Introducción

El objetivo de este artículo es introducir un análisis conceptual de los actores más relevantes de una investigación en curso sobre las tensiones en torno al desarrollo turístico en el Delta de Tigre, territorio de islas contiguo al área metropolitana de Buenos Aires. Dicha investigación toma como referente empírico a la Asociación Civil “Origen Delta”, un agrupamiento de productores isleños que en 2019 se unieron en pos de solicitar al Estado Municipal una serie de elementos para mejorar sus condiciones de producción y comercialización. En un diálogo entre los estudios de Economía Política en Antropología y la Antropología del Desarrollo, propongo analizar el modo en que, en el marco de transformaciones globales asociadas al capitalismo tardío (crecimiento del sector de servicios de la economía, desplazamiento de productores tradicionales en el agro, refuncionalización de regiones en crisis pos-productiva), esta asociación elabora estrategias para convertirse en beneficiarios de políticas públicas de desarrollo regional. Para ello, repaso la historia económica del Delta y las articulaciones identitarias de la región, para luego de examinar cómo este grupo de productores isleños construyen imágenes de sí, haciendo uso de memorias colectivas y construcciones simbólicas; y apropiándose de discursos globales como la sustentabilidad y el cuidado ambiental, con el objetivo de posicionarse como actores legítimos con conocimientos válidos para el diseño de políticas territoriales para este particular espacio rural. En relación a la descripción de estos actores, planteo una reflexión sobre las categorías utilizadas para englobar a productores agrarios y no agrarios en territorios rurales.

Esta investigación se basa en el trabajo de campo realizado desde fines de 2017 hasta marzo 2020, y toma como informantes principales a los miembros de diferentes organizaciones isleñas, tanto productivas como culturales y políticas, e incluye realización de entrevistas, visitas a espacios de trabajo, participación en foros de debate, jornadas de protesta, eventos sociales y reuniones con funcionarios. También implicó dos períodos de radicación semi-permanente en las islas -uno de seis meses y otro de tres- en diferentes arroyos, que implicaron permanentes intercambios con diversos vecinos sobre las condiciones de vida en el Delta.

Nueva ruralidad en el Delta

Si bien el turismo fue una actividad presente en las islas de Tigre desde comienzos del siglo XX, fue la producción frutícola lo que impulsó la colonización del Delta desde mediados del siglo XIX y fue ésta la actividad predominante por más de un siglo. Luego de un ciclo de auge, la fruticultura entró en crisis por factores internos y externos a la región, y llevó a un largo proceso de despoblamiento. Es recién en torno al año 2000 que se produce una reactivación en la porción de islas pertenecientes al partido de Tigre de la mano del desarrollo turístico e inmobiliario que produjo un espectacular crecimiento económico, revirtió el éxodo poblacional y dio lugar a la instalación de nuevos habitantes y a un elevado flujo de visitantes temporales. De esta manera, donde antes existían chacras y quintas ahora predominan casas de fin de semana, cabañas de alquiler, hoteles, recreos y restaurantes donde los habitantes de la ciudad disfrutan del esparcimiento.

Sin embargo, el crecimiento económico no ha estado exento de conflictos y las condiciones de vida para una gran parte de los residentes permanentes continúan siendo adversas. En la isla, forma en que se refieren al Delta sus habitantes, se observan enormes contrastes entre modernos y lujosos complejos turísticos conviviendo con precarias viviendas, quintas abandonadas y estructuras al borde del derrumbe. Diferentes actores de la región manifestaron vivir el turismo simultáneamente como una necesidad y como una invasión (entrevista a periodista isleña, junio 2018), pues si bien permite a un conjunto de habitantes sostener la permanencia en el Delta, transforma a su vez el modo de vida tradicional. Señalan que, en temporada alta, el turismo puede hacer colapsar la infraestructura local, mientras que fuera de temporada se paraliza la actividad y las posibilidades laborales disminuyen drásticamente.

La observación de estos contrastes me indujo a problematizar las potencialidades de un modelo de desarrollo centrado predominante en el turismo y a descubrir una vasta literatura académica sobre cómo la turistificación puede generar impactos negativos allí donde se lo promueve de manera acrítica y no regulada. A su vez, me llevó a vincularme con activistas que cuestionan las consecuencias de estas prácticas y se organizan para promover alternativas que mejoren la estabilidad económica y calidad de vida de la población local con el objetivo de evitar un nuevo proceso de desplazamiento poblacional.

