CORPORACIONES RURALES EN LA PROVINCIA DE SALTA Y LA INTEGRACIÓN DE LA ELITE PROVINCIAL EN LA “REVOLUCIÓN ARGENTINA”

El presente artículo va a analizar la reorganización de las corporaciones rurales en la provincia de Salta en el marco de la nueva configuración política en Argentina a partir del derrocamiento del peronismo en el año 1955[1].

Nuestro planteo es que los realineamientos políticos y económicos de los grupos dominantes del país que comenzaron a tomar forma a partir de dicho momento, incluyeron a sectores de las provincias del interior, entre ellos la fracción tabacalera de la elite salteña. La integración de los productores de tabaco de la provincia de Salta en el nuevo esquema de poder, se realizó a partir de la reorganización de las instituciones agrarias de la provincia. Lo cual implicó una fractura de la Sociedad Rural Salteña, y con ella el quiebre de la hegemonía de un sector de los ganaderos locales.

Fue con el Golpe de Estado de 1966 cuando dicha cuestión se terminó de cristalizar de manera definitiva, y para que esto sucediera fue importante el desembarco de Adalbert Krieger Vasena en el Ministerio de Economía durante la presidencia del Gral. Juan Carlos Onganía. Como sostiene Eduardo Basualdo (2013), el proyecto del ministro buscó de alguna manera articular los intereses de las elites argentinas y los capitales extranjeros, con la finalidad de consolidar una nueva hegemonía que estabilizara el sistema político argentino y permitiese al mismo tiempo continuar con el proceso de industrialización.

Para el éxito de esta empresa era importante lograr primeramente un cierto grado de cohesión hacia el interior de los propios sectores dominantes de la Argentina. En función de esto es que fue necesario negociar y realizar ciertas concesiones sobre todo a las elites del interior del país. En el caso de la provincia de Salta el gran acuerdo con el gobierno nacional se concretó mediante la creación del Fondo Especial del Tabaco (FET).

Si bien en este trabajo mencionaremos los aspectos nodales de dicho instrumento, nuestro objetivo central será más bien el análisis de las reconfiguraciones políticas de las corporaciones rurales de Salta que hicieron posible la creación del FET[2]. De manera tal que en estas páginas a lo que apuntamos es, por un lado a describir el mapa de las instituciones de la provincia representantes del sector rural. Mientras que por otro a dar cuenta de las alianzas llevadas adelante por las mismas en la construcción de un nuevo liderazgo político, a la cabeza del cual estuvo la fracción de la elite provincial productora de tabaco.

El contexto temporal en el que se inserta este artículo es el que inició con el derrocamiento del segundo gobierno de Juan Domingo Perón en 1955. Una de las características centrales de este período fue la imposibilidad por parte de los distintos actores políticos de encontrar una salida consensuada a esta suerte de vacío de poder existente luego del derrocamiento del peronismo.

Esta situación fue calificada por Portantiero (1977) como de empate hegemónico, término este que alude a la capacidad de impugnación que cada una de las fuerzas sociales tenía sobre el proyecto político de los otros. Otra de las formas en que se analizó este periodo fue como de una crisis orgánica, en el sentido de que la hegemonía de las elites pampeanas se vio impugnada o más bien interpelada por los otros actores sociales. Lo cual llevó a las mismas a reorganizar el esquema de alianzas tanto al interior de las elites argentinas como con los diversos grupos económicos internacionales (Lazzaro, 2005; Baudino, 2012).

La debilidad de los principales actores de la sociedad argentina para lograr estabilizar el sistema político derivó en una etapa de inestabilidad institucional (De Riz, 2000) en el cual las corporaciones se transformaron en vehículos canalizadores de la política. Dentro de estas, sin lugar a dudas las propias Fuerzas Armadas ocuparon el lugar principal, dado que fueron las que asumieron de manera directa el control político en los Golpes de Estado de 1955 y 1966. Sin embargo tanto en uno como en otro, los militares argentinos actuaron más como brazo ejecutor de las elites nacionales que como actores independientes.

Es por esta razón que indagar sobre cuáles fueron los intereses a los que respondían y en especial cómo fueron las alianzas políticas que se tejieron hacia el interior de los sectores dominantes argentinos, resulta importante para una comprensión más acabada de la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. Por el rol estratégico como principal proveedor de divisas que el sector agrario desempeño históricamente en la economía del país, las corporaciones representantes del sector han sido objeto de numerosos trabajos. Los mismos abarcan desde los aspectos organizativos y las acciones llevadas adelante por las mismas (Míguez, 2014, Lattuada, 2006, Lázzaro, 2005, Sanz Cerbino, 2010 y 2016), las relación con el Estado y partidos políticos (Lázzaro, 2011, 2012, 2013; Lattuada, 1986 y 2008) y los análisis discursivos en la construcción de los liderazgos de sus dirigentes (Balsa, 2017; Gresores y Muro del Nadal, 2008).

