Introducción

El presente artículo es producto de mi participación en el panel sobre “Neoliberalismo y desigualdades. Precariedades de la vida cotidiana y la trama institucional”, desarrollado en el marco de las Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional organizadas por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Plata, durante septiembre de 2019. Es necesario hacer esta aclaración, porque está fuertemente connotado por el momento político. Entonces habían pasado las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que hacía prever la derrota de la alianza gobernante en las elecciones definitivas del 10 de diciembre; y la crisis económica y social apenas se contenía por la expectativa en un nuevo gobierno de signo distinto al neoliberalismo de PRO-Cambiemos, cuyo distintivo era un individualismo ciego a los más básicos lazos que dan existencia a una sociedad. Era un momento políticamente precario, para las vidas, para las instituciones, para la sociedad como tal.

Pero también está fuertemente connotado por el momento en el que retomo su escritura, primero porque el persistente problema de la precariedad, que animaba el encuentro de septiembre de 2019, fue puesto en otros términos que no son los del neoliberalismo, por el discurso y la política oficial. Pero además, apenas seis meses después de aquel encuentro, el ritmo más o menos previsible de los acontecimientos políticos está estallado y la precariedad ha adquirido un sentido más radical y primordial: las vidas, muchas vidas, todas la vidas, la vida misma (amén de las instituciones, la economía, el trabajo, los ingresos de los hogares) se siente precaria, pues enfrentamos la incertidumbre de la enfermedad y de la muerte en toda su inmediatez, por la inesperada e inimaginable pandemia de un coronavirus desconocido (COVID19) que tiene en vilo al mundo. En nuestro país, la reacción de las autoridades ante tamaña amenaza, muestra el giro político fundamental dado por el nuevo gobierno, al priorizar sin vacilaciones la atención y prevención de la misma, a costa de la recuperación de la economía.

Mostradas estas cartas y aunque la gravedad de estos acontecimientos necesariamente los imponen, es necesario hacer el esfuerzo de trascender la coyuntura para pensar las cuestiones que proponía el título del panel (neoliberalismo, desigualdades, precariedad de la vida), las que no han perdido vigencia porque desde hace por lo menos cinco décadas, la intensidad de las desigualdades y de los estados de precariedad (del trabajo y de la vida, en general) se muestran como los emergentes de transformaciones profundas y de largo alcance, mucho más que solo “problemas sociales”. A esa transformación y a sus fundamentos se refiere lo que sigue a continuación.

Cuál es el problema, entonces (capitalismo neoliberal)

A esta altura de la historia y más allá de nuestro país, es posible acordar y hay suficiente evidencia (Piketty, 2014) y advertencias², acerca del aumento de la desigualdad, de la pobreza, la precariedad y del desempleo, como emergentes y como consecuencia de un estadio del sistema político-económico mundial (el tercer capitalismo, en términos de Boltanski, L. y É. Chiapello, 2002; o simplemente el capitalismo neoliberal), en el que también las sociedades, los Estados, las naciones, fueron volviéndose más vulnerables a la voluntad de lo que parecería ser un dios tan caprichoso y arbitrario como los del Olimpo griego, aunque ahora se llame mercado y no Zeus o Poseidón. Una vulnerabilidad que hunde sus raíces en el predominio de una cultura individualista y que naturalizó esa “voluntad”: una cosmovisión neoliberal de la vida social que, al mismo tiempo, la cooptó.

