Desde la década del noventa, la migración externa cubana comenzó a mostrar un ligero incremento y diversificación de sus destinos, además de una creciente circularidad y temporalidad en la acción migratoria y una mayor participación de población trabajadora calificada en los flujos. Estas tendencias no se alejan de los comportamientos de la migración a nivel internacional y Latinoamericana identificados en estudios de múltiple alcance (CEPAL, 2018; OIM, 2018).

En el caso cubano, varias fuentes estadísticas e investigaciones permiten comprobar las variaciones en la migración externa. Las estadísticas publicadas por el Anuario Demográfico elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) hasta el año 2018 reconocen que el comportamiento del saldo migratorio externo [‡‡‡] muestra valores negativos sostenidos entre el rango de las -30 mil a -40 mil personas anualmente para el período de 1994 a 2013 y alrededor de los -20 mil en los años 2015 a 2018 (ONEI, 2019 p. 125).

En cuanto a la distribución geográfica, Aja, Rodríguez, Orosa y Albizu-Campos (2017) exponen que en 2016 América del Norte (en especial los Estados Unidos) era el destino más importante de la migración internacional cubana agrupando al 84% del stock total de migrantes, luego le seguían Europa y América Latina y el Caribe con el 10% y 5% respectivamente. No obstante, a estos destinos tradicionales se han ido incorporando desde los años noventa nuevos espacios en África y Asia que acogen el 1% de los migrantes de origen cubano, estimados aproximadamente en más de 24 mil personas.

Aunque los estudios realizados sobre el proceso migratorio externo cubano hacia estos nuevos destinos, en lejanos contextos geográficos y culturales, cuyos países por lo general tienen Índices de Desarrollo Humano (IDH) muy inferiores a los de Cuba, resultan aún escasos y tienen un perfil descriptivo y exploratorio, sus resultados muestran que el comportamiento de este flujo no es muy diferente del tradicional patrón migratorio internacional de cubanos de los últimos años (Aja, Rodríguez, Orosa y Albizu-Campos, 2017 y Sorolla, 2013). En cuanto a las características sociodemográficas fundamentales como sexo, color de la piel y edad, se trata de una migración compuesta mayormente por hombres que viajan solos (sin demeritar la elevada presencia femenina), en edad laboral activa (entre los 40 y 50 años), que se incorporan en estos complejos espacios de manera regular, con un carácter temporal y con altos niveles de circularidad.

Según Aja et al. (2017, p. 44) y Sorolla (2015, pp. 98-99) la tendencia al aumento de los desplazamientos temporales en los flujos externos cubanos es cada vez más visible, así como la creciente circularidad de la migración por motivaciones familiares y laborales, fundamentalmente después de enero de 2013, fecha en que se implementaron el Decreto-Ley No.302 y el Decreto No.305, modificativos de la Ley de Migración y su Reglamento de 1976 y 1978 respectivamente, sobre los cuales se debatirá más adelante. Esta modalidad reciente de los flujos migratorios también se puede argumentar desde las estadísticas recogidas por la Encuesta Nacional de Migración, realizada entre finales de 2016 e inicios de 2017, que evidencian el rápido incremento de cubanos que viven en otro país de manera temporal entre 2013 y 2016 en comparación con los años previos a 2012 (ONEI, 2018, p.26).

La mayor presencia de profesionales en los flujos internacionales es otra tendencia que destacan las investigaciones en este campo, impulsadas también por las políticas migratorias selectivas promovidas por los países de destino (Aja et al., 2017; Sorolla, 2013). Según Lozano y Gandini (2011, p. 687), el porciento de profesionales cubanos residentes en países de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) había aumentado hasta el 40% para 2008 mientras que en 1990 eran el 36%. Luego de 2008 algunos países latinoamericanos como México, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador se transformaron en destino de la migración de profesionales calificados en correspondencia con las facilidades de acreditación y reconocimiento de los títulos profesionales, la reestructuración de los sistemas de ciencia y tecnología y la implementación de políticas públicas de atracción y repatriación de profesionales, en el contexto de la emergencia de gobiernos progresistas en esos años (Pedone y Alfaro, 2018).

No obstante, la tendencia al progresivo incremento de la migración de profesionales expresa no solo la creciente selectividad de las políticas y regulaciones migratorias de los diferentes países sino también una consecuencia endógena ante la ausencia de políticas económicas de atención a determinados sectores de la población nacional económicamente activa, reflexión sobre la que se regresará más adelante.