Para conceptualizar, entonces, la situación del Delta de Tigre tras la crisis frutícola considero útil retomar la perspectiva de la nueva ruralidad. Bajo este enfoque Cartón de Grammont (2010), plantea un análisis sobre la reconfiguraciones territoriales y emergencia de nuevos actores y relaciones sociales, no sólo en las zonas rurales, sino en las relaciones de éstas con las ciudades. Señala, por ejemplo, la valorización de los espacios rurales contiguos a las grandes urbes como lugar de residencia o esparcimiento para las clases medias y altas (2010). Particularmente, el autor destaca que mientras algunas regiones se han integrado a los mercados globales gracias a una profunda capitalización y tecnificación de la producción agrícola, en otras el descenso del precio de los productos tradicionales ha conducido a un proceso de desagrarización (Cartón de Grammont, 2009), entendido como la disminución de la agricultura y las actividades productivas primarias en la generación de ingresos de las economías rurales. De esta manera, los habitantes de estas regiones se ven en la necesidad de incorporar diversas producciones o servicios no agrícolas, tales como artesanías, pequeños talleres y microempresas manufactureras, comercio y turismo (Kay, 2013). En forma complementaria, (Smith, 1996) señala que en las regiones en decadencia pos-productiva las políticas públicas suelen privilegiar al sector servicios como estrategia de resurgimiento. Por otro lado, (Pérez, 2001) advierte que, en algunas ocasiones, este conjunto de transformaciones puede dar lugar a un desprestigio de las actividades agrícolas en amplios sectores de la población local. Como mostraré en este artículo, la detección mediante el trabajo de campo de los elementos señalados por estos autores me permite sostener que, en sintonía con tendencias globales, fue la prolongada crisis que vivió la región lo que generó las condiciones para la rápida introducción del turismo como alternativa económica.

A partir de estos señalamientos, planteo abordar la centralidad que toma la actividad turística como impulsora del desarrollo en los programas estatales, y asimismo, la necesidad de problematizar este concepto con los aportes de la Antropología del Desarrollo. Siguiendo a (Spadafora, 2010), sostengo que el concepto de desarrollo no es neutro sino un constructo ideológico. Éste es intrínsecamente eurocéntrico en términos culturales y sesgadamente liberal en términos económicos y justifica la injerencia de las potencias occidentales en la definición de políticas para los países periféricos, constituyendo la cara moderna del colonialismo desde la segunda mitad del siglo XX. Según define Escobar (2010):

Los antropólogos del desarrollo centran sus análisis en el aparato institucional, en los vínculos con el poder que establece el conocimiento especializado, en el análisis etnográfico y la crítica de los modelos modernistas, así como en la posibilidad de contribuir a los proyectos políticos de los desfavorecidos (p.42).

De esta manera, el autor busca desnudar la violencia silenciosa contenida en el discurso del desarrollo y sus intentos de replicar las transformaciones de la modernidad capitalista en las áreas lejanas a su núcleo. La antropología del desarrollo señala que pese al énfasis puesto por los programas para el desarrollo en combatir la pobreza, éstos fracasan reiteradamente, debido a sus compromisos con el neoliberalismo, principal promotor de la pauperización que buscan combatir (Gascón, 2011; Spadafora, 2010).

