Resumen: El objetivo general de este artículo es aportar a la construcción de una nueva agenda de investigación sobre desigualdades en el sistema agroalimentario argentino. En particular, es nuestro interés visibilizar el rol que ocupa la agricultura familiar en la producción de dichas desigualdades. Las investigaciones a nivel internacional sostienen que una de las principales dificultades reside en el carácter oculto de muchas desigualdades. Esto implica que las mismas no se reflejan en las estadísticas tradicionales. Con este trabajo, de carácter exploratorio, buscamos indagar y proponer nuevas formas de investigar la desigualdad en este sector social y productivo. Para ello, entendemos que es necesaria una nueva perspectiva teórico-metodológica. La misma será construida desde la observación del caso argentino.
Palabras clave: desigualdad, sistema agroalimentario, agricultura familiar.
Abstract: The general aim of this article is to contribute to the construction of a new research agenda on inequalities for the Argentine agri-food system. In particular, our interest is to make visible the role of the family farming in the production of these inequalities. International research maintains that one of the main difficulties lies in the hidden nature of many inequalities. This implies that these are not reflected in traditional statistics. With this exploratory work, we seek to investigate and propose new ways of investigating inequality in this social and productive sector. For this, we understand that a new theoretical-methodological perspective is necessary. It will be built from the observation of the Argentine case.
Keywords: inequality, agri-food system, family farming.
Dossier
DESIGUALDAD, TERRITORIO Y AGRICULTURA FAMILIAR. DISCUSIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
INEQUALITY, TERRITORY AND FAMILY FARMING. THEORETICAL-METHODOLOGICAL DISCUSSIONS
Recepción: 01 Octubre 2020
Aprobación: 28 Enero 2021
La desigualdad es uno de los temas más acuciantes de nuestra sociedad. Como sostiene Thomas Piketty, “el aumento de las desigualdades es, junto con el calentamiento global, uno de los principales retos a los que el planeta se enfrenta a comienzos del siglo XXI” (Piketty, 2019, p. 784). Por otro lado, es un tema entre los de mayor producción de las ciencias sociales. Comprende tanto las desigualdades sociales de base económica (ingresos, rentas, riquezas) como las referidas al acceso a derechos (educación, salud, hábitat, ambiente sano, cultura, justicia, seguridad, información).
En el presente trabajo consideramos necesario construir una nueva perspectiva teórico-metodológica para indagar las desigualdades del sistema agroalimentario argentino y, en particular, para comprender más certeramente el rol de la agricultura familiar en la producción de dichas desigualdades.
Las investigaciones de nivel internacional sostienen que una de las principales dificultades reside en el carácter oculto de las desigualdades en general (sociales, económicas, identitarias, etc.). Esta característica implica que los sistemas estadísticos disponibles no reflejen adecuadamente estas desigualdades.
El trabajo que aquí abordamos es de carácter exploratorio y se dirige a indagar y proponer nuevas formas de investigar la desigualdad focalizando, en particular y en primera instancia, en la problemática de la agricultura familiar del agro argentino.
Asimismo, buscamos desarrollar una perspectiva teórico-metodológica sustentada en la interrelación entre desigualdad y territorio. Para ello recurrimos a herramientas provenientes de distintas disciplinas de las ciencias sociales.
Partimos de la discusión sobre desigualdad de ingresos originada en los aportes clásicos de la economía, tratando de centrarnos en la desigualdad de la riqueza. Asimismo indagamos en la necesidad de reconocer otras diferenciaciones sociales para comprender esta problemática.
Consideramos, asimismo, que las disparidades asociadas con la distribución de recursos, rentas y derechos deberían ser observadas y analizadas desde las disputas por el territorio. Creemos que existe una interrelación entre desigualdad y territorio que permite identificar nuevas especificidades y explicaciones en el campo del análisis de la desigualdad. Para lo cual necesitamos recurrir al estudio del poder que define y determina: (i) las prácticas territoriales; ii) las políticas de desarrollo y (iii) el contexto ideológico dominante.
Finalmente, consideramos que una nueva agenda sobre desigualdad en el agro requiere identificar y reflexionar sobre las fuentes (disponibles o no) necesarias para investigar y conocer esas ‘nuevas formas de desigualdad’. Específicamente nos referimos a información secundaria (cuantitativa) orientada a profundizar en la articulación entre desigualdad y territorio y a visibilizar la situación del sector de la AF.
En definitiva, buscamos un mayor conocimiento y una mejor comprensión de la problemática de la desigualdad, objetivo al que también se dirigen los artículos de este Dossier.
La temática de la desigualdad ocupaba un lugar destacado en la producción académica de las ciencias sociales aún antes del desafío lanzado por Thomas Piketty, en el 2014 con la edición en inglés del libro El Capital en el Siglo XXI. Sin embargo, fue por esta publicación que la cuestión de la desigualdad adquirió un alcance masivo y global.
De todos modos, el estudio académico sobre la desigualdad es muy anterior a Piketty (más allá del éxito científico y mediático de su obra).[1] Los orígenes del análisis de la desigualdad se remontan a varias décadas atrás y, principalmente, al ámbito de la economía, aunque posteriormente se amplió a otras disciplinas (como la sociología, la filosofía, la geografía, etc.). En lo que sigue nos referiremos a algunas de las principales posturas que enmarcaron los estudios acerca de la desigualdad y que nos interesa subrayar, especialmente para el contexto de análisis que aquí proponemos.
Los primeros antecedentes, en el campo de la economía, aparecen con los debates sobre el “óptimo de Pareto” a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Sin embargo, la mayor parte de la literatura actual refiere como origen de las modernas preocupaciones igualitaristas a la hipótesis de Simón Kuznets. Este autor sostenía que la desigualdad era no solo esperable, sino necesaria. Que “las oscilaciones en la desigualdad de ingresos deben verse como parte de un proceso de crecimiento económico correcto” (Kuznets, 1955, p. 21).[2] La desigualdad crecía porque la transferencia de capital de la agricultura a la industria requiere en etapas iniciales, altas inversiones en capital constante (maquinarias, infraestructuras, etc.) que conllevan a un menor gasto en fuerza de trabajo.
Esta hipótesis se fortalecía con la idea dominante de que una economía moderna debe trasladar todos sus esfuerzos desde el sector primario (principalmente agrario) al secundario (industrial). Justificado también por la idea de ‘primero hay que crecer, para luego distribuir’. Actualmente ello viene siendo desmentido por la evidencia que muestra que, a pesar de décadas de crecimiento, la desigualdad se mantiene e incluso aumenta.
