En el año 1996 la Argentina suscribió con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Primer Memorando de Entendimiento por el cual se acuerda aplicar en el país el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Ese mismo año se ratificó el Convenio 138 de la misma Organización en el que se fija la edad mínima de admisión al empleo en los catorce años y se propone elevarla progresivamente a los quince³. Estos hechos dan cuenta del ingreso formal del tema en la agenda pública en un período reciente.

También en el año 2000, por decreto n° 719 y en cumplimiento de los compromisos asumidos en el Memorandum mencionado anteriormente, se constituye la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), organismo multisectorial integrado por representantes del sector estatal, empresario, sindical y de la Iglesia Católica, cuya presidencia ejerce el actual Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Nación (MTEySS).

En ese momento, dos posturas fueron objeto de debate. La de la abolición del trabajo infantil, que es la que asume la Argentina oficialmente, y la de la protección, que sostienen principalmente algunas redes de organizaciones de la sociedad civil basándose en la supuesta inevitabilidad de la problemática, entre otros argumentos. Excede los objetivos de este trabajo extenderse en este tema que ha sido ampliamente desarrollado por distintos autores, entre ellos, Novick y Campos (2007). Baste decir que el derecho de los niños a no trabajar se enmarca en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional en 1994 (Art. 32) y en una extensa tradición a lo largo del siglo XX que promueve la igualdad de la niñez mediante la escolaridad gratuita y obligatoria unificada simbólicamente en Argentina, a través del guardapolvo blanco.

A partir de la postura abolicionista, la política estatal es desarrollada principalmente por la CONAETI que lleva adelante actividades en dos direcciones: propiciar la creación de Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil y emprender una intensa tarea de difusión y concientización en la temática a través de distintas estrategias (campañas gráficas, en medios de comunicación, capacitaciones a actores sociales de distintos sectores, etc.) que han sido replicadas en las diversas provincias. Resultados de esa tarea se advirtieron en las entrevistas, la mayoría consideró el trabajo infantil como una vulneración de derechos de la niñez y reconocieron sus efectos negativos en la salud y la educación.

En el marco de la política mencionada, se llevó adelante un proceso de reforma normativa en relación con el trabajo infantil: en el nivel nacional, la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (2008) que elevó la edad mínima de admisión al empleo a los 16 años de edad y puso límites al trabajo desempeñado entre los 16 y 18 años. Otro de los aportes de esta Ley fue la autorización, con límites, a los llamados “trabajo ligeros”, aquellos desempeñados por niños o niñas a partir de los 14 años de edad en empresas de familia, siempre que dicha empresa no sea, simultáneamente, proveedora o subsidiaria de otra empresa. Por otra parte, la Ley 26.727 de Trabajo Agrario (2011) equiparó la edad mínima a la de la Ley 26.390 a la vez que impone al empleador la obligatoriedad de prever espacios de cuidado y contención para los niños y niñas a cargo del trabajador durante su horario de trabajo; la Ley 26.844 de Trabajo para el personal de Casas Particulares (2013) también elevó la edad mínima y puso condiciones al trabajo desempeñado por adolescentes de 16 a 18 años además de prohibir el trabajo “cama adentro” para esa franja etaria. Por último, la Ley 26.847 de Penalización de Utilización de Mano de Obra Infantil Trabajo Infantil (2013) impuso prisión de 1 a 4 años a quién se aprovechare del trabajo infantil, exceptuado las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación a la vez que excluye de la posible punición al padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en esa conducta.

Cada provincia dicto leyes específicas, la Ley 937 de Prohibición del Trabajo Infantil, CABA (2003) y la Ley 13.803, (2008) Provincia de Buenos Aires.

A pesar de estas definiciones y recientes avances, en este relevamiento observamos que los entrevistados cuentan con un débil conocimiento de la normativa. La mayoría de los entrevistados manifestó conocer que existen restricciones pero pocos las identificaron. Aproximaron hipótesis que dieron cuenta de cierto conocimiento, parcial, de la normativa vigente. No obstante, prevaleció un desconocimiento extendido acerca de las sanciones que pueden caberle al empleador.

En cuanto a la eficacia de la normativa, varios entrevistados reiteradamente expusieron el contraste entre el trabajo adolescente protegido legislado y la constatación fáctica de que la mayoría de los y las adolescentes que trabajan se desempeñan en el circuito informal.