Por otra parte, (Britton, 1991) plantea que el turismo, a pesar de generar indudables beneficios macroeconómicos para los estados, suele también perpetuar las desigualdades, los problemas económicos y las tensiones sociales regionales y de clase, constituyendo una estrategia ambigua de desarrollo. En esta misma línea, Gascón (2011), señala que el turismo se ha consolidado en la agenda de los organismos internacionales de promoción del desarrollo como una herramienta ampliamente sugerida para reducir la pobreza en los países del Tercer Mundo, especialmente en los sectores rurales. Sin embargo, el autor da cuenta de que los beneficios recibidos por las comunidades a raíz de estas propuestas son escasos, pues los mayores beneficios suelen ser acaparados por grandes inversores y actores intermediarios, mientras que a los pobladores les quedan ingresos y empleos precarios e inestables; y son, además, quienes pagan los costos del impacto ambiental de los grandes proyectos (Gascón & Cañada, 2016; Gascón & Milano, 2017). Por otro lado, diferentes estudios nos recuerdan que las transformaciones globales no ocurren por sí solas, sino que para que la penetración del capital turístico-inmobiliario, tanto nacional como extranjero, se produzca deben darse una serie de políticas que le den cobertura, facilidades y apoyo, a través de programas y planificaciones impulsados desde diferentes niveles del Estado, en cooperación con los organismos internacionales (Gascón y Cañada, 2016; Milano, 2015). Cuando el Estado ejecuta políticas desarrollistas, actúa también con la lógica de negación de la diferencia señalada por Escobar (2010). La antropología ha desarrollado una larga trayectoria en el análisis de las políticas públicas. En este caso, nos interesa retomar el trabajo de Shore y Wright (1997), donde plantean “que las políticas son herramientas de intervención social para administrar y regular la sociedad, que reflejan ciertas ‘racionalidades de gobierno’ o ‘gubernamentalidades’ (maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él) y algunas veces, crean nuevos conjuntos de relaciones entre individuos o grupos y construyen nuevas categorías de subjetividad” citado en (Litman, 2013, p.17).

Aledo (2016) nos invita a incluir el concepto de vulnerabilidad social en los estudios turísticos. Define a esta como “riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de sufrir sucesos que atenten contra su subsistencia y capacidad de acceso a mayores niveles de bienestar” (p.39). Pero, no plantea esto de una manera puramente negativa o determinista, sino que utiliza el concepto de vulnerabilidad para introducir:

la tensión entre las estructuras y la agencia humana al tener en cuenta las estrategias de individuos y familias de aprovecharse o verse afectados por las fuerzas estructurales [...] y, por tanto, se reconoce el papel activo de las poblaciones locales en su proceso de adaptación al fenómeno turístico, así como su capacidad de influir en él (Aledo, 2016, p.39).

En un sentido similar, (Olemberg, 2015) plantea que las repercusiones de los cambios producidos por la globalización son múltiples, y así como pueden poner en jaque a la producción familiar campesina, también pueden derivar en diversas “estrategia[s] de mitigación de riesgos o compensación de ingresos que permita a los pequeños productores seguir integrados económicamente sin perder su actividad tradicional o su predio rural” (p.91).

Considero que este conjunto de referentes permite entender algunas de las tensiones que hoy atraviesan al Delta de Tigre. Tras una imagen de bonanza y estatus paradisíaco, propia de la publicidad turística y de la justificación del accionar estatal, se esconde una situación de vulnerabilidad que afecta a gran parte de la población permanente del Delta, como se apreciará en las entrevistas realizadas a diferentes isleños. En este escenario un sector de la población vuelve la vista al pasado en busca de una alternativa a una vida de incertidumbre al servicio de quienes vienen de afuera. La apelación a cierta identidad isleña y a su pasado como productores de alimentos comienza a ser utilizada por algunos actores como forma de desafiar la naturalidad, inevitabilidad y deseabilidad de las transformaciones económicas y culturales en curso.

La identidad isleña y la recuperación del delta productivo

Hall (1992), plantea concebir a la identidad como un fenómeno no basado en esencias primordiales, sino que más bien como un proceso dinámico y posicional. Es decir, que la identidad no es algo que se constituye de una vez y para siempre, sino que está en constante (re)elaboración y no se basa en características intrínsecas de los sujetos, sino que se construye en forma relacional, es decir en base a la oposición con otras identidades con las que va interactuando.

En esta misma línea, el antropólogo De Jager (2016) analiza el carácter relacional y dinámico de las construcciones identitarias en el Delta. El autor plantea que la identidad de los locales opera sobre una serie de pares de oposiciones, dentro de las cuales, la fundamental es la oposición entre Isla y Continente, aunque luego aparecerán otras como la de nacidos en la isla frente a los arrimados, pues las particularidades geográficas de la región imponen a quienes viven en ella una serie de experiencias, exigencias y aprendizajes que van a ser utilizadas con un fuerte criterio demarcativo. Existe también un fuerte anclaje en determinadas lecturas y usos del pasado, que configuran algunos de los otros pares de oposiciones que sirven para establecer diferencias entre los propios isleños.