En la misma época emergieron postulados desde la filosofía moral, como los de John Rawls (2006) que sostenía que las desigualdades eran justificables en el marco de un sistema que garantizase igualdad de oportunidades y compensaciones para los sectores más pobres. Se trata de argumentaciones científicas y políticas dirigidas a acreditar el modo desigual de desarrollo de aquella etapa. Con estos planteos, la desigualdad comenzó a trasvasar el terreno de la economía, incluso en los análisis de muchos economistas.
Uno de ellos fue el economista indio Amartya Sen quien en su libro Sobre la desigualdad económica planteó la existencia de una “naturaleza dual” de la desigualdad buscando “captar la extensión de la desigualdad en algún sentido objetivo”, al tiempo que planteaba la construcción de “índices que miden la desigualdad de acuerdo con cierta noción normativa del bienestar social” (Sen, 1979, p 18). Todo problema de medición “está enredado con el de la evaluación ética” (p. 18). De esta manera se legitima un discurso que delimita el alcance aceptable de la desigualdad.
Los planteos de Sen, junto al pakistaní Mahbub ul-Haq, promovieron desde comienzos de la última década del siglo XX la noción de desarrollo humano bajo la cual se funda el “Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”. Esta nueva perspectiva sostiene que para cada país el crecimiento del Producto Bruto Interno –PBI– debe ser ponderado con otros indicadores (como la esperanza de vida al nacer, educación, etc.). Así nació el “Índice de Desarrollo Humano” (IDH) un indicador más holístico del devenir económico y social de cada país y comenzó a abandonarse la idea de que las sociedades avanzan hacia mayor igualdad luego de una etapa de crecimiento económico, como decía Kuznets.
Por otra parte, como bien plantea Milanovic (2017, p. 16) en la actualidad “la hipótesis de Kuznets es insuficiente debido a que no sirve para explicar un nuevo fenómeno que ha ocurrido en los Estados Unidos y otros países ricos: la desigualdad del ingreso (…) ha empezado a aumentar en los últimos tiempos”. Este autor señala que tras un “primer ciclo de Kuznets”, en el que la hipótesis fue validada empíricamente en prácticamente todos los casos que pudo estudiar, un “segundo ciclo” habría empezado entre mediados de los 1970 y 1980 del siglo pasado. Al respecto sostiene que:
Las fuerzas que redujeron la desigualdad después de la primera Guerra Mundial llegaron a su fin hacia la década de 1980, el periodo alrededor del cual ubicamos el comienzo del segundo ciclo de Kuznets para los países ricos (es decir, las sociedad posindustriales). La década de 1980 marcó el inicio de una nueva revolución tecnológica (la segunda), que se caracterizó por cambios extraordinarios en la tecnología informática, la globalización y una mayor importancia de trabajos heterogéneos en el sector servicios (Milanovic, 2017, p. 70)
Las fechas y tendencias de la desigualdad a la que refiere Milanovic, son similares a las que señalan otros autores que han estudiado la desigualdad en perspectiva histórica y a escala mundial. Estos estudios afirman que en los dos últimos siglos la humanidad atravesó dos períodos bien diferenciados en términos de desigualdad:
a. El primero caracterizado por manifestaciones desigualitarias extremas transcurre entre la primera Revolución Industrial (mediados-fines del siglo XVIII) y la Gran Depresión de 1930.
b. El segundo ofrece un panorama de mayor igualdad relativa, en la que todos los países mejoraron sus indicadores de desigualdad. Este, se inició post crisis de 1930 y se prolongó hasta la década de 1980 o 1990 (según los países) cuando fue instalándose un nuevo modelo de acumulación: el neoliberalismo.
Esta segunda etapa estuvo además enmarcada y determinada por dos guerras mundiales, gobiernos y/o revoluciones socialistas (Rusia, China, Cuba) y movimientos anticoloniales (Asia, África). En el mundo capitalista se correspondió con la hegemonía del modelo de estado keynesiano y/o benefactor y con las políticas públicas desarrollistas, asociadas a un estado presente y activo en las decisiones relacionadas con la economía y la protección social.
Tanto Milanovic como Piketty sostienen que las guerras, las catástrofes naturales y las pandemias (como la que actualmente el mundo está atravesando a causa del COVID-19) suelen ser seguidas por periodos de mayor igualdad. En términos generales esto fue lo que caracterizó al mundo de posguerra del siglo pasado. Al respecto y específicamente Piketty (2019, p. 47) afirma:
la compresión de las desigualdades que tuvo lugar entre 1914 y la década de 1950-1960 se explica, tanto en Europa como en Estados Unidos, por el impacto de un conjunto de transformaciones del sistema legal, social y fiscal, cuyo desarrollo se aceleró considerablemente debido a las guerras de 1915-1918 y 1939-1945, a la revolución bolchevique de 1917 y a la crisis de 1929, pero que en cierto modo estaban ya en gestación intelectual y política a finales del siglo XIX.
En cambio, en las últimas décadas, desde 1980 hasta la actualidad la concentración de las riquezas, se ha acentuado en todos los rincones del planeta: “Entre 1980-2016 el 1% más rico del mundo pasó de controlar el 28% al 33% de la riqueza, mientras que el 75% más pobre mantuvo el control en torno al 10 % de la riqueza mundial” (World Inequality Lab, 2017, p. 14). Esto sucede tanto en países “desarrollados” como en los “emergentes”. Piketty afirma que en este mismo período en India, Estados Unidos, Rusia, China y Europa “la participación del decil superior se situaba alrededor del 25-35 por ciento de la renta total en cada una de estas cinco regiones en 1980, frente al 35-55 por ciento en 2018” (Piketty, 2019, p. 35). De esta manera puede sostenerse que el aumento de la desigualdad en el mundo se da en casi todas las regiones. Incluso ciertas naciones que pudieron atravesar en la posguerra un período de mayor igualdad relativa, en el presente parecen asemejarse cada vez más a los países más desigualitarios del mundo (p. 38).
Este aumento de la desigualdad “se ha producido principalmente en detrimento del 50% más pobre, cuya participación en la renta total se situaba en torno al 20-25 por ciento en 1980 en las cinco regiones mencionadas, frente a no más del 15-20 por ciento en 2018” (Piketty, 2019, p. 35). Asimismo en 2018 (y como resultado del aumento de las desigualdades operado desde 1980-1990) se da una mayor concentración de la renta total en el 10% más rico en todo el mundo.
