Diálogo entre ciencia política y comunicación social para pensar la democracia y la ciudadanía

Diálogo entre ciência política e comunicação social para pensar a democracia e a cidadania

Dialogue between political science and social communication to think about democracy and citizenship

María Elena Martin mariaelena114@yahoo.com.ar

Universidad Nacional de Misiones / Universidad del Salvador, Argentina

Rosaura Barrios rochabarrios@gmail.com

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad Nacional de Misiones, Argentina

La configuración de ciudadanías es una de las tareas primordiales de las democracias modernas porque implica la construcción de un sujeto, individual y colectivo, como protagonista indispensable e inescindible. Otorga sentido a la democracia no solo como régimen político sino como un conjunto de valores que se condensan en torno de su significado. En ese sentido, los temas complejos como la ciudadanía y la democracia requieren miradas que sobrevuelen los compartimientos estancos de las disciplinas científicas y se aborden desde una perspectiva que integre dimensiones diversas. Por ello, pensando más allá de la Ciencia Política y la Comunicación Social, buscamos encontrar, en una dialógica, los intersticios para pensar estos nudos argumentativos, situando la mirada en un distrito subnacional y de frontera, como es la provincia de Misiones a partir de la etapa que se inicia con la recuperación democrática de 1983.

El artículo se organiza de la siguiente manera: nos introducimos en el debate teórico acerca del significado de la democracia y hacemos un breve recorrido por sus principales vertientes, para luego centrarnos particularmente en la configuración de la ciudadanía. En esa configuración veremos la presencia y el compromiso de los medios de comunicación de manera cada vez más insoslayable para el funcionamiento de las dimensiones básicas que implican a la calidad democrática en los tiempos actuales. Las reflexiones que aportamos provienen de investigaciones empíricas que, leídas en clave de las principales corrientes teóricas, nos han permitido pensar más allá de un caso provincial.

La democracia ha sido definida por su significado etimológico como “poder del pueblo” o “gobierno del pueblo”. Sin embargo, aun a la disciplina que estudia el poder político y las organizaciones donde se concentran las decisiones de ese carácter, le ha resultado difícil determinar cuándo un régimen es democrático y en qué medida esas condiciones se desarrollan en contextos y culturas políticas muy diversas.

A diferencia de la democracia griega, en la que el pueblo intervenía directamente en la toma de decisiones, las democracias que se configuraron con posterioridad a las revoluciones liberales del siglo XVIII se realizan en torno a una dimensión vertical: la representación. Ello significa que la participación del pueblo ocurre principalmente, aunque no exclusivamente, en el momento electoral. Allí se eligen los representantes -aquellos que ocuparán transitoriamente los roles de poder por espacio de un mandato fijado constitucionalmente- que toman decisiones de política pública en nombre de y para ese pueblo (demos) que dicen representar. Son, por lo tanto, las elecciones periódicas, regladas constitucionalmente, la circunstancia en que el pueblo participa relativamente en condiciones de igualdad ejerciendo su ciudadanía política.

En sus tres siglos de existencia las democracias modernas se han expandido hacia la mayor parte de los países del mundo. Han sufrido mutaciones y cambios en su conformación, algunos que contribuyen a su expansión como la ampliación del sufragio a toda la ciudadanía adulta y la consagración de derechos humanos básicos como valores universales. Otros limitan las posibilidades de su ejercicio, como el avance de las tecnocracias, la consolidación de grupos de interés con poder relativo por encima de las posibilidades del ciudadano común o la concentración de poder en grandes grupos económicos con poder de condicionamiento a los gobiernos surgidos de la voluntad popular. Estas y otras características presentan notables diferencias de un país a otro. En consecuencia, será difícil definir qué entendemos por democracia en el presente.

Desde las teorías políticas se han planteado dos grandes posturas en torno a cómo delimitar la democracia. Aquellos que sostienen posiciones más filosóficas y prescriptivas como las de Pateman (1970), Bachrach (1973), Held (1991) definen a la democracia de manera “maximalista” asignando un rol central a la participación del pueblo, que la acerca a su significado etimológico; mientras que posicionamientos como los de Schumpeter (1943), Dahl (1989, 1992), Sartori (1987), entre otros, lo hacen de manera descriptiva, asociada a condiciones mínimas que la caracterizan como régimen político, y que pueden ser medibles en el plano empírico. Si bien las posturas con mayor potencial teórico provienen del primer grupo, en la disciplina ha predominado la segunda forma de concepción del fenómeno, y por ello se asocia democracia a régimen político; esto es, un sistema de reglas que organizan la forma en la que se accede al poder y el modo en que se lo ejerce.