Con sus particularidades, los gobiernos que se fueron sucediendo en la región a lo largo de la segunda década del presente siglo (Ecuador, Chile, Brasil, primero; Bolivia y Uruguay recientemente) y particularmente desde finales de 2015 hasta 2019 en nuestro país, son expresiones políticas de esa cosmovisión del mundo, que comporta el sacrificio y la subordinación de la vida (humana y de todo lo viviente en el planeta) a lo que debería estar a su servicio: la economía. “Economía” entendida, no como práctica humana, sino reducida a la representación fantasmagórica de un sujeto al que se dota de una voluntad superior y caprichosa: el Mercado y sus dioses (las bolsas, el dólar, etc.), tan arbitrarios como aquellos a los que se encomendaban los humanos del pasado remoto. Una cosmovisión que, armada de una cierta supuesta lógica que sería propia de la “naturaleza económica”, legitima el poder de agencias concretas y sus redes (bancos, fondos de inversión, el FMI, la bolsa de NY, etc. entre los visibles, más la banca offshore) por las que se mueven sus agentes, cuyas decisiones ponen en vilo la economía real de los países. Y también a las economías domésticas que, en los discursos políticos que invierten la culpa, se tornan en responsables de las crisis locales: “gastamos más de lo que podemos” (en referencia a los hogares y al Estado, equiparado a éstos) fue un caballito de batalla de ese discurso ideológico que puso en el consumo de las familias y en la política social, la causa, la razón y la culpa del deficiente desempeño de la economía local. Y que permitió reinstalarla a pleno en esa dinámica del sistema mundial que parece arrasar con los últimos vestigios de humanismo y que irremediablemente lleva a la vida en el planeta hacia su destrucción, como el Titanic enfilado hacia el iceberg.

“El aire acondicionado es uno de los elementos más disruptivos que ha venido a integrarse a este cóctel explosivo y siniestro que dejó el gobierno anterior”, peroraba el ex presidente Macri, en ocasión de realizarse una Jornada Nacional de Eficiencia Energética, en diciembre de 2016³, al tiempo que igual que el mítico buque, prometía conducir a los argentinos hacia la felicidad.

La ventaja de ese discurso político es su extrema simplicidad: poner en línea la economía del hogar y la política económica es un absurdo teórico que, sin embargo, repitieron hasta el cansancio los comunicadores y, peor aún, los economistas. Entre otras cosas, porque desde el Estado se prestan servicios para la vida en común (públicos), pero también para el capital (productivas); y fundamentalmente, porque la política económica supone decisiones que favorecen (o desfavorecen) a sectores sociales y económicos cuyos intereses no son comunes y, generalmente, colisionan. Reducir la política económica a una libreta (lo mismo da que sea un Excel) de ingresos y gastos, es un absurdo teórico, pero tiene la ventaja de la extrema simplicidad, igual que dividir a la población entre “sector privado” y “público” y concluir de allí que el primero es el único productivo y el único que genera ingresos al Estado. Nuevamente, es ignorar que el primero puede producir porque existen servicios públicos y al capital⁴.

Sin embargo, la simplicidad de ese discurso político se conjuga con la cosmovisión neoliberal que, a su vez, tiene como característica principal ser radicalmente a-social, y por eso, antisocial. Es decir, se conjuga con una representación de la vida social que desconoce a la sociedad como trama de lazos que amalgaman, y de intereses en conflicto que, a su vez, tensionan y dividen, a conjuntos humanos, y no solo a entes autónomos que viven por sí y para sí. Por eso, la economía y la política neoliberal pueden ser tan destructivas de la vida social, como muestra la experiencia más reciente bajo el gobierno de Cambiemos.

La política neoliberal asimila y reduce los contenidos del discurso político a lo más primario y evidente del sentido común y con eso y sobre eso construye, fundamenta y lleva a cabo un proyecto de gobierno. Es decir, desde el lugar donde los lazos de pertenencia deben recrearse (función de los símbolos, los relatos históricos, el panteón de héroes y “padres de la patria”, tanto como de los bienes y servicios sociales, que amalgaman la diversidad en algún “nosotros” común), se producen y reproducen, en cambio, autopercepciones de grupos restringidos de gentes “como uno” (pertenencias de clase) capaces de cooptar las visiones y la comprensión de amplias capas de la sociedad (Grassi, Hintze et. al, 2018).