Sin embargo el grueso de la historiografía sobre la temática de las corporaciones rurales hizo foco en las provincias que integran la región centro del país, ya que como mencionamos hace un momento la región pampeana es la zona productiva rural más importante de Argentina. Es por ello que entendemos que este trabajo tiene como uno de sus aportes el intento de avanzar en una visión más de conjunto de los procesos políticos y económicos del período post peronista. En este sentido la nota sobresaliente se encuentra en mostrar cómo la conformación de una nueva alianza de poder o nueva hegemonía a partir de 1955 incluyó a un sector de las elites del interior como fue el caso de la provincia Salta.

La estructura del trabajo constará de dos partes. En la primera vamos a analizar algunos aspectos de la estructura económica de la provincia de Salta a los fines de entender quiénes son los productores de tabaco. La segunda parte abordará la reorganización de las corporaciones rurales de la provincia.

Notas sobre los orígenes de la producción de tabaco en la provincia de Salta

En la provincia de Salta la producción de tabaco tiene lugar en la región central denominada Valle de Lerma. Esta zona desde el período colonial se destacó por ser un centro ganadero dentro del entonces Virreinato del Río de la Plata (Mata, 2005). Más precisamente era en las propiedades que las elites locales poseían en el Valle de Lerma en donde se realizaban la invernada y ferias de compra venta de ganado mular con destino a las minas de Potosí.

Las haciendas ganaderas nacieron a partir de las mercedes reales entregadas durante el período colonial, con lo cual en torno a la propiedad de la tierra en las provincias del norte argentino, se formó un grupo reducido de familias notables que incluso después de la ruptura del Orden Colonial mantendrían el control sobre los resortes del poder. Es decir, que tierra y comercio ganadero fueron desde aquellas épocas las bases de las riquezas y el poder político de las familias salteñas (Mata, 2000).

Las guerras de independencias y los posteriores procesos de construcción de los Estados nacionales, trajeron consigo un declive en la producción minera a nivel continental. No obstante, por su ubicación geográfica y por los lazos comerciales y sociales a lo largo de décadas, las familias salteñas nunca dejaron de mantener relaciones económicas con el sur boliviano y el norte chileno[3]. De manera tal, que a pesar del lento viraje hacia el Atlántico que la economía del actual territorio argentino atravesó con posterioridad a 1810, las elites de la provincia de Salta mantuvieron sus lazos comerciales con los puertos del Pacífico (Conti, 2017).

La situación cambió hacia finales del siglo XIX y principios del XX -es decir en la etapa que coincide con la consolidación del Estado Nacional Argentino-, en el sentido que el comercio ganadero mular pasó a ser predominantemente de ganado vacuno. Si bien el volumen del comercio vacuno era importante en términos de negocios para las familias locales, no es menos cierto que en una perspectiva más amplia de la actividad económica argentina en su conjunto, el comercio ganadero del norte era más bien marginal tal como lo refleja el siguiente cuadro.

Gráfico 1
Cifras aproximadas de ganado exportado a Chile
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Rodríguez Faraldo, M. (2014). Desarrollo del capitalismo en la provincia de Salta: la conformación del Complejo Agroindustrial Tabacalero en la segunda mitad del siglo XX. Tesis de Doctorado. CEA. Universidad Nacional de Córdoba y Correa, Rubén; Frutos, María; Abraham, Carlos; Torino, María (2003). Tendencias en la formación económico-social salteña durante el primer peronismo. 1943-1955. En Revista Escuela de Historia, (2).

Como se puede apreciar en el gráfico la exportación de ganado salteño distaba mucho de ser regular. Esto implicó que a pesar de ciertas etapas de crecimiento, tuviera serios inconvenientes en cuanto su capacidad para traccionar más allá de ciertos límites a la economía provincial en general y a la del Valle de Lerma en particular. Uno de esos condicionantes era la propia actividad y su baja demanda de inversiones, cuestión esta que se hacía más evidente en las zonas destinadas casi en su totalidad a la invernada como era el Valle de Lerma. A su vez lo escueto del mercado del norte chileno -más aún si lo comparamos con el inglés- y su fluctuante demanda, hacían que el volumen comerciado fuese ciertamente marginal en términos nacionales, lo cual repercutía en que la inversión en infraestructura como el ferrocarril fuese, a diferencia de la región pampeana, poco atractiva para el capital extranjero.

Esta situación se modificó a partir de la segunda mitad del siglo XX y la llegada del peronismo al poder. A escala provincial, el sector de los ganaderos dedicados sobre todo a la invernada de ganado fue el que rápidamente tejió alianzas con el gobierno nacional. Esto les permitió mantener los resortes del poder en la provincia, y al mismo tiempo lograr la construcción definitiva de las vías de ferrocarril con destino a Chile (Benedetti, 2005).

Por otro lado la ampliación del mercado interno nacional, más el impulso que el peronismo dio a la industrialización sustitutiva de importaciones y las mejoras en la distribución del ingreso a nivel nacional que dicho gobierno trajo consigo, todas ellas se conjugaron para desempeñar un rol fundamental en el desarrollo de la industria nacional de cigarrillos (Rodríguez y Zilocchi, 2012).