Dahl (1989, 1992) denomina “poliarquía” (gobierno de múltiples minorías) a este tipo de régimen político y lo caracteriza por el cumplimiento de una serie de requisitos. Ellos son: a) que los funcionarios que controlan las políticas públicas sean funcionarios electos; b) que las elecciones sean libres e imparciales, lo que implica que las elecciones se llevan a cabo con regularidad y rara vez existe la coacción; c) que exista un sufragio inclusivo, que implica que prácticamente todos los adultos tengan el derecho a votar; d) que prácticamente todos los adultos tengan el derecho a ocupar cargos en el gobierno, esto es, derecho a ser elegidos; e) que exista libertad de expresión (los ciudadanos tengan derecho a expresarse, sin correr peligro de sufrir castigos severos, en cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la crítica a los funcionarios públicos, el gobierno, el régimen, el sistema socioeconómico y la ideología prevaleciente); f) que exista variedad de fuentes de información (los ciudadanos tengan derecho a procurarse diversas fuentes de información, que no solo existan, sino que estén protegidas por ley); y g) que haya autonomía asociativa (los ciudadanos gocen del derecho a constituir asociaciones relativamente independientes, entre ellas partidos políticos y grupos de intereses).

En suma, se trata de un régimen en el cual la ciudadanía abarca a amplias proporciones de la población adulta, tanto en el ejercicio de sus derechos políticos activos como pasivos, que se asienta en una serie de instituciones o acuerdos institucionales que se centran en el proceso electoral y en la garantía de un conjunto de libertades básicas. Por ello, Dahl (1989, 1992) considera que dadas estas condiciones se cumple con los requisitos poliárquicos, pero la democracia como tal es un ideal que sirve como modelo más que una posibilidad de materializarse en un régimen concreto.

En la corriente opuesta, los teóricos “maximalistas”, que reconocen sus raíces en Rousseau, Stuart Mill y Cole, proponen rescatar el rol transformador de los valores y poner a la participación en el núcleo central de las condiciones de posibilidad de la democracia. Esto se debe a que no sería suficiente la realización de elecciones periódicas para asegurar la participación de la ciudadanía en la cosa pública. También sería necesario que se extendiera a otras esferas como la económica, la industrial y las organizaciones de la sociedad civil. En términos de Held (1991) ello implicaría democratizar la sociedad, condición imprescindible para la puesta en marcha de un régimen político democrático. Junto a Pateman (1970) y Bachrach (1973), entre otros, entiende “que es una ciudadanía activa y la conformación de una sociedad democrática lo que define la democracia. En ese sentido, se promueve un debate público en momentos no electorales, en el que intervenga una diversidad de actores, que permita superar la democracia representativa y reemplazarla por una democracia participativa” (Martin, 2019: 14). La idea de fondo que atraviesa la posición de estos autores es que para que exista un gobierno democrático debe haber una sociedad democrática que se construye en el ejercicio cotidiano de esa participación.

Estas dos amplias perspectivas, que no son excluyentes de otras posibles formas de abordar la cuestión de la democracia, contribuyen a pensar en cuál es el eje para privilegiar en el análisis: el punto de vista empírico, que nos lleva a la observación de las instituciones formales e informales, o el normativo-sociológico, con énfasis puesto en la ciudadanía y sus procesos participativos.

¿Qué nos aporta un análisis empírico de las democracias existentes? Nos aproxima al modo a través del cual los ideales democráticos se traducen en prácticas políticas. En este marco, el tema de la calidad de la democracia “surge a finales del siglo XX y principios del siglo XXI como la exigencia o necesidad de introducir criterios o pautas más pertinentes y realistas por parte de la ciencia política, que le permiten a la disciplina examinar las democracias contemporáneas” (Rivas Leone, 2013, p. 23). Se trata de una aproximación superadora de concepciones “minimalistas”, que pone el énfasis en los resultados de la democracia:

Si bien la participación efectiva y la competencia política evidencian una poliarquía, un enfoque multidimensional de la calidad democrática enfatiza otros factores como la calidad de la vida social, el desarrollo de la ciudadanía, la eficacia institucional y la rendición de cuentas (accountability) horizontal (Corbetta y Pérez Liñán, 2001, p. 150).

Para ello, los autores identifican cuatro dimensiones claves para la vida democrática: la vigencia de los derechos políticos y libertades civiles, la gobernabilidad, la representación y la participación ciudadana. Según esta perspectiva es responsabilidad de la ciudadanía participar y controlar a los gobernantes a través de mecanismos de rendición de cuentas. En esa línea, O’Donnell (2007, p. 88) considera tres dimensiones de la accountability:

…la vertical (el ejercicio de la elección de quién los gobernará por cierto período y […] a la capacidad de organizarse para expresar libremente sus opiniones y demandas), la horizontal (“…la existencia de instituciones estatales que tienen el derecho y el poder legal de, y están fácticamente dispuestas y capacitadas para, emprender acciones que van desde el contralor rutinario hasta las sanciones legales o el impeachment, en relación con actuaciones u omisiones de otras instituciones del Estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitas”) y la social (“es un mecanismo de control vertical, no electoral, de las autoridades políticas, basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como también en acciones mediáticas”).