Por su parte, Richard Peet (2013) realiza una diferenciación en la tendencia de largo plazo de la desigualdad entre países desarrollados (a los que agrupa en neoliberales o en “social democracias remanentes”).[3] Peet realiza este análisis considerando 3 regímenes políticos y 2 transiciones entre ellos. Se trata de una periodización de la historia económica del siglo XX (que se extiende desde fines del siglo XIX a inicios del XXI). Peet identifica a: i) el liberalismo clásico –fines siglo XIX hasta 1929; ii) primera transición -1930-1944; iii) el keynesianismo y la democracia social -1945-1975; iv) segunda transición -mediados de los ´70 mediados de los ´80; v) el neoliberalismo -1985 al presente (Peet, 2013, p. 3-5). En este análisis de largo plazo vemos que la concentración de ingresos del 1% más rico sigue una tendencia ascendente. Mientras que habría un pequeño grupo de socialdemocracias remanentes para los que esta misma curva seguiría una tendencia menos pronunciada.
Es decir, la desigualdad expresada en la concentración de los ingresos del 1% más rico fue en los países neoliberales alta bajo el liberalismo clásico, disminuyó bajo el keynesianismo y volvió a aumentar bajo el neoliberalismo. Y esto configura una curva con forma de U que, según Peet, representa la historia económica típica del capitalismo, que se reproduce en la mayoría de los países del capitalismo mundial. En cambio, se darían ciertas excepciones en un pequeño grupo de países social-demócratas (que Peet califica como remanentes).
Para el caso de Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirmaba en 2016 que “los índices de desigualdad de ingresos de los países de la región se encuentran entre los más altos del mundo” (CEPAL, 2017, p.42). El 20 por ciento más rico se apropia de 45 por ciento del ingreso total de los hogares, mientras que el 20 por ciento más pobre participa con tan sólo el 6 por ciento de dichos ingresos (p. 43).
En un informe posterior, la CEPAL (2019, p. 42) señaló que a partir del “promedio simple de los índices de Gini de 15 países de la región” se observó un mejora de la desigualdad a partir de una caída del índice “de 0,538 en 2002 a 0,477 en 2014 y a 0,469 en 2017, antes de llegar a 0,465 en 2018”.
Sin embargo, y a pesar de esa mejora observada, ese mismo informe señala que: a) “La forma habitual de estimar la desigualdad, sobre la base de la información captada por las encuestas de hogares resulta insuficiente para reflejar adecuadamente la totalidad del fenómeno” (p. 43); b) “América Latina se ha caracterizado históricamente por altos niveles de desigualdad y varios de sus países presentan disparidades en la distribución del ingreso que se encuentran entre las más altas del mundo” (p. 47). Corresponde mencionar que la información disponible para AL es relativamente más precaria, escasa, dispersa y muy disímil entre países y ello dificulta trabajar con índices de mayor elaboración. Por ello, llegar a mejores precisiones es, evidentemente, una tarea pendiente que está en marcha (según enuncia en distintos trabajos la CEPAL).
Por otra parte, las tendencias de largo plazo enunciadas para el análisis global, son válidas también para identificar el modo en que se expresa el ciclo de desigualdad en AL. Con particularidades nacionales, en toda AL se pasó: i) del liberalismo clásico de fines del siglo XIX hasta la crisis de 1930, ii) al keynesianismo de la posguerra, que se extendió hasta la crisis de la deuda de 1980 y iii) al neoliberalismo que, desde entonces al presente condujo al desmantelamiento de los instrumentos de regulación económica típicos del Estado benefactor.
Al respecto importa recordar que fue en AL donde se gestó desde la década de 1960 un conjunto de propuestas de desarrollo nacional y regional, promovidas originalmente desde la Alianza para el Progreso (ideada por Estados Unidos) y enmarcadas en la generación de alternativas de desarrollo bajo el período de la “guerra fría” entre occidente y la Unión Soviética.
En ese marco de hegemonía mundial de las políticas keynesianas, se sucedieron en AL múltiples y profundas discusiones acerca del futuro latinoamericano. Desde el campo teórico, interpretativo y propositivo sobresalió la teoría de la dependencia, del subdesarrollo, del estructuralismo. La discusión confluía a discernir si existía o no la posibilidad de superar el estadio de dependencia y/o subdesarrollo y con ello, disminuir la desigualdad imperante en Latinoamérica. A su vez, desde el terreno de las políticas públicas, se ejecutaban acciones basadas en la planificación nacional (con sus variantes según país y gobierno). Lo cual llevó, bajo la concepción “desarrollista”, a crear organismos de planificación nacional y regional, focalizando en la promoción de las regiones interiores de cada país (Manzanal, 2017, p.8).
Sin embargo, luego de aproximadamente medio siglo de aplicación de estas políticas, la llegada del modelo neoliberal comenzó a ampliar la desigualdad hacia los niveles anteriores a la crisis de 1930, reproduciendo similares tendencias a las del neoliberalismo a escala global (Atkinson, 2016, p. 39).
Alicia Bárcena -Secretaria Ejecutiva de la CEPAL- refiere a la subestimación de la situación de desigualdad en AL, sugiriendo que la misma debe observarse en términos de riqueza:
Siempre se había calculado a partir de las encuestas de hogares y cuando las comparas con los registros tributarios, te das cuenta de cuánto hemos subestimado la desigualdad desde hace años. (…) En Chile, por ejemplo, esa encuesta dice que el decil más rico gana, de media, 7,5 veces más que el más pobre, pero en los registros tributarios esa diferencia es de 25 veces. Y en algunos países de Centroamérica, de hasta 70. La desigualdad siempre se ha visto desde la perspectiva de la pobreza, pero hay que verla desde la de la riqueza.[4]
Este testimonio recupera las hipótesis actuales de los estudios sobre desigualdad (Piketty, 2014, 2019; Milanovic, 2017) que afirman que la tendencia cada vez más creciente de disparidad entre los diferentes sectores sociales se explica no a través de los ingresos sino a partir de la concentración de riquezas (bajo sus distintas formas -rentas inmobiliarias, activos financieros, patentes y otras modalidades de activos patrimoniales). Es por ello que según Piketty el capitalismo actual es un capitalismo patrimonial.[5]
En Argentina, durante este periodo, se justificaron privatizaciones de servicios públicos y bienes del Estado; desregulaciones de actividades productivas estratégicas; descentralización de funciones a las provincias y municipios. Paralelamente comenzó la promoción y expansión del sector financiero, conjuntamente con el avance de la concentración del sector agroindustrial, minero, e inmobiliario.