Curiosamente advertimos que, entre los profesionales consultados, especialmente quienes se desempeñan en el fuero penal juvenil y en organizaciones vinculadas con el sector salud, principalmente en el área de adicciones, consideran el trabajo de los adolescentes como una fuente alternativa a la inclusión escolar, aunque se trate de ocupaciones caracterizadas por su precariedad e informalidad. Ese grupo, sin embargo, coincidió en señalar, como la mayoría de los entrevistados, que cuando se plantea una competencia entre trabajo y escuela generalmente la pérdida de la inclusión escolar es consecuencia primera y posteriormente se pierde ese trabajo que siempre es precario, transitorio, informal. Y que el retorno de ese niño a la escolaridad resulta más difícil.

El trabajo infantil históricamente ha estado asociado a los sectores populares y las clases más postergadas y vulnerables, como un fenómeno de clase social, en cuyo marco se dirimen batallas conceptuales y luchas sociales y políticas cruciales.

Numerosos investigadores coinciden en señalar que no puede explicarse la existencia de trabajo infantil/ adolescente urbano sin hacer referencia a la reconfiguración del mundo del trabajo, y a las inserciones laborales precarias de muchas familias. Urcola (2010) es categórico al expresar que la actualidad del trabajo infantil se define en relación con los procesos de degradación y diversificación del mundo del trabajo. En tanto Tuñón (2011) señala que en contextos de hogares con inserción precaria en el mercado laboral, la propensión a que los niños/as y adolescentes trabajen es mayor que en otros contextos.

Tal como advertimos, el Estado argentino asumió la responsabilidad gubernamental, política e institucional respecto del trabajo infantil, por lo que se configura desde entonces como un problema público (Gusfield, 2014). Sin embargo, en este relevamiento identificamos en los discursos de los entrevistados/as que su definición alude a sus diversas expresiones⁴. Este problema que se presenta como multidimensional, cuyo análisis requiere incluir a diferentes actores involucrados; niños, familias, escuelas e instituciones, dado que se trata de fenómenos complejos y también polisémicos. Por ello resulta relevante indagar las percepciones y las representaciones de los diferentes sujetos, que conforman un universo simbólico que integra un conjunto de ideas y significados que le dan sentido a la realidad o la construyen y reconstruyen de una manera determinada, le otorgan existencia o no a ciertos aspectos de la realidad y le adjudican distinta valoración. Por eso constituyen “universos de sentido” (Ansart, 1983). Las diferentes representaciones relevadas respecto del trabajo infantil, constituyen un aspecto problemático que exhibe una gran complejidad, que podemos asociar con las concepciones de infancia que detentan los distintos actores.

Las investigaciones que identifican la presencia de las distintas formas de trabajo infantil en la historia (Novick y Campos, 2007; Carrera Iñigo, 2004), coinciden en señalar que hacia principios del Siglo XX existían niños/as trabajadores, en las calles de las ciudades como y predominantemente, en talleres y fábricas. La revisión bibliográfica nos permite inferir que el trabajo fue considerado como un espacio de socialización, disciplina y regeneración, siempre y cuando no se realizara en el ámbito callejero. Este relevamiento identifica y confronta este proceso de naturalización que asocia la inevitabilidad del trabajo de los niños y adolescentes como parte del abanico de estrategias de supervivencia familiares.

Advertimos en los registros de las entrevistas, una significativa dificultad para conceptualizar el trabajo infantil y un reconocimiento de la gran complejidad y multicausalidad del fenómeno aunque de manera ambigua y contradictoria.

El primer y gran obstáculo que emerge es la naturalización y su consecuente invisibilización, ello opera como formas de ocultamiento del fenómeno. La naturalización inhibe su reconocimiento y dificulta su identificación como problema a abordar/atender.

En numerosas entrevistas se afirmaba que las tareas desarrolladas por los niños no son percibidas como trabajo sino como “colaboración o ayuda”. Otras veces se argumentó que se trataría de trabajo sólo si se refería a una actividad remunerada, es decir la existencia de una paga o si se genera una ganancia para un tercero. Consideramos que este conjunto de afirmaciones expresan dificultades en el proceso de su reconocimiento y por tanto contribuyen a su invisibilización.

Ello en parte explicaría el escaso registro de esta problemática en las organizaciones en que se insertan los agentes y redundaría en un subregistro de este problema, donde asimismo, el trabajo infantil suele ser desplazado por otras problemáticas.

El trabajo infantil, en las entrevistas, surge continuamente asociado con otras problemáticas consideradas “más graves y urgentes”, especialmente, la violencia, el maltrato y el abuso. De tal manera el trabajo infantil es doblemente invisibilizado, resulta desplazado ante el registro de otras situaciones y, por tanto, escasamente se expresa en los registros oficiales.

