Dossier

De la invisibilidad a tomar la palabra en primera persona en la esfera pública. Las experiencias de los posicionamientos públicos-políticos de Los Chuschagasta y Tolombón

From invisibility to speaking in first person and visibility. The experiences of public-political positions of Los Chuschagasta and Tolombón

Macarena Del Pilar Manzanelli
Universidad Nacional de La Matanza, Argentina

De la invisibilidad a tomar la palabra en primera persona en la esfera pública. Las experiencias de los posicionamientos públicos-políticos de Los Chuschagasta y Tolombón

Estudios Rurales. Publicación del Centro de Estudios de la Argentina Rural, vol. 10, núm. 19, 2020

Universidad Nacional de Quilmes

Recepción: 19 Diciembre 2019

Aprobación: 12 Mayo 2020

Resumen: En este artículo propongo mostrar cómo en los últimos diez años las comunidades-Pueblo Los Chuschagasta y Tolombón, pertenecientes al Pueblo-Nación Diaguita del Valle de Choromoro (actual Departamento de Trancas, provincia de Tucumán, Argentina) han logrado revertir el histórico tratamiento de invisibilidad y de negación por parte de discursos dominantes en un contexto de conflictos territoriales. Así, analizo sus posicionamientos públicos-políticos, entendidos como políticas de identidad y actos de denuncia cuyo propósito ha sido visibilizarse como sujetos de derecho políticos y tomar la palabra en primera persona para reclamar y denunciar por el cumplimiento de sus derechos territoriales. Las reflexiones trabajadas en este artículo son producto del trabajo de investigación etnográfico iniciado en el año 2015.

Palabras clave: Narrativas dominantes, Subalternización, Pueblos indígenas Diaguitas, Políticas de identidad, Visibilidad.

Abstract: In this article I propose to show how in the last ten years the communities-Pueblo Los Chuschagasta and Tolombón, belonging to the Pueblo-Nation Diaguita of the Choromoro Valley (current Department of Trancas, province of Tucumán, Argentina) have managed to reverse the historic invisibility treatment and denial by dominant speeches in a context of territorial conflicts. Thus, I analyze their public-political positions, understood as identity policies and acts of denunciation whose purpose has been to become visible as subjects of political law and take the floor in the first person to claim and denounce for the fulfillment of their territorial rights. The reflections worked on in this article are the product of ethnographic research work initiated in 2015.

Keywords: Dominant narratives, Subalternization, indigenous Diaguite peoples, Identity policies, Visibility.

De la invisibilidad a tomar la palabra en primera persona en la esfera pública. Las experiencias de los posicionamientos públicos-políticos de Los Chuschagasta y Tolombón

En los últimos diez años, las comunidades-Pueblo[2] Los Chuschagasta y Tolombón han sufrido la intensificación de conflictos territoriales. En el caso de Los Chuschagasta, el pico máximo de violencia ocurrió con los hechos del 12 de octubre del año 2009, cuando el terrateniente[3] Darío Luis Amín –en complicidad con los expolicías Humberto Gómez y José Luis Valdivieso– asesinó a la autoridad tradicional Javier Chocobar. Por su parte, Tolombón ha llegado a contar con aproximadamente ochenta conflictos territoriales y causas judiciales, especialmente a partir del año 2015, momento en el que las familias terratenientes redoblaron sus amenazas e intentos de desalojos. Dos ejemplos de ello fueron la quema del quincho comunitario (año 2016) y un tercer intento de desalojo al comunero Donato Nievas por los terratenientes López de Zavalía –con el aval de un fallo de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán– (junio del año 2017).

Estos hechos impunes han estado acompañados de narrativas estigmatizantes y deslegitimadoras como indios truchos, oportunistas, usurpadores de las tierras e inclusive acá ya no hay más indios. Todas éstas rememoran y reactualizan retóricas hegemónicas como tierras vacuas y el mal denominado desierto, enunciadas durante la etapa de conformación del Estado-nación (Lanusse, 2007; Ramos 2005; Rodríguez, 2011 y 2015; Tozzini, 2014, entre otros). A través de estas frases los terratenientes han buscado banalizar, cosificar y hasta desconocer el vínculo identitario-cultural que ambas comunidades-Pueblo han mantenido con sus territorios, sus usos y prácticas, dando a entender que se trata de un grupo de personas que simulan ser indios, es decir, que imitan rasgos folclóricamente reconocidos como indígenas.

La hipótesis que guía este trabajo es que el conjunto de estas situaciones de disputa territorial y de discriminación produjo consecuencias negativas en ambas comunidades-Pueblo, reactivando sus temores a poder vivir y disponer libremente de su territorio y a expresarse públicamente. No obstante, poco a poco, los chuschagastas y los tolombones han podido revalorizarse identitaria y culturalmente y visibilizarse como sujetos de derecho político.

En los siguientes apartados comienzo detallando quiénes son Los Chuschagasta y Pueblo Tolombón y señalo, brevemente, la forma en que llevé adelante el trabajo de investigación. Luego, presento un recorrido histórico para comprender la forma en que han sido negados e invisibilizados por las narrativas dominantes. En tercer lugar, indago en cómo ambas comunidades-Pueblo han impulsado estrategias para superar los impactos negativos y se han convertido en agentes de transformación de dichas representaciones estigmatizantes al revalorizar su identidad y cultura a través de pronunciamientos públicos-políticos en medios propios de comunicación propios, así como otros de alcance masivo y manifestaciones públicas. Dichos pronunciamientos serán analizados como actos de denuncia del incumplimiento de sus derechos territoriales y de las situaciones de vulnerabilidad sufridas. Finalmente, concluyo con reflexiones acerca de lo trabajado.

Las comunidades-Pueblo Los Chuschagasta y Tolombón

Las comunidades-Pueblo Los Chuschagasta y Tolombón pertenecen al Pueblo-Nación Diaguita y se ubican en el Segundo Distrito del Departamento de Trancas, Valle de Choromoro, dentro de la micro-región Cuenca Tapias-Trancas. Se encuentran a 22 kilómetros de distancia una de la otra sobre la ruta provincial N° 312.

En el caso de Chuschasgasta, sus puntos límites son hacia el noreste la Ruta Nacional N° 9 atravesada por el río Vipos, continuando hacia el noroeste por la Ruta Provincial 312 (km. 52 a km 12), paralela a los ríos Chuscha y Choromoro o Alurralde (apellido de uno de los principales terratenientes de tierras en los siglos XVIII-XIX) (Lund y Wieder, 2015). La comunidad-Pueblo se encuentra organizada en cuatro bases territoriales: la zona baja o cerro abajo, Chuscha y La Higuera, y la zona alta o cerro arriba, El Chorro y Ñorco. Las bases Chuscha y La Higuera se hallan junto a la ruta N° 312, a 12 km de la localidad de Choromoro. El Chorro y Ñorco se ubican a 7 km y 16 km respectivamente de la primera base, Chuscha. Para llegar a éstas es necesario tomar un camino vecinal-comunal, el camino grande o la huella, tal como los chuschagastas lo llaman. Hacia el sur se encuentra el río Ñorco y luego la localidad de Ancajuli. Hacia el oeste limita con la Comunidad Indígena de Potrero Rodeo-Grande y con la Comunidad Indígena de Tolombón.

Ilustración 1.
Ilustración 1.

Comunidad Indígena Los Chuschagasta

Elaboración propia

La comunidad Los Chuschagasta se compone de aproximadamente 160 familias reconocidas y censadas que viven a lo largo de las cuatro bases. En Chuscha y la Higuera se encuentra nucleada la mayoría de la población, entre 120 y 130 familias respectivamente. En las zonas altas viven aproximadamente 36 familias: en El Chorro, aproximadamente 20 familias y en Ñorco, otras 16. Desde el año 2002, los chuschagastas cuentan con el reconocimiento estatal a través de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidad Indígenas (en adelante, RE.NA.CI) –personería jurídica N° 03/2002– y con el relevamiento técnico, jurídico y catastral del INAI –resolución 450/2014, conforme a la ley nacional 26.160–.