A esa mirada restringida de quienes pertenecen o son “la gente”, según la cual las necesidades propias son legítimas, mas no el bienestar social y colectivo⁵, el tercer capitalismo aporta, todavía, un individualismo de nuevo cuño (o quizás lo recupera de los aventureros más o menos temerarios, buscadores de oro) cuya figura es la del “emprendedor”: un sujeto sin arraigo en ninguna patria, ninguna historia, ni camaradas, desentendido de la suerte de cualquiera otros. Las nuevas tecnologías, que permiten crear un ámbito “virtual” de interconexión y producción, inaccesibles para analfabetos tecnológicos (o semi) y para personas mayores, son propicias, a su vez, de esta otra “gran transformación”: la industria 4.0. Los empleos mediatizados (por plataformas como las de Uber, Rappi, Glovo, así como la producción profesional de los programadores, diseñadores, etc. Nuevas formas de trabajo por vía remota que tiene ganadores, dependientes y excluidos: Amazon, Mercadolibre, los chicos de Rappi y demás plataformas, los call centers y los pobres, respectivamente.

Una amenaza más se suma a esta transformación del trabajo: el futuro sombrío que algunos auguran, ligado al desarrollo de la Inteligencia Artificial y el reemplazo de trabajo humano (habilidades y conocimientos) por robots, lo que estaría dando lugar a la ampliación de una “clase inútil” o de inútiles devenidos en problema, por su sostenimiento y control.

Robert Castel (1997) se había preocupado hace décadas –y había advertido- por la ruptura de los lazos sociales con el ataque del neoliberalismo al bienestar y los servicios sociales; y por los beneficiarios de los sistemas de asistencia que estigmatizaban a sus beneficiarios, convirtiéndolos en “inútiles para el mundo” al ser separados del mundo del trabajo y las protecciones sociales a las que las sociedades del trabajo habían dado lugar.

Más reciente y paralelamente, expertos en comunicación, inteligencia artificial y nuevos trabajos incorporan el tema en foros internacionales⁶, y retoman del divulgador indio Yuval Noah Harari⁷ la preocupación por qué hacer con la “clase inútil”, más allá de disponer para ellos de un ingreso básico, “para que no se vuelvan violentos”.

No son las nuevas tecnologías ni las formas de trabajo en sí, sino la ideología o la visión del mundo desde la que se elabora e interpretan las consecuencias (o posibilidades) sociales que esas tecnologías permiten, lo que cuenta considerar. Es decir, las estructuras, relaciones y condiciones sociales a las que los cambios se entraman, metamorfoseándolos, y en consecuencia, las políticas por medio de las cuales se orientan y dirigen los procesos de transformación (o se deja hacer).

Se trata de atender a las condiciones de acceso a las capacidades y disposiciones necesarias para desenvolverse en esos nuevos ámbitos de trabajo (virtuales o no); de las redes y recursos disponibles o de las que disponen las personas para hacerse de esas capacidades lo que hace la diferencia o la desigualdad. También de atender a las redes de protección necesarias para hacer frente a los cambios y la transformación del trabajo.

En este sentido, la ideología del emprendedurismo, esa que deposita en cada individuo las posibilidades de progreso individual y general -no la de los emprendedores de la economía social y solidaria- suma una visión a-histórica, a-social y culpabilizadora a esa percepción de que, “naturalmente”, cada uno tiene (o no) lo que merece.

Las tramas de desigualdad (¿Cada uno tiene lo que merece?)

Thomas Piketty, el economista francés que hace unos años se hizo famoso con su libro El capital en el siglo XXI (2014), al demostrar la regresiva distribución de la riqueza en el mundo, publicó recientemente otro, Capital e Ideología (2019), en el que se dedica a demostrar con información histórica, esta relación. Esta referencia me lleva a dos cuestiones: una es la idea corriente de que los llamados “gastos” de la política social son los que se destinan a satisfacer necesidades de particulares (de la gente que necesita, por la razón que fuere). Y la segunda refiere a la cuestión de la “legitimidad” de las prestaciones sociales (salud, educación) y de los regímenes de protección social.