Ello se justifica, asimismo, por el conocimiento parcial de la normativa y de la exigua presencia de instancias institucionales que canalicen esta temática. Ello refuerza la invisibilización del problema al tiempo que denota un escaso conocimiento de la definición de trabajo infantil como "toda actividad o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas que no tienen la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria, o que no cumplieron los 18 años si se trata de trabajo peligroso". (Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2011-2015).

La mayoría de los entrevistados identificó y se refirió con claridad los efectos negativos del trabajo infantil que fueron definidos, mayoritariamente, en términos de la vulneración de otros derechos, a la educación y a la salud principalmente y también a la recreación. Muchos afirmaron que se considera que una actividad es trabajo infantilsi vulnera otros derechos, si impide que los niños puedan desarrollar actividades propias de la infancia como el juego, la educación y desplegar sus potencialidades como niños. Dicha actividad constituiría un obstáculo para la concreción de los derechos universalmente declarados, interferiría en el desarrollo integral y podría provocar un deterioro del potencial biológico, psicológico y social de los niños. Es decir, que al trabajo infantil no se lo reconoce “per se” sino se circunscribiría a aquellos casos en que se hacen evidentes los efectos negativos, que se constituyen como alertas para el registro y la intervención profesional.

La apropiación generalizada de la concepción de derechos que advertimos en el discurso de los entrevistados, sin embargo, pierde potencia cuando aluden a situaciones de trabajo infantil con las que tienen contacto habitual, lo logra alcanzar su cuestionamiento.

Las tareas intrafamiliares y sobre todo domésticas, limpieza, cocina, atención de hermanos menores, fueron vistas como parte de las estrategias que despliegan las familias para llevar adelante su subsistencia, como formas de cooperación, escasamente consideradas trabajo infantil en la mayoría de los casos, como ya señalamos. Estas tareas son desempeñadas más frecuentemente por niñas, aunque también se registra un porcentaje menor, de varones. En la mayoría de las entrevistas relevamos que estas tareas producen una sobrecarga en los niños, una adultización que constituye una vulneración de derechos, pero se utiliza poco el término “trabajo” para caracterizarlo y en su lugar se habla de “ayuda” y “colaboración”. Estos argumentos a veces se contraponen y en otras entrevistas coexisten en las entrevistas.

Los hallazgos realizados en este relevamiento exhiben una significativa coincidencia con investigaciones anteriores (Noceti, 2010; Cappannini, 2011), en relación con las tareas domésticas intensivas que no solo guardan fuerte correlación con el género sino también con la estratificación social. Los niños y adolescentes que residen en los barrios considerados relegados o más pobres, registran mayor probabilidad de ocuparse de las actividades domésticas más cantidad de horas y con mayor carga de responsabilidad que sus pares que viven en espacios residenciales urbanizados. Conforme desciende el estrato social aumenta la probabilidad de tener que realizar tareas domésticas de modo intensivo (Tuñón, 2011).Ello se conjuga con la ausencia de espacios institucionales accesibles y gratuitos de cuidado de niños en estos barrios, situación que consideramos constituye un dato significativo.

Los conceptos de “estrategias de reproducción y supervivencia” fueron considerados muy relevantes para la comprensión de estos procesos. Tal como señalamos, la mayoría de los entrevistados consideró que el trabajo infantil está asociado a situaciones de pobreza, vulnerabilidad y precariedad económica y laboral. Se trataría de un fenómeno que afectaría en mayor proporción a familias con adultos desempleados, o con trabajos informales, grupos a los que se ha negado y/o restringido el derecho a la educación y el acceso a mejores condiciones de vida. Por eso muchos entrevistados aseveraron que existe una vulneración de los derechos de todo el grupo familiar y esto opera como obstáculo a la hora de pensar en realizar una denuncia o dar cuenta de esta situación. Los entrevistados hicieron hincapié en no culpabilizar y estigmatizar a la familia, plantean que se trata de familias desbordadas, vulneradas en sus derechos esenciales, madres y padres jóvenes, sin trabajo o con trabajos precarios y con deficitarias trayectorias educativas. Por lo que la restitución de derechos debería comenzar por ellos, como también el proceso de concientización respecto de los derechos de sus hijos. Los entrevistados abundaron en referencias a la esfera macroeconómica y al sistema político como condicionantes de carácter estructural.