Por ejemplo, la elevada presencia de sujetos calificados, en especial de profesionales en áreas como la salud y educación, es considerablemente representativa en los nuevos contextos geográficos de inserción ya referidos con anterioridad. Estudios exponen que, en algunos países de asentamiento en regiones no tradicionales como África, los cubanos profesionales pueden llegar a representar entre el 60 y 70% del total de cubanos establecidos (Pérez, 2013y 2015). Parte de los argumentos que sustentan este flujo tan peculiar se explican no solo desde el contexto de destino sino también desde el centro expulsor de la migración.

Las modificaciones en el comportamiento de los flujos migratorios externos deben ser analizadas en estrecha relación con el desarrollo de las condiciones del contexto cubano de las últimas décadas. Una de ellas se refiere a las consecuencias de la profunda crisis socioeconómica vivida entre 1990 y 1993 y que tuvo su punto detonante en el impacto negativo que produjo el derrumbe del sistema socialista en Europa Oriental, la acumulación de errores y deficiencias en ciclos productivos precedentes, la reinserción de la Isla en el sistema capitalista mundial en condiciones de franco intercambio desigual y el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos desde 1962.

Aunque el inicio de la crisis no haya sido inadvertido, su rápido desarrollo y magnitud fueron hondos. Solo se referirán algunas cifras para ilustrar el acelerado proceso de contracción económica que experimentó el país durante esos años, el historiador Silva (2003) reconoce que:

“En 1992, el intercambio comercial con respecto a 1989 había disminuido en un 70%. En comparación con ese mismo año, el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en un 24% y el uso de la capacidad industrial instalada, en un 30%.” (p.123).

La estrategia de emergencia diseñada para minimizar las afectaciones de esta crisis en la población comprendió la adopción de un conjunto de medidas a nivel macro y micro. No obstante, el plan denominado como Período Especial en Tiempo de Paz, también socavó irreversiblemente las relaciones sociales entre las clases y distintos grupos sociales.

Tanto las consecuencias de la crisis económica como las decisiones tomadas para amortiguar sus efectos, se reflejaron inmediatamente en el deterioro general de las condiciones de vida de la población cubana y devino causa fundamental de problemas aún hoy vigentes. La creciente carencia de recursos monetarios para adquirir bienes necesarios por parte de amplios sectores de la fuerza laboral, la reducción del acceso a un grupo muy limitado de productos, la exclusión de importantes segmentos de la población del consumo en el mercado de divisa extranjera, el surgimiento de niveles de vida divorciados de los resultados del trabajo y una reestratificación social caracterizada por el ensanchamiento de las distancias económicas y sociales entre las clases, capas y grupos sociales por la diversificación de las fuentes de ingresos, la polarización de estos y las posibilidades de acceso al bienestar material y espiritual (Espina, 2009, pp.182-183; Espina, 2008, p.161 y Togores, 2000, p.2) son algunos de ellos. (Error 1: La referencia debe estar ligada) (Error 2: El tipo de referencia es un elemento obligatorio) (Error 3: No existe una URL relacionada) (Error 4: La referencia Espina, 2008 debe estar ligada) (Error 5: El tipo de referencia Espina, 2008 es un elemento obligatorio) (Error 6: No existe una URL relacionada)

Otra dimensión importante en la cual incidió la crisis económica de inicios de los noventa fue en el sistema de relaciones sociales de trabajo. Sus consecuencias negativas, aún sin solución, se manifestaron en las visibles diferencias en la calidad del empleo, las cuales no se corresponden con el desempeño, la cualificación o la importancia social de la actividad que lo justifica. En esta misma dirección se suma otro elemento, el inefectivo sistema de remuneración por el trabajo, disociado por completo de los niveles reales de productividad [§§§]. Y por último, la falta de coincidencias entre las demandas de los contenidos de trabajo y las competencias de quienes los asumen en términos de calificación y capacidad, quedando subutilizadas las potencialidades de la fuerza laboral que se caracteriza por su calificación relativamente media-alta [****] (Martín, 2012, pp.37-41).