De Jager señala que las oposiciones son utilizadas de manera circunstancial, pero que, de conjunto contribuyen a crear un eje polarizador. Las distinciones entre lo domesticado y lo salvaje, el progreso y el atraso, lo gringo y lo criollo, lo tradicional y lo hippie (o en un plano más analítico la civilización y barbarie, la naturaleza y la cultura) son esgrimidas por diferentes agentes como forma de legitimar sus modos de vida, sus planes económicos, sus posicionamientos ante determinadas regulaciones o propuestas de normativas, etc. (De Jager, 2016). De esta manera, un productor forestal puede considerarse a sí mismo, por realizar una actividad “tradicional” de la región, como alguien más “auténticamente isleño” que quién posee o gestiona una cabaña y colabora con la “invasión de turistas”. A su vez, esta persona puede considerar que su cabaña está en más armonía con la naturaleza y que esto lo identifica más con el Delta (Notas de campo, febrero 2019). El primero puede argumentar que su actividad trajo progreso a las islas, puesto que domesticó al territorio para volverlo productivo, mientras que la segunda persona puede contestar que los endicamientos (elevamientos artificiales del terreno para proteger a los cultivos, especialmente los forestales, del ciclo de mareas) realizados para garantizar la producción alteran el ciclo hídrico. Por otro lado, un joven isleño puede preferir obtener una changa como camarero en un emprendimiento turístico-gastronómico, antes que emplearse como jornalero cortando junco o bambú, incluso aunque la paga pueda ser ligeramente mayor en el segundo caso (entrevista a productor de bambú, mayo 2018). Una interpretación posible para este tipo de situaciones puede entenderse recordando los conceptos de vulnerabilidad (Aledo, 2016) y de desvalorización social de las tareas agrarias (Pérez, 2001). Puesto que, si mira hacia atrás, sus padres junqueros han llevado una vida dura y de prolongadas penurias, mientras que en el sector turístico uno puede ver modernas casas y lanchas, tecnología de conectividad, interacción con personas de otros ámbitos, etc. Un isleño de familia de varias generaciones en el Delta puede considerar que su casa de cemento representa superación y progreso, fruto de un largo esfuerzo y trabajo constante en la isla, y mirar con desprecio a unos hippies arrimados que construyen su vivienda con barro y paja (De Jager, 2016), quienes a su vez rechazan las técnicas tradicionales, pues las suyas representan la vanguardia en sustentabilidad (entrevista a productora de cosmética natural, julio 2019). A su vez, muchas de las personas descriptas aquí pueden unirse a pesar de sus diferencias para rechazar la construcción de un enorme barrio privado, que expulsa a productores tradicionales, que rellena masivamente hectáreas enteras de islas y busca construir un puente para conectar la ciudad con el Delta y permitir el ingreso de automóviles. Esto efectivamente sucedió en 2009, cuando una serie de movilizaciones vecinales lograron detener la construcción del mega-emprendimiento inmobiliario Colony Park (Astelarra, 2013; De Jager, 2016); o como en 2018, cuando surgieron amplias movilizaciones unitarias contra la decisión del gobierno provincial de cerrar escuelas de isla (Notas de campo, Febrero 2018), mostrando cómo las diferenciaciones internas pueden ponerse en un segundo plano cuando se trata de enfrentar aquellas amenazas del exterior, del continente.

Justamente la relación con el Estado, en sus diferentes niveles, es generalmente percibida de manera crítica por los isleños, ya sea por acción u omisión. Por un lado, son comunes las referencias al desamparo del que han sido víctimas los pobladores, mientras que, por otro, se denuncia la prepotencia padecida en base a las legislaciones y regulaciones que las agencias estatales han pretendido o pretenden imponer. Ya sea que se denuncie abuso o abandono estatal, ambos planteos suelen estar acompañados de alguna referencia a la incomprensión o al desconocimiento por parte de los funcionarios de las particularidades del Delta, marcando la lejanía de estos, reforzando la oposición entre isla y continente, y colocando al Estado (como concepto genérico) en el lado externo del sistema de oposiciones.