Esta tensión se expresó con considerable frecuencia y tiende a producir un efecto de paralización en los profesionales, ¿qué hacer y cómo proceder para no causar un mal mayor?

Algunos entrevistados manifestaron que la interrupción de la trayectoria escolar es frecuente en niños y adolescentes que trabajan. Por otro lado también admitieron que la escuela, en muchos casos, no constituye un lugar de contención y por el contrario expulsaría a quienes no se adecuan al proceso de socialización y ciertas normas que rigen la dinámica institucional escolar clásica, tensión que se hace presente en la disyuntiva entre el trabajo y la escuela.

Algunos mencionaron que es una problemática histórica, que no se logra erradicar porque hay una tensión entre la legislación, las instituciones, los prejuicios y ciertos preceptos morales vigentes en un momento determinado. Las leyes no se cumplirían, en parte, porque la sociedad en su conjunto no asume esta problemática, la oculta, la ignora o la minimiza, y el trabajo infantil pervive en ciertos escenarios cotidianos.

Entre los factores que condicionan la emergencia del trabajo infantil se mencionó reiteradamente, como expusimos, la situación de pobreza de las familias, los antecedentes de trabajo infantil de los padres y la ausencia de espacios y alternativas para el cuidado de los niños que se agrava especialmente, cuando se trata de ciertas modalidades de trabajo como el cirujeo. Cuando los entrevistados aludieron a esa situación, tanto de niños que participan directamente en la actividad como de aquellos que acompañan a padres o madres, argumentan “no tienen con quién dejarlos”.

Los profesionales consultados repetidamente enfatizaron que los niños/as no eligen trabajar, sino que se le presentaría como imperativo en el marco de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ellos y sus familias. Por lo tanto es responsabilidad de las políticas públicas contemplar esa restitución integral de derechos a dicha población.

Respeto de las modalidades de trabajo infantil, los entrevistados identificaron:

• mayoritariamente el trabajo intrafamiliar doméstico como aquel que se realiza en el propio hogar para que los adultos salgan a trabajar. Modalidad que incluye el cuidado de hermanos menores, llevarlos y traerlos a la escuela, cocinar, limpiar, etc. Ello genera inasistencia escolar y suele interferir con el desarrollo de actividades recreativas acordes a la edad.

• el trabajo de ayudante en oficios, en general acompañando a los familiares adultos, en estos casos persiste su naturalización en tanto se percibe como colaboración y aprendizaje.

• el trabajo que realizan por fuera de la unidad doméstica y sin contacto directo con referentes familiares. En esta modalidad se distingue el trabajo en la vía pública, trabajo callejero.

El trabajo callejero congregó mayor preocupación por parte de los entrevistados por su frecuencia y características. Se identificaron tareas como monedeo, cartoneo o cirujeo, venta en la vía pública, lavado y cuidado de coches, limpiavidrios (trapitos). La exposición que tienen los niños por su permanencia en la calle suele asociarse con otras problemáticas como el consumo de drogas y el contacto con actividades que pueden ser consideradas infracciones o delitos.

En este marco, el trabajo infantil que se desarrolla e inscribe en grandes espacios como, La Salada, el Mercado Central, considerados como lugares críticos, donde niños y adolescentes venden ropa, enchufes y CD en ferias, arman y atienden puestos, pequeños comercios, hacen entrega de mercadería “delivery” como otras tareas, lavaderos de autos, etc. Actividades que se despliegan de manera informal a la vista de numerosos agentes públicos y que escasamente provocan la posibilidad de realizar denuncias a pesar de que “se trata de negocios fácilmente identificables”.

Algunos entrevistados también aluden a la tercerización de procesos de fabricación como el caso del calzado. En varias entrevistas se menciona la existencia de talleres textiles donde los niños trabajan, directamente, o comparten el ambiente de trabajo por ser también vivienda (Entrevista 21. CABA). El trabajo en talleres clandestinos apareció con menor frecuencia, pero con un claro sesgo negativo y asociado a la explotación y la ilegalidad. Este es el caso en el que se percibe con mayor claridad la condición de maltrato, abuso e ilegalidad. En las entrevistas no hubo referencias puntuales y ningún registro de denuncias realizadas. Este reconocimiento de actividades laborales desarrolladas por chicos se conjuga con menciones respecto de que el trabajo puede ser una forma de evitar otros problemas, como por ejemplo el consumo de drogas.

Finalmente, resulta alarmante que se relevan algunas menciones relativas a la prostitución⁵ referidas principalmente en el caso de las mujeres.