Algunos acontecimientos de la coyuntura se ofrecen como datos para el análisis en este punto, porque en el momento de retomar este texto (marzo de 2020), se realizaba un llamado “paro del “campo”⁸ (el lockout de los grandes exportadores de soja por el aumento de 3 puntos en las retenciones respectivas, que pretendía reeditar el levantamiento de los productores de 2008) y transcurría, como dije, la pandemia del coronavirus⁹ y la primera etapa de aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno para contener la expansión del virus. El primero, lleva directamente a la cuestión de la legitimidad. El segundo, a las políticas públicas y a las inversiones en prestaciones sociales. Ambos, a la desigualdad.

Para empezar, vale recordar que en la prehistoria de las políticas sociales está el reconocimiento de las desigualdades de clases y la necesidad (social y política) de desarrollar dispositivos de reproducción que permitieran amalgamar sociedades en las que las proclamas de “libertad, igualdad y fraternidad” se presentaban incompatibles. La libertad en el mercado no hacía (no hace) la libertad de todos ni en todas sus dimensiones, y menos la igualdad ni la fraternidad de los ciudadanos, que habían sido las consignas de la revolución francesa de 1789. Más bien, lo contrario: las condiciones de vida de los no propietarios y las masas populares devenían deplorables a medida que se consolidaba el industrialismo en Europa (Polanyi, 1957; 2003; Hobsbawm, 1997; 1998; Thompson, 1989). Pero si las vidas de las poblaciones desarraigadas o proletarizadas estaban en riesgo, la cohesión, la paz social, las pretensiones de progreso, también. Esas condiciones fueron las que dieron lugar a las preocupaciones, intervenciones, demandas, reclamos, reivindicaciones, propuestas, etc., para atender, encauzar, ordenar y conjurar (en los términos ya clásicos de Castel, 2010) los riesgos de las vidas, y los riesgos y las necesidades de la sociedad misma, más allá de los individuos. Fue así en Europa, sobre todo después de la primera guerra mundial, y fue así en nuestro país, donde antes de amalgamar, se trató propiamente de fundar una sociedad nacional sobre la base de poblaciones étnica y culturalmente muy diversas y para más, dispersas: la “sociedad argentina” (con sus desigualdades sociales y regionales) fue la creación del Estado interventor (Oszlak, 1997), aunque sus mentores se resistieran a las leyes sociales y laborales por largas décadas.

Lo dicho es para recordar que la/s desigualdad/es constituyen la referencia inicial y general del desarrollo de los sistemas de protección social y de la existencia, también, de las intervenciones profesionales como las del Trabajo Social. Pero desde esos lejanos tiempos y con las sucesivas oleadas de políticas neoliberales, esa necesidad de la existencia de la sociedad es negada, resistida y cuestionada por aquel supuesto naturalizante y a-histórico según el cual una sociedad (incluso el sentido de pertenencia) no es más que la suma de voluntades individuales y del esfuerzo propio¹⁰. Ese sentido común a-histórico conduce y orienta los ciclos de políticas que cada vez vuelven a desamalgamar (si la palabra existiera) y a poner en riesgo las vidas y la existencia de una sociedad medianamente cohesionada. Las crisis socio-sanitarias como las del coronavirus tienen la “virtud” de demostrar que la mayor o menor fortaleza de la sociedad depende de la política pública, de sus sistemas públicos de protección y de los bienes y servicios sociales disponibles o que puede disponer ante situaciones de emergencia o extraordinarias. Pero lo que de todos modos parece permanecer invisible es que esos sistemas, bienes y servicios dependen, a su vez, de los recursos (de la parte de la riqueza) de los que el Estado legítimamente se apropia.