Estas problemáticas se pueden sintetizar, según aportes de la autora, en el concepto, de “deficiente ordenamiento socioeconómico nacional”. Desde este enfoque se explican varios procesos. Primero, la relación antagónica entre el desarrollo social humano de la Isla, que ha alcanzado índices elevados (sobre todo en cuanto a la capacitación e instrucción de las fuerzas productivas) y el desarrollo mismo de la estructura productiva, caracterizado históricamente por su relativo bajo nivel y su alta dependencia hacia determinados actores internacionales. Esta relación antagónica ya ha sido definida antes por los historiadores cubanos Fresneda (2014) quien la denominó como “heterogeneidad productiva socialista” (p.115) y por Arboleya (2013) quien la trabajó como “crisis de desarrollo humano” (p. 226).

En segundo lugar, también incluye la reflexión sobre cómo, en condiciones de una baja productividad histórica, el mantenimiento de la estrategia del gobierno revolucionario de incorporación social plena a partir de mecanismos homogeneizadores instituidos desde la visión político-ideológica centralizada por el Estado (por el que se garantizan a nivel básico metas como la salud, educación, alimentación y empleo a escala nacional) permanece en conflicto constante con las expectativas de bienestar a escala individual. Este proceso se expresa como una constante contradicción en el ámbito político-ideológico cuando se antepone la satisfacción de las expectativas individuales ante los principios de compromiso con la colectividad y de participación conjunta en la construcción del proyecto social nacional cubano, trayendo también a cuestionamiento los niveles de confianza en que ese modelo de sistema político sea capaz de satisfacer las diferentes escalas de bienestar y prosperidad a que se aspira de manera individual dentro de su idea generalizada de desarrollo social.

Estas contradicciones se reflejan en el agotamiento de parte de la fuerza de trabajo, con un especial énfasis en el amplio sector de los trabajadores profesionales, que no percibe en la organización del sistema y en los escasos mecanismos de redistribución de los bienes producidos, la satisfacción de sus necesidades y buscan una solución a sus problemas en el proyecto migratorio hacia otras sociedades.

Igualmente, desde esta lógica, se puede argumentar cómo a pesar de la moderada recuperación que experimentaron algunos indicadores económicos a finales de los noventa y principios del siglo XXI, los ya referidos fenómenos negativos que profundizó la crisis continúan manifestándose aún hoy sin una solución de manera integral desde las políticas generales del Estado y se enraízan entre los elementos determinantes del constante incremento de la migración externa de los cubanos en este período. Las reformas en el sistema político hacia una mayor democratización “diseñada desde arriba” han avanzado con resultados más o menos visibles en la continua institucionalización de la sociedad desde los años setenta, pero aún aparecen desconectadas dialécticamente del denominado proceso de “actualización del modelo socioeconómico”, aprobado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) en su VI Congreso, cuyos resultados se diluyen en un “inmovilismo” que no ha revertido las condiciones en que se conforma el potencial migratorio de la nación.

De este modo, las características del contexto político y socioeconómico cubano constituyen uno de los argumentos que explican el incremento de la migración externa cubana y la diversificación de los destinos incorporándose incluso nuevos países receptores con IDH inferiores al de Cuba en las últimas décadas. Si bien es cierto que la migración hacia estos espacios, como “estrategia de compensación”, está motivada en el plano individual por razones económicas y profesionales, a nivel de la estructura nacional se pueden interpretar tanto como resultado del deficiente ordenamiento socioeconómico interno y de su reflejo negativo sobre parte de la fuerza de trabajo, así como una respuesta a nivel familiar e individual ante esta situación.

No obstante, en el debate sobre los cambios en las manifestaciones de la migración externa cubana, contextualizados en el entorno político y socioeconómico nacional, falta uno que interviene de manera directa y sustancial y tiene que ver con las políticas que ha implementado el Estado cubano para la cuestión migratoria y cómo a través de estas se puede interpretar la posición misma del Estado frente este fenómeno y su contribución o no a la transformación dialéctica de los flujos en determinadas condiciones histórico-políticas.

Dentro del heterogéneo marco internacional referido a las tendencias de los estados para el control y la regulación de los flujos de sus ciudadanos y extranjeros (Mármora, 2004), la política del Estado cubano ante la cuestión migratoria ha evolucionado de manera dialéctica con las características de los distintos períodos del desarrollo político y socioeconómico de la nación, las peculiaridades del proceso migratorio externo y las representaciones sociales que se han construido desde el Estado y los propios migrantes sobre la migración.