Es justamente el periodo de ascenso de la desigualdad de ingresos que se puede ver en el coeficiente de Gini. Este, en su formato tradicional, muestra que 1974 fue hasta la actualidad el año de mayor igualdad de ingresos de la historia nacional (Manzanal y González, 2021) con un valor en coeficiente de Gini de 0,34.[6] Lo cual nunca pudo ser igualado, como tampoco ha descendido de valores inferiores al 0,41 en todo el periodo 1974-2020 -según el último informe publicado por INDEC el índice estaría en el segundo trimestre de 2020 en un valor de 0,45 (INDEC, 2020).
No obstante, y como señalamos anteriormente, desde una perspectiva multidimensional de la desigualdad, la situación puede ser aún peor. Pero la inexistencia de información precisa sobre otras formas de desigualdad impide alcanzar conclusiones certeras y definitivas al respecto.
Es nuestro interés analizar e investigar la desigualdad desde el territorio y desde el enfoque territorial (Manzanal, 2020). Para ello comenzaremos profundizando en las ideas y la propuesta de Göran Therborn (2015), dado que este autor observa la desigualdad no solamente como una dispar distribución de ingresos, recursos y/o patrimonios, sino como una desigual distribución de capacidades entre actores.
Therborn (2015, p. 53) considera que la desigualdad es “la capacidad desigual para funcionar en plenitud como ser humano, la capacidad desigual para elegir una vida de dignidad y bienestar en condiciones imperantes de tecnología humana y conocimiento humano”. Asimismo, subraya que se trata de una asignación desigual socialmente construida y que se expresa bajo tres modalidades con diferentes orígenes y determinantes. A saber:
Desigualdad vital. Esta refiere a “la desigualdad socialmente construida entre las oportunidades de vida a disposición de los organismos humanos” (Therborn, 2015, p. 54). Esta categoría conduce a investigar tasas de mortalidad, esperanza de vida, indicadores de salud (peso al nacer, crecimiento según edades) como a indagar datos sobre hambre y malnutrición (centrales en los debates sobre el sistema agroalimentario).
Desigualdad existencial. Esta se corresponde con “la asignación desigual de los atributos que constituyen la persona” (p. 54) y que influye en su “autonomía, dignidad, grados de libertad, derechos al respeto y al desarrollo de uno mismo”. La asignación de atributos que caracterizan a cada persona (género, etnia, país, región, lugar y/o familia de nacimiento) conduce a un ejercicio desigual de derechos (acceso a educación, cultura, justicia, trabajo, vivienda, salud, etc.). Esta desigualdad se descubre investigando la composición social del territorio en cuestión y sus valores dominantes, sus instituciones, leyes y normativas (formales e informales, explícitas y tácitas) (Portes, 2007).
Desigualdad de recursos que “… adjudica a los seres humanos recursos desiguales para actuar”. Therborn afirma acertadamente que esta desigualdad es la que ha dado comienzo y sostenido el grueso del discurso sobre este tema. Y que su importancia es innegable. Para indagar esta desigualdad deberemos seguir la pista monetaria de los ingresos y luego continuar (como en el presente) con la situación de riqueza y de patrimonios de los más ricos entre los ricos.
Si bien, esta última es la desigualdad que está en el centro del debate actual, investigar y comprender el origen, devenir y accionar de la desigualdad, nos obliga conocer y comprender la desigualdad en todas sus formas. Porque “las tres dimensiones interactúan y se entrelazan y siempre conviene sospechar que lo hacen” (p. 56). Según Therborn, cada una tiene su propia faceta, su propia dinámica y no siempre confluyen, al contrario “es preciso recordar que son irreductibles unas a otras” (p. 56).
Bajo estos parámetros, el estudio de la desigualdad sobrepasa las fronteras disciplinares. Pero además, cada una de estas modalidades de desigualdad expresan o conducen a un diferencial de poder (material y/o simbólico) entre los actores, que a su vez explica la desigual arquitectura de nuestra sociedad.
Al asociar la desigualdad con la desigualdad de poder entre los actores se refuerza la necesidad de investigarla tanto en sus modos materiales como simbólicos, inmateriales y vinculados con el campo de las ideas. En otros términos, la desigualdad debe investigarse por sus causas y expresiones objetivas y subjetivas. Lo mismo afirma desde otra vertiente Piketty (2019) cuando sostiene que “todas las sociedades tienen necesidad de justificar sus desigualdades (…). Por eso, en cada época se genera un conjunto de discursos e ideologías que tratan de legitimar la desigualdad tal y como existe” (p. 11).
Actualmente, cuando se comienza a difundir más abiertamente que hay un 1% de la población mundial que concentra cada vez mayor riqueza y que el sector vinculado y responsable en la gestión de las crisis, sale fortalecido de las mismas gracias al apoyo de los Estados nacionales, surgen movimientos sociales de oposición y resistencia.[7] Son justamente estos sectores los que ponen en cuestión el discurso justificador de la desigualdad, como lo han hecho los Indignados (o M15) en España (2011-1015) o el Occupy Wall Street en Estados Unidos (2011) poniendo de relieve el lema “somos el 99%”.
Esta realidad corrobora la importancia de investigar la desigualdad en sus múltiples aristas y en sus particularidades territoriales. Es por ello que necesitamos comprender al territorio, porque el mismo es generación y expresión de desigualdades. Territorio es un concepto complejo que requiere ser entendido “a partir de la imbricación de múltiples relaciones de poder, del poder más material de las relaciones económico-políticas al poder más simbólico de las relaciones de orden más estrictamente cultural” (Haesbaert, 2004, p. 79). El territorio es la conjugación de materialidades y simbolismos, de objetividad y subjetividad entre actores, instituciones, organizaciones, cultura. Y vale subrayar que no consideramos al territorio como la arena en la cual la vida social se desarrolla.
El territorio es poder y, como tal, está en el origen, existencia y gestación de las problemática desigualitaria.[8] No podemos ignorar las relaciones de poder y dominación que se dirimen en los territorios, como tampoco la histórica inserción subordinada de amplios sectores sociales presentes en los mismos. Desde este marco es necesario poner en discusión las desigualdades territoriales y el sistema desigualitario concomitante
Nuestro eje no está en ocuparnos de las desigualdades existentes entre diferentes territorios al modo como se trataban las desigualdades regionales durante la etapa de la planificación desarrollista que se configura, más acabadamente para toda AL, hacia 1960 (Manzanal, 2020; Manzanal y González, 2021).[9]
Lo distintivo que buscamos es investigar, detectar, comprender y explicar las variadas formas de desigualdad presentes en el o los territorios que estén bajo análisis. Nos proponemos identificar orígenes, diversidades, razones y resultados investigando modos de vida y de trabajo de los sectores más pobres y más ricos, que viven, trabajan y/o usufructúan rentas y/o recursos del territorio en cuestión. Para lo cual aplicaremos el enfoque territorial (Manzanal, 2020) que descubra el poder oculto tras diferentes propuestas de políticas y de desarrollo. En los diversos ámbitos locales, el poder construye dominación, tanto por medio de operadores materiales, como simbólicos. Investigar el poder desde los territorios nos conduce, casi directamente, a identificar las desigualdades territoriales presentes en el mismo.