Acá vienen a cuento los argumentos con los que debió fundamentarse el aumento de 3 puntos a las exportaciones de soja, dispuesto por el gobierno asumido en diciembre de 2019, cuando estaba definiendo las políticas para los distintos sectores. Esos argumentos debieron responder a la crítica según la cual, la ampliación del impuesto constituía un ataque a “quienes generan dólares que se necesitan para crecer”. Ante ello, las autoridades explicaban que los recursos obtenidos por esa diferencia “no se los queda el Estado”, sino que serían redistribuidos entre los demás productores agrarios, cuyos aportes no sufren cambios o se disminuyen. Más allá del caso particular, lo que está en el trasfondo de la crítica es lo más elemental de la aparentemente perimida teoría del derrame (según la cual las ganancias extraordinarias derraman naturalmente al resto de la sociedad), y la ilegitimidad del papel del Estado en materia impositiva. En este caso, la crítica omite el hecho de que las inversiones públicas hacen posible las inversiones privadas rentables, tanto como las inversiones en seguridad y servicios sociales aseguran la reproducción social y son el reaseguro para hacer frente a contingencias sociales como la de la pandemia del COVID-19. Ni la contención de la enfermedad, ni la atención de los infectados, menos la detección de los casos, pueden ser encarados por los sistemas privados fragmentados, sino que corren a cargo de los servicios públicos y dependen de su fortaleza, calidad, cantidad. Y todo ello, de los recursos (impuestos) de los que dispone (“se queda”) y redistribuye el Estado, como servicios públicos. Y antes que todo, de las prioridades que fija la política.

Contra el discurso deslegitimador, el COVID-19 viene a poner en evidencia la “necesidad de Estado” y de políticas sociales, cuya calidad, cantidad y eficacia requieren, entre otras cosas, de inversiones sociales. Es decir, de esa porción de los recursos generados por la economía con los “que se queda” el Estado y que la crítica vulgar dice que es para los políticos y los empleados públicos “vagos”. Entre ellos están investigadores, médicas y médicos, enfermeros y enfermeras, personal de servicios, trabajadoras sociales, bioquímicos y personal técnicos, planificadores, choferes de ambulancia, etc., ninguno de les cuales vive en la abundancia, y hoy son “descubiertos” y aplaudidos¹¹. Quizás valga la pena recordar que en estos últimos años de dejar hacer al mercado y a “los triunfadores” y de ajustar los gastos sociales, reaparecieron enfermedades erradicadas, como el sarampión (por la falta de vacunas, además del individualismos irresponsable de los antivacunas), igual que durante los años del neoliberalismo de la década de 1990, cuando recrudeció el cólera, una enfermedad de la pobreza y de la falta de infraestructura sanitaria.

Si la desposesión de patrimonio y de capital es el núcleo de la división social en la que se engendra la desigualdad, ni los ingresos ni el patrimonio privado resultan los únicos indicadores a la hora de dimensionarla, pues buena parte de nuestras vidas depende de los servicios colectivos que constituyen, por eso, un patrimonio social (o una forma de propiedad social, en palabras de Castel, 2010, p. 197). Es decir, del conjunto de bienes y servicios provistos socialmente por medio del Estado que dan cuenta de una política social en sentido general y de las condiciones de vida en una sociedad dada.

La relativa socialización de la reproducción de la vida por el sector público constituyó/constituye, no solo un medio para atender necesidades de particulares (de las “personas humanas”), como parece a primera vista, sino que es un modo de tejer una vida social en común, de hacer sociedades más o menos integradas, en las que las personas, los grupos, las clases incluso, pueden ser, sentirse, reconocerse y ser reconocidas (o no), como parte de una misma trama. Un modo de reproducción social que comprende necesidades que son sociales en sentido estricto, porque son de la existencia misma de la sociedad; de su cohesión y de su existencia material, más allá de las necesidades de los hogares. La pandemia del COVID-19 lo pone en blanco sobre negro: además de las ciudades sin gente, llueven las informaciones de que Wall Street (también) se hunde¹².

Es ese patrimonio social (y sobre todo la necesidad / pretensión de integración y sentido de comunidad) lo que ponen en cuestión y en riesgo las políticas neoliberales, como las predominantes en los últimos años (en nuestro país, con el gobierno de la Alianza Cambiemos), cuando se descuidan las inversiones sociales en salud pública o en educación o en investigación, o se desactivan programas sociales que, además del recurso material, pueden expresar el reconocimiento de los más desprotegidos como un otro semejante¹³. El sentido de “patrimonio social” se pierde, entonces, en favor de la “ayuda”, la que tiene un destinatario individualizable y un benefactor, igualmente reconocible (Grassi, 2018-a).