No se puede comprender este proceso sin evaluar el cambio cualitativo que representaron las transformaciones políticas, económicas y sociales que emprendió la Revolución a inicios de 1959 y la respuesta que estas acciones suscitaron por parte de los gobiernos de los Estados Unidos. Al momento del triunfo de la Revolución el gobierno norteamericano tenía importantes intereses políticos en Cuba que se habían hecho acompañar de la diversificación de la inversión y la presencia norteamericana en distintos sectores productivos del país. Estos intereses se vieron afectados por las políticas nacionalizadoras que implementó el gobierno revolucionario en los primeros años y constituyeron parte importante de los fundamentos de las acciones del gobierno estadounidense contra el sistema político cubano (Silva, 2003).

El tema migratorio fue incluido como un instrumento más de presión en la agenda de desestabilización política contra Cuba, desde esa fecha, siendo centro de la manipulación a lo largo del conflicto que ha marcado las relaciones entre ambos estados. Fue en este complejo y convulso contexto donde se definieron las bases de la política del Estado cubano para la cuestión migratoria que trascienden hasta nuestros días y se concretan principalmente en su carácter restrictivo y defensivo.

En las décadas siguientes se sumarían, progresivamente, otros principios que serían expresados mediante pronunciamientos públicos de los líderes de la Revolución, como el discurso de Raúl Castro en la Sesión Ordinaria de la VII Asamblea Nacional del Poder Popular en agosto 2011, en el que se descubren elementos relacionados con el respeto al derecho de los ciudadanos a salir del país y retornar de forma legal, ordenada y segura, la preservación del capital humano creado frente al robo de talentos y el favorecimiento de las relaciones entre la nación y su emigración (Castro, 2011). No obstante, estos principios se deben comprender en un contexto histórico, social y político completamente distinto al de inicios del gobierno revolucionario y en el que tanto la migración como su representación social habían sufrido una radical transformación por lo que la acogida de la sociedad a estas posiciones más flexibles del Estado fue de gran expectativa.

Muestra de la naturaleza restrictiva y defensiva de la política del Estado ante la cuestión migratoria luego de triunfada la Revolución fue la introducción en 1959 de la Ley No.2 por el nuevo gobierno, que derogaba la Ley-Decreto No.1463 del 10 de junio del 1954 y establecía el Permiso de Salida. Con esto se hacía evidente el interés estatal por controlar el movimiento de la población a fin de evitar con ello el éxodo de las clases favorecidas y grupos vinculadas al régimen precedente[††††].

Junto a esto, cabe resaltar el establecimiento de categorías migratorias diferentes e “irreconciliables” según fueran los motivos del viaje, por interés estatal o personal. A partir de ellas el Estado cubano y sus instituciones, como actores de la política migratoria, han elaboraron normas específicas que rigen sus mecanismos de realización. A la restricción manifestada del Estado para las salidas por interés personal se ha opuesto la canalización de los viajes cuando responden al interés estatal ya sea por los principios de solidaridad que han movilizado a contingentes de trabajadores de la salud y la educación a muchas naciones del Tercer Mundo, por solo citar un ejemplo, o las facilidades otorgadas a jóvenes cubanos para cursar estudios en los países del antiguo campo socialista.

A esta Ley se sumaron en 1961 la Resolución 453 del Ministerio del Interior (MININT) que instituyó el Permiso de Entrada para los que habían salido de Cuba después de 1959, y la Ley 989 por la que se confiscaban los bienes y valores de los cubanos que abandonaban el país con carácter definitivo o aquellos que no regresaban a Cuba después de haberse cumplido su Permiso de Salida. Estas normativas restrictivas y sancionatorias representaron la posición defensiva asumida por el Estado ante la migración y contaron con un amplio respaldo popular a tono con la intensidad del conflicto con los Estados Unidos y la naturaleza clasista de la migración externa en los primeros años de la Revolución, manifiestamente opuesta al sistema cubano[‡‡‡‡] (Arboleya, 2013).

El proceso de institucionalización nacional vivido en los años setenta ratificó los principios de la política del Estado hacia la cuestión migratoria con el establecimiento de la Ley de Migración No.1312 de 1976, vigente hasta la actualidad. En su Artículo 1 se recogía el principio de restricción de la movilidad con la legislación de permisos (de entrada y salida) solo otorgados por el MININT. Sin embargo, se comenzaban a mostrar atisbos de la necesidad de realizar precisiones en cuanto a otros tipos de migración cuyas causales no estaban relacionadas con el conflicto de clases a raíz del triunfo del movimiento revolucionario.