Ilustración 2
Ilustración 2

Comunidad Indígena Pueblo Tolombón

elaboración propia

Se organiza en diez bases: seis territoriales –Potrero, Gonzalo, Rearte, Tacanas Grandes, Tacanas Chicas y Hualinchay– y cuatro bases de apoyo –tres en Tucumán (Los Nogales, El Cadillal y Tafí Viejo) y una en el sur del conurbano bonaerense (Temperley, provincia de Buenos Aires)–. Desde el año 2001, los tolombones cuentan con el reconocimiento estatal a través de su inscripción en el RE.NA.CI como Comunidad Indígena Pueblo Tolombón, con personería jurídica N° 053/2001 y relevamiento territorial N° 576.

La comunidad de Tolombón está compuesta por aproximadamente 300 familias reconocidas y censadas, quienes residen a lo largo de las bases territoriales y en las de apoyo. En cuanto a las primeras, en Potrero, Gonzalo y Tacanas Chicas se encuentra la mayor cantidad de familias, contando con 200 comuneros y comuneras aproximadamente. Luego, en las bases de Rearte y de Tacanas Grandes viven alrededor de 15 familias y en Hualinchay habitan cerca de 85 familias.

Ambas comunidades-Pueblo cuentan con un estatuto propio, el cual aprueba la creación de una Comisión Comunitaria con distintos cargos, destacándose la Asamblea General como la autoridad principal. Dichas comisiones, junto a otros comuneros y comuneras de las distintas bases, han participado activamente para fortalecerse y así revertir los temores y apatías que han causado las familias terratenientes al atemorizar y buscar separar a la comunidad. Asimismo, integran otros espacios y organizaciones políticas indígenas que los han acompañado en este camino de lucha y resistencia.

En el caso de Los Chuschagasta, desde el año 2002 conforma la organización Unión de Los Pueblos de la Nación Diaguita de la provincia de Tucumán (UPND-Tucumán).[4] A lo largo de los últimos diez años, la comunidad ha invitado a la Unión a participar de eventos de difusión para exigir justicia, tal como ocurrió en el inicio del juicio por el asesinato de la autoridad tradicional Javier Chocobar (año 2018). Fue una causa de renombre cuya resolución sentó un precedente tanto para los pueblos originarios de Tucumán como para el resto del país. Por su parte, la comunidad Pueblo Tolombón participa desde el año 2011 del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).[5] Considero importante aclarar que, si bien la comunidad Los Chuschagasta no integra el ENOTPO ha realizado diversas actividades conjuntas para el fortalecimiento identitario-territorial y para exigir justicia y difusión de la causa, a partir de los lazos que entabló una de sus comuneras-referentes –quien sí es miembro de esta organización y que, a su vez, participa en Tolombón–.

La metodología utilizada para realizar la investigación se basó en técnicas del trabajo etnográfico, observación participante y entrevistas a partir de viajes a Chuschagasta y Tolombón –repartidos en estadías durante los años 2015 (diciembre), 2017 (julio-agosto), 2018 (enero-febrero y julio-agosto) y 2019 (enero)–. Así entablé vínculos que me permitieron recorrer el territorio, conviviendo y compartiendo actividades con los y las comuneras, para indagar sobre los conflictos territoriales y poder comprender las prácticas impulsadas por los protagonistas (Balbi, 2012; Guber, 2011). Asimismo, la investigación fue propuesta en el marco de un trabajo de interculturalidad respetando la visión y tiempos de las comunidades-Pueblo. Conforme a ello, realicé la Consulta Libre, Previa e Informada en asambleas comunitarias. El respeto al proceso de dicha consulta –que supuso quedar a disposición de lo que resolvieran las comunidades (si permitían o no realizar la investigación)– fue fundamental, ya que implicó reconocer el derecho de autodeterminación que poseen los pueblos indígenas en tanto sujetos políticos que ejercitan críticamente el proceso de interculturalidad. Además, dicha Consulta constituye un requerimiento legal establecido también por el derecho indigenista como se muestra en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la ley 25.517.

Historias y narrativas dominantes de invisibilidad y ocultamiento

La historia indígena en Argentina, como en muchos otros países de América Latina, se encuentra marcada por el proceso de subalternización hacia los pueblos indígenas, el cual consistió en la instauración de relaciones asimétricas de poder entre sectores dominantes de la población (conquistadores, terratenientes y funcionarios estatales) y los pueblos indígenas, ejercidas durante tres periodos históricos: el colonial, el republicano-liberal y el multicultural neoliberal. Dicho proceso de subalternización se ejerció a través de estrategias de control y de dominación simbólicas y materiales para apropiarse de los territorios que la población originaria ha ocupado, acompañadas de un tratamiento estigmatizante que los ha categorizado como otros racial y culturalmente distintos e inferiores al prototipo de hombre español y criollo o del ciudadano blanco y civilizado (dependiendo de la época) (Briones, 1998; Quijano, 2014; Lanusse 2007; Rodríguez, 2011).

Para poder comprender la temática de los conflictos territoriales y las resistencias que han promovido los pueblos indígenas en la Argentina contemporánea, y especialmente los casos presentados de Los Chuschagasta y Tolombón, es necesario indicar que en estos últimos cuarenta años ha tenido lugar un contexto histórico único en el cual proliferaron movimientos indígenas organizados para hacer pública su existencia y preexistencia luego de siglos de un discurso estatal y privado que los ha negado e invisibilizado (Arenas, 2013; Bartolomé, 1987; Bengoa, 2007; Briones 1998; Carrasco, 2000; Gordillo y Hirsch, 2010; Iturralde, 1991). Así, luego de la lucha dada por distintas organizaciones indígenas a lo largo del país, se produjo una transformación radical en las relaciones sociales, políticas y culturales de y con los pueblos originarios.

Las reformas del marco jurídico nacional y la adhesión a nuevas leyes internacionales que declaran a los pueblos indígenas como sujetos de derecho han dejado atrás retóricas jurídicas de negación e invisibilidad (Briones, 1998 y 2005; Carrasco, 2000; Gordillo y Hirsch, 2010). Entre ellas se destacan la inclusión del artículo 75 inciso 17 en la Constitución Nacional (año 1994) y la adhesión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros, que reconocen la preexistencia étnica y cultural y garantizan el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural y a la posesión y propiedad comunitaria de sus territorios.

Ahora bien, antes de ahondar en el cambio de paradigma del multiculturalismo neoliberal y las políticas de identidad activadas por las comunidades-Pueblo Los Chuschagasta y Tolombón, me interesa presentar, sintéticamente, parte de la historia indígena, puntualizando en la etapa de conformación del Estado-nación argentino. El fin es contextualizar cómo ambas comunidades-Pueblo fueron invisibilizadas por dicho proyecto estatal monocultural.

El proyecto del Estado-nación: historia de la invisibilidad indígena

Hacia comienzos del siglo XIX, en un contexto de cambios políticos e institucionales introducidos por un desgatado sistema colonial y luego de las guerras independentistas y civiles, tuvo lugar la formación del Estado-nación argentino. La naciente estructura estatal se caracterizó por nuevas formas de subalternización de los pueblos indígenas, las cuales consistieron en la instauración de un modelo de ciudadanía sostenido en ideas liberales e individualistas. Bajo dicho modelo, la elite liberal introdujo nuevos modos de dominación materiales y simbólicas sobre las familias originarias orientadas a formalizar el incipiente sistema capitalista-liberal basado en la propiedad privada (Fandos, 2007; Ratto, 2011).