Durante gran parte de la primera mitad del siglo XX el grueso de la producción de cigarrillos en Argentina era a partir de tabaco oscuro, razón por la cual en las primeras décadas fueron las provincias del Litoral -principalmente Corrientes- las que mayor participación tuvieron en la producción total del país (Girbal Blacha, 2007 y 2009). No obstante esto no impidió que las empresas instalasen plantas de acopio de tabaco en la región del Valle de Lerma de la provincia de Salta. Con lo cual ya desde los inicios de la industria argentina de cigarrillos la provincia estuvo presente, aunque su participación a nivel nacional en lo que hace a producción de tabaco apenas si superaba el 10%. Aún a pesar de esta magra contribución, lo importante a destacar es el hecho de que la producción de tabaco local desde entonces disponía de un mercado nacional en donde colocar su producción.

El salto cuantitativo de la producción tabacalera salteña fue más relevante a partir de 1950 en adelante, cuando a partir de cambios en el mercado mundial del tabaco tales como modificaciones de inversión y patrones de consumo (Mahony, 1992), el tabaco claro de tipo Virginia -el de mayor producción en Salta- desplazó al oscuro en las mezclas de los cigarrillos. A partir de entonces el Valle de Lerma asistió a un crecimiento sostenido en el número de explotaciones tabacaleras (Giménez, 2004). Es decir que en la segunda mitad del siglo XX la producción de tabaco representó para un sector de los ganaderos de dicho lugar un nuevo rumbo productivo.

Si el mayor consumo de tabaco claro impulsó su demanda, lo que terminó de consolidar la expansión de este cultivo en el Valle de Lerma fue que a partir de la década de 1960 el sector tabacalero contó con una política específica por parte del Estado nacional como fue la creación del Fondo Especial del Tabaco (FET).

El FET[4] se creó en febrero de 1967 por medio de la Ley Nacional N°17175 con el objetivo de ayudar a la tecnificación del sector primario a partir de una mejora en el precio de la materia prima[5]. Con la idea de que mejores precios favorecerían una mejor producción tanto en volumen como en calidad, el FET buscaba favorecer la acumulación de productor rural y garantizar a la industria una oferta estable de tabaco. Un sector industrial que dicho sea de paso, durante la etapa de Juan Carlos Onganía como presidente, asistió a un proceso de extranjerización de las empresas de capital nacional por parte de las compañías de cigarrillos norteamericanas, inglesas y alemanas (CEPAL, 1986).

Los recursos del FET provendrían de una caja que se formaría a partir de 5 pesos moneda nacional que se cobraría por cada paquete de 20 cigarrillos, y que las compañías de cigarrillos debían de depositar todos los meses en una cuenta especial que estaba a la orden de la entonces Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería[6]. La distribución del dinero a los productores tabacaleros se hacía en base a los kilos de tabaco que estos entregaran a los acopiadores. Es decir que en resumidas palabras, el FET era una caja que se financiaba con el conjunto de los fumadores argentinos.

Ahora bien, cómo fue posible la creación del fondo tabacalero y quiénes intervinieron en su creación es lo que abordaremos a continuación.

Reorganización de las corporaciones rurales de la provincia después de 1955

Como mencionamos al inicio del apartado anterior, la provincia de Salta se destacó desde la etapa colonial por ser un centro ganadero. Esta actividad estaba en manos de las familias tradicionales salteñas, la mayoría de las cuales tenía propiedades en el Valle de Lerma. Sin embargo, este reducido núcleo de familias distaba de ser un bloque homogéneo, ya que a pesar que los unía la necesidad de mantener el comercio ganadero con el Pacífico, se podían distinguir dos sectores con diferentes intereses como fueron los criadores e invernadores.

Los segundos fueron los que mejor lograron su inserción dentro las alianzas oligárquicas de fines del siglo XIX y principios del XX que dieron origen a la Argentina moderna. El núcleo articulador fueron las relaciones comerciales con los terratenientes pampeanos y del litoral para la compra de ganado, que luego de engordado en Salta se exportaba a los mercados del Pacífico. Estas aceitadas relaciones permitieron que varios miembros de la elite salteñas integraran los gabinetes ministeriales nacionales durante el llamado Orden Conservador (Justiniano, 2010; Quintían, 2015).

Los criadores, por su parte, aunque también lograban exportar vacunos a Chile, tenían una participación inferior en el negocio de la exportación en relación a los invernadores. Esto se debía principalmente a que la carne de las vacas locales era de calidad inferior en comparación con la de las razas provenientes del centro del país, con lo cual la demanda de las reses criollas fue menor en relación a las segundas (Rodríguez, 2014).

A pesar de estas diferencias entre ambos grupos, todos ellos se encontraban nucleados en la Sociedad Rural Salteña (SRS). Esta corporación fue fundada en abril de 1900, y hasta la década de 1950 fue la principal institución de representación y defensa del sector rural provincial. Los ganaderos pertenecientes a las familias tradicionales eran quienes hegemonizaban la conducción de la misma, y las presidencias rotaban entre el sector de los criadores y los invernadores. A pesar de los conflictos de intereses entre ambos grupos, al menos hasta la segunda mitad del siglo XX, se mantuvo la convivencia dentro del mismo organismo.