No pretendo con estas breves referencias y ejemplos haber agotado la complejidad de la cuestión identitaria en el Delta, sino simplemente mostrar algunos de los ejes en torno a los cuales ésta se construye, y la forma cambiante en que estos se pueden articular. Más adelante profundizaré algunos de estos ejes y valores y formas de legitimización asociados a ellos que los miembros de la asociación “Origen Delta” utilizan. Me parece importante resaltar, entonces, es que el Delta es un territorio cuyos habitantes se perciben de una manera marcadamente diferente a sus vecinos continentales, al mismo tiempo que es sumamente heterogéneo en su interior, puesto que las transformaciones económicas y el ciclo de emigración e inmigración han generado estilos de vida divergentes.

De la producción al turismo y del turismo a la producción

Como adelanté en la introducción, la crisis de la fruticultura abrió las puertas a un proceso de reconfiguración socioeconómica (Galafassi, 2001). Mientras que las regiones más alejadas del Área metropolitana de Buenos Aires, se reorientaron hacia actividades de forestación y ganadería, la zona isleña de Tigre se orientó más hacia el sector turístico, insertándose en un proceso de incipiente urbanización (Astelarra, 2013; Camarero, 2011; Olemberg, 2015) y turistización.

Olemberg (2015) utiliza los datos censales para mostrar el descenso sostenido de la población total del Bajo Delta bonaerense desde la década de 1960 en adelante, pasando de 14.504 habitantes en 1960 a 10.490 en 2010 (-28%.). Mientras que las islas de Tigre acompañan al principio la tendencia poblacional descendiente, a partir de las décadas de 1990 y 2000, ésta sección vive un fuerte aumento poblacional; pasa de 3.604 habitantes en 1960, para descender a 2.779 en 1980 y llegar a 5.468 en 2010, acumulando un incremento del 52% (Olemberg, 2015, p.87). Adicionalmente, mientras que la población de las islas creció un 9% en el período 2001-2010, la cantidad de viviendas creció un 21%, pues un gran número de ellas se utilizan para alquiler o vacaciones. Una relevamiento hecho por la Municipalidad de Tigre y organizaciones vecinales ambientalistas realizado entre 2011 y 2012 indica que en los meses cálidos, entre noviembre y abril, “la afluencia de turistas promedio es de 32.945 por mes. Esto implica que la población los fines de semana alcanza las 11.900 personas, además de la población estable citada (un 237% mayor que la población permanente)” (Municipio de Tigre et al., 2012, p. 51).

Bertoncello e Iuso (2016) señalan que la turistización no es un proceso aislado, sino que es parte de un proceso más general de reconfiguración espacial, característica del neoliberalismo y las sociedades post industriales o capitalistas tardías. También agregan que, en la década de 1990, la municipalidad de Tigre realizó una serie de vistosas reformas en la zona céntrica continental para hacerla más atractiva para los turistas (Bertoncello e Iuso, 2016), al mismo tiempo que impulsaba la instalación barrios privados en la rivera continental, que luego se extenderían también hacia las islas (Astelarra, 2013). Captar inversiones inmobiliarias, atraer visitantes y venderles paseos náuticos en grandes catamaranes (más inversiones privadas), se reflejan como las principales preocupaciones de los sucesivos intendentes.

Sin embargo, los habitantes del delta no parecen haber tenido un lugar demasiado protagónico en estos planes. Sobre el impacto del turismo en la vida isleña, De Jager (2016) plantea que quienes visitan el Delta, mayoritariamente lo hacen como parte de paquetes turísticos que ofrecen excursiones en las que los pasajeros no bajan de las embarcaciones, o sólo lo hacen en grandes recreos privados, por lo que no tienen casi interacción con la población local. Adicionalmente, Olemberg (2015) plantea que, dada la cercanía de la primera sección del Delta con el AMBA, los visitantes de fin de semana (que son la mayoría) se abastecen mayormente en la ciudad, dado que es más barato, por lo que no generan una demanda considerable que pueda ser suplida por una producción isleña. Esto no quiere decir que el turismo no genere puestos de trabajo, sino que para los isleños de clase media o baja, las posibilidades de inserción laboral que ofrece son empleos en el sector de servicios (turístico o gastronómico), en posiciones subordinadas y generalmente precarizadas y sujetas a una gran variabilidad estacional. Sectores de clase media, pueden llegar a obtener ingresos del turismo alquilando habitaciones o segundas viviendas. En palabras de un entrevistado:

Pasa mucho eso acá... y bueno, el turismo se convirtió en una opción de trabajo, para mucha gente, ahora en este momento la tendencia es... comprar un lote, construir tu casita, construir una cabaña para alquilar, construir otra porque con una no te alcanza, y otra más porque con dos tampoco te alcanza. [...] Y es un modelo que me parece que hay que encontrarle un límite y un equilibrio, porque hasta dónde vas a construir. [...] Como dice un amigo poeta: “el isleño antes sembraba frutales, ahora siembra cabañas” (Entrevista a ex dueño de parador turístico, hoy productor de bambú,[1] enero 2019)

Otros isleños optan por la elaboración de productos artesanales pero, debido a las particularidades antes mencionadas de visitantes cautivos de los paquetes pre-armados, esta producción es difícil de vender en el territorio. Otro productor de bambú, El Ruso,[2] señaló reiteradamente que el panorama económico general en la región era muy complicado, que ni siquiera a los emprendimientos más vistosos y llamativos podían vivir con demasiada holgura.

Entonces yo peleé muchos años para vivir en la isla, y de la isla, y ahora para poder vivir… tengo que volver al continente, porque sin el continente no hay mercado, ¿me entendés…? El único negocio rentable que hay en el Delta es el paseo de personas con fin turístico, ya ni siquiera es rentable la lancha colectiva [el sistema público de transporte de pasajeros], o sea, es rentable el tour de la Cacciola [catamaranes]. O sea, yo no creo que ni siquiera sea rentable, debe ganar plata pero no debe tener curva de rentabilidad. Ni “El Gato Blanco”, que es el restaurant más importante... son emprendimientos familiares que te sirven para sostenerte, pero si vos lo querés hacer como un emprendimiento comercial tipo franquicia no te va a dar la curva de rentabilidad a lo deseado jamás, jamás. (Entrevista a El Ruso, productor y comercializador de bambú y artesanías, mayo 2018).

El Ruso se refiere a que hace un par de años habían montado una pequeña cabaña construida íntegramente en bambú, muy llamativa, a orillas del Río San Antonio. Allí pensaba vender diferentes artesanías fabricadas en dicho material, además de brotes comestibles. Sin embargo, a pesar de ser el Río San Antonio, uno de los más transitados un número muy pequeño de gente se detenía y descendía de sus embarcaciones para comprar. Esta situación llevó al Ruso y a sus compañeros a trasladar el local al Puerto de Frutos, centro comercial en el continente, con la esperanza de obtener más visitantes.[3] Si bien esto comenzó a suceder, se enfrentan con un nuevo problema: una intensa competencia con cientos de locales, que ofrecen mercancías de producción industrial, y grandes cadenas gastronómicas, destinadas también a captar la atención de los turistas. Frente a esto, una de las estrategias fue asociarse con otros productores del Delta, de diferentes rubros, para aumentar la atractividad y el flujo de ventas del local, y dividir los costos del sostenimiento del espacio entre más personas. Aun así, la situación sigue siendo difícil de afrontar.

Frente a dicho escenario, varios de estos productores, vieron en el surgimiento de “el” CAPI (Consejo Asesor Permanente Isleño) una oportunidad para transformar las duras condiciones. El CAPI es un organismo consultivo que tiene su origen en el conflicto en torno a la instalación de Colony Park en 2009, emprendimiento mega-inmobiliario que, como reseñé más arriba, causó gran rechazo entre los isleños. Producto de las movilizaciones para frenar dicho proyecto, surgió un compromiso con el municipio para generar un Plan de Manejo Integral del Delta para, entre otras funciones, evitar estas obras de gran impacto ambiental. Se suponía que el CAPI era el organismo que iba a acompañar la ejecución del Plan de Manejo para evitar el diseño de políticas de manera inconsulta por parte de las entidades estatales. Sin embargo, nunca había sido formalizado por el municipio. Recién en diciembre 2018, el intendente Zamora[4] firmó el decreto que instituía su creación, con autoridades concretas y un espacio (modesto) de funcionamiento. Esta formalización, aunque reciente, parece marcar un cambio en el proceso organizativo isleño. Diferentes colectivos, asambleas y frentes, que se organizaban para atender a distintas problemáticas del Delta (cortes de luz, situación del transporte público de pasajeros, dragados y endicamientos, etc.), se constituyeron o están en vías de constituirse como comisiones del CAPI, que parece contar, por el momento, con una elevada legitimidad.