Aplicando estas dimensiones a la observación de casos, resultan varios regímenes que pueden calificarse como híbridos, porque se hallan en una zona gris entre las democracias representativas y los autoritarismos. O’Donnell (2007) emplea el término “democracias delegativas” para nombrar a aquellos regímenes que cumplen con los requisitos poliárquicos porque tienen legitimidad de origen y se mantienen vigentes ciertas libertades políticas básicas pero, a la vez, “mantiene severos déficits en los mecanismos de rendición de cuentas horizontales que distinguen a la democracia representativa” (O’Donnell, 2011, p. 10). En otros términos, los líderes toman decisiones sin estar sujetos a los controles institucionales propios de la división de poderes y consideran un estorbo a las instituciones que pretenden ejercer el control horizontal, a las cuales buscan o bien cooptar o bien descalificar y desfinanciar, porque ellos dicen representar “la encarnación de los grandes intereses de la nación”. Con el mismo propósito buscan limitar la accountability social, en su intento por controlar, marginar o denostar a los medios de comunicación que se oponen a la política del gobierno.

Estas consideraciones sirven tanto para analizar los regímenes políticos nacionales y subnacionales. En ese sentido, Gervasoni (2011, p. 78), quien analiza el tipo de régimen político subnacional de las provincias argentinas, encuentra un alto porcentaje de regímenes híbridos, que se caracterizan por:

… quedar a mitad de camino en ambos frentes: tienen por un lado elecciones multipartidarias con voto universal, pero los candidatos oficialistas superan masivamente a los opositores en términos de recursos de campaña y cobertura mediática; de la misma forma, son generalmente liberales en lo que hace al derecho a la vida y la libertad física de los opositores, pero al mismo tiempo los hostigan con medidas represivas “blandas” (además de subordinar groseramente a los formalmente independientes poderes legislativo y judicial).

Las conclusiones de su estudio aseveran que “si bien en todas las provincias hay elecciones más o menos competitivas, 11 de las 24 provincias (46%) nunca vieron al oficialismo perder elecciones para gobernador en más de un cuarto de siglo” (Gervasoni, 2011). Sostiene que “hay provincias razonablemente democráticas, donde las elecciones son auténticamente competitivas y representan una amenaza real para los oficialismos (por ejemplo, la CABA y Mendoza), pero también existen otras en las que, además de un nivel moderado de irregularidades electorales “clásicas” (padrones sesgados, fraude en el conteo de votos), hay importantísimas diferencias entre oficialismo y oposición en términos de los recursos de campaña básicos” (Gervasoni, 2011, pp. 83-84 citado en Martin, 2019, p. 21). Según los criterios establecidos por este auto, Misiones se encuentra entre las siete provincias peor rankeadas del país en calidad democrática, según los criterios establecidos por Gervasoni.

Considerando algunos de estos criterios, y privilegiando particularmente el funcionamiento de las reglas electorales, en Martin et al. (2019) se analiza el funcionamiento de la democracia en la provincia de Misiones por espacio de los treinta y cuatro años comprendidos entre 1983 y 2017. Se halla un patrón que se repite a lo largo de todo el período: el cambio permanente de sus reglas de juego.

Así, se modificaron cuarenta veces las leyes electorales; se reformó vía enmienda el artículo de la Constitución Provincial que permite la reelección del gobernador por un período consecutivo y se intentó modificarla nuevamente para habilitar la reelección indefinida; se produjeron cambios en la interpretación de la Constitución Provincial por parte del Tribunal Electoral en la forma de adjudicación de las bancas legislativas; y todo ello realizado con grandes silencios por parte de los medios de comunicación, que no reflejaron cabalmente los cambios sustantivos que estaban aconteciendo a espaldas de una ciudadanía cada vez más ausente de los debates públicos. Paralelamente, se fue delineando un escenario de mayor concentración del poder político y una transformación del sistema de partidos hacia formatos hegemónicos (Martin, 2019. p. 23).

Por lo tanto, las reglas electorales importan aun cuando no sean el componente definitorio del carácter democrático de un régimen político. Cuando estas reglas se modifican de manera recurrente y ello además ocurre no sólo al margen de la participación ciudadana, sino que ni siquiera proviene de un acuerdo entre las elites, el funcionamiento de la democracia se resquebraja y el régimen político se torna cada vez más híbrido. En otros términos, no ocurre ni un énfasis puesto en la participación ciudadana, como propone la corriente maximalista de la democracia, ni hay respeto a las reglas, como condición mínima para el funcionamiento de una democracia.