No obstante, la grieta entre unos y otros se profundizó con el peronismo, debido a que la alianza que estableció el grupo de los invernadores con Perón (Michel, 2004) -que llevó a Lucio Cornejo Linares[7] a la gobernación pero que en la práctica estaban encabezados por la familia Durand[8]- les permitió a estos obtener casi el monopolio del comercio ganadero con Chile. Así como también desplazar a muchos ganaderos -principalmente a los criadores- del negocio de la carne, y hacerse con el control del Estado provincial. Este hecho derivó en que la tensión entre ambos sectores aumentase por el aditamento de que ya no solo era una disputa motorizada por motivos económicos, sino que a partir de 1945 se tiñó también del conflicto peronismo y antiperonismo.

Es por ello que 1955, año en que el gobierno nacional de Juan Domingo Perón era embestido cada vez con mayor fuerza por la movilizaciones de la oposición política y por una parte de las Fuerzas Armadas, en la provincia de Salta se creó una nueva corporación de productores del norte argentino denominada Cámara Regional de la Producción (CRP). La iniciativa surgió en Salta a mediados de dicho año, pero fue recién en septiembre -unos días antes de los bombardeos a Plaza de Mayo y la consumación del Golpe de Estado-, cuando quedó constituida formalmente al ganar las elecciones la lista encabezada por los productores tabacaleros del Valle de Lerma.

Como el peronismo todavía estaba en el poder a nivel nacional y provincial, en las elecciones que se debían realizar necesariamente para oficializar formalmente la institución, el sector de los ganaderos locales aliados al peronismo logró presentar una lista propia con el claro fin de controlar el nuevo organismo patronal. Es así que las listas fueron:

Lista 1 (ganadora) y cargos ocuparon en la estructura de la organización: Presidente: Darío Arias[9]; Vicepresidente: Carlos D’Andrea[10]; Secretario General: Guillermo Solá[11]; Secretario de Finanzas: Luis Villa; Secretario de Tabacaleros: Juan Solá[12]; Secretario de la Rama Pimentón y Ají: Lucio Cornejo; Secretario de Tambos: Josué Campos; Secretario de Ganadería: Jorge Jovanovies; Secretario de Fruticultura y Horticultura: José Casares; Secretario de la producción de Algodón: Eduardo Arias[13].

Lista 2 (perdedora): Presidente: Jaime Duran[14]; Vicepresidente: Martín Saravia[15]; Secretario General: Zenon Torino[16]; Vocales: Néstor Burgos, Luis María Patrón Costas[17], Ricardo Figueroa Linares, Guillermo Saravia, Mariano Saravia[18], José María Sanz Navamuel[19]

En el plano discursivo la CRP se creó como una institución para la profesionalización y tecnificación del agro salteño en su conjunto, ya que se señalaba que la SRS había quedado en los últimos años como un organismo dedicado principalmente a salvaguardar los intereses de los ganaderos, con una visión tradicional y desfasada de los avances tecnológicos de la época[20]. De hecho la nueva institución contaba con secretarías divididas por sector productivo, lo cual generaba la impresión de pretender contener a gran parte de las producciones rurales de la provincia.

Sin embargo, si analizamos su creación en el contexto de las disputas económicas y políticas entre los propios ganaderos salteños, podemos extraer otras conclusiones. En realidad, su fundación fue una escisión dentro de la misma oligarquía provincial con el objetivo de reacomodarse política y económicamente en el plano nacional, a partir del nuevo mapa político que se abría con el inminente derrocamiento de Perón.

Algunos de los elementos que nos ayudan a sustentar esto son: en primer lugar, quienes la conformaban eran aquellos que habían quedado relegados del negocio del comercio ganadero. En su gran mayoría, a pesar que todavía mantenían intereses en la ganadería, eran al momento de la creación de la CRP fundamentalmente productores de tabaco. Como explicamos en párrafos anteriores, para un sector importante de los ganaderos del Valle de Lerma, en especial los que se dedicaban a la cría de ganado, el tabaco representó una nueva alternativa productiva. Aunque ciertamente tanto las familias Durand como los Patrón Costas, o los hermanos Martín y Mariano Saravia también hicieron negocios con la venta de tabaco, a diferencia de quienes conformaron la lista ganadora de la CRP, para todos ellos su principal base de negocios continuaba siendo la ganadería -y también el azúcar para la familia Patrón Costas-.

En segundo lugar, la idea de que la CRP era una corporación que incluía a todos los sectores productivos era relativa por la razón que los secretarios de sectores como por ejemplo del pimentón y el algodón en realidad eran tabacaleros y ganaderos. En la provincia de Salta el grueso de la producción pimentera y algodonera se realizaba por entonces en pequeñas explotaciones ubicadas en el caso de la primera en los Valles Calchaquíes y la segunda en el Chaco Salteño. Tanto Lucio Cornejo -Secretario de Pimentón y Ají- como Eduardo Arias -Secretario de Algodón- su vínculo con esas producciones no era precisamente su rol de productores sino de dueños de las tierras en donde estas se llevaban a cabo y por las cuales solo cobraban un arrendamiento, ya que como como dijimos tabaco y ganadería eran sus principales actividades.