En el caso del Noroeste argentino, el naciente régimen jurídico liberal se instauró a través de la incorporación de la población indígena en grandes latifundios en torno a la producción ganadera bajo la figura de arriendos. Los latifundios o estancias –grandes extensiones de tierras– se constituyeron en una forma de organización productiva y social privada de la tierra que consolidó el proceso de apropiación de los territorios de los indígenas por parte de los grupos locales de poder. Allí, las familias indígenas, como en el caso de los pueblos Chuschasgasta y Tolombón y de otros ubicados en la jurisdicción de Tucumán, fueron sometidos a formas de explotación en las que quienes decían ser dueños de las estancias –patrones-terratenientes– les entregaban parcelas de tierras para que construyeran sus casas y corrales. A cambio, debían pagarles con obligaciones y/o pastaje. En el primer caso, se trata de un pago anual o trabajando quince o treinta días en tareas tales como el cuidado del ganado, la preparación de la tierra, la siembra y la cosecha, actividades de construcción, la mantención de los corrales, entre otras. En el segundo caso, debían pagarle con una proporción de cabezas de ganado por familia (Boixadós, 2012; Calisaya et al., 2015; Espósito, 2017; Lanusse, 2007; López, 2006).

Hacia comienzos del siglo XX, la situación de los pueblos indígenas no contó con un mejor tratamiento respecto al período antecesor –colonial–, sino que las deslegitimaciones simbólicas y territoriales continuaron. El joven Estado-nación comenzó a llevar adelante políticas normalizadoras de educación, urbanización, higiene y salud pública con el fin de asimilar a los pueblos originarios al modelo de ciudadanía pretendido. Resulta importante no olvidar que dicho modelo respondía a ideas de blanqueamiento racial y cultural de sus ciudadanos (Briones 1998; Carrasco, 2000; Grosso, 2007). En este sentido, entre los años 1878 y 1885, con el proceso de reunificación nacional, tuvieron lugar las conquistas militares sobre el mal llamado desierto y la campaña del General Victorica en el Chaco (año 1884). Esta estrategia estuvo orientada a formalizar el incipiente sistema capitalista-liberal basado en la propiedad privada (Fandos, 2007; Ratto, 2011).

El avance de estas nuevas lógicas homogeneizadoras nacionales involucró también a la región del Noroeste argentino, la cual ya desde el último tercio del siglo XIX y luego durante el siglo XX profundizó su integración al territorio nacional. El actual Departamento de Trancas fue ejemplo de esta idea de construir una nación moderna y civilizada junto a la emergente conformación de nuevos latifundios-estancias en torno a la producción ganadera (Espósito, 2017). Para ello, se fomentó la llegada de inmigrantes, italianos y españoles, quienes se alojaron en los territorios de los pueblos Chuschagasta y Tolombón y se denominaron dueños de las fincas, como ocurrió con la finca La Higuera (familia de apellido Alurralde) para el caso de Los Chuschagasta y la finca Las Criollas y de Rearte para el caso de Tolombón (Calisaya et al., 2015).

Como se puede apreciar hasta aquí, la nueva distribución, organización y posesión de las tierras –ahora convertidas en grandes latifundios– continuaron siendo acompañadas de aquellos relatos y prácticas deslegitimadoras. Para el caso que nos atañe, el Estado-nación argentino y dentro de éste, la jurisdicción de Tucumán, dieron cuenta de que los pueblos indígenas eran un problema que debía ser controlado y asimilado. Lo reflejaron los discursos oficiales estereotipados alrededor de conceptos tales como pueblos sin indios, tierras vacuas u ocupados por no indios junto a descripciones de delincuencia, ociosidad y embriaguez heredadas ya desde el período tardío-colonial (Rodríguez, 2015). De hecho, la jurisdicción de Tucumán fue considerada como una provincia sin indios, a pesar de haber sido durante siglos una zona de frontera insegura por la presencia de grupos indígenas diaguitas hacia el oeste –tierras altas– como hacia el este –tierras bajas– (Arenas, 2013; Racedo, 2013).

A lo largo de la investigación que realicé, y tal como he presentado en otros trabajos (Manzanelli, 2018 y 2020), pude dar cuenta cómo estas narrativas hegemónicas propias del proyecto de Estado-nacional –y luego provincial– monocultural y asimilacionista hacia los pueblos indígenas ha influido en la forma en que los chuschagastas y los tolombones se han identificado. Puntualmente, identifiqué en ambas comunidades-Pueblo una etapa de ocultamiento y negación de la identidad indígena en tiempos anteriores a la década de 1990. Entre las categorías identitarias que surgieron de los relatos de los y las comuneras se encuentran la de indios. Para los chuschagastas y los tolombones autoasignarse una ascendencia india remitía a ideas despectivas y estigmatizantes de animalidad y de ser resabios de un pasado remoto y prehistórico. En este sentido, la categoría identitaria indio estuvo acompañada de sensaciones de miedo y vergüenza que llevaba a que, en algunos casos, abandonasen y/u ocultasen sus prácticas culturales e identitarias; mientras que, en otros, conllevaba la negación a identificarse en relación con atributos de indeaneidad, autorreferenciándose como criollos, mestizos, campesinos y/u otras categorías identitarias alternas. En otras palabras, la categoría indio refleja la invisibilidad hegemónica de la cuestión indígena en Argentina, respaldada por el mencionado marco legal imperante antes del retorno de la democracia, que consideraba a los pueblos originarios como objetos de derecho a asimilar y tutelar, aunque sin lograr erradicarlos (Briones, 1998 y 2005; Katzer, 2009; Gordillo y Hirsh, 2010).

A partir de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI en un contexto de multiculturalismo neoliberal, emergió un nuevo marco de derecho de reconocimiento a la diversidad cultural (Briones, 1998; Hale, 2002; Sieder, 2002). Dicho marco habilitó a que distintas personas, que puertas adentro mantenían prácticas culturales-identitarias y sentían ser parte de pueblos indígenas, pudiesen apelar a la categoría identitaria indígenas y reconocerse como tales. Entre los mecanismos dispuestos por el Estado se encuentran la figura jurídica de las Comunidades Indígenas –por medio de la ley nacional 23.302–, la cual revaloriza la noción de aboriginalidad. Es decir, se reconoce la preexistencia de pobladores antes de la colonización, quienes mantienen descendencia en la población actual (Bartolomé, 1987; Beckett, 1988; Gordillo y Hirsch, 2010). En este sentido, Los Chuschagasta y Tolombón señalaron que al enterarse de que había leyes que reconocían su identidad y que les otorgaban derechos de posesión territorial y preexistencia, pudieron sentirse orgullosos de comenzar a adoptar la denominación indígena. A partir de allí, impulsaron un proceso de reorganización a través de la convocatoria a asambleas comunitarias, trabajando en su memoria y continuidad histórica. A su vez, junto a otros referentes del Pueblo Nación Diaguita y abogados/as especialistas en Derecho Internacional, elaboraron propuestas hacia el Estado provincial para que adhiera al art. 75 inc. 17 y habilite espacios de participación conjunta.

Luego, en los últimos diez años, el recrudecimiento de los conflictos territoriales por el incumplimiento de las leyes indigenistas, incidieron para que ambas comunidades-Pueblo comenzaran a replantearse y a resignificar la categoría identitaria-organizativa, Comunidad Indígena. Para los chuschagastas y los tolombones, dicha categoría condensa el legado colonialista y occidental, manteniendo el tratamiento paternalista y estigmatizante hacia los pueblos indígenas. En contraposición, la categoría identitaria Pueblo –Pueblo Chuschagasta y Pueblo Tolombón– reivindica la institucionalidad originaria colectiva, el Pueblo, los lazos colectivos indígenas y la continuidad cultural en el territorio.[6]

Los chuschagastas y los tolombones como agentes de transformación de las representaciones negacionistas indígenas. Tomar la palabra en primera persona

En base a la consideración del proceso de autorreconocimiento y de fortalecimiento llevado a cabo por los chuschagastas y los tolombones, me interesa profundizar en cómo ambas comunidades se han convertido en agentes de transformación de estas representaciones negacionistas y deslegitimadoras que, como mostré, aún continúan operando entre sectores dominantes, como las familias terratenientes y funcionarios estatales. Para ello, focalizo en sus posicionamientos públicos-políticos como actos de denuncia.