Los servicios de salud, como la red de servicios urbanos, la educación, los servicios culturales, las prestaciones jubilatorias, asignaciones familiares, transferencias monetarias y/o alimentarias, la vivienda social, las prestaciones –pensiones- por necesidades especiales, etc. constituyen dispositivos de seguridad social cuya extensión horizontal (a cuánta población alcanza) y sus diferencias de calidad y cantidad comparativa (calidad de los servicios), son determinantes de las condiciones de bienestar (o su malestar) social; y distingue a las sociedades como más o menos solidarias. Se trata de un patrimonio social cuya existencia, desarrollo y cualidades son políticamente dependientes. Esto es, dependientes de la capacidad estatal y de la legitimidad que la sociedad brinde a esas instituciones, pues supone/requiere de fuertes regulaciones e intervenciones que operen la redistribución de la riqueza por esa vía. Dicho de otra manera, y esta es una verdad de Perogrullo, la mayor o menor igualdad en las sociedades no depende de su economía, sino del régimen político y de la consideración y/o valoración que dicho patrimonio tiene o no para las mismas.

Además del libro de Piketty, antes citado, en el que demuestra la regresiva distribución de la riqueza en el mundo, como consecuencia del debilitamiento de las regulaciones al gran capital trasnacional por parte de los Estados nacionales, la OXFAM (la organización no gubernamental Oxford contra el Hambre), informa periódicamente acerca del puñado de milmillonarios (los que cada año se reúnen en el famoso Foro de Davos), que concentra cada vez más riqueza, frente al crecimiento de la pobreza. Según uno de los informes más recientes publicados en su página web, menos de 100 personas del mundo poseen la misma riqueza que 3.500.000.000 personas más pobres del planeta¹⁴. Entre los más ricos se cuentan a Jeff Bezos, de Amazon; Bill Gates, de Microsoft; Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, y Mark Zuckerberg, de Facebook, quien enfrentó un juicio por haber facilitado información confidencial a Cambridge Analytica, la consultora que intervino con informaciones falsas en las campañas por el Brexit en Inglaterra, la de Trump, Bolsonaro y también Macri, entre otros.

Argentina también tiene sus “más ricos”. Según la misma ONG, los 6 más grandes patrimonios privados de origen local totalizan U$ 15.000.000.000. Entre ellos, se cuenta el dueño de uno de los laboratorios de medicamentos más reconocidos, Alejandro Roemmers. Según un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, el incremento acumulado de la canasta de medicamentos entre noviembre de 2016 y enero de 2018, fue de 109,9%, frente al 87,9% correspondiente a la inflación general¹⁵. En ese contexto de alzas generalizadas y cuando se podía observar a muchas personas que se retiraban de las farmacias sin poder comprar los remedios, la prensa daba cuenta de la fiesta del cumpleaños número 60 de Roemmers (h), realizada en Marrakech, a un costo de 6 millones de dólares para trasladar a sus invitados al exótico desierto. La consigna era no llevar regalos, sino donativos a ser destinaron a causas benéficas.

El presupuesto elaborado para 2019 por las autoridades de entonces preveía unos 1.900.000 mil millones de pesos para AAFF-AUH, jubilaciones y pensiones no contributivas, sobre la base de un dólar calculado a 40,10 pesos para ese año. Si ese presupuesto se convierte a la moneda norteamericana de entonces, equivale a poco menos de 46.000 millones de dólares, que se habría reducido a 30.800 millones cuando el dólar alcanzó el valor de $ 60, al finalizar ese año. Haciendo un cotejo poco ortodoxo de estos datos (es decir, comparando valores que no son propiamente comparables, aunque son ilustrativos), resulta que aquellas fortunas equivalen a casi un tercio de aquel presupuesto inicial (y a casi la mitad, luego) destinado a niñes y adultos mayores en 2019. Más aún, esas fortunas no pueden consumirse en un año, sino que es probable que se acrecienten, en tanto que los recursos destinados a las protecciones sociales son para la satisfacción de las necesidades más básicas.