En tercer lugar, estaba la cuestión fundamental de que a pesar de que el tabaco poco a poco se consolidó como una producción relevante en el Valle de Lerma, aun así no fue objeto de una política específica ni antes ni durante el período peronista. Es cierto que las mejoras en la distribución del ingreso y la ampliación del mercado interno durante el gobierno de Perón permitieron al sector beneficiarse del aumento en el consumo de cigarrillos. Pero a diferencia de otras producciones regionales, la producción tabacalera no contaba con una dependencia nacional destinada a mediar entre los intereses de los productores rurales y la industria. Recordemos que el Departamento de Tabaco se dedicaba esencialmente al relevamiento estadístico, y no estaba entre sus funciones diagramar políticas o distribuir recursos como sucedía con la Junta Nacional de Carnes o el Fondo Azucarero por mencionar dos ejemplos.

En resumen, la creación de la CRP fue el movimiento que realizó un sector de la elite salteña para lograr una mejor posición de negociación de cara al cambio político después de 1955. La iniciativa claramente fue liderada por los productores tabacaleros en alianza con un sector de los ganaderos, aunque no debemos perder de vista que la idea de dividir el organigrama de la CRP por sector productivo fue importante como estrategia de la organización para granjearse el favor de los pequeños productores aunque sin reconocerles voz y voto en el organismo. Esto incluso fue extensivo a los agricultores de la provincia de Jujuy, ya que el nombre “Regional” se debió a que la institución incluyó originariamente en su estructura a productores jujeños, los cuales casi en su totalidad se dedicaban al cultivo del tabaco en los Valles Centrales.

Nuevas corporaciones y alianzas

A juzgar por lo que sucedió años después, la creación de la CRP fue un éxito, ya que en 1957 los gobernadores interventores de Salta y Jujuy con el aval del gobierno nacional de Pedro Eugenio Aramburu, crearon la Cámara Arbitral de Tabacos de Jujuy y Salta (CATJS). Para el inicio de sus actividades los gobiernos de ambas provincias otorgaron a la nueva entidad m$n 1000000 dividido en parte iguales y a cancelarse en dos años[21]. Esta institución dependía orgánicamente de la CRP, y sus directivos -salvo presidente y vice- eran designados por productores e industriales, con lo cual cada sector contaba con representación en el directorio. En todos los casos la Secretaría de Agricultura de la Nación era quien refrendaba a las personas propuestas.

En el organigrama, la presidencia y la vicepresidencia correspondían a representantes de los poderes ejecutivos de Salta y Jujuy. A los productores rurales se les otorgaba dos representaciones, y a la industria también dos, aunque en este caso debemos aclarar que técnicamente era uno para los acopiadores y uno para los fabricantes de cigarrillos. Como por entonces los llamados “dealers”[22] no tenían presencia en alguna en las dos provincias en las cuales la CATJS tenía jurisdicción, los industriales del cigarrillo solo contaban con un representante.

Entre los primeros directivos por parte de los tabacaleros que ocuparon puestos en la CATJS podemos destacar a Eduardo Arias y Miguel Ángel Martínez Saravia[23]. En el caso del primero confirma nuevamente lo que mencionamos sobre que la CRP fue esencialmente una movida política de los tabacaleros, y la inclusión de los otros sectores productivos era solo una estrategia para acumular fuerzas. Recordemos que en la fundación de la CRP, Arias fue “Secretario del Algodón” cuando en realidad su negocio era el tabaco. Y en el caso del segundo, para 1957 comenzaba a emerger como figura política relevante dentro del radicalismo salteño.

La CATJS, como su nombre lo indica, fue el primer organismo cuyo objetivo fue mediar entre el sector de productores rurales y la industria. Nótese la importancia de este hecho en el sentido de que el cultivo del tabaco también se realizaba en provincias como Misiones y Corrientes -que como dijimos era principalmente tabaco oscuro-, sin embargo fueron los productores salteños en alianza con los jujeños, los que crearon para el norte una institución de mediación para el sector tabacalero que antes no existía en ninguna parte del país. Es decir que el peso político de las elites norteñas a nivel nacional era para entonces tan importante como para lograr el reconocimiento de una institución propia por parte del Estado Nacional.

En este mismo sentido, el otro punto significativo de su fundación estaba en los alcances prácticos del organismo. Además de recabar información estadística y realizar empadronamiento de productores e industria, en los incisos h y j del artículo 4 del Decreto Ley que creó la CATJS estaban contemplados dos núcleos centrales de las demandas de los productores tabacaleros salteños. El inciso h establecía que el organismo debía de realizar anualmente estudios de costos tanto del sector rural como industrial a los fines de arribar a mejores conclusiones sobre el funcionamiento de la producción en su conjunto. Mientras que el j le otorgaba a la nueva entidad la capacidad de proponer a los poderes ejecutivos nacional y provinciales la legislación que considerase necesaria para el óptimo funcionamiento del sector[24]. Es decir que los productores tabacaleros lograron que sus opiniones fuesen consideradas en futuros marcos normativos tanto por el Estado Nacional como por los Estados provinciales de Salta y Jujuy.