En contextos como el expuesto, ¿dónde queda el sujeto de la democracia por excelencia? ¿el/la ciudadano/a, tanto considerado “desde el punto de vista individual y el conjunto de ellos, desde el punto de vista de la colectividad” (Motta, 2012, p. 2)? La ciudadanía “engloba los aspectos de libertad individual, igualdad básica, estatuto jurídico, participación política para el bien común y lealtad para la propia comunidad política” (Martin, 2016:7). De este modo, está compuesta por derechos individuales, pertenencia a una comunidad política y participación. En consecuencia, en palabras de Mota (2012, p. 1):

La democracia como configuración humana de gobierno es un fenómeno complejo cuya existencia efectiva, depende de la interacción de procesos no menos complejos que su producto. En la dinámica constitutiva de su origen griego es posible reconocer los siguientes componentes:

1. La capacidad social de invención y de sostenimiento de la autonomía individual y colectiva de un conjunto de vidas humanas.

2. Ello implica una subjetividad muy particular con su educación y cultura concomitante.

3. La capacidad colectiva de una sociedad para crear procesos de poder instituyentes y constituyentes en forma permanente.

4. La creación de un espacio público, diferenciado pero al mismo tiempo, articulado con el semi-público y el privado.

5. La transparencia y publicidad de las decisiones acordadas.

De ello se deduce que tanto las posibilidades de funcionamiento de una democracia, como la configuración ciudadana, son fenómenos complejos que están directamente relacionados y resulta fundamental que los analicemos como parte de un mismo proceso. En consecuencia, podríamos preguntarnos: ¿hasta qué punto es posible una democracia si no se promueve la participación, sino que es restringida al momento electoral?, ¿hasta qué punto esa participación alcanza si el cambio permanente de las reglas de juego electorales es incapaz de garantizar expectativas comunes para los actores participantes, con la consecuente desventaja para algunos de ellos?, ¿se puede hablar de transparencia del acto electoral, como garantía mínima de funcionamiento de este régimen político? En ese contexto, ¿qué pasa con el sujeto de la democracia?, ¿cómo se educa un sujeto autónomo que pueda participar en la toma de decisiones, controlar a los gobernantes, exigir el cumplimiento de programas de gobierno?, ¿quién lo hace?, ¿cómo lo hace?, ¿qué lugar protagonizan los medios de comunicación en este proceso?

Siguiendo a Mata (2012) la ciudadanía supone pensar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de carácter universal relacionados con el sistema de gobierno y la estructura social y económica de un país. En efecto, "(...) la noción de ciudadanía es el recurso necesario para re-pensar un modo de ser en el mundo ampliado; es decir, para pensar el intercambio y la vinculación simbólica de los individuos en un espacio vuelto común por las tecnologías de producción y distribución de información y productos mediáticos" (Mata, 2012, p. 64). Esto también habilita, en la lógica de la globalización, a pensar en términos de desterritorialización y procesos migratorios.

Solos y solas no podemos construir ciudadanía; para lograrlo necesitamos educación ciudadana a través de prácticas cotidianas en diferentes espacios y momentos de la vida. En esta construcción, la comunicación se vuelve clave, en tanto debe poner al servicio y en circulación toda información de calidad, necesaria para facilitar un contexto de toma de decisiones que mejoren el bienestar de los y las ciudadanas. La pregunta aquí sería, ¿tenemos “real” acceso a fuentes de información seria, chequeadas y supervisadas?

Para empezar a desmenuzar qué supone hablar de procesos comunicativos, partimos de pensar a la comunicación como la puerta de acceso para el ejercicio de otros derechos humanos: "esto implica adquirir poder a través del conocimiento y de la acción que inspira ese conocimiento. Al estar informados es posible debatir, tomar decisiones, relacionarse con otros y organizarse" (Vargas y Zapata, 2010, p. 30). Ejercer el derecho a la comunicación permite formar y expresar opiniones sobre cualquier tema, siempre y cuando el acceso a esa información sea en el espacio público. Es el puntapié inicial para la transformación y la búsqueda de mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. En esa mejora en la calidad de vida tenemos como norte la creación de sociedades más justas y equitativas que sólo se logran ampliando la participación social en todos los procesos que impliquen toma de decisiones.

En esta línea, planteamos desplazar a la comunicación entendida como transmisión de información a entenderla como procesos continuos multidimensionales, esto supone pensarla en relación con la cultura, la sociedad y la política (Martín Barbero, 1998), es decir "algo que pasa entre la gente" y lo que posibilita la vida social y la trama de sentidos que articula (no sin conflictos) a unos/as y otros/as. La perspectiva comunicacional permite colocarnos en esa especie de puente simbólico que articula a los seres humanos y permite analizar, por lo tanto, conexiones e interacciones sociales siempre situadas históricamente en espacios y tiempos concretos (Maidana et al, 2006). Partimos de pensar que todo discurso está dirigido y supone un componente clave en la construcción de la trama de sentidos que constituye una sociedad. Sin comunicación nada sería posible, es la red intrínseca que constituye el tejido social. Es allí donde se tejen los hilos capilares de la cultura, es la arena para la disputa del orden del sentido social y es allí donde se dirimen los conflictos por el orden de su estructura.