Por esta causa surgió el Permiso de Salida Indefinido (PSI) para los ciudadanos cubanos cuya emigración respondía a un matrimonio con un extranjero y no a motivos políticos, por lo que no se le sometía a la confiscación de bienes y se le permitía visitar el país una vez al año, previa solicitud de Permiso de Entrada. Las causas de esta flexibilización se encuentran en la cantidad de matrimonios entre ciudadanos cubanos y extranjeros que comenzaron a proliferar a finales de los setenta y principio de los ochenta y que tuvieron lugar a partir de las prolongadas estancias de los caribeños en países a los que el Estado cubano autorizaba los viajes de acuerdo con los intereses estatales. Tómese como ejemplo la realización de uniones y matrimonios que ocurrieron, en esta época, entre cubanos que prestaban servicios de colaboración civil y militar en Angola con nacionales de este país (Pérez, 2015y 2017).

En este contexto, también se organizaron las instituciones que garantizaban la efectividad del control migratorio y que asumirían la responsabilidad de ejecutar la política dictada por el Estado en esta materia. Así, la política migratoria cubana se fue construyendo e institucionalizando en la medida en que fue necesario controlar la salida, el régimen jurídico de los extranjeros y los flujos de entrada al país, enfocado siempre desde la seguridad y defensa nacional (Fraga, 2011).

El marco legal de la política del Estado ante la cuestión migratoria, refleja la estratificación institucional que se desprende de la complejidad de la temática migratoria en los distintos ámbitos de la sociedad y en diferentes momentos: las normas y reglamentos abarcan desde la Constitución de la República, hasta las Resoluciones de determinados Organismos de la Administración Central del Estado, a partir de sus facultades administrativas, como el MININT, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Finanzas y Precios (MFP).

Como se explicaba, a finales de la década del setenta comenzó a evidenciarse una tendencia hacia la flexibilización de las primeras medidas de acuerdo con el mayor predominio de elementos familiares y también económicos -incluyendo la movilidad laboral- como motivaciones de los viajes. Entre los sucesos que impulsaron este viraje resulta importante el Diálogo entre el gobierno cubano y figuras representativas de la comunidad cubana en el exterior celebrado en La Habana en 1978.

Como resultado de este proceso se autorizaron las visitas a Cuba de emigrados cubanos organizados en grupos, o de forma individual por razones humanitarias, que contribuyeron al restablecimiento de los vínculos mutuos entre los emigrados, el país y las familias. Se comenzó a propiciar la reunificación familiar, autorizando la salida por razones humanitarias a los ciudadanos cubanos con vínculos directos con cubanos residentes en Estados Unidos u otros países, señalando que dicha reunificación debía producirse preferiblemente en el exterior. Además, se acordó la excarcelación de 3 mil reclusos sancionados por delitos contrarrevolucionarios y de 600 por violaciones de la legislación migratoria, los que fueron autorizados a trasladarse al exterior junto a sus familiares inmediatos (Sorolla, 2008 y Arboleya, 2013).

En la década del ochenta, marcada por las entradas violentas a sedes diplomáticas extranjeras en la capital cubana y la crisis migratoria del Mariel[§§§§], surgieron nuevas figuras migratorias en las regulaciones cubanas. Se creó en 1984 el Permiso de Residencia en el Exterior (PRE) para los cubanos que contraían matrimonio con extranjeros y fijaban residencia fuera del país, permitiéndoles entrar a Cuba cuantas veces lo necesiten, previa autorización del Consulado cubano en el país de radicación. En 1987 se autorizan además los Permisos de Viajes al Exterior (PVE) con carácter temporal a hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 55.

Sin embargo, el periodo de mayor flexibilización ha sido el de la década del noventa y los años posteriores, vinculado con el ya referido proceso de contracción económica experimentado en la Isla y sus consecuencias en la movilidad internacional de la población. En esta etapa son adoptadas paulatinamente un grupo de medidas que surgieron de los debates en el marco de la I y II Conferencias de la Nación y la Emigración celebradas en La Habana en 1994 y 1995[*****]. En lo fundamental, las nuevas medidas evidenciaban el cambio de la política cubana hacia el mayor intercambio y acercamiento de la comunidad cubana residente en el exterior con su país de origen.