Consideramos al sector agrario de Argentina como un lugar clave en la reproducción de la desigualdad por ser un gran generador de riquezas. Por ello creemos que los estudios agrarios tienen el desafío de investigar nuevas vías de conocimiento sobre la desigualdad. Y centrándonos particularmente en la conformación de territorios agrarios y rurales de Argentina, creemos necesario plantear algunas orientaciones que encaminen nuevas perspectivas sobre el fenómeno de la desigualdad en este sector. Esta problemática, si bien es global, tiene particularidades nacionales, regionales y locales que se manifiestan a través del territorio y de las relaciones de poder que el mismo expresa.
Pensar en una nueva agenda de la desigualdad para el agro implica preguntarnos, en primer lugar y partiendo de la definición amplia que postulamos previamente: ¿Cómo podemos abordar el conocimiento respecto a este fenómeno multidimensional? ¿Son conmensurables las diferentes dimensiones de la desigualdad? ¿Qué metodología puede ser utilizada para cada una de ellas?
Entonces surgirá la pregunta: ¿Desigualdad de qué? ¿De acceso, de control, de gestión, de propiedad? ¿Qué criterios podemos establecer para la indagación? Y como bien plantea Kessler (2019, p. 82) “¿desigualdad entre quiénes: individuos, hogares, clases, sexos, grupos étnicos, territorios?”. Algunas de estas cuestiones deberían resolverse antes de comenzar a indagar al respecto.
Un primer punto de partida para diseñar una hoja de ruta de futuras investigaciones es distinguir, en un trazo grueso, los principales actores entre quienes se produce la desigualdad en el agro. Ello nos conduce a identificar dos sectores: la denominada “agricultura familiar” y la “agricultura empresarial”. Esta diferenciación aparece en la “Carta de Montevideo” (2003), que organizaciones de la región presentaron en el MERCOSUR solicitando políticas diferenciadas para la agricultura regional.
En ese documento sostenían que “en el ámbito del MERCOSUR hay dos agriculturas diferenciadas, la de base empresarial y la agricultura de base familiar” (COPROFAM, 2003). Si bien reconocemos que estas categorías son categorías políticas (Manzanal y González, 2010; González, 2016 y 2017) y no analíticas, creemos que permiten visualizar algunas desigualdades estructurales principalmente en lo que hace a la influencia del medio geográfico. Partiendo de que “un aspecto de una geografía de la desigualdad es entender que un individuo, (…) solo puede aprovechar los recursos sociales de un área limitada de espacio” (Peet, 2012, p. 107) podemos ver que estos dos sectores sociales se apropian de manera diferenciada de los beneficios del “desarrollo” económico, no solo en un nivel general, sino en los propios territorios donde realizan sus actividades.
Hablamos de una agricultura empresarial cuando nos referimos al sector empresario capitalista del agro, que incluye las empresas transnacionales agroalimentarias, agroindustrias, los productores alta o medianamente capitalizados y que orientan su producción hacia el mercado externo guiando su conducta económica de acuerdo a los precios internacionales y la cotización del dólar. Por otro lado, la agricultura familiar comprende a un amplio y diverso conjunto de actores que podríamos considerar subalternos frente al otro sector: campesinos, indígenas, pobres rurales, peones rurales, colonos, chacareros, minifundistas, quinteros de los cinturones verdes u hortícolas en los periurbanos de las grandes ciudades.
Esta distinción también se observa en la estructura estatal, que a medida que el sector de la AF, fue haciéndose más visible, fueron creadas instituciones estatales para implementar las políticas que las organización demandaban (González, 2016, p. 88).
Es entre estos dos sectores que visualizamos mayores disparidades. Dejando este punto en claro, podemos luego analizar a qué refiere esa desigualdad: frente a cada dimensión es posible observar un mayor o menor acceso, control o propiedad del recurso, derecho o servicio en cuestión. En algunas dimensiones lo que se disputan ambos sectores se expresa bajo las tres formas, mientras que en otros solo en una. Por ejemplo, en el caso de la tierra los dos sectores buscan tanto el acceso como la propiedad del bien. Ambas garantizan el control sobre ese recurso, central para la producción agraria.
Pero ¿cuáles serían las dimensiones que consideramos más importantes para indagar en torno a la cuestión? Creemos que los tres tipos de desigualdad que Therborn plantea, pueden ser una forma de abordar esta problemática en la agricultura.
La que sigue intenta ser sólo una propuesta de trabajo, que deberá ser profundizada en futuras indagaciones, por lo cual está expuesta a posibles mejoras, tanto en lo teórico como en lo metodológico. Comenzaremos por diferentes dimensiones asociadas a la “desigualdad de recursos”.
En el caso de la tierra podemos analizar distintos fenómenos, relacionados con los diferentes regímenes de tenencia. La desigualdad principal se da en torno a la propiedad de la tierra. Para ello contamos con los datos de los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA). Según se desprende del Informe Preliminar del CNA 2018 (INDEC, 2019) entre 2002 y 2018 un 25,5 % de las EAP desaparecieron, cifra que asciende a 41,5% para el periodo 1988-2018. Esto conlleva a mayor concentración de la tierra. Por ello el 1% más concentrado de EAP ocupa el 36% de la superficie total del sector, mientras que el 55% de las EAP de menor tamaño posee solo el 2% de dicha superficie.
La otra principal forma de acceso es el arrendamiento. Según la información provista por la misma fuente, el 19% de las EAP acceden a la tierra bajo ese régimen. Sin embargo, no se cuenta con más detalles sobre cómo se distribuyen estas tierras (excepto a nivel provincial). No se puede evaluar quienes arriendan, cuanta superficie arriendan los distintos tipos de EAP y en qué condiciones. Esta información es recogida en los formularios aplicados durante el censo, pero luego no es procesada para ser analizada. Llama la atención esta decisión cuando la demanda sobre los arrendamientos rurales es una de las más importantes e históricas del sector (desde los medianos productores hasta la agricultura familiar).
Por último en los últimos años se ha ahondado la discusión en torno al llamado “acaparamiento de tierras” (Borras et al, 2013). Este fenómeno es trascendente para los estudios sobre desigualdad en el agro y en la actualidad buscan centrarse en el “control” del recurso y no solo sobre la propiedad. Es decir, analizan como la agricultura empresarial (principalmente transnacional) no solo acapara mediante la compra de tierras, sino también mediante el arrendamiento o incluso bajo formas como la agricultura de contrato.