Pensar a los medios de comunicación también supondría plantear un deslizamiento reflexivo. Para esta perspectiva no los pensamos como meros difusores y transmisores de información sino como habilitadores de sentidos y canales de construcciones y significaciones. La centralidad de los medios pasa por allí, por su potencial para actualizar, legitimar, visibilizar, disputar sentidos. Es imposible pensarlos como meros contenidistas sino que, en su producción, se juegan procesos de producción de sentido, se legitiman visiones de mundo. En línea con lo expuesto en la primera parte, es allí donde radica la fuerza de incluir y pensar procesos que involucren a los medios masivos.

La comunicación mediática para Thompson (1999) es la capacidad de los medios de producir, almacenar y poner en circulación materiales que (siempre) significan para los que lo producen y los que lo reciben. No es sólo una cuestión técnica (el diario como insumo, instrumento, por ejemplo) sino lo que representa y significa en sí su contenido. Entonces, entiende a los medios técnicos como el sustrato material de estas formas simbólicas, son los elementos materiales donde se fija y se inscriben los sentidos. Los medios lo que van a facilitar es la producción y puesta en circulación de estos sentidos de lo social, de lo cotidiano, de "lo que se debe saber", los hechos que consideran noticiosos para su puesta en común. Ellos ponen en escena no sólo representaciones del "deber ser o hacer", sino que ponen en juego la misma legitimidad de prácticas y saberes, poseen ese potencial capilar de instalarse en nuestras cotidianidades y, si el capitalismo se encarga, de absorber nuestras vidas productivas, del ocio se encargan los medios, es decir el Mercado (nuevamente).

Bajo este panorama no es menor la tarea de analizar y discutir qué dicen los medios sobre determinados temas o cómo los medios tratan problemas específicos. Cómo instalan (o no) en agenda cuestiones, discusión pública, agendas parlamentarias, problemas de bien común. Es necesario poner bajo la lupa su producción simbólica para comprender procesos sociales contemporáneos, sus continuidades, quiebres y/o modificaciones. A esta altura, estamos en condiciones de descartar de lleno aquella creencia sobre un supuesto poder de manipulación de los medios de comunicación y control sobre nuestras mentes, que suponía que haríamos todo lo que nos dictan según los poderes de turno. Si bien ellos forman parte de un entramado organizacional e institucional que conforman nuestra vida social, no suponen el control total sobre nuestras prácticas y creencias, lo que nos lleva a preguntarnos sobre su injerencia en nuestras prácticas cotidianas, ¿cuál es el rol de los medios? ¿qué hacen? ¿qué provocan?, ¿por qué son tan importantes e indispensables en nuestras sociedades? Estas preguntas demuestran que son interrogaciones que se plantean no sólo comunicólogos y comunicólogas sino especialistas de otras disciplinas como la Antropología, la Sociología y la Ciencia Política.

Si bien la influencia mediática no es directa, hay factores que intervienen en la construcción de la opinión pública (Aruguete, 2016) y es allí en dónde radica su potencial, su verdadero poder. Los medios masivos no nos dicen cómo pensar, sino sobre qué temas pensar y de los cuales disponer de alguna opinión al respecto. Es en su capacidad de generar agenda en donde medios, públicos y gobiernos confluyen (Aruguete, 2016). La pregunta más certera tendría que ser entonces, ¿qué hacemos nosotras/os con los medios de comunicación? (Martín Barbero, 1998). La producción de cultura contemporánea hoy pasa por la producción mediática, la lucha de los sentidos por el orden de lo social se libra- justamente- en el terreno de la cultura, entonces para entender procesos sociales contemporáneos es imposible no observar qué sucede en la esfera mediática. No hablamos sólo de noticias sino de la cantidad de productos culturales que atraviesan nuestra cotidianidad: novelas, programas de cocina, series, contenido on demand, música, películas.

Si consideramos que no hay manera de acceder a lo que sucede más allá de nuestro barrio o comunidad si no es a través de los medios, la responsabilidad que compete a periodistas y comunicadores/as de visibilizar y habilitar la palabra, crear las condiciones para el debate público y su puesta en circulación se vuelve indispensable. Pese a esto, Ramonet (2007) califica a estos tiempos como de "inseguridad informacional", caracterizado por una desconfianza generalizada hacia los medios, con una fuerte crisis de credibilidad.

