocimiento de sus pares, las principales editoriales comerciales mantendrán su posición de poder en el sistema de publicación académica.

Es evidente que corresponde a la comunidad científica tomar conciencia de que el lucro y el negocio que se realiza con las publicaciones debe ser cuestionado y cambiado, no sólo porque atenta contra la libre circulación de la información científica, sino por su influencia negativa en las políticas de evaluación de la actividad científica y en la orientación y desarrollo de los proyectos que se llevan a cabo, especialmente en países periféricos como el nuestro.

De hecho ya hay respuestas a nivel mundial en este sentido. Una de ellas es la llamada Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA, 2012), iniciada originalmente por la American Society for Cell Biology (ASCB) conjuntamente con un grupo de editores/as de revistas científicas. Este movimiento junto con el llamado Manifiesto de Leyden (Hicks et al., 2015) plantean la necesidad de revisar el uso de parámetros de “conteo” como son el factor de impacto de las revistas y otros para la evaluación de proyectos, subsidios y para las promociones y evaluaciones individuales de los investigadores. Tanto el Manifiesto de Leyden como DORA ofrecen una serie de recomendaciones a los/as investigadores/as y a las instituciones para tener en cuenta a la hora de evaluar. El Manifiesto de Leyden propone, además, diez principios básicos que deberían guiar la evaluación científica. Entre ellos la necesidad de complementar lo cuantitativo con juicios valorativos por parte de expertos; tener en consideración los objetivos y la relevancia local de las investigaciones; la transparencia de los procesos de evaluación impulsando que sean abiertos y simples, permitiendo la verificación de los datos, y la importancia de considerar y respetar las diferencias entre campos y disciplinas.

Otro movimiento con resonancia ha sido la campaña El Costo Del Conocimiento, iniciada en 2012 en la Universidad de Cambridge para protestar contra el modelo de negocio de la editorial Elsevier y que propone dejar de participar en calidad de autores, editores y revisores de las revistas de esta editorial.⁹ Varias bibliotecas universitarias, incluidas las de universidades grandes y de renombre como las de California y Harvard, amenazaron con boicotear las principales editoriales con fines de lucro. Por su parte, otras universidades, como la de Konstanz en Alemania, simplemente cancelaron todas las suscripciones.

Más cerca de nuestro contexto, vienen emergiendo debates sobre la utilidad, uso e interpretación de los rankings universitarios. Se trata de una de las áreas en las que se ha cuestionado fuertemente el tipo de variables de evaluación utilizadas, denunciando las dimensiones no contempladas en ellas. También se ha señalado que las enormes diferencias regionales ponen en cuestión la aplicación global de estos indicadores y rankings (ver por ej. el número especial de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS; Vol 13, No 37, 2018). Otra iniciativa a destacar ha sido el trabajo de la Comisión Interinstitucional de Elaboración de Criterios de Evaluación para las Humanidades y Ciencias Sociales (CIECEHCS), en la cual un grupo de investigadores/as elaboró entre 2012 y 2013 un documento que propone discutir las características de la investigación en las Humanidades y Ciencias Sociales y sus criterios de evaluación.¹⁰

Por último, podemos mencionar recientes declaraciones de organizaciones como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que refuerzan la concepción del acceso abierto al conocimiento científico como un derecho y su gestión como un bien común, y recomienda, entre otras cosas, “valorar, al evaluar a los investigadores y a sus instituciones, los indicadores que proporcionan los repositorios, plataformas y publicaciones en acceso abierto, así como otras variables de impacto y relevancia en los contextos local y regional, para complementar los indicadores bibliométricos internacionales tradicionales que tan pobremente reflejan la producción e impacto de la producción de países en desarrollo” (CLACSO, 2015).

El movimiento de acceso abierto como reacción y propuesta

El movimiento de acceso abierto (u open access, como se lo denomina habitualmente) surgió en 2002 como reacción a esta problemática por parte de investigadoras/es, editores/as, bibliotecarias/os, profesores/as, alumnas/os y otros/as integrantes de la comunidad científica de todo el mundo, y propuso lograr acceso libre y gratuito en Internet a la literatura científica.