Parto de la idea de que los posicionamientos públicos-políticos consisten en un tipo de política de identidad impulsada por los pueblos originarios en las últimas décadas ante diversos actores, tales como funcionarios estatales, la academia, familias terratenientes y la sociedad en general (Kraay, 2007). El sentido de estos posicionamientos ha sido visibilizarse como sujetos de derecho político y tomar la palabra en primera persona, para evitar que terceros hablen por ellos y, así, continuar con su lucha y reclamo de justicia por el cumplimiento de sus derechos territoriales. Como traté hasta aquí, la historia de subalternización de los pueblos indígenas ha estado marcada por la dominación material y simbólica, que incluyó el silenciamiento. Es decir, callar su voz, ya sea tanto a través del trato estigmatizante –que ha implicado que la expresión en primera persona sea un acto de vergüenza– como a través de otros mecanismos –como el sistema escolar, donde directamente se les prohibía hablar–. No obstante, llegó el momento de recuperar su voz y reapropiarse del lugar de enunciación aceptado públicamente, como es la aboriginalidad (Rodríguez, San Martín y Nahuelquier, 2016).

En este apartado comienzo explicando los pronunciamientos publicados de ambas comunidades tanto en medios propios como en medios de comunicación masiva. Luego, focalizaré en la organización de diversas marchas y manifestaciones realizadas en las principales arterias de la ciudad de San Miguel de Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los pronunciamientos en medios de comunicación propios y en medios de comunicación masiva

El asesinato de la autoridad tradicional Javier Chocobar instó a que la comunidad-Pueblo Los Chuschagasta comenzara un proceso de lucha para exigir justicia y que se juzgue y condene a los asesinos y cómplices en un juicio oral, abierto y público. Luego de nueve años y diez meses de espera, a mediados de agosto del año 2018, los chuschagastas se enteraron de que finalmente este tan esperado momento llegaría: se había establecido la fecha de inicio del juicio, el 23 de agosto del año 2018. Esta noticia fue sumamente movilizadora para la comunidad y para quienes la estábamos acompañando.

Días después de este anuncio, los chuschagastas se reunieron en asamblea comunitaria para definir cuál sería su posición pública tanto en los días que restaban para el comienzo del juicio como durante su transcurso. Allí reafirmaron que debían tomar la palabra en primera persona, tal como lo habían estado trabajando anteriormente, a través del proceso de fortalecimiento interno, especialmente para contar cómo se llegó a aquél fatídico 12 de octubre del año 2009, cómo vivieron estos años de silencio e indiferencia por parte del Poder Judicial de la provincia de Tucumán y cuáles eran sus expectativas respecto al desenlace y sentencia del tribunal.[7] Así, una de sus primeras estrategias fue realizar publicaciones en medios de comunicación propios y de otras organizaciones territoriales indígenas. En el primer caso, crearon y difundieron un perfil de Facebook titulado: “Los Chuschagasta. Justicia para Javier Chocobar”[8]. En el segundo caso, realizaron entradas en el blog del ENOTPO.[9] Resulta interesante citar en extenso una de estos comunicados, en el que se puede apreciar cómo la comunidad manifestó en palabras el incumplimiento de las leyes indígenas e inacción del Estado-provincial:

(…) Si bien celebramos que se haya fijado la fecha para el juicio, esta noticia nos llega con el dolor y la tristeza de no tener a Javier entre nosotros, y con la bronca e impotencia de saber que su muerte era evitable. La dilación del proceso judicial, como así también la desidia y el desamparo del Estado ante las hostilidades sufridas durante todos estos años, nos obliga, como sociedad, a reflexionar y cuestionar las desigualdades de acceso a la Justicia que debemos enfrentar los Pueblos Originarios (…). De este modo, el asesinato de Javier se podría haber evitado si el Estado mismo y la Justicia se hubiera ajustado al derecho (algo que tanto nos exigen a los Pueblos Originarios) y si se pusiera en práctica el Derecho Indígena, ampliamente reconocido en la legislación nacional e internacional. La demora del juicio pone en evidencia entramados de poder y lógicas que aún están vigentes, más burdamente en las provincias, en donde las familias tradicionales de la oligarquía terrateniente aún mantienen importantes posiciones, con influencia en los distintos poderes del Estado y en estrecha relación con las fuerzas de seguridad. En estos 9 años, la violencia por parte de los Amín continuó a través de amenazas y hostigamiento por parte de distintos miembros de la familia, haciéndose presentes en nuestro territorio. Los que eran niños en ese momento crecieron con miedo. Las secuelas físicas y psicológicas marcaron a la Comunidad (…) (PRONUNCIAMIENTO de LOS CHUSCHAGASTA, 6 de agosto de 2018, Facebook Los Chuschagasta Justicia para Javier Chocobar).

Como se puede observar, los chuschagastas denunciaron, en primer lugar, que el asesinato de su autoridad tradicional Javier Chocobar pudo ser evitable si el Estado nacional y provincial hubiese aplicado correctamente el cuerpo de normas indígenas que garantizan la posesión y preexistencia territorial de la comunidad. En segundo lugar, manifestaron el tratamiento diferencial y desigual que han padecido para acceder a la justicia y para que se cumpla con dichos derechos indígenas reconocidos nacional e internacionalmente. En tercer lugar, los chuschagastas expusieron que la familia Amín forma parte del conjunto de familias terratenientes que, articuladas con el poder político y judicial tucumano, dan cuenta del poder oligárquico que se perpetúa en dicha provincia. De esta forma, expusieron que el Estado provincial, al dilatar los procesos judiciales correspondientes, mostró una vez su connivencia con las familias terratenientes.

En sintonía con la decisión de los chuschagastas de denunciar y reclamar a través de publicaciones en un portal de Facebook, la comunidad-Pueblo de Tolombón desarrolló estrategias de similar tenor. Especialmente ante el incremento de los conflictos territoriales vividos desde el año 2015, los tolombones en asambleas comunitarias decidieron denunciar públicamente estos avasallamientos. Para ello, también crearon una página de Facebook llamada Pueblo de Tolombón Nación Diaguita, donde realizan publicaciones como la que reproduzco a continuación en toda su extensión ya que detalla sobre los distintos conflictos territoriales que han sufrido y las distintas familias terratenientes que han hostigado a la comunidad:

URGENTE: LA JUSTICIA TUCUMANA CONTRA LOS PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA. El Pueblo Tolombón perteneciente a la Nación Diaguita – Personería Jurídica Nº 0053 (RE.NA.CI/INAI), integrantes del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) nos declaramos en estado de alerta y movilización ante un nuevo ataque por parte de usurpadores y esclavistas, devenidos en terratenientes, que pretenden sacarnos de nuestros territorios ancestrales, haciendo uso de instrumentos legales occidentales y colonialistas que ellos mismos inventaron, y que ocultan, tras el velo de la justicia, la violencia física colonialista (y genocida) que aún hoy los pueblos originarios sufrimos en nuestros territorios (…). El 9 de junio la Corte provincial de Tucumán falló en contra la familia de Donato Nieva del Pueblo Tolombón, confirmando una vez más la plena convivencia que existe entre la Justicia y los terratenientes. Los relatores como Antonio Gandun, René Goane, Claudia Sbdar, Daniel Posse, Antonio Estofan, entre otros actúan violando los Derechos Constitucionales, omitiendo el Derecho Colectivo que nos ampara, como el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, el Art. 149 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, la ley 26160, el Art. 18 del Código Civil, y los Tratados Internacionales a los que adscribe Argentina. Estos relatores han argumentado a favor de Fernando López de Závalia, quién además compra testigos para llevar adelante sus apetencias personales en contra de las 300 familias que habitamos el Territorio desde siempre. 4. La familia Donato Nieva es una de las 55 causas que tenemos en la actualidad. Los López de Zavalia, Critto, Torino, Salenme son algunos de los terratenientes que operan en la zona, a pesar de que como Pueblo Tolombon contamos con un relevamiento territorial de uso actual tradicional y público, realizado por los Estados Nacional y Provincial.5. Entre las situaciones más urgentes, están la causa “Critto Adolfo sobre denuncia de USURPACIÓN por autores desconocidos”, en la que el fiscal acusa a dos familias comuneras de haber cedido ilegítimamente el permiso para que otro comunero pudiera construir su hogar y solicitó al juez de instrucción que ORDENARA EL DESALOJO como restitución anticipada del inmueble. 6. En el caso del comunero Román Ríos, un hombre de edad avanzada, cuyo territorio ha sido ocupado en parte por la finca de Javier y Francisco Critto, las fuertes presiones por parte estos últimos sobre el juez anuncian un posible fallo en contra del comunero y constituye una AMENAZA DE DESALOJO INMINENTE. 7. También se ha dictado una MEDIDA DE NO INNOVAR promovida por López en contra de Marta Catacata para evitar que la comunera continúe con la construcción de una vivienda en Aguas Blancas. Catacata también fue denunciada por USURPACIÓN. 8. Asimismo, el comunero Santos Ríos ha sido citado a declarar como imputado en la causa que promovió Gerineau por la posesión de la mesada, en la base Gonzalo. En breve, además, continuarán las citaciones a más de 7 comuneros por USURPACIÓN. El Valle de Choromoros y Colalao en la provincia de Tucumán, fueron denominados con nombres propios de nuestros pueblos en idioma Kakan, el cual pretendió ser invisibilizado y aniquilado por los colonizadores que antepusieron nombres de santos católicos a los mismos, pero a pesar de todo permanece vivo, dando identidad a nuestros territorios ancestrales. (Publicación en Facebook Pueblo de Tolombón Nación Diaguita, 23 de abril de 2017).