Esto consolidó a esta fracción de la elite norteña dentro del escenario político post peronista como uno de los actores políticos de mayor relevancia a nivel local, y en cierta forma también nacional. Y desde el punto de vista económico los situó en óptimas condiciones para avanzar sobre el principal de sus reclamos: el precio del tabaco.

Ya desde el momento en que se creó la CRP, al año siguiente, en 1956, viajó a Buenos Aires una comitiva encabezada por Darío Arias y Carlos D’Andrea con el objetivo de entrevistarse con funcionarios nacionales y gestionar alguna solución en torno al precio que los productores vendían el tabaco a la industria. Al mismo tiempo, desde el lado de las empresas de cigarrillos se expresó que no podían cancelar la totalidad de las compras hechas a productores, así como tampoco adelantar futuros desembolsos a estos -lo cual dificultaba a los productores el financiamiento de la campaña siguiente- debido al aumento de los costos de producción y a la falta de liquidez. Esto último, según los representantes de las empresas, se debió a que durante los últimos años del peronismo el Banco Industrial se negó a darles accesos a líneas de crédito específicas para atender las necesidades del sector[25].

Las soluciones que se brindó a los reclamos fueron más bien temporarias. Por un lado, la sucursal provincial del Banco Nación otorgó créditos especiales para el financiamiento de la siguiente campaña a los productores salteños de tabaco. Y por otro lado, por gestión de José Alfredo Martínez de Hoz (h) -entonces Ministro de Economía de la Provincia de Salta- llegó a Salta una misión comercial de Alemania Federal para analizar futuras inversiones. Entre ellas estaban contempladas la instalación de nuevos ingenios azucareros -lo que nunca sucedió-, explotación minera -recién se avanzaría tenuemente en la década de 1960- y la compra de tabaco. Alemania ya compraba parte del tabaco salteño aunque no superaba las cien toneladas, por ello la negociación era aumentar considerablemente el volumen negociado.

Las opciones anteriores claramente estaban lejos de satisfacer la demanda del sector rural por una mayor intervención por parte del Estado para obtener mejores precios por el tabaco. Es por ello que entendemos que la creación de la CATJS en 1957 significó una concesión a las elites salteñas por parte del poder central. Sin embargo, a pesar que la misma establecía un marco regulatorio y abría la puerta para discutir medidas concretas, por ejemplo sobre el tema precio, la CATJS no llegó a fijar una política específica sobre esto último sino que más bien posibilitó continuar con medidas como créditos y adelantos de pagos por parte de las empresas.

El cambio definitivo en la cadena agroindustrial de tabaco se dio recién la década del ’60, y más precisamente con la llegada de Juan Carlos Onganía y Krieger Vasena al poder. No obstante previo a ello, unos años antes sucedió en la provincia un hecho de suma importancia y sin el cual resultaría difícil explicar lo que vino después.

En 1963, al igual que sucedió en muchas provincias del país, en la provincia de Salta el peronismo ganó las elecciones bajo la denominación de Movimiento Popular Salteño[26]. El líder de esta fuerza y gobernador electo -nuevamente- fue Ricardo Joaquín Durand. Es decir que la fracción de los ganaderos aliados al peronismo volvía a retomar el control político de la provincia de Salta. Como las presidencias de la CRP y la CATJS eran refrendadas por el poder ejecutivo provincial, haber ganado las elecciones provinciales les permitía a estos impugnar y bloquear todo intento de negociación a los tabacaleros que habían creado a dichas corporaciones.

Los productores salteños de tabaco ante la reorganización del peronismo local y su inminente triunfo en las elecciones, pero sobre todo atentos de los costos políticos que esto implicaba, unos meses antes realizaron una maniobra en vistas mantener las conquistas obtenidas hasta el momento. En el mes de junio de 1963 el tabacalero Miguel Ángel Martínez Saravia que por entonces ocupaba la presidencia de la CRP[27], impulsó la creación de la Cámara del Tabaco de Salta (CTS), la cual que quedó formalmente constituida en el mes de septiembre -Durand asumió en la gobernación en octubre-. Orgánicamente la CTS funcionaba como una entidad dentro de la CRP, no obstante la nueva corporación tabacalera poseía financiamiento propio que provenía de una retención del 1% sobre la venta de tabaco hecha por sus socios. Es decir que la CRP redujo gran parte de sus ingresos por aporte de socios -por el hecho que los tabacaleros ahora aportaban a su nueva entidad- y de alguna manera en la realidad la dependencia entre ambas cámaras era inversa a lo que expresaban el organigrama, toda vez que para su funcionamiento las autoridades de la CRP debían de negociar fondos con la CTS que es la que tenía mayor ingreso.

Al igual que lo que sucedió con la CRP, en el caso de la CTS, su primera comisión directiva reflejó la estrategia por parte de sus creadores de ganarse el apoyo de los productores cuyos orígenes sociales no los situaba como miembros de las familias tradicionales locales.