Lejos estamos de concebir a los medios masivos (comerciales/industriales) como paladines de la justicia y la democracia; de hecho, funcionan con la misma lógica que una empresa donde el objetivo último siempre será el rédito. La modernidad trajo consigo la industrialización de producciones simbólicas y su puesta en valor en el mercado. La tensión, hoy por hoy, es innegable: los medios de comunicación, ¿venden?, ¿entretienen?, ¿ofrecen un servicio a la comunidad?, ¿educan cívicamente?

Imbert (2003) ha reflexionado sobre la cuestión de la televisión y sostiene que el periodismo ha dejado de interesarse por los grandes relatos que buscaban la explicación y reflexión sobre sucesos históricos que ayuden a comprender al presente. Hoy se dedica a la producción de micro relatos, historias mínimas e individuales, se ha vuelto una fábrica de relatos inconexos, impregnados por la matriz del entretenimiento y la diversión. Como señala Ramonet (2007, p. 1) “si los medios son la condición para la democracia, en la medida en que la ausencia de democracia se caracteriza precisamente por la ausencia de libertad de expresión y de una pluralidad que exprese la riqueza y la diversidad de la sociedad. Hoy, curiosamente, se produce en nuestras sociedades primero un sentimiento difuso: que los medios no funcionan". No funcionan en esos términos. Si bien las grandes concentraciones de medios son un agravante para el ejercicio de las democracias, la pluralidad de voces se refiere tanto a la propiedad de los medios como a su producción plural. La posibilidad de replicar otros problemas y poner en escena y debate público otras miradas. En relación a esto y a modo de ejemplo, no fueron pocas las discusiones que desató (y sigue desatando) la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales (Ley 26522) que lo que intentó fue aplicar sobre la propiedad de los medios organizando los servicios de comunicación audiovisual.

La sociedad está convencida de que los medios, no sólo tratan de engañarlo por razones políticas, etc. sino que esencialmente no están funcionado como un elemento masivo de educación cívica para construir sociedad; sino que funcionan según otros criterios. Y en sociedades como las nuestras, donde tantas instituciones que se mantenían como pilares (familia, iglesia, educación, servicio militar) se han derrumbado; en algunos sectores donde las sociedades están en busca de su identidad contemporánea, existe la idea de que los medios constituyen la argamasa que va a constituir cuerpo social. Y los medios no lo están asumiendo. (Ramonet, 2007, p. 4).

Con este planteo, si los medios de comunicación son empresas, es lógico que nos interpelen, ya no como ciudadanos y ciudadanas, sino como consumidores y consumidoras. Thompson (1999) indica que la puesta en circulación será de producciones simbólicas, lo que interesa es ver qué sentidos se juegan en el espacio público con su puesta en circulación. El bien de intercambio ya no es un insumo tangible, sino un insumo que significa y representa algo.

¿Con qué criterios se publican las noticias que se publican? ¿Cómo se construye rigurosidad periodística en tiempos instantáneos dónde la tiranía de la primicia pareciera que todo lo inunda? "Desde ese punto de vista, hay como una gran decepción frente a esa responsabilidad no asumida por los medios. Por otra parte, existe la sospecha de que si no funcionan como elemento masivo de educación cívica en realidad están funcionando sencillamente como una mercancía" (Ramonet, 2007, p. 1).

Con esta lógica empresarial los medios de comunicación dejaron de interpelarnos como ciudadanos/as y pasaron a interpelarnos en términos de consumidores/as. Y mientras más consumos registre, más alto puede elevar la vara del precio. Un precio monetario pero también uno representativo. ¿Cuánto vale para una marca un segundo en el prime time de Canal 13 con Marcelo Tinelli? ¿Y la visita del Presidente por dos segundos? Si bien la lógica es mercantil, la moneda de intercambio se puede traducir en otros términos: visibilidad.

Cuanto más seamos, más caros van a vender los segundos la publicidad y la información es gratuita. Estos cambios, esta necesidad de que la información sea la más sencilla posible, para que el número de consumidores sea el más amplio posible, sin que haya un obstáculo para este consumo, estaba modificando el funcionamiento estructural de la información. Entonces, un parámetro como el de la verdad -eminentemente subjetivo, en función del punto de vista que se adopta-, tiene cada vez menos pertinencia y no se considera demasiado importante que la información que se difunde refleje realmente lo que ha ocurrido (Ramonet, 2007, pp. 4-5).

Junto a estos procesos es evidente el fracaso de los medios cuando se pone en cuestión su credibilidad para comunicar/educar, paradójico si pensamos que están en un contexto sumamente favorable para su desarrollo tecnológico intensificado por las nuevas formas que habilita lo digital. Sin embargo, la irrupción de internet en las vidas productivas no sólo vino a modificar rutinas sino las mismas lógicas de producción. ¿Con qué velocidad se chequean las noticias? ¿Cuántas fuentes? Es un desafío la formación de comunicadores/as y periodistas en estos tiempos que aparentan ser muy acelerados y donde los medios simulan que vivimos en un pañuelo.