Como se puede apreciar en este pronunciamiento, los tolombones reclamaron por los hostigamientos y las reiteradas denuncias que los terratenientes han realizado en contra de la comunidad. Así, detallaron cómo cada uno de ellos (López de Zavalía, Critto, Torino y Salenme) actuaron contra las familias comuneras de Donato Nievas, Román Ríos, Marta Catacata, entre otras, llegando a contar con un total de cincuenta y cinco causas, las cuales se incrementaron con el correr del tiempo. La comunidad también denunció la complicidad y connivencia de las familias terratenientes con el poder político y judicial de la provincia de Tucumán, especialmente plasmado, según ellos, en el mencionado fallo de la Corte Suprema tucumana en contra del comunero Donato Nievas. Este fallo amparó a los terratenientes López de Zavalía y desconoció las leyes indígenas que garantizan los derechos colectivos y territoriales. Resulta importante resaltar que la familia terrateniente López de Zavalía ha integrado el Poder Judicial de la provincia de Tucumán.

Ambas comunidades-Pueblo también decidieron pronunciarse a través de entrevistas en medios de comunicación masiva, escritos y audiovisuales para que sus reclamos y denuncias alcanzasen mayor visibilidad y difusión.[10] El objetivo de dar entrevistas fue contar su versión de los hechos –cómo y por qué sucedieron– en radios, canales de televisión y diarios. Estos pronunciamientos públicos fueron importantes para los chuschagastas y los tolombones debido a que, según ellos, los medios se han caracterizado por brindar información sobre sus comunidades sin consulta previa y por publicar discursos negacionistas y/o folclorizados.[11] Así, hasta el momento del inicio del juicio por el asesinato de Javier Chocobar (agosto del año 2018), la comunidad Los Chuschagasta entabló contactos con los medios de prensa y eligió dos voceros-referentes de la comunidad para que brindaran las entrevistas pertinentes: Nancy e Ismael Chocobar. Ambos son comuneros de Chuschagasta, por parte de padre, y de Tolombón, por parte de madre. La elección de los hermanos Chocobar no fue casual, sino que tenía como objetivo visibilizar públicamente los conflictos territoriales de ambos colectivos. En una de las entrevistas radiales realizadas a la comunera y referente Nancy Chocobar se planteó que:

(…) A pesar de este marco jurídico que nosotros estamos ante el estado argentino como Comunidad Indígena estamos en regla en cuanto a lo que piden las leyes occidentales (…). Han sido prácticas occidentales, prácticas colonialistas que justamente tiene que ver con aplastar las identidades originarias, a pesar de todo eso los Pueblos Originarios somos muy fuertes y hemos transitado no solo el genocidio de la base de la creación de este estado argentino sino que hemos, somos perseguidos, somos discriminados, somos todo el tiempo avasallados, en nuestros derecho. No sólo en la violencia física como el asesinato de Javier Chocobar, nuestra autoridad, sino la violencia psicológica y la violencia simbólica que sigue estando en parte de la sociedad y que sigue enquistada en un montón de organismos que también ha creado el estado argentino para someternos (Entrevista a Nancy Chocobar, 24 de agosto de 2018, programa radial “Primera Fuente” (Radio Prensa FM 90.1)[12].

En el testimonio se vislumbra que para ambas comunidades-Pueblo resulta importante denunciar que en tanto pueblos originarios continúan siendo víctimas de un discurso colonial que los diferencia como otros-objeto antes que, como sujetos de derecho, tal como lo proclama formalmente el marco de derecho indígena. Asimismo, se destaca el reclamo a los organismos estatales de política indígena, quienes incumplen las normas, a pesar de que en tanto pueblos originarios se han ajustado a derecho, es decir, conformando Comunidades Indígenas (impuestas por la ley nacional 23.302 y el INAI y registrándose con personerías jurídicas en el RE.NA.CI).

Manifestaciones públicas: marchas, movilizaciones y presentaciones en eventos públicos

La segunda estrategia empleada por ambas comunidades-Pueblo para visibilizarse en la esfera pública y así reclamar y denunciar los atropellos y el incumplimiento de sus derechos territoriales colectivos indígenas consistió en la organización de diversas movilizaciones, presentaciones públicas y marchas en las principales arterias de la ciudad San Miguel de Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dichas movilizaciones para exigir justicia comenzaron a realizarse a partir de que el marco de derecho indígena reconoció formalmente la existencia y prexistencia de los pueblos indígenas y los conflictos territoriales pudieron ser judicializados al contar con las herramientas y los canales institucionales para tal fin. Así desde fines de la década de 1990 y a medida que los conflictos por el territorio fueron más notorios y graves, las presentaciones de los pueblos indígenas en la esfera pública con el propósito de reclamar han ido aumentando. A continuación, describo algunas de estas numerosas manifestaciones públicas, en base a mi propia participación y a los relatos de los chuschagastas y los tolombones sobre las mismas.

Desde el primer momento que ocurrió el trágico hecho del 12 de octubre del año 2009, los chuschagastas realizaron distintos tipos de manifestaciones públicas. Una de estas ocasiones fue durante la presentación del Protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada – elaborado por el ENOTPO– ante legisladores nacionales en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA). Esta actividad estuvo seguida de un festival musical realizado en la Plaza de Dos Congresos. Durante esta jornada, y luego de la presentación del mencionado Protocolo por parte de distintos/as referentes del ENOTPO y de su equipo técnico intercultural, se proyectó en el Anexo de la Cámara de Diputados el video del ataque del terrateniente Darío Luis Amín –junto a los dos expolicías José Luis Valdivieso y Humberto Gómez– a la comunidad Los Chuschagasta. Recuerdo que la presentación de este video dejó sorprendidos a todos/as los/as presentes, entre ellos a los y las legisladoras, no sólo porque la filmación exponía los instantes previos al asesinato sino porque mostraba cómo una lucha histórica territorial estaba tan presente en el siglo XXI, llegando a extremos como defender el territorio con la vida. Una vez finalizada la presentación y ya entrada la noche, se efectuó en la Plaza de los Congresos un festival con música en memoria y pedido de justicia por Javier Chocobar, con carteles con la leyenda de “Justicia por Javier Chocobar” y banderas del Pueblo-Nación Diaguita. Esa noche se concentraron comuneros y comuneras de Chuschagasta, quienes viajaron a Buenos Aires para estar presentes junto a varias comunidades (entre ellas, la comunidad de Tolombón), organizaciones territoriales indígenas (como el ENOTPO), organizaciones sociales y académicos/as que acompañábamos.