Las normativas incluyeron, entre otras modificaciones: la eliminación a partir de 1992 del requisito de haber emigrado antes del 1 de diciembre de 1978 para que los cubanos residentes en el exterior pudieran viajar al país; la disminución hasta 18 años la edad como mínimo para realizar viajes temporales por PVE; la ampliación de 6 a 11 meses del tiempo de estancia en el exterior por esta categoría; la flexibilización en las causales para el otorgamiento del PRE y la eliminación del requisito de solicitar Permiso de Entrada al país, a los titulares del mismo, permitiéndoles entrar a Cuba tantas veces como lo desearan sin mediar trámite; la eliminación del requisito de esperar cinco años desde que la persona emigra legalmente para regresar de visita al país; la autorización a jóvenes cubanos que residen en el exterior a cursar estudios de postgrado en Cuba; la eliminación de la obligatoriedad de hospedarse en hoteles a los emigrados que visitan familiares en Cuba y la flexibilización de las causales para la repatriación o regreso definitivo al país (Sorolla, 2008y 2015; Arboleya, 2013).

En correspondencia, desde esta época también tuvieron lugar cambios en el tratamiento discursivo desde los altos líderes del Estado sobre la migración que incidieron en la “despolitización del proceso migratorio”, entendido como el desmontaje ideológico de las categorizaciones construidas en torno a la migración como elemento contrario a los principios y funcionamiento del sistema político cubano después de 1959 y que repercutieron en todos los niveles de la sociedad, no solo a la dirección política del país, sino de la sociedad misma y de su emigración (Arboleya, 2013, p.231; Martín, Aja, Casaña y Martín, 2007, p.156). Esto provocó transformaciones en las representaciones sociales del fenómeno migratorio, con una tendencia acentuada hacia la pérdida de la connotación política que adquirió durante los primeros años de la revolución y una mayor aceptación de la decisión migratoria y del proceso mismo.

En respuesta al contexto de la crisis socioeconómica nacional, una de las salidas de la población fue la búsqueda de nuevos espacios laborales (vinculados a sectores remunerados en divisas) y geográficos (con iguales fines) donde poder solucionar temporal o permanentemente las difíciles situaciones cotidianas. La migración adquiere entonces un carácter predominantemente económico, como estrategia de superación de los efectos de la crisis, lo que cambia el sentido de los viajes temporales que se efectuaban hasta el momento motivados por cuestiones familiares fundamentalmente.

Por la vía particular, ya se apuntaba que la normativa migratoria cubana había establecido desde 1987 los PVE para los hombres y mujeres mayores de 65 y 55 años respectivamente, teniendo en cuenta que la motivación principal era por razones particulares de visitar a sus familiares residentes en el exterior y por periodos cortos generalmente (hasta un máximo de 180 días). Esto fue cambiando en el nuevo contexto y con la adopción de nuevas medidas en julio de 1994 (la extensión de 6 a 11 meses los PVE y la disminución hasta los 18 años la edad mínima para viajar) propició que un grupo más joven y amplio de ciudadanos cubanos vieran el marco jurídico legal para llevar a efecto sus objetivos de buscar y diversificar las fuentes de ingresos familiares.

Comienzan así a identificarse dentro del patrón migratorio, la motivación laboral como parte de la categoría PVE atendiendo a que sus protagonistas, en gran medida adquirían permisos de trabajo o residencia legal en los países de destino, pero debían retornar a Cuba antes de los 11 meses de estancia máxima, contados desde su salida de Cuba. De no cumplir con ello, sin dar fe de su actuación ante las autoridades consulares cubanas en ese país, se convertirían en emigrados y se les aplicaba la Ley 989/61 que confiscaba, a favor del Estado cubano, los bienes que poseyera la persona. En correspondencia, un número importante de personas mantenían este tipo de movilidad temporal con carácter circular hacia el destino donde pudieran viajar de acuerdo con las regulaciones.

El momento de “cambio histórico de los métodos e instrumentos, con que la migración ha sido manejada por Cuba” (Morales, 2012, p.1) llegaría el 14 de enero de 2013 con la implementación de los mencionados Decreto-Ley No.302 y Decreto No.305, modificativos de la Ley de Migración y su Reglamento de 1976 y 1978 respectivamente. Estos dieron una flexibilización cualitativa en la concepción estratégica de la política migratoria del Estado y sus procedimientos a partir del cambio en el tratamiento por parte de la dirección del país y de la sociedad hacia la migración y del propio cambio en la actitud y composición de la migración, la cual mostraba un mayor interés por la temporalidad y circularidad del proyecto migratorio atendiendo a su creciente acercamiento y participación en la vida nacional.