Este relevamiento nos permitió poner de relieve la dificultad para elaborar situaciones de trabajo infantil en el marco de las intervenciones sociales. Se trataría de una problemática cuyas distintas expresiones pueden manifestarse en distintas instituciones. Su tratamiento requeriría una coordinación transversal, especialmente porque los entrevistados no reconocen la presencia en el espacio local de organismos que específicamente se dediquen al tema. En general refirieron que cuando se detectaron estas situaciones “se derivaron”, de tal manera que la responsabilidad institucional frente a esta situación se diluyó.

El conocimiento y la relación con las instituciones de política pública con competencia en la temática, resultó exiguo. Esto puede vincularse a la decisión de desestimar la denuncia como estrategia de intervención, los profesionales son renuentes a alentar la vía judicial como estrategia de intervención⁶. Mayormente los entrevistados privilegiaron el contacto con la familia y la búsqueda de soluciones conjuntas y la convocatoria a los servicios locales de atención a la niñez. Importa señalar, sin embargo, que entre las modalidades de trabajo infantil identificadas, (delivery, lavaderos de autos, talleres textiles) correspondería la identificación y sanción al empleador, conjuntamente con la intervención del servicio local.

Por otra parte, algunos entrevistados reconocieron la labor inspectiva del Ministerio de Trabajo⁷.

En general, observamos que los entrevistados exhiben un conocimiento parcial de la ley, reconocieron que se trata de un tema que no ha sido parte de la currícula obligatoria en el grado y señalan la ausencia de espacios de formación en su ámbito laboral sobre el tema. Verificamos escasas menciones sobre actividades relacionadas con los Ministerios de Trabajo y propuestas de formación. Este relevamiento pudo haber colaborado para promover la necesidad de problematizar estas situaciones y demandar capacitación.

Consultados acerca de las estrategias de atención; alerta, prevención, protección y denuncia, como prácticas instituidas y según la experiencia adquirida en su desempeño, los entrevistados refirieron que privilegian distintos abordajes de acuerdo a cómo perciben el problema. Las nociones que más frecuentemente nombradas en este relevamiento fueron prevención y protección ante situaciones que emergen en su trabajo cotidiano, que generalmente se manifiestan a partir de las consecuencias perjudiciales. La ausencia escolar, inasistencias reiteradas, cansancio, son expresiones de distintas situaciones que claramente suelen ser consideradas una alerta que pueden estar asociadas con la ocupación de niños en actividades que no siempre fueron problematizadas en términos de trabajo, como ya expusimos, las cuales suelen ser abordadas con los referentes convivientes y familiares.

La denuncia, como ya se mencionó, no ha sido una estrategia efectuada por ninguno de los entrevistados. Según los resultados de este relevamiento, se trata de una opción que se reservaría para el caso de talleres clandestinos o situaciones de relación entre empresas y niños. Entre tanto las intervenciones son generalmente orientadas a priorizar la inclusión escolar, acotar las consecuencias de esta situación con el grupo conviviente y no provocar un conflicto que pudiera provocar una revictimización de los niños en cuestión a partir del trabajo con los mismos afectados. Una intervención cuyo riesgo es minimizar las consecuencias de las tareas que los niños realizan e invisibilizar la cuestión de fondo.

Si bien en todas las entrevistas se reconocen situaciones de trabajo infantil, de manera eventual y/o cotidiana, se relevan escasas referencia a quienes son los organismos que podrían desarrollar una intervención específica dentro del sistema de protección integral de derechos de infancia. Esta situación resultó particularmente notable ante el reconocimiento de situaciones de importante magnitud en cada zona, en la zona sur en relación al trabajo de niños en la Feria de La Salada, en la zona oeste al trabajo de menores de edad en el Mercado Central y en la zona norte, alrededor del CEAMSE⁸. Los entrevistados no identificaron mecanismos de atención ante este tipo de situaciones.

En la mayoría de los casos se desconocen cuáles podrían ser las pautas de actuación previstos por la ley y en el marco del sistema de protección. Por este motivo, los entrevistados frecuentemente aludieron a los recursos disponibles sin reclamar al sistema otras respuestas, novedosas y particulares para atender estas situaciones.

En este sentido se reconoce que la institución escolar, por su masividad, constituye un actor crucial en la detección de situaciones asociadas con el trabajo infantil por las directas repercusiones y consecuencias que los niños evidencian no solo en el registro de asistencia. En el caso de los servicios asociados al sector salud relevados, observamos una notoria ausencia de registro de esta problemática.