El Grupo Erosión Tecnologías y Concentración (ETC) sostiene que a nivel global en 2018 “las 6 empresas más grandes representaron el 58% del mercado mundial de semillas comerciales” (ETC, 2019). Para la escala local no contamos con información fehaciente que dé cuenta del proceso de concentración de este eslabón central de la cadena agroalimentaria y de la consecuente desigualdad que ello genera. El Instituto Nacional de Semillas (INASE) produce información a través del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS), de donde podemos conocer algunas características del sector semillero, como las formas jurídicas que adoptan los actores intervinientes y las categorías bajo las que participan del sector semillero (criadero, introductor, comerciante, etc). Por ejemplo, de un total de 2120 personas físicas y jurídicas registradas, solo un 7% corresponde a cooperativas de pequeños y medianos productores, mientras un 50% aproximado corresponden a sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y otras formas jurídicas típicas de la agricultura empresarial.
En este campo, es sumamente importante considerar como un factor de desigualdad la irrupción de las semillas modificadas genéticamente, que ha promovido mayores niveles de concentración en la producción, comercialización y distribución de las mismas.
Otro recurso central para la producción es el agua y en torno a él se dan grandes disputas producto de la desigualdad en el acceso. Existen pocas fuentes de información para un análisis al respecto a escala nacional y por lo general la información sobre uso del agua según actividades productivas no nos permite diferenciar entre los diferentes sectores de la actividad agropecuaria. Sí podemos saber, según estimaciones de diversas fuentes oficiales, que en Argentina la agricultura es responsable del 70% del consumo anual de agua, ya que el riego para producción agrícola es el destino principal de los recursos hídricos (PROSAP, 2015, p. 1).
Sin embargo, como forma de suplir esta ausencia de datos se desarrollan muchos estudios territoriales que dan cuenta de las respectivas disputas. Los mismos tienden a coincidir en que esta asimetría es invisibilizada, dejando de lado que la misma es resultado de relaciones de poder. Por el contrario, en general, se asumen como producto de condiciones naturales (periodos de sequias, aridez de los territorios, etc.).
En este sentido creemos importante ahondar en los lineamientos propuesto por Lyla Mehta (2003) quien sostiene que los discursos dominantes presentan la escasez de agua como “natural” y universal. Lo cual es una forma de naturalizar las relaciones de poder que se ejercen sobre y a través de ese recurso (Mehta, 2003). En esta línea se asientan Alejandra Moreyra et al (2012, p. 19-20) al sostener que el acceso y control sobre el agua “no puede desvincularse de las relaciones sociales y de poder en juego que influyen en su uso y abuso”. Basados en estudios de caso en diferentes zonas de Argentina, sostienen que “en una misma localidad para algunos actores puede resultar escasa el agua mientras otros están bombeando las 24hs” (p. 20).
En este punto los estudios de caso cobran relevancia para poner de manifiesto la desigual apropiación de un recurso central para la producción agropecuaria. Ejemplo de ello es el trabajo de Facundo Martin y Robin Larsimont (2016) quienes, para el caso de Mendoza, sostienen que en las últimas décadas el uso intensivo de los acuíferos implicó cambios y rupturas que llevaron un sistema colectivo de distribución superficial de agua a uno de acceso individual, en “los nuevos empresarios lograron desacoplarse de esta restricción socionatural al poder decidir individualmente encender la bomba para regar cuando les conviene” (p. 49).[10]
También podemos considerar como una desigualdad de recursos el acceso, control y propiedad de distintos bienes asociados al proceso de modernización de la agricultura, como pueden ser la infraestructura, la tecnología y, ligadas a ello, la posibilidad de cumplir normativas sanitarias, ambientales, etc.
Según recopila un informe de la FAO (Fort, 2019), son varios los estudios internacionales que apoyados en investigaciones empíricas de diversos países han mostrado que la falta de infraestructura rural constituye una de las causas más importantes de desigualdad entre los diferentes sectores de las agriculturas nacionales.
Para Argentina las investigaciones más recientes coinciden en este enfoque. Es así que Kessler (2016, p. 220) sostiene que “las desigualdades de los territorios se explican en cierta medida por las peores condiciones relativas de las infraestructuras”. Por otro lado, Marcelo Sili (2007, p. 24) en un estudio sobre infraestructura rural, afirma que “el desarrollo de las infraestructuras es un poderoso factor de reducción de las desigualdades”. Y ambos sostienen que a mayor disponibilidad y calidad de las infraestructuras puede ser mayor la productividad de los factores y los costos de producción más bajos (Kessler, 2016, p. 221; Sili, 2007, p. 24).
Organismos internacionales como CEPAL han propuesto un indicador de “brechas de infraestructura” entre países (Perrotti y Sánchez, 2011) analizando “la distancia que existe entre lo que los países efectivamente gastan en estos rubros y lo que deberían erogar para seguir el ritmo del crecimiento económico y de las necesidades de la población” (Kessler, 2016, p. 223). Este indicador se construye comparando con la situación de otros países o con un determinado nivel de cobertura (como la universalización en las prestaciones básicas de agua y saneamiento o la electrificación rural).
Un análisis basado en “brechas de infraestructura” pero entre los diferentes sectores de la actividad agropecuaria podría ser eficaz para la agenda de investigación que proponemos en este trabajo. Sin embargo, esta propuesta se enfrentaría a la dificultad de que la información necesaria para ello no se encuentra segmentada de modo de facilitar este análisis. Un esfuerzo metodológico en esta orientación sería relevante.
Kessler (2019, p. 92) sostiene que “la estandarización de los bienes agrícolas (…) conduce a que sólo quienes tienen mayor capital para comprar determinados insumos agrícolas puedan cultivarlos, lo que profundiza la desigualdad entre los pequeños y grandes productores”. Esta problemática podría verse aún más profundizada ante nuevas exigencias ambientales o sanitarias. Por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado el Pacto Verde Europeo que establece un sistema de tarifas tendientes a “una economía eficaz del carbono en todos los sectores económicos” (Unión Europea, 2019). De esta manera, se impondrían requerimientos a la producción de otros países que deberían ser asumidos por los productores locales.
En la mayoría de los casos estas normativas y requisitos se imponen al resto de los actores del sistema agroalimentario como el modo correcto de hacer agricultura. Es lo que podemos ver con la puesta en práctica entre otras cuestiones, de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y otros protocolos de inocuidad alimentaria. Éstos son considerados como los principios y prácticas más apropiadas en la producción de productos frescos, reconociendo que “la producción agropecuaria, genera algunas ‘externalidades o costos’ (…) que deben ser asumidos por las respectivas cadenas agroalimentarias y particularmente por los productores agropecuarios” (FAO-RLC, 2004, p. 9).