El primer presidente fue Guillermo de Winter -productor descendiente de inmigrantes holandeses y por entonces secretario de la CRP-, pero en realidad quien articulaba a toda la nueva corporación era su Tesorero -y sucesor de Winter en la presidencia- Teodoro Conejo Becker, quien era además cuñado de Miguel Ángel Martínez Saravia (Rodríguez y Zilocchi, 2012). En otras palabras, la creación de la CTS fue una jugada política en dos sentidos, el primero porque los tabacaleros buscaban lograr independencia de la fracción de ganaderos que retomaba a la gobernación de la provincia. Mientras que el segundo debe leerse como un posicionamiento también en el plano personal del Radical Martínez Saravia como líder tanto de la fracción tabacalera de la elite salteña, como así también de la oposición política al peronismo provincial.

Sin lugar a dudas el principal objetivo de la CTS fue convertirse en la herramienta que les permitió a los tabacaleros mantener sus márgenes de maniobra de cara a futuras negociaciones con el Estado Nacional, independientemente de quien ocupase el ejecutivo provincial -quien tenía la potestad de nombrar directamente a los presidentes en el caso de la CATJS-. En este sentido la principal demanda del sector continuaba siendo políticas específicas para el precio del tabaco, y la solución concreta llegó en el año 1967 con la creación del Fondo Especial del Tabaco.

Krieger Vasena recién hizo oficial su plan económico a principios del mes de marzo de 1967, ya que en sus propias palabras “era necesario realizar un análisis a fondo de la situación argentina, actualizar un diagnóstico sobre el estado en que se estaba viviendo, tanto en lo económico como en lo social, y luego sí preparar un programa a seguir”[28]. No obstante resulta interesante constatar que el anuncio de la creación del fondo tabacalero fue antes, es decir en el mes de febrero. ¿A qué se debía el apuro sobre una medida que era demandada por una parte de la elite local desde hacía por lo menos diez años?

El Golpe de Estado de 1966 -al igual que como sus antecesores- triunfó por la fuerza de las armas. Sin embargo para gobernar estas no son suficientes debido a que hace falta necesariamente consenso político, es decir negociar con el resto de los actores sociales y realizar concesiones para obtener su venia. De manera tal que el FET fue eso, la concesión a un sector de la elite salteña -cuyos líderes además eran antiperonistas- que se consolidaba como actor político y económico de importancia dentro de la provincia.

Nuestro planteo de que el fondo tabacalero fue el instrumento que posibilitó la alianza política de las elites salteñas con el gobierno nacional, se refuerza por la propia naturaleza económica del FET. En otras palabras, este iba en contra de los propios postulados del desarrollismo eficiente que postulaba Krieger Vasena, ya que recordemos que el objetivo original del gobierno militar, y sobre el cual el ministro de Economía se basó para el armado de su plan económico, era favorecer la acumulación de los sectores más eficientes de la economía (Jáuregui, 2018). Sin embargo el FET implicaba un subsidio al precio del tabaco por parte del Estado Nacional vía impuestos, o expresado de otra manera, la población en su conjunto favorecía la acumulación de un sector económico que si fuera por las reglas de la oferta y la demanda encontraba serias dificultades para su pleno desarrollo.

Respecto a esta aparente contradicción entre el programa económico y la naturaleza del fondo tabacalero, retomar nuevamente las palabras del propio Vasena resulta esclarecedor: “Yo inventé el FET. No sabía lo que estaba firmando. Pensé que se trataba de algo insignificante y terminó siendo un monstruo”[29]. A modo de justificativo del ministro de Juan Carlos Onganía, debemos decir que al FET lo creó con carácter transitorio, ya que apuntaba a compensar los costos de producción de los tabacaleros ante la inminente devaluación. Pero más allá de esta cuestión económica, el punto central en este momento de nuestro relato es entender que para Krieger Vasena -y por consiguiente para el Gral. Onganía- la consolidación política del gobierno militar era más urgente que detenerse en las futuras implicancias económicas del FET.

Recordemos que la presidencia de Juan Carlos Onganía había comenzado con un traspié a razón del desplazamiento de Jorge Salimei de la cartera de hacienda, producto del rechazo que habían suscitado algunas de sus ideas en una parte del empresariado y en el sector agroexportador (Rapoport, 2000). Por lo tanto lo primero que urgía era estabilizar políticamente al régimen, y para ello las herramientas eran las negociaciones y concesiones que generaran cierto consenso con las elites argentinas, para poder luego aplicar plenamente el programa económico.

En este sentido la fracción de la élite provincial vinculada a la producción de tabaco venía posicionándose económicamente como un sector dinámico y en crecimiento -en comparación con el resto de las producciones de la provincia-, y desde el punto de vista político habían logrado también crear su propios organismos corporativos para la defensa de sus intereses. Es por ello que no resulta un hecho al azar que Krieger Vasena apuntara a congraciarse con estos. Además, al momento de creación del FET, el gobierno del Gral. Onganía nombró como gobernador interino a un militar azul y antiperonista cuyo apellido también nos ayuda a dar más sustento a nuestro argumento.