Una de ellas es la Comisión de Producción, que se propuso la realización de un censo de productores de diversos ramos, radicados en el Delta, para promover reclamos frente a sus necesidades y organizar proyectos. Cabe aclarar, que por definición de los integrantes de la comisión, se habla de productores de tipo familiar o de pequeña escala y que tengan como criterio la sustentabilidad ambiental de la región y la promoción de trabajo y empleo isleño, excluyendo así a las grandes compañías forestales ubicadas en la Segunda y Tercera Sección de Islas. Este criterio es reflejo de discusiones, explícitamente políticas, entre los promotores de la comisión, provenientes de diferentes organizaciones políticas y sociales preexistentes.

Completado el censo, la principal iniciativa ha apuntado a mejorar las condiciones de comercialización. A raíz de las limitaciones por la competencia sufrida por “La Bambusita”, el puesto administrado por El Ruso en el centro comercial, se la ha solicitado al municipio el otorgamiento de un local en la Estación Fluvial, centro obligado de paso tanto para isleños como para turistas que se embarcan rumbo al Delta en transporte público. Para tal fin, se ha conformado una Asociación Civil llamada Origen Delta, que ha sido suscripta por setenta productores o emprendimientos. Entre los objetivos de la Asociación se encuentran no sólo la implantación del local en donde los productores puedan vender mancomunadamente su producción, sin la competencia de los importadores enfrente, sino la creación, en asociación con el municipio, de una cocina y una carpintería de uso comunitario, entre otros proyectos.

Caracterizando a los productores de Origen Delta

Como el estado del proyecto Origen Delta es aún embrionario, todavía hay cierta resistencia a divulgar demasiada información, por lo que aún no me han permitido acceder al listado completo de asociados para conocer todos los emprendimientos. En base a lo que logré recomponer a partir de mi presencia en reuniones o de las charlas con aquellos que accedieron a ser entrevistados, puedo decir que se trata de un grupo bastante heterogéneo. Su principal característica en común es la residencia en el Delta, pero más allá de ello sus producciones son bastante dispares.

Así, por ejemplo, podemos encontrar a quienes trabajan con el bambú, ya sea quienes cultivan y cosechan la caña y la venden como materia prima, a quienes elaboran con ella diferentes artesanías (artefactos de decoración, muebles, instrumentos musicales, utensilios de cocina, etc.) o a quienes producen brotes para consumo alimenticio, o diferentes combinaciones de estas actividades en una sola unidad económica. No es un grupo demasiado numeroso, pero como también se encargan de la promoción del cultivo y aprovechamiento del bambú, tienen cierta visibilidad, y podrían llegar a sumar nuevos miembros. Un sector similar a este es el de productores de junco, mimbre y/o formio, con los que también se elaboran muebles y elementos decorativos. Estas materias primas son cultivos tradicionales de las islas, y supieron ser una actividad de gran alcance en el pasado, aunque hoy sólo se dé en pequeños nichos. Dentro de la asociación podemos encontrar, también, a un cierto número de carpinteros que trabajan las maderas de las especies arbóreas típicas de la región, algunos en la producción de muebles y bienes de uso, otros en la producción de objetos artísticos.

El conjunto más numeroso es, sin dudas, el de los elaboradores de alimentos. Bajo esta categoría podemos agrupar a productores de dulces y mermeladas, licores, conservas en escabeche o vinagre, salsas tipo chutney, miel, nueces de pecán, entre otros. Junto con los productores de bambú, este grupo resulta interesante, ya que trabajan a partir de materias primas tradicionalmente asociadas al Delta, aunque el decaimiento de la producción que ha experimentado la región durante décadas, hace que muchas veces deban abastecerse de estas en el continente. También, existe un cierto número de productores de elementos de cosmética e higiene natural. Al igual que los productores de alimentos se encuentran con una restricción para desarrollar su actividad en las islas, que es la provisión de agua potable, por lo que, a través de la Comisión de Producción del CAPI, propugnan por la instalación de una planta potabilizadora y un laboratorio de uso comunitario en el territorio deltaico.

Otro sector, es el de los emprendimientos textiles y los de bijouterié y artesanías varias. Sus producciones son de pequeña escala y pueden realizarse cómodamente en el propio hogar isleño. Si bien sus materias primas no corresponden típicamente al Delta, los motivos de sus diseños suelen estar asociados a temáticas isleñas. Lo que los emparenta con el resto de los miembros, son las dificultades logísticas para la distribución y comercialización.