Sin embargo, esta desigualdad de fortuna y de comportamientos pasa inadvertida en general, mientras sobrevive esa suerte de teoría del derrame de sentido común, que se expresa en la expectativa de que las regulaciones al capital serían los impedimentos para el crecimiento económico y el desarrollo que derramaría espontáneamente en trabajo y mejores condiciones para todos.¹⁶ Igual que sobrevive la idea de “subsidiaridad del Estado” que estaba entre los supuestos de la focalización de la asistencia, presente en las exigencias de control y mayores requisitos para el merecimiento de las “ayudas sociales”¹⁷.

Sin embargo, la disparidad de patrimonios atenúa su peso en la desigualdad general en sociedades con sólidos sistemas públicos de protección y de salud y educación, en tanto que el riesgo y la precariedad es mayor cuando las vidas de cada uno son más dependientes del mercado o de la pertenencia a grupos familiares más o menos amplios y protectores o de tener el privilegio de ser un/a rico/a heredero/a. Estados Unidos es la meca y el ideal de sociedad meritocrática, pero ante la emergencia de la pandemia de coronavirus, la sociedad más rica del planeta enfrenta “la posibilidad y el pánico de que el servicio sanitario se vea colapsado” (Diario La Nación, 17 de marzo de 2020).

A ese ideal meritocrático contribuyen los discursos de líderes políticos, que tanto asumen como reproducen el sentido común más llano, como el que sigue:

El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en ocasión de un Conversatorio: acompañando el crecimiento de las familias’, se refirió a los planes sociales, dirigiéndose a los jóvenes de su país, instándolos a ser emprendedores: “Van a darse cuenta cómo esa forma de perder seguridad y de ganar libertad es la que brinda las mayores satisfacciones, porque uno puede tener un cargo fijo… sí… gana en seguridad, el fin de mes le ponen su cheque, pero perdió en libertad” y explicó que “una persona que decide ponerse una empresa gana libertad, en poder crecer lo que quiera […] Ustedes escojan qué alternativa quieren, somos un país de emprendedores, la necesidad obliga…” A continuación, tomó como modelo a ese “monito de cinco años [se refiere a niños] que en Guayaquil vende en la calle cola o plátanos [...] Eso está en la esencia misma de los ecuatorianos, los que quieran seguridad pues adquieran un puesto”, culminó¹⁸.

¿Cómo es que se piensa así? ¿Cómo se degrada tanto la idea de “libertad” hasta hacerse incompatible con un mínimo de empatía? ¿Qué “libertad” tiene en mente un presidente como para ser impiadoso ante un niño de 5 años separado de los ámbitos que nuestra civilización le asigna como propios de su edad (el hogar, la escuela, los cuidados)? ¿Sentiría lo mismo por sus nietos? “Ustedes escojan”, dijo en su discurso: ¿Verdaderamente cree que ese niño pudo hacerlo?

Estas preguntas son retóricas, pero lo que verdaderamente evidencia el discurso del presidente ecuatoriano, es un rasgo de la disputa política propia de la cultura neoliberal: su alineamiento con la inmediatez del sentido común; más aún, con las creencias fijadas en ese sentido. Se trata de un discurso político que no se propone dar fundamentos informados, si no de repetir o reversionar lo que ya creemos, con los recursos de las creencias que pueden crear una “realidad” fantasiosa, aunque llegue al absurdo¹⁹. Lenín Moreno no miente –tampoco mentía, propiamente, M. Macri cuando se refería a la integración al mundo, el crecimiento del país, la baja de la inflación y la pobreza cero, contra la información que brindaba el INDEC- sino que se trata de un discurso desinteresado de la veracidad de los hechos y de alguna realidad demostrable.

El discurso político neoliberal y este apego a lo que se cree saber del sentido común, conlleva el efecto de la despolitización de la cuestión social, para poner en marcha una política social fundada en otras problematizaciones que combinan policiamiento y banalidad: la inseguridad en primer lugar, la felicidad y la vecindad, y la actitud proactiva entretejen otra politización de lo social. Esa combinación fue proverbial durante el periodo del gobierno de Cambiemos (Grassi, 2018-b).