Para lograr este objetivo, se propusieron dos vías complementarias: en primer lugar, que las/os autoras/es sigan publicando sus trabajos en las revistas de su elección pero que al mismo tiempo autoarchiven una copia en repositorios digitales que brinden acceso abierto a sus contenidos. A esta vía se la llamó ruta verde. Por otro lado, como segunda instancia, se propuso que las/os autoras/es elijan para publicar sus trabajos revistas que no cobren por el acceso a sus contenidos, es decir, revistas de acceso abierto. A esta vía se la llamó ruta dorada.

Argentina optó por desarrollar la vía verde del acceso abierto al crear en 2011 el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología (SNRD), que surgió de una política pública de acceso abierto desarrollada desde 2009. Además, se elaboró el proyecto de ley de “Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos” que fue aprobado en 2013. Esta ley, n. 26.899, estableció la obligatoriedad de que las instituciones que reciben financiamiento del Estado Nacional deban crear repositorios digitales de acceso abierto y gratuito en los que será obligatorio depositar la producción científico tecnológica nacional que realicen los/as investigadores/as y el personal que trabaja en dependencias del Estado, en un plazo no mayor a seis meses desde la fecha de publicación. También se estableció la obligatoriedad de depositar los datos primarios¹¹ que dieron origen a esas publicaciones en un plazo no mayor a cinco años. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) es el órgano de aplicación y control del cumplimiento de la ley, que se reglamentó a fines de 2016. Si bien aún es pronto para evaluar el grado de cumplimiento de esta normativa, hoy existen 42 repositorios adheridos al SNRD, de los cuales 25 ya se han integrado a su Portal y permiten acceder a más de 120.000 objetos digitales de producción científica argentina disponibles en acceso abierto (Fushimi, 2016).

Por otra parte, la vía dorada requiere para su éxito de la existencia y consolidación de revistas de acceso abierto en todas las disciplinas científicas. Si bien esto sucede actualmente, eso no garantiza que los/as autores/as elijan esas revistas para difundir sus trabajos. Como ya se mencionó, las revistas consideradas más prestigiosas en cada disciplina -que son las elegidas mayoritariamente para publicar- son aquellas gestionadas por las editoriales comerciales más poderosas a nivel global, y éstas claramente no son de acceso abierto. Por otro lado, señalemos que las revistas de acceso abierto pueden estar subvencionadas por fundaciones o sociedades científicas, o bien financiarse mediante el cobro de una tasa de publicación denominada APC (article processing charges) que es abonada por el/la autor/a o por su institución financiadora. Esto fue visto por el sector editorial privado como una posibilidad de negocios. Así pues, y frente al avance del movimiento de acceso abierto, las editoriales comerciales comenzaron gradualmente a ofrecer “revistas híbridas”. Es decir, revistas cerradas pero que ofrecen “liberar” un artículo si el/la autor/a paga el APC. De esta forma, algunas revistas de las grandes editoriales empezaron a cobrar entre 1.000 y 3.000 dólares por artículo, obteniendo aún más ganancias que las que ya tenían.

Esta política fue fuertemente cuestionada por las/os impulsoras/es iniciales del movimiento de acceso abierto, que consideran que la real vía dorada implica que ni el/la autor/a ni el/la lector/a deban pagar. Y es además otro ejemplo de como las grandes editoriales se apropiaron de una iniciativa que en principio había nacido como forma de democratizar y ampliar la difusión y acceso a las publicaciones. En esta modalidad hay instituciones que llegan a pagar tres veces por lo mismo: a el/la investigador/a para que investigue y genere un artículo, a las empresas editoriales por publicar ese artículo abierto en una revista cerrada, y a las mismas empresas para poder suscribir a la revista.