Otra de las manifestaciones públicas han sido las marchas realizadas desde el primer momento del trágico hecho, especialmente cada 12 de octubre, cortando calles principales de la capital tucumana y, en algunas ocasiones, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al consultarles a los chuschagastas sobre cómo eran estas marchas iniciales, me indicaron que “las primeras fueron más espontáneas”. En otras palabras, no contaban con una gran planificación y visibilidad, por ejemplo, respecto a la organización de convocatorias a otras comunidades indígenas y a organizaciones sociales-políticas. Asimismo, en cuestiones de logística los afectaba la ausencia de transporte público, como ocurrió en la organización de los viajes desde El Chorro hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán.

No obstante, a medida que pasaron los años y notaban que “la causa [judicial] estaba trabada”, es decir, que no había novedades sobre el inicio del juicio y que ya pocos medios de comunicación hacían eco de sus manifestaciones, comenzaron a trabajar más en su organización y en la logística. Este cambio de estrategia tuvo sus efectos en las últimas dos marchas realizadas (durante el primer día del juicio –el 24 de agosto del año 2018– y el día que se dictaminó la sentencia y condena al terrateniente Darío Luis Amín y sus cómplices, Luis Humberto Gómez y José Luis Valdivieso –el 24 de octubre del año 2018–), las cuales contaron con una masiva convocatoria. Estas dos marchas implicaron mayores preparativos, contando con la confección de carteles y remeras con el rostro de Javier Chocobar acompañado de frases como “Justicia Para Javier Chocobar”, “Cárcel ya para los asesinos” y “Nunca más un 12 de octubre para los pueblos indígenas” y de borlitas de lana con los colores representativos de la cultura diaguita –rojo, blanco y negro– que fueron usadas como prendedores acompañadas de banderas del Pueblo de la Nación Diaguita.

Además, y a fin de lograr una mayor convocatoria e impacto durante estas dos fechas clave, los chuschagastas convocaron e instaron a movilizarse a otras comunidades indígenas integrantes de la Unión de Los Pueblos de la Nación Diaguita de la provincia de Tucumán (UPND-Tucumán). Días antes del comienzo del juicio, la comunidad se reunió en asamblea comunitaria con referentes de la UPND-Tucumán para coordinar horarios y resaltar el imperativo de que en el primer día del juicio estuvieran presentes y se les diera protagonismo a las comunidades originarias, ya que el juicio también simbolizaba la lucha y la defensa territorial de los pueblos indígenas de la Argentina contemporánea. Para llamar más la atención y aumentar la difusión, convocaron también a otros espacios sociales y políticos no-indígenas y pidieron sus adhesiones públicas al pronunciamiento público preparado por la comunidad y difundido en su página de Facebook. Entre los espacios sociales y políticos que adhirieron, se encuentran diversos organismos de Derechos Humanos a nivel nacional y provincial, ONGs, partidos y agrupaciones políticas y espacios académicos.[13]

Por su parte, la comunidad-Pueblo de Tolombón también organizó manifestaciones públicas cada vez que sus integrantes eran hostigados e intimidados por desalojos. Hacia fines de la década de 1990 y principios de la siguiente, los tolombones realizaron las primeras marchas en repudio a los intentos de desalojo, en la puerta de cada lugar y con carteles que indicaban la ilegitimidad del arresto y el incumplimiento de las leyes indigenistas ante los sistemáticos hostigamientos y percusión de los “terratenientes”. Entre éstos se encuentran los casos de la comunera Justina Velardez –con la tala del bosque nativo detrás de su casa en la base de Gonzalo por parte de los terratenientes Critto– y del comunero Donato Nievas –en la base de Rearte y a cargo de los terratenientes López de Zavalía–.

Durante los últimos tres años, estas movilizaciones se intensificaron, especialmente a partir del mencionado tercer intento de desalojo al comunero Donato Nievas y tras el fallo de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán en su contra. Dicho fallo generó indignación entre los tolombones, como en general entre los pueblos indígenas, quienes decidieron salir nuevamente a las calles a reclamar ante semejante discrecionalidad del poder judicial en perjuicio de la comunidad. Asimismo, en reiteradas oportunidades las bases de apoyo en la provincia de Buenos Aires (zona sur del conurbano bonaerense) han apoyado y se han movilizado frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, han participado en diversas manifestaciones organizadas por el ENOTPO, al igual que en Chuschagasta.

Ambas comunidades también participaron en diversas marchas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya sea en aquellas específicamente convocadas para reclamar por el pedido de justicia por el asesinato de la autoridad Javier Chocobar como en aquellas más amplias donde organizaciones territoriales indígenas como el ENOTPO reclamaban por otras situaciones de vulneración de los derechos territoriales indígenas. Entre las primeras se halla la convocatoria masiva del año 2010 que culminó en el masivo Encuentro denominado “Pacto del Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado argentino: una política de interculturalidad para la construcción de un Estado plurinacional”. Otras manifestaciones organizadas fueron ante los distintos atropellos a otras comunidades indígenas, por la inclusión de la Propiedad Comunitaria Indígena en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación (desde el año 2012 hasta el año 2015), por la sanción del proyecto de ley de Propiedad Comunitaria Indígena (año 2014-2015) y por la prórroga de la ley nacional 26.160 (año 2017), entre otras. En estas distintas protestas participaron tanto autoridades, comuneros y comuneras que viven en el territorio y que viajan a Buenos Aires por distintos motivos –desde trámites administrativos de la comunidad hasta visitas a familiares– como los y las comuneras que residen en Buenos Aires.

Considerando lo dicho, se puede apreciar que ambas comunidades-Pueblo han buscado posicionarse en la esfera pública a través de distintas manifestaciones para, tal como lo indicaron, “hacernos ver, que estamos vivos y que se sepa lo que pasó. Mucha gente en la ciudad ha estado desinformada o cree que no existimos, que estamos extintos o que no sé, pero muchas veces no saben lo que pasó con nuestra autoridad [referencia a Javier Chocobar] y en sí, en nuestros territorios”. Justamente la frase “hacerse ver” implica mostrarle al resto de la sociedad que se encuentran vivos –por ende, no extintos, como suele circular en narrativas dominantes– y denunciar los hechos de atropellamiento y de discriminación que continúan sufriendo. Para dicho propósito ambas comunidades han decidido marchar, irrumpir el orden-statu quo dominante de las ciudades, en este caso de la capital tucumana y en Buenos Aires.

Reflexiones finales

A lo largo del presente artículo analicé la forma en que las comunidades-Pueblo Los Chuschagasta y Tolombón se han convertido en agentes de transformación de representaciones y narrativas que históricamente los han invisibilizado y negado. A partir del agravamiento de los conflictos territoriales y su judicialización, los chuschagastas y los tolombones han activado políticas de identidad, como son los posicionamientos públicos-políticos.

Los posicionamientos públicos-políticos constituyen actos de denuncia a través de publicaciones en medios propios, de voceros en medios masivos de comunicación y mediante manifestaciones públicas. Los mismos tuvieron por objetivo, en primer lugar, ser ellos/as mismas quienes informen a la sociedad sobre los avasallamientos históricos vividos. De esta forma, en sus publicaciones evidencian la contradicción del modelo estatal multicultural neoliberal: durante los últimos años se han intensificado los intentos de las familias terratenientes para apropiarse de sus territorios. En otras palabras, la misma perspectiva y política neoliberal que propicia políticas multiculturales a favor de la promoción de los derechos y las reparaciones históricas hacia los pueblos indígenas, exacerban simultáneamente el modelo capitalista de la propiedad privada y habilita las situaciones de despojo, especialmente de la tierra.