En un artículo de 2016, William Davies, se refiere a una nueva etapa del neoliberalismo y las estrategias de hegemonía, que denomina como una fase de “neoliberalismo punitivo”. Se trata, dice, de la utilización de “la culpa”, de hallar culpables, e incluso de castigar preventivamente para evitar los abusos. Una moral interiorizada que se evidencia en “las actitudes públicas hacia la austeridad [y] que produce la sensación de que «merecemos» sufrir por el crecimiento económico animado por el crédito” (op.cit, p. 139). Cámbiese estas últimas palabras de la cita por el “costo de los servicios a precios irrisorios” y la convicción generalizada de que estábamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades, y hallamos que la estrategia que describe el autor no se aleja mucho de los argumentos que dominaron el universo del pensamiento político local (¿hasta que llegó en coronavirus?).

En apoyo de su argumento sobre la explotación de la culpa, Davies recurre a la orientación de las políticas de asistencia social en su país y la imposición de un control estricto del cumplimiento de los requisitos de las ayudas. En esa dirección, el más trivial de los incumplimientos puede ser castigado, hasta dar lugar a situaciones absurdas, como quitar un beneficio a una persona que no llegó a la cita con el servicio social porque sufrió un infarto.

“Más de un millón de británicos han sido sancionados por una razón u otra. Miles han muerto después de que los gestores privados subcontratados por el Estado para administrar el nuevo modelo de workfare los declarasen «aptos para trabajar» y les retirasen sus prestaciones por discapacidad” (op. cit. p. 131).

También entre nosotros se trató de priorizar el control y de asegurar el merecimiento. Nos ocupamos del lugar del miedo y la culpa en el discurso de Cambiemos en los años anteriores (Grassi-a, 2018; Ayos y Jack, 2018). Entonces, los controles del Estado se dirigieron a lo micro: a la economía doméstica y los comportamientos respectivos en la vida cotidiana, mientras se liberalizaban los movimientos del capital y los comportamientos de sus agentes. Por eso la cita del investigador británico, pues sus análisis dan cuenta de un ciclo del capitalismo global, que comprende y afecta los procesos locales.

Un cierre muy provisorio

Vuelta a la coyuntura: el COVID-19 se expandió por el globo; lo hizo al ritmo de la facilidad de movimiento de las poblaciones. Contingentes de turistas, comerciantes, ejecutivos de empresas, congresistas, académicos e investigadores, etc. circularon el virus; ahora, muchos de ellos quedaron fuera de sus patrias cuando los países (el nuestro, ente ellos) cerraron sus fronteras y cancelaron los vuelos internacionales. Con el virus circulan otros miedos y peligros (y “peligrosos”): extranjeros, compatriotas varados allende los mares o, simplemente, quienes hasta hace poco dinamizaban la economía de los pueblos turísticos y creyeron que podían pasar el aislamiento obligatorio en sus casas de veraneo, pero se encontraron siendo foráneos peligrosos. En algún punto, los amenazantes e irresponsables están entre los que hasta ayer era “la gente”, en la representación y el discurso político de la Alianza Cambiemos y para los que las normas de convivencia (como las de regulación de los mercados), son una “dictadura” que amenaza a la república. Ahora los amenazados son quienes viven en las barriadas populares y que pueden contagiarse de sus patrones, empleadores y dadores de limosnas en las puertas de los supermercados.

En nuestro caso, nos encuentra con una orientación de la política pública que invierte aquella ecuación Estado-mercado y pone todo lo disponible por un Estado devastado por el mercado, a priorizar la vida. Queda por verse si los efectos del COVID-19 serán tan significativos como para alterar el sistema mundial y para recrear, internamente, la solidaridad social más allá de la coyuntura, para materializarse en sistemas públicos de cuidado y protección sólidos, duraderos y democráticos. Mientras cierro este escrito, en nuestro país transcurre la segunda etapa de aislamiento social obligatorio. Todo lo que sigue es incierto y verdaderamente amenazante.

Referencias

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Notas