Lejos de caer en una exposición de la "degradación de la cultura devenida en mercancía" (Marafioti, 2005) lo que buscamos es tensionar los contextos en los que intentamos pensar el rol de los medios de comunicación masiva en la conformación de ciudadanías políticas. La noción de “ecosistema de medios”, término que proviene de las ciencias biológicas, es entendida como un conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones dentro de un entorno donde confluyen tecnologías, discursos y culturas (Scolari, 2008). Vivimos sumergidos y sumergidas en este ecosistema en el que no solo convivimos con medios, sino que son parte de nuestras vidas, no se refiere a un medio en particular ni a un período de tiempo limitado, sino que se trata de la reflexión desde el principio de la aparición del lenguaje, sigue con la transición de la oralidad a la escritura hasta nuestros días en el que los formatos digitales aparentan ser todo.

En este recorrido no es posible que exista la opinión pública sin medios masivos de comunicación, sobre todo cuando abarcan temas y problemas muy alejados de nuestro entorno y de los cuales no disponemos de material empírico experiencial del que pueda valerme para opinar. Así es como los medios tienen un papel protagónico en la disposición y el acceso que podamos tener de la información. Pero, ¿qué sucede cuando hay vacíos, huecos, silencios, cuando los medios no tematizan determinados problemas y referencias que hacen a la formación y ejercicio de ciudadanías políticas? ¿Qué consecuencias tiene que no ponen en agenda información compete directamente al ejercicio democrático?

Los medios de comunicación producen un conocimiento distinto al de la academia; el conocimiento que producen,la mayoría de las veces, es de fines utilitarios para la vida en sociedad. Entonces se vuelve fundamental el tratamiento de todo conjunto de leyes que regulan- precisamente- esta vida en sociedad. Si bien el periodismo da un tratamiento prioritario a los acontecimientos coyunturales, he aquí donde radica la mayoría de sus críticas: son incapaces de desarrollar y seguir temas complejos que necesitan de una reflexión más profunda que la velocidad de una primicia. López de la Roche (2003), desde su experiencia en Colombia, propone líneas de reflexión que vinculen el análisis periodístico con el académico. Convencido de que hay temas que deben disponer de tiempo e insumos reflexivos para ser compartidos, propone afianzar las lógicas entre ambas esferas. Cuando analizamos qué dicen los medios de comunicación habría que tener presente también (además del contenido) cuáles fueron las lógicas de producción de esas noticias, cuál es la propiedad de los medios y por ende cuáles son sus intereses políticos y/o económicos a la hora de enunciar las noticias o a la hora de convertir un hecho en un acontecimiento periodístico (Alsina, 1989). El cruce de ambas lógicas (producción/propiedad) dará por resultado no sólo qué tematizan sino cómo tematizan... en caso de que efectivamente el medio lo haya puesto en agenda. Porque cuando los medios nominan también omiten y esta omisión, en la agenda mediática, se vuelve tanto o más importante que lo qué dicen finalmente. ¿Por qué deciden visibilizar algunas cuestiones y no otras?

Creemos entonces que la manera de alcanzar estas metas es a través del derecho a la comunicación: "Los Derechos Humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y grupos contra acciones u omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de Derechos Humanos obliga a los gobiernos (principalmente) y otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras". (ONU, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1948)

Si recuperamos definiciones más complejas de comunicación, podemos decir que la misma se lleva a cabo siempre en procesos y contextos desiguales que condicionan la interacción. Entonces es posible pensar en una serie de derechos que regulen, precisamente, la producción, circulación y acceso a la información y que facilite la participación democrática de todas las partes que componen una sociedad. Esta veta permite pensar y reflexionar no sólo en el rol de quién produce y pone en circulación materiales simbólicos sino también en su responsabilidad con relación a quién lo consume, es usuaria o necesita de esa información para tomar decisiones.

Sólo con una democracia fuerte es posible pensar y aspirar al derecho a la comunicación, clave que habilita el ejercicio de otros derechos fundamentales. Entendemos el ejercicio de ciudadanías como formas determinadas de aparecer en el espacio público de los individuos (Mata, 2012). Esta aparición está caracterizada por su capacidad de demanda y proposición en diversos ámbitos referidos a la identidad, la multiculturalidad, el ejercicio de derechos civiles, demandas sociales y culturales. En este sentido Caletti (1998, 2002) vincula de manera intrínseca la comunicación con la política y establece que la comunicación es la posibilidad de poner en común las aspiraciones, los horizontes de sentido. El ejercicio (y el derecho) a la comunicación habilita a pensar que es necesaria para la vida misma y que, por lo tanto, ya no es posible pensar una democracia fuerte sin la participación de medios de comunicación. Los medios y sus periodistas tienen el potencial de habilitar la palabra y ser visibilizadores de problemáticas y temas referidos a las formas en que los gobiernos estipulan las reglas. Si la comunicación juega un rol fundamental en el ejercicio de las ciudadanías: ¿Cuál es el rol de los medios masivos de comunicación en la conformación de ciudadanías políticas? ¿De qué manera intervienen como actores políticos en su ejercicio?