En segundo lugar, los términos utilizados por ambas comunidades en los pronunciamientos, occidentales y colonialistas, para caracterizar las prácticas estatales de los terratenientes indican que el marco de derecho tiene un legado inalterable: una matriz de poder eurocentrista-colonialista que ha impuesto una clasificación racial-étnica de la población como piedra angular de dominación. Así, y nuevamente en contradicción con la diversidad cultural proclamada por el nuevo marco de derecho, el Estado neoliberal ha mantenido un régimen de ciudadanía centrado en un ciudadano-individuo europeizado y liberal asentado en la propiedad privada, desconociendo la propiedad colectiva indígena.

En tercer lugar, la figura jurídica de las Comunidades Indígenas, antes que saldar la falta de un real reconocimiento a la preexistencia de los pueblos indígenas y por ende los atropellos, ha reeditado nuevas formas de control y de atomización de los pueblos indígenas. En efecto, éstos se han visto forzados a ajustarse a estos dispositivos etnogubernamentales, para así existir ante el Estado y poder acceder a las dádivas de las políticas públicas multiculturalistas.

Por su parte las movilizaciones públicas también son entendidas como actos de visibilidad y de denuncia, al romper con una política del olvido y la deshistorización que, para el caso que nos atañe, da cuenta de dos deslegitimaciones hacia los pueblos indígenas que circulan en un doble sentido pero en un mismo continumm. Por un lado, Los Chuschagasta y Tolombón no existen o están extintos, por lo tanto, queda lógicamente anulada la posibilidad de que se manifiesten y de que hayan sufrido atropellos (quien no existe, no puede recibir ningún tipo de tratamiento). Por otro lado, si los pueblos indígenas existen, se encuentran en el espacio rural y no en las ciudades. De esta forma, a través de las movilizaciones en las principales ciudades, los chuschagastas y los tolombones han demostrado su presencia y organización para exigir justicia ante los avasallamientos vividos.

Dichos pronunciamientos públicos políticos han repercutido favorablemente para ambas comunidades-Pueblo. En primer lugar, han logrado demostrar al resto de la sociedad, principalmente ante los sectores dominantes, que históricamente han sido subalternizados y folclorizados –por funcionarios estatales, terratenientes, expertos-profesionales, medios de comunicación, sociedad en general– que ellos por sí mismos pueden encarar diversos proyectos y definir su propio destino colectivo como Pueblo, no necesitando de la ayuda paternalista externa. De esta forma, tal como lo han señalado los y las comuneras, ciertos actores no indígenas –como medios de comunicación, policías y funcionarios judiciales– han mostrado una modificación en el trato hacia la comunidad, siendo más receptiva y positiva. Ejemplo de ello fue que durante un segundo juicio que debió afrontar la comunidad-Pueblo Los Chuschagasta (septiembre 2019), sus integrantes manifestaron que fueron recibidos y escuchados al ya ser conocidos por sus pronunciamientos durante el juicio anterior.

En segundo lugar, estas políticas de visibilidad han retroalimentado su proceso de fortalecimiento cultural e identitario colectivo. Dicha retroalimentación se evidencia al momento de marchar codo a codo y en la planificación de las movilizaciones, ya que allí se recrean espacios donde se estrechan los vínculos comunitarios: un momento de unión interno de cada comunidad –Los Chuschagasta y Tolombón– como también de encuentro entre ambas. Los motivos de las marchas han sido comunes a ambas comunidades y cada una de ellas se ha solidarizado a su vez con la otra. Además, en las manifestaciones los chuschagastas y los tolombones han perseguido un objetivo común: exigir justicia ante los atropellos territoriales sufridos. En suma, esta política identitaria constituye una voz indígena en alza, un grito que esta vez adquiere connotaciones positivas y superadoras respecto a otros momentos cargados de sufrimiento y dolor que han sido producto de avasallamientos y hostigamientos recibidos.

Referencias

Arenas, P. (2013). La participación de Tucumán en el relevamiento territorial de la ley 26160: Una mirada desde las prácticas. Población y Sociedad 20(2), 125- 136. Recuperado 22 de marzo del año 2018 desde http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-85622013000200002&lng=es&nrm=iso

Arenas, P. y Ataliva, V. (2017). Las comunidades indígenas: etnoterritorios, prácticas y saberes ancestrales. Tucumán, Buenos Aires: Ente Provincial Bicenteario.

Ataliva, V. (2008). Arqueología, memorias y procesos de marcación social (acerca de las prácticas sociales pos-genocidas en San Miguel de Tucumán). Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lilllo, Universidad Nacional de Tucumán.

Balbi, F. A. (2012). La integración dinámica de las “perspectivas nativas” en la investigación etnográfica. Intersecciones en Antropología, 14.

Barabas, A. M. (2004). La territorialidad simbólica y los derechos territoriales indígenas: reflexiones para el estado pluriétnico. Alteridades 14 (27), 105-119. Recuperado 17 de septiembre del año 2019, desde http://www.redalyc.org/pdf/747/74702706.pdf

Bartolomé, M. (1987). Afirmación estatal y negación nacional. El caso de las minorías nacionales en América Latina. Suplemento antropológico, vol. XXII (2), Asunción.

Beckett, J. (1988). Past and Present. The construction of Aboriginality. Canberra: Aboriginal Studies Press.

Bengoa, J. (2007). La emergencia indígena en América Latina. USA: Fondo De Cultura Económica.

Briones, C. (1998). La alteridad del Cuarto Mundo. Una deconstrucción antropológica de la diferencia. Buenos Aires: Ediciones Del Sol.

Briones, C. (2005). Formaciones de alteridad. Contextos globales, procesos nacionales y provinciales. En C. Briones (Ed.), Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad, (pp. 11-44). Buenos Aires: Antropofagia.

Boixadós, R. (2012). Dilemas y discursos sobre la continuidad de los pueblos de indios de la jurisdicción de La Rioja bajo las reformas borbónicas. Mundo Agrario 3(25).

Calisaya, A.; Del Bel, E.; Heredia, I.; Lund; J.; Nassif, S.; Wieder, D. (2015). Huellas y Memorias. En Conociendo la comunidad indígena Los Chuschagasta: tierra, organización comunitaria e identidad, (pp. 28-59). San Miguel de Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.

Carrasco, M. (2000). Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. Buenos Aires: IGWIA y Vinciguerra.

Espósito, G. (2017). La polis colla. Tierras, comunidades y política en la Quebrada de Humahuaca. Buenos Aires: Prometeo.

Fandos, C. (2007). La Comunidad Indígena de Colalao y Tolombón (Tucumán) en la segunda mitad del siglo XIX: vínculos y estrategias. El caso Guaisman. I Jornadas Nacionales de Historia Social, La Falda, Córdoba. En Memoria Académica. Recuperado 12 de diciembre del año 2018, desde http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9604/ev.9604.pdf

Gordillo, G. y Hirsch, S. (Eds.) (2010). Movilizaciones indígenas e identidades en disputa. Buenos Aires: La Crujía Editores

Grosso, J. L. (2007). Indios muertos. Negros invisibles. Hegemonía, identidad y añoranza. Córdoba: Editorial Brujas.

Guber, R. (2011). La etnografía. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI.

Hale, C. (2002). ¿Puede el multiculturalismo ser una amenaza? Gobernanza, derechos culturales y política de la identidad. En M. L. Lagos & P. Calla (Comp.), Antropología del Estado: dominación y prácticas contestatorias en América Latina Guatemala, (pp. 286-346). La Paz: INDH/PNUD.

Iturralde, D. (1991). Los pueblos indios como nuevos sujetos sociales en los Estados latinoamericanos. Nueva Antropología, XI (39), México: Asociación Nueva Antropología A.C., 27-40.

Katzer, L. (2009). Tierras indígenas, demarcaciones territoriales y gubernamentalización. El caso Huarpe, Pcia, de Mendoza. Avá (16), 117-136.

Kraay, H. (2007). Introduction. En Negotiating Identities in Modern Latin America, (pp. 1-27). Canadá: University of Calgary Press.

Lanusse, P. (2007). Memoria y alteridades indígenas en Cachi, provincia de Salta. Tesis de Grado. Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

López, C. (2006). Tierras comunales, tierras fiscales: el tránsito del orden colonial a la revolución. Revista Andina N°43.