Se considera que estas prácticas “son un componente de competitividad, que permite al productor rural diferenciar su producto de los demás oferentes” (FAO-RLC, 2004, p. 9). Por lo tanto, acceder a la posibilidad de ofrecer mejores precios y mercados a los respectivos productores. Dado que la implementación de estos protocolos está instrumentada por entes privados internacionales el costo para acceder a las certificaciones se transforma en un elemento de desigualdad. La propia FAO sostiene que para las comunidades de pequeños productores y campesinos, el costo de las certificaciones, constituye un primer obstáculo para la adopción de las BPA que la agricultura empresarial sí puede costear (FAO-RLC, 2004, p. 27) y así situarse en mejores condiciones que la AF, sea para exportar o para comercializar a escala masiva dentro del país.
Una investigación en este sentido puede basarse en información del Sistema Estadístico del SENASA, que funciona a modo de registro administrativo, produciendo datos de manera compulsiva a medida que se realizan los procedimientos sanitarios que la institución lleva a cabo.
Sostiene Carla Gras (2013, p. 16) que la puesta en marcha de un nuevo modelo agrario, alrededor de los años 80, basado principalmente en la utilización de la biotecnología, introdujo “nuevas asimetrías y desigualdades en los patrones mundiales de comercialización que se superponen a los históricamente desiguales términos de intercambio norte-sur”, las cuales son a su vez trasladadas al interior de los sistemas agroalimentarios locales.
Este modelo concentra la propiedad de las nuevas tecnologías en grandes empresas, que cuentan con capacidades para establecer los derechos de acceso a las mismas. Por otro lado, a un nivel nacional la producción de desigualdades refiere a la capacidad que esas pocas empresas adquieren para determinar los senderos de cambio tecnológico en cada país. De esta manera, afirma Gras (2013, p. 20) “su posición hegemónica en la oferta y distribución de tecnologías subordina y excluye la posibilidad de otros patrones tecnológicos más consistentes con otros modelos de producción”.
En la práctica, esta desigualdad se configura tanto en el acceso como en la propiedad y en el control. Por el lado del acceso y la propiedad, la AF tiene limitaciones para acceder a tecnologías que le permitan aumentar su productividad en los mismos niveles que la agricultura empresarial. En ese sentido se buscan impulsar “tecnologías apropiadas para la AF”, que den cuenta de las diferentes necesidades tecnológicas del sector. En el control, hablamos de desigualdad porque “los productores son usuarios pasivos de una tecnología que creen conocer ya que la manipulan con frecuencia, pero de la que en realidad sólo manejan procedimientos generales, secuencias operativas y pasos de una “receta” (Cáceres, 2015, p. 18).
Esta desigualdad puede ser pensada como resultado de la interrelación entre recursos y derechos. Puede ser vista como una “desigualdad de proceso”, ya que depende no solamente de la existencia de infraestructuras u otros recursos, sino de la existencia de normativas que regulen la actividad comercial y su relación con la producción agroalimentaria.
En la cima de los sistemas agroalimentarios, un lugar cada vez más importante es ocupado por las grandes cadenas de supermercados. Según OXFAM el aumento del control sobre los mercados minoristas “otorga a los supermercados, un enorme poder para configurar la producción de alimentos en todo el mundo” (OXFAM, 2019, p. 9). Siendo el último eslabón de la cadena, presionan a quienes producen y procesan los alimentos a través de exigencias como estándares de calidad concretos, cantidades que los productores deben cumplir para acceder a la compra por parte de estas empresas, llevando así a que los productores sean quienes “reduzcan los costes de producción y asuman más riesgos de la producción agrícola sin que los productos dejen de cumplir con unas exigentes normas de calidad” (p. 9).
Una capacidad de negociación tan dispar entre dos sectores constituye el fundamento político de la desigualdad que después se traduce en términos económicos y que adquiere un carácter mucho más marcado en países con pautas de consumo global. Este es el caso de Argentina, donde “la tendencia a la supermercantilización es también relevante, existiendo un oligopolio de hecho, liderado por la cadena francesa Carrefour, seguido por Cencosud (Vea, Jumbo y Disco) y la cadena nacional Coto. En el rubro alimentos capturan más del 75% del mercado” (Alliot y Li, 2018, p. 36). De esta manera, se impone una relación de poder desigual entre los diferentes eslabones de la cadena.
Uno de los indicadores que pretende dar cuenta del aspecto económico de esta desigualdad, es el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) creado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el año 2015. Funciona como un indicador de la apropiación diferencial del valor agregado de cada producto desde que sale del campo y hasta que llegan al consumidor y permite visualizar como las grandes cadenas de supermercados se abusan de su posición dominante en el mercado. La diferencia de precio origen-destino indica la cantidad de veces que aumenta el precio del producto al comercializarse en góndola, sirviendo como una estimación del valor que los diferentes sectores de la cadena buscan adquirir.[11]
Partiendo de las reflexiones de Peet, sostenemos que “la lucha individual por ganarse la vida se desarrolla en un cierto medio físico, social y económico” (Peet, 2012, p. 105). Entre los elementos más importantes de ese medio físico encontramos la vivienda, los caminos, pero también “las escuelas, las universidades, institutos técnicos y otros centros de formación profesional son las influencias socio-institucionales más importantes, aunque una amplia variedad de instituciones influyen en la preparación del individuo para el trabajo” (p. 106). Sumamos a ello el acceso a la salud, como los factores principales de una desigualdad social entre los actores del sistema agroalimentario local.
Para la investigación de estas inequidades existen distintas dificultades con las fuentes de información respectivas. Por un lado, el CNA (exhaustivo y universal) es el operativo estadístico que recoge mayor información sobre las EAP, pero no recopila información sobre vivienda, salud, educación (excepto la variable “nivel educativo alcanzado” de los productores de cada EAP), por lo tanto no es posible contar con información global al respecto. El Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPyV) no aporta datos específicos sobre quienes están en la actividad agropecuaria, porque tiene como unidad censal los hogares y las personas. Sin embargo se pueden aproximar datos sobre estas problemáticas a nivel rural o en localidades urbanas seleccionadas por sus características asociadas a la actividad agraria.