En relación con las lógicas comunicacionales en la esfera pública mediática de la provincia de Misiones, se observa que “la sostenibilidad económica y financiera del sector es profundamente dependiente de la distribución de la pauta publicitaria oficial, especialmente del estado nacional y provincial. Sin una regulación existente sobre la publicidad oficial el sistema es altamente sensible a la selectividad discrecional con la que se distribuyen los recursos publicitarios” (Millán y Casales, 2016, p.19).

Mastrini y Loreti (2009) denominan a este movimiento como privatismo oficialista; el mismo supone la dependencia de los medios privados al financiamiento del Estado y su aparato burocrático. Con esta dependencia económica la orientación editorial sería casi lógica, pero vale advertir que ni la dependencia ni la orientación es tan vertical como se supone. "La política constituye el principal motor que tienen los medios locales para resolver su sostenibilidad económica, pero en esa relación se juegan negociaciones, presiones y disputas que son altamente permeables a las variaciones y correlaciones de fuerza dentro del sistema político partidario, la trama de relaciones empresariales, la presión de determinados grupos o sectores económicos, sectores eclesiales, por nombrar las más evidentes" (Mastrini y Loreti, 2009, p. 63).

Con estas pistas estamos en condiciones de ver la relación entre el poder político, poder económico y el poder mediático, atado a la pauta oficial sí, pero no como única variable. La pregunta sobre la intrínseca relación entre lo que producen los medios, el derecho a la comunicación y el ejercicio de ciudadanías habilita a pensar su rol preponderante en la construcción de la opinión pública y ejercicio democrático. Ciudadanías políticas fuertes, públicos interpelados en términos ciudadanos y el desafío de producir noticia de calidad en este contexto. Cuando hablamos de democracia nos referimos a la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas, e implica permitir, vigilar, corregir y garantizar el buen funcionamiento de los poderes del Estado. La opinión pública pasa a ser un instrumento del pueblo democrático que aplica como herramienta para velar por el ejercicio de los poderes.

Cabe preguntarnos para futuros trabajos si en este contexto, ¿existe la posibilidad de conformar ciudadanías fuertes y responsables?

El fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía siguen siendo un desafío para nuestras sociedades. La compleja configuración social del presente no puede ser abordada ni sostenida por un conjunto de individuos atomizados, sino que “requiere de un protagonismo comunitario que debe ser inventado, constituido y sostenido cultural, política y educativamente” (Motta, 2012, p. 21). Esto compromete a la totalidad del cuerpo social para pensar y pensarnos, reconstituir el contrato social para garantizar plenamente derechos humanos y de participación en la definición del qué y del cómo implica el funcionamiento de la democracia. Demanda sujetos con un grado de autonomía en el pensamiento, en la comprensión de los fenómenos, en la libre configuración de una opinión sobre los asuntos públicos que debe ser promovida por una mayor presencia de la formación en humanidades en las currículas educativas, y a la vez, presencia de medios de comunicación diversos, con distintas perspectivas sobre los sucesos, que permitan enriquecer las miradas para una práctica ciudadana comprometida y artífice de las democracias.

Pensar las lógicas comunicacionales mediáticas para el fortalecimiento de la ciudadanía supone también pensar las lógicas de financiamiento desde la política, no como única opción para entender la construcción de agendas locales sino para empezar a entender cómo se disputan el sentido de los temas en la arena de lo público. Así, aparece con fuerza la responsabilidad de la prensa no solo cuando informa sino cuando trata temas de relevancia para el ejercicio democrático. Si bien la información tiene un uso instrumental, también tiene un rol importantísimo en la conformación de subjetividades individuales y colectivas, forma parte del entramado social, cultural, institucional que conforma a las sociedades. Pareciera difícil la tarea de conjugar responsabilidad política, formación académica y por supuesto condiciones dignas de trabajo para los y las productores de la información.

Finalmente, es necesario remarcar que "la idea de que una democracia por muy legal que sea es incompleta si a los tres poderes no se le añade un cuarto poder, que es el de la sociedad, el de la opinión pública aliada a los medios de comunicación masiva para corregir los disfuncionamientos de los tres poderes" (Ramonet, 2007, p. 7). Precisamente, esta opinión pública es la encargada de velar también por el cumplimiento de los derechos; sobre todo, el derecho a la información y a la comunicación. Como mencionábamos líneas arriba, la puerta para empezar a ejercer otros.