Lund, J. y Wieder, D. (2015). Recorriendo la comunidad indígena Chuschagasta. En J. Racedo, “et al.”, Conociendo la comunidad indígena Los Chuschagasta: tierra, organización comunitaria e identidad, (pp. 12-26). San Miguel de Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.

Manzanelli (2018). Espacios de lucha territorial y reconocimiento identitario. Experiencias comunitarias de los Chuschagasta. Revista Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas 14, 115-140.

Manzanelli (2020). “Somos pueblo, con autodeterminación libre y colectiva”: reivindicaciones identitarias-organizativas de los pueblos diaguitas Los Chuschagasta y Tolombón". Tabula Rasa (34), 111-130.

Noli, E., Briones, C., Codemo, C., Lund, J., y Spadoni, G. (2015). La usurpación de las tierras comunales del pueblo de indios de Chuscha (Tucumán, comienzos del siglo XIX). Estudios Sociales del Noa: nueva serie, (15), 59-82.

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y Clasificación Social. En Cuestiones y Horizontes. De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Descolonialidad del Poder, (pp. 285-327). Buenos Aires: CLACSO.

Racedo, J. (2013). Construcción de la identidad en las nuevas organizaciones de pueblos indígenas originarios. Continuidades y cambios. RUNA, XXXIV(1), 49- 57.

Ramos, A. M. (2005). Trayectorias de Aboriginalidad en las comunidades mapuche del Noroeste de Chubut (1990-2003). Tesis de Doctorado en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires.

Ratto, S. (2011). Estado y cuestión indígena en la frontera del Chaco y La Pampa (1862-1880). Revista de Ciencias Sociales. Segunda Época, 3(20), 7-29.

Rodríguez, L. (2011). La <> de Colalao y Tolombón (Argentina) hacia mediados del siglo XIX. Características de una institución en redefenición. Bulletin de l´IFEA, 40(2), Lima: Institut francais d´Études Andines, 533-559.

Rodríguez, L. (2015). Tierras comunales indígenas en Tucumán. Apuntes sobre un viejo problema en tiempos de reivindicaciones étnicas. Revista de Ciencias Sociales. Segunda Época, 7(27), 47-66.

Rodríguez, M. E.; San Martín, C. y Nahuelquir, F. (2016). Imágenes, silencios y borraduras en los procesos de transmisión de las memorias mapuches y tehuelches. En A. M. Ramos; C. Crespo; M. A. Tozzini (Comp.), Memorias en lucha: recuerdos y silencios en contextos de subordinación y alteridad, (pp. 111-141). Viedma: Universidad Nacional de Río Negro.

Sieder, R. (Ed.). (2002). Multiculturalism in Latin America. Institute of Latin American Studies Series, University of London.

Tozzini, M. A. (2014). Pudiendo ser mapuche. Reclamos territoriales, procesos identitarios Estado en Lago Puelo, Provincia de Chubut. Recuperado 10 de octubre del año 2019 desde https://iidypca.homestead.com/Pudiendo_ser_mapuche.pdf

Notas

[1] Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley Nº 26.899”: específicamente gracias al financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y los proyectos de investigación CyTMA2 DER-044 y PROINCE D044, provenientes del Programa de la Investigación Científica , Transferencia de Tecnología e Innovaciones de la Universidad Nacional de la Matanza y del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias, respectivamente.
[2] Indico comunidades-Pueblo ya que se trata de colectivos autoadscriptos como indígenas. El término comunidad indígena se encuentra registrado en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.CI), perteneciente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y cuenta con personería jurídica. No obstante, sus miembros se autoidentifican bajo la categoría “Pueblo”, marcando así una distinción entre la forma en que son categorizados desde el Estado nacional y provincial y sus formas preexistentes organizativas, identitarias y de socialización con sus conocimientos locales, de memoria oral y de geografía simbólica (Barabas, 2004). Se emplean las comillas en los casos de expresiones y categorías dichas por los chuschagasta y los tolombones.
[3] Terratenientes es una categoría usada por los chuschagastas y los tolombones.
[4] La UPND de Tucumán es un espacio político que reúne a la mayoría de las comunidades originarias diaguitas de provincia de Tucumán, institucionalizado en el año 2009. Link: https://upndt.com/. En el año 2002, la UPND -Tucumán iniciaba su proceso de conformación –al igual que los chuschagastas, quienes se estaban organizando como Comunidad Indígena– junto a otras comunidades del Valle de Choromoro y del Valle Calchaquí.
[5] Espacio político conformado en el año 2009, que agrupa a veintinueve pueblos, organizados en más de mil comunidades y cuarenta y tres organizaciones desde Jujuy a Tierra del Fuego, con representatividad en veinte provincias.
[6] Para profundizar en dicho proceso de autorreconocimiento y en el proceso de emergencia de la categoría identitaria Pueblo, ver Manzanelli (2020).
[7] Los chuschagastas también cuentan con una radio comunitaria, FM Raíces, ubicada en La Higuera, donde realizan un programa una vez por semana para difundir información relevante, tal como la realización de asambleas comunitarias, bingos y peñas y la situación de los conflictos y causas territoriales. Asimismo, junto a Tolombón, han elaborado gacetillas (volantes repartidos a lo largo de las bases) llamadas Titaquines (líderes en idioma kakan) donde informan sobre su historia, la lucha y resistencia de sus antepasados y los conflictos territoriales que viven.
[8] Link: https://www.facebook.com/loschuschagasta.justiciaparajavierchocobar.7
[9] El vínculo con la organización política-territorial ENOTPO surgió por medio de una de las comuneras que sí integra el ENOTPO. De esta forma, los chuschagastas aceptaron realizar publicaciones en su blog. Link de publicaciones: http://enotpo.blogspot.com/2018/08/que-nunca-mas-otro-javier-chocobar.html
[10] Entre los medios se encontraron Diario Tiempo Argentino; Canal Abierto Periodismo de este lado; Diario Página 12; La Nota; La gaceta. com. ar; Canal 10 Tucumán, Canal 8; Contexto Tucumán; los programas radiales La Colectiva FM 102.5; LV12 de la radio FM 105.1; Grito de Traslassierra de la radio FM 95.5; “La mar en coche” FM 88.7 La Tribu; entre otros.
[11] Respecto a las tergiversaciones y deslegitimaciones sobre las realidades que viven los pueblos indígenas encuentro ejemplificador el trabajo de las investigadoras Estela Noli, Celeste Briones, Julia Lund y Spadoni (2015) donde señalan la nota de un popular medio de comunicación de la provincia de Tucumán, la cual afirma que la comunidad Los Chuschagasta ya hacia el año 1800 no existía.
[12] Ver link: https://radioteca.net/audio/juicio-por-chocobar-por-la-justicia-y-contra-el-co/
[13] Entre estas adhesiones se encuentran: Asociación del Personal No Docente de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos (APUBA), Cosecha Roja, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Grupo de investigación de la Universidad Nacional de la Matanza, Pablo Bergel (sociólogo y exlegislador de CABA), Luis Zamora (diputado), Colectivo Orillerxs, Ambiente Saludable San Andrés de Giles, Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, Huerquén, Agrupación “la DON Juan Manuel”, Partido Kolina Salta, Pueblo de Tolombón Nación Diaguita, María del Carmen Verdú (activista antirrepresiva), Correpi Organización, Poder Popular, Punta Querandí, La Poderosa Resistencia Villera, Susana Trimarco (madre de Marita Verón), Partido Miles Capital, Fundación Servicio Paz y Justicia 1974-2018 y el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Los Chuschagasta difundieron estás adhesiones en su Página de Facebook y en el programa radial que tienen en Radio Raíces de la base La Higuera. También se sumaron el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza, la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales Naturales y Museo, en conjunto con el Laboratorio de Investigación de Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la Facultad de Trabajo Social, los dos últimos de la Universidad Nacional de La Plata.
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