Una fuente de utilidad para este análisis son los datos del Registro Nacional de la AF (ReNAF). En el caso de la vivienda se registran varias características de la misma. No así para salud, donde se recopila escasa información sobre cobertura y distancia a centros de salud, del mismo modo que en educación solamente se indaga sobre distancia a los centros educativos de distinto nivel. Sin embargo, esta fuente no constituye una muestra representativa del sector, dado que es un registro voluntario y no exhaustivo.
Por último y en tanto problemática transversal a todas las expresiones de la desigualdad anteriormente mencionadas, debemos incorporar la dimensión de género y los nuevos avances al respecto (como la “economía del cuidado”).
Los estudios relacionados con el género en el agro son profusos. Además de la mayor vulnerabilidad frente a situaciones de pobreza, las mujeres tienen menor acceso a la educación, y a la propiedad de la tierra (Muzlera, 2010). Complementa estos elementos, más bien tradicionales en la dimensión de género, la carga de trabajo doméstico y crianza de los hijos, factor que ha sido invisibilizado y que como bien marca Silvia Cloquell (2007, citado en Muzlera, 2010) limita aún más las oportunidades de trabajo y de participación social y política de las mujeres en los ámbitos rurales. Este ocultamiento del trabajo del cuidado, se suma al hecho de que cada vez es menor “el aporte de trabajo de las mujeres en la producción, dado que el abandono de actividades de autoconsumo, la mecanización y la simplificación del trabajo tornó prescindible su aporte de trabajo físico” (Cloquell y otros, 2007, p. 46 citado en Muzlera, 2010). Por último, ligado al acceso a la tierra, aparece la problemática de las dinámicas de herencia, en la que las mujeres son negadas de su derecho a la herencia igualitaria frente a los hermanos varones.
Estas 5 dimensiones son distintos aspectos para tener en cuenta en un estudio multidimensional sobre desigualdades en el agro. Muchos de ellos requieren de un abordaje crítico metodológico para generar datos cuantitativos con diferentes niveles de agregación. Otros, en cambio, deben ser observados desde estudios de caso, para comprender como se construyen las relaciones de poder que son, en última instancia, el fundamento de toda desigualdad. Con esta aproximación podemos brindar un aporte a la discusión global sobre la desigualdad tanto en los ingresos, en la riqueza, como en otras manifestaciones del fenómeno.
En este trabajo nos propusimos abordar la desigualdad desde una perspectiva que supere la tradicional mirada de los ingresos, pero traspasando incluso el enfoque que se centra en las riquezas, fuertemente promovido por los estudios globales de la desigualdad. Buscamos atender al ejercicio de derechos que permitan el acceso a entornos más igualitarios para que las grandes mayorías puedan desarrollar sus capacidades y modificar procesos que las afecten (como los vinculados con el hábitat, la educación, la salud, los mercados de trabajo, la producción, la tecnología, la comercialización, entre otros).
Pretendemos producir un aporte para analizar dimensiones ocultas de la desigualdad que no aparecen en los registros oficiales y que requieren un esfuerzo teórico y metodológico por parte de múltiples investigaciones e investigadores.
Nos enfocamos en la desigualdad del sistema agroalimentario argentino por ser un sector central de la economía y del control político del país. Y como planteamos en la primera parte de este trabajo, buscamos examinar la desigualdad observándola desde la riqueza y complementándola con otras perspectivas.
Como orientación general pretendemos sistematizar las desigualdades desde los tres grandes tipos que plantea Therborn. En principio, consideraremos las desigualdades vitales como las asociadas con las condiciones de vida del sector agrario. Para la desigualdad de recursos trabajaremos las problemáticas de acceso a los bienes naturales (tierra, semillas, agua, a lo que se podrán agregarse otras sub-dimensiones) y a los bienes y procesos asociados a la producción y a la modernización agrícola (tecnologías, maquinarias, normativas sanitarias y ambientales). Por último, para las desigualdades existenciales, consideraremos el acceso a educación, justicia, vivienda. La dimensión de género, como hemos dicho, será abordada transversalmente al resto de las dimensiones, aunque también pueda ser agrupada como parte de las últimas.
En muchos casos encontramos múltiples dificultades para la producción de información cuantitativa sobre estas desigualdades en el agro. Porque hay datos que no se recogen o que no se producen o cuyo nivel de agregación menor impide la elaboración de información de carácter general. En algunas circunstancias este déficit puede ser enfrentado y subsanado mediante búsquedas metodológicas o por la utilización más exhaustiva de las bases de datos existentes en censos, encuestas y registros. También es posible que la información pueda ser complementada con estudios territoriales específicos donde esa desigualdad se observa o produce.
En algunas dimensiones (y en otras no incluidas en este trabajo) la ausencia de información oficial da lugar a que ese vacío sea ocupado por think thanks de la agricultura empresarial, cuyos datos son luego transformados en discursos de verdad. Es decir, en herramientas de poder con las que ese sector difunde su visión del mundo e influye en las formas de pensar, hacer y regular la agricultura. Así por ejemplo, como parte de una disputa ideológico-política la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) construye una medición trimestral sobre la apropiación de la renta agraria en la que denuncia que queda un 62% del total de la renta en manos del Estado. Esta y otras instituciones (financiadas por las propias organizaciones empresariales del agro) construyen información que debería ser producida por el estado.
Es por esto también que el debate sobre la producción de datos estadísticos, en particular los datos del sector agropecuario, cobra relevancia. Cada información puede revelar u ocultar las situaciones de desigual distribución de poder (económico, político, social) y, de esa manera, valorizar en más o en menos el rol de los diferentes actores, protegiendo a unos y desprotegiendo a otros.
Nuevas indagaciones deberían profundizar el análisis de la información correspondiente a las diferentes dimensiones del fenómeno de la desigualdad en el sistema agroalimentario argentino, las que fueron presentadas aquí de manera exploratoria.
En este texto intentamos realizar un aporte teórico-metodológico al debate sobre el fenómeno global de la desigualdad y, en particular, en el agro. Este análisis requiere continuarse y profundizarse en tanto, en el corto y mediano plazo, continuará siendo uno de los problemas más acuciantes y controvertidos de nuestro tiempo.
Este artículo se inserta en los proyectos: a) PICT 2015-0653: “Política y Territorio, Interrelación y articulación en el contexto de las políticas públicas para la agricultura familiar. Estudios de caso en las provincias de Buenos Aires y Misiones, desde 2003” y b) UBACYT 2020 291BA: “Territorio, Política y Desigualdad. Sus expresiones desde la problemática del Desarrollo Rural y de la Agricultura Familiar. Estudios de caso en la provincia de Buenos Aires, 2003-2023”. Ambos, dirigidos por Mabel Manzanal, se enmarcan en el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (PERT) con sede en el Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