Las medidas aplicadas, de forma general, contribuyeron significativamente a normalizar las relaciones del país con los migrantes radicados en el exterior, eliminaron restricciones de viaje, requisitos y trámites burocráticos vigentes hasta ese momento y disminuyeron los costos de los viajes. Además, fue derogado Artículo 1 de la Ley 1312/76 que institucionalizó el Permiso de Salida y la Ley 989/61 que disponía la nacionalización de los bienes de las personas que se ausentaran con carácter definitivo del país, eliminando así las denominadas “anomalías” de la política migratoria del Estado cubano con respecto a las normativas internacionales.

Una flexibilización de importancia para la modificación del comportamiento y manifestaciones de los flujos es la relacionada con los plazos de permanencia en el exterior de los ciudadanos cubanos sin perder la condición de residentes en territorio nacional y los derechos y deberes que esto implica. Las modificaciones implementadas extendieron estos plazos desde los 11 hasta los 24 meses a partir del momento de salida de la Isla e independientemente de la tipología de la visa o incluso de la condición de residencia o ciudadanía en otro país. Estas reformas en el marco legal determinaron el incremento del número de viajes al exterior por motivos personales desde inicios de 2013, así como el fortalecimiento de la tendencia a la temporalidad y circularidad de la migración (Sorolla, 2015).

No obstante, este Decreto Ley aún mantiene medidas de retención a la salida a través del Decreto No. 306 en el que establece los requisitos por la que determinado ciudadano cubano residente en el país no pueda obtener su pasaporte, condición imprescindible para viajar. Estos criterios se sustentan desde la naturaleza selectiva y proteccionista de la política migratoria en su actuación sobre determinados segmentos de la población, como es el caso de los profesionales en cargos vitales y deportistas de alto rendimiento, entre otros, ante la necesidad de atenuar los perjuicios en el desarrollo socioeconómico nacional por la pérdida de los recursos humanos calificados (MINJUS, 2012).

De conformidad con estas medidas se añadió, en noviembre de 2015, la decisión de aplicar mayores regulaciones a escala ministerial para las salidas al exterior por asuntos particulares de profesionales médicos de diferentes especialidades que realizan actividades vitales en los servicios de sa­lud a la población y en la actividad científico-técnica (Editorial Granma, 2015).

La evolución histórica de la política migratoria del Estado cubano muestra el proceso paulatino que ha llevado a la voluntad política del gobierno y de la sociedad en su conjunto a lograr la normalización del flujo migratorio y las relaciones de la nación con los cubanos radicados en el exterior, a partir del progresivo proceso de flexibilización de su normativa y de acuerdo con los objetivos de seguridad nacional.

Sin embargo, esto se debe comprender de manera dialéctica, pues la flexibilización de la política migratoria es un proceso continuo con antecedentes desde la década de los setenta a partir de su constante adecuación a la realidad de la migración externa y, a la vez, forma parte del conjunto de elementos que incentivan la transformación en las manifestaciones de los flujos al existir menos barreras jurídico-administrativas para la movilidad (o al menos pasar estas a concentrarse en los requisitos que imponen entonces los países receptores). Así, el contexto político y socioeconómico ha determinado, en parte, el desarrollo de nuevas manifestaciones en el proceso migratorio externo cubano, pero estas no se podrían comprender completamente sin el análisis de las políticas que ha implementado el Estado ante la cuestión migratoria y que han constituido elementos modificativos del desarrollo de los flujos.

La investigación de la que resultó la presente reflexión histórico-política tomó como referencia un diseño metodológico cualitativo, estructurado fundamentalmente en técnicas como el análisis lógico-histórico, deductivo-inductivo y analítico-sintético de los contenidos de las múltiples fuentes especializadas que aportaron presupuestos sobre el tema.

La discusión de los resultados se estructuró desde la concepción materialista de la historia, paradigma teórico-metodológico continuado en los años 50 del pasado siglo por la escuela histórico-estructural, corriente de pensamiento que ha contribuido con la tesis sobre cómo la estructura social y económica de la sociedad condiciona y explica los fenómenos sociales, en la analogía de que ninguna de las partes del complejo sistema social puede entenderse sin la comprensión del “todo sistémico”. Este paradigma reforzó la mirada sobre un fenómeno multicausal, tan complejo y cambiante, como es la migración y su dimensión política en relación con el Estado.