Propuestas

Como vemos, existe un extendido debate en torno a las publicaciones científicas y su influencia sobre la evaluación científica. Desde la Cátedra Libre CPS aportamos nuestro punto de vista y complementamos lo señalado con las siguientes propuestas:

1. 1. Iniciar una campaña para priorizar la publicación en revistas sin fines de lucro y de acceso abierto.¹² Particularmente, las de las asociaciones académicas y organismos públicos. Existe en casi todas las disciplinas una importante cantidad de revistas de muy buena calidad que son editadas por sociedades científicas de diversos países.
2. 2. Dar a conocer la situación por la cual el Estado paga tres veces por lo mismo (a el/la investigador/a para que investigue, a las empresas editoriales por publicar y a las empresas editoriales para poder acceder a las publicaciones) y promover cambios para una mejor utilización del erario público.
3. 3. Proponer que en las instancias de evaluación de investigadoras/es, subsidios y proyectos se jerarquicen las publicaciones en revistas de asociaciones científicas y revistas de acceso abierto, otorgándoles algún tipo de consideración adicional.¹³ Las publicaciones en revistas de asociaciones científicas no solo son una forma de enfrentar el lucro y el negocio de las editoriales, además fortalecen a las propias asociaciones y pueden ser un camino para la creación de revistas nacionales o latinoamericanas de calidad.
4. 4. Valorizar las revistas nacionales y regionales a partir de un sistema nacional de categorización de las revistas científicas, en base a criterios propios, explícitos y basados en la combinación de los aspectos formales (criterios de calidad editorial) y el juicio de expertos.
5. 5. Fomentar la llamada vía verde de acceso abierto a las publicaciones para garantizar que los resultados de las investigaciones estén al alcance de todos/as. Para ello difundir y profundizar la aplicación de la ley 26.899 creando repositorios digitales de acceso abierto y gratuito y estimulando a los/as investigadores/as y el personal que trabaja en dependencias del Estado, para que depositen en ellos la producción científico-tecnológica nacional que realizan con fondos públicos
6. 6. En los procesos de evaluación de proyectos, subsidios y para las promociones y evaluaciones individuales de los/as investigadores/as, fomentar el uso de criterios cualitativos que complementen aspectos cuantitativos. Y no únicamente parámetros de “conteo” para establecer la calidad de los artículos (tales como factor de impacto de revistas, número de papers, etc.). En ese sentido, invitamos a adherir y brindar apoyo a la Declaración DORA sobre el tema.
7. 7. Promover en los organismos de financiación y promoción de la Ciencia (ANPCyT, FONCYT, CONICET, CIC, Universidades) la utilización de criterios públicos y explícitos para evaluar la productividad científica, destacando claramente, sobre todo para las/os investigadoras/es en fase inicial, que el contenido científico y la relevancia nacional/regional de un artículo es más importante que las métricas de publicación o el perfil de la revista en la que se publicó.

Bibliografía

CLACSO (2015). Declaración de la Asamblea General de CLACSO sobre el acceso abierto al conocimiento gestionado como un bien común. Medellín, Colombia, 9 de noviembre de 2015. Disponible en: https://www.clacso.org.ar/conferencia2015/documentos/asamblea/declaraciones/4-Declaracion-de-CLACSO-sobre%20el-acceso-abierto-al-cono-cimiento-gestionado-como-un-bien-comun.pdf (18/06/18).

Dora: San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Disponible en: https://sfdora.org/ (18/06/18).

Fushimi, M. (2016). Desarrollo de repositorios digitales institucionales en las universidades nacionales en Argentina, período 2004-2015. Segundo Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2016, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. EN: Actas. Bariloche: CITECDE. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7888/ev.7888.pdf

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature News, 520(7548), 429. https://doi.org/10.1038/520429. Traducido por Ismael Rafols & Jordi Molas Gallart. Disponible en: http://www.ingenio.upv.es/es/manifiesto#.VgrUqMuqpH. Versión original disponible en: https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351 (18/06/18).

Larivière, V., Haustein, S., & Mongeon, P. (2015). The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. PLOS ONE, 10(6), e0127502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502

Lariviere, V., & Sugimoto, C. R. (2018). The Journal Impact Factor: A brief history, critique, and discussion of adverse effects. arXiv:1801.08992 [physics]. Recuperado a partir de http://arxiv.org/abs/1801.08992

Rozemblum, C. & Banzato, G. (2015). El acceso abierto como modelo de edición y evaluación científica. Charla Publicaciones: Acceso abierto vs negocio editorial, 25 de septiembre de 2015, La Plata, Argentina. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4813/ev.4813.pdf

Shearer, K. (2018). Responding to Unsustainable Journal Costs (p. 9 p.). Canadian Association of Research Libraries (CARL). Recuperado a partir de http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/02/CARL_Brief_Subscription_Costs_en.pdf

Notas