El hombre en cuestión fue el salteño Héctor D’Andrea, es decir un miembro de la familia tabacalera que había creado la CRP y CTS. Tampoco resulta un hecho fortuito que su nombramiento coincidió con la compra por parte de los capitales alemanes de empresas argentinas de cigarrillos, decimos esto porque durante la última etapa de la Revolución Libertadora, D’Andrea fue embajador en la República Federal de Alemania. Si a estos agregamos que entre las empresas a las que la familia vendía su producción, estaba entre las principales la empresa Piccardo, son muchas coincidencias en tiempo y lugar[30].

El caso del Gral. Héctor D’Andrea no es el único, debido a que en enero de 1967 fue designado gobernador de la provincia de Jujuy el salteño Darío Felipe Arias. Al igual que el primero, Arias era productor de tabaco y como mencionamos previamente fue el primer presidente de la CRP.

En breves palabras, los productores tabacaleros fueron la fracción de la élite salteña que mejor logró posicionarse en la primera etapa de la Revolución Argentina. En la provincia accedieron al poder y a nivel nacional lograron insertarse dentro de la nueva alianza que se gestaba entre las elites argentinas y el capital extranjero a partir del programa de Krieger Vasena y Juan Carlos Onganía.

Conclusiones

A lo largo de estas páginas se analizó la reorganización de las corporaciones rurales de la provincia de Salta luego del Golpe de Estado de 1955. El derrocamiento del segundo gobierno peronista inauguró en Argentina una etapa que se caracterizó por una compleja inestabilidad política e institucional, a partir de la cual los diversos sujetos sociales intentaron rearmar el sistema de alianzas políticas.

En este período en donde la actividad de los partidos estaba fuertemente condicionada -o vedada en el caso del peronismo-, las corporaciones representantes de los intereses de los diversos sectores sociales argentinos poco a poco ocuparon un rol cada vez más relevante como centros de actividad política. Por la relevancia económica que el sector agrario tiene como fuente genuina de divisas para la economía Argentina, es importante tener en cuenta el protagonismo que adquirieron en esta etapa las corporaciones de dicho sector.

Como hemos podido estudiar en este artículo, en las provincias del interior, también se dio una marcada intervención en política por parte de estas instituciones. En este sentido, la provincia de Salta, presenta como nota saliente el hecho que la reorganización de las corporaciones rurales presentes en la misma dio origen a nuevas agrupamientos de productores rurales. Este hecho expresó el correlato a nivel regional del proceso de estructuración de un nuevo esquema de poder que las elites argentinas atravesaron luego del fin del peronismo.

A escala provincial, fue la fracción de la elite que encontró en el cultivo del tabaco una nueva fuente de negocios, la que mejor logró su integración dentro del nuevo escenario político nacional. Este proceso tuvo su corolario con el Golpe de Estado de 1966, y la llegada de Krieger Vasena al gabinete de gobierno del entonces presidente Gral. Juan Carlos Onganía.

El objetivo del proyecto político del ministro de economía de conciliar en un proceso de síntesis los intereses de las elites argentinas con el capital extranjero, exigía necesariamente un cierto grado de cohesión previo entre los propios sectores dominantes argentinos. Es por ello que el funcionamiento de la nueva alianza de poder, con eje sobre todo en los grupos económicos pampeanos, debía de incluir a las elites de las provincias del interior del país en aras de dicho consenso.

Al suprimirse los mecanismos legislativos de deliberación política por parte del gobierno militar, las corporaciones adquirieron un rol estratégico como nexos entre el gobierno y las elites. En el caso de la provincia de Salta, la negociación y concesión fue al sector de la oligarquía provincial comandada por los productores tabacaleros, los cuales se nuclearon alrededor de corporaciones propias. El instrumento que selló el pacto fue la creación del Fondo Especial del Tabaco, el cual vino a consolidar económicamente el proceso de reconversión productiva que este grupo venía atravesando desde hacía unos años.

El hecho que la elite tabacalera de la provincia fundara sus propios espacios corporativos de representación, quebró la hegemonía que la Sociedad Rural Salteña tenía hasta entonces como la principal corporación rural de la provincia de Salta. Esto no implicó que su importancia como la principal corporación ganadera salteña dejara de ser tal. Pero lo que sí dejó de representar es al conjunto de los intereses de los sectores rurales locales. En contrapartida, la creación por parte de los tabacaleros de sus propias corporaciones les permitió situarse en un rol de avanzada dentro de nuevo mapa político de Argentina. Esto se hizo evidente tanto con la creación del mencionado fondo tabacalero, pero más aun con el acceso al control político de la provincia de Salta durante la presidencia de Juan Carlos Onganía. Como se analizará en futuros trabajos, aun después de finalizada la etapa de la Revolución Argentina, esta emergencia política y económica de la elite tabacalera salteña les permitirá en las décadas siguientes consolidar una nueva hegemonía dentro la provincia de Salta.

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Notas