Prácticamente, la totalidad los miembros cuentan con más de un canal de venta, a través de diversas redes que han ido tejiendo desde que comenzaron a producir y que incluyen ferias, pequeños almacenes isleños o comercios de la zona continental aledaña. Este aspecto resulta evidente, si pensamos que el local de Origen Delta aún no está en funcionamiento, y sólo una docena o veintena de productores comercializaba previamente a través de la Bambusita. Sin embargo, ven en la nueva asociación y su local, estratégicamente ubicado, la posibilidad (mera potencialidad aún) de encontrar una cierta demanda estable para sus productos y una estructura logística colaborativa.

En cuanto al perfil de los productores, no ya de su producción, la mayoría se trata de personas que trabajan en forma individual o en forma conjunta con sus parejas. No hay asociaciones para la producción, salvo en el caso de una cooperativa de dulceras. Algunos, cuentan con la colaboración de sus hijos (de manera periódica o eventual, no a tiempo completo). Para la distribución de los productos, se suelen establecer acuerdos con algún otro productor con el que se consensuan porcentajes por la tarea de comercialización. La mayoría, entonces, sólo pareciera recurrir a la contratación de mano de obra asalariada de manera sumamente eventual. Por lo tanto, puede decirse que, en prácticamente la totalidad de los casos, la unidad económica coincide con la unidad doméstica. Los niveles de capitalización son bajos, principalmente representados por instrumentos de producción (herramientas y pequeñas máquinas, y en algunos casos una lancha tipo tracker, de carga moderada, que es a la vez, medio de locomoción cotidiano para un habitante de la isla). Los miembros no poseen, en general, grandes extensiones de tierra que les permitan abastecerse de recursos suficientes para dar lugar a una producción que garantice la subsistencia. Aquellos que pueden, cultivan cierta cantidad de materia prima en los fondos de sus casas, pero deben combinar esta estrategia con otras, como por ejemplo, realizar acuerdos con vecinos que no saben o no pueden aprovechar los recursos de sus fincas, o cosechar plantas del monte y zonas pantanosas o incursionar en quintas abandonadas. Se accede así a frutales asilvestrados, juncos de las costas; cañaverales en las riveras; se tala en el monte o se caza y se pesca. Cada productor desarrolla su combinación de estrategias y sitios de preferencia recurrentes.

Quizás la principal excepción a esta insuficiencia de tierras entre los asociados de Origen Delta sean los productores de mimbre y formio, pues éstas son unidades productivas de mucha mayor antigüedad. El formio es una planta cuyas fibras pueden utilizarse para la producción de sogas y encordados. El mimbre es el producto de un arbusto con el cual se obtienen varillas que se utilizan en cestería. El cultivo de estas variedades se incrementó al ritmo de la producción frutal, y decayó casi al mismo tiempo que ella. Pequeñas unidades productivas sobreviven desperdigadas en distintos puntos del territorio, sobre todo en la Segunda y Tercera sección de islas (partido de San Fernando) (Olemberg, 2015). Estas unidades resistieron tanto la concentración de tierras que se dio de la mano del viraje regional a la forestación, como el proceso de fragmentación y loteo asociado a la construcción de viviendas y complejos turísticos. Estas explotaciones se encuentran en general en manos de miembros de viejas familias isleñas, pues dichas producciones requieren destrezas difíciles de aprender para la poca rentabilidad que ofrecen con los precios actuales (Olemberg, 2015).

Adicionalmente, los productores de mimbre y formio son casi los únicos miembros de Origen Delta nacidos en isla,[5] aunque existe también una pareja de productores de miel que se radicó aquí en tiempos de la última dictadura militar. La mayoría de los socios, en cambio, es de radicación más reciente. Muchas de estas familias se instalaron en los años siguientes al estallido económico y social del 2001 y el resto en sucesivas oleadas en el período subsiguiente, reflejando lo dicho en párrafos anteriores sobre el rebrote económico de la sección tigrense del Delta de principios del nuevo milenio. Al mismo tiempo, considero la búsqueda de alternativas productivas y estrategias asociativas como un síntoma de los límites ofrecidos por la expansión turística, tal como se expresa en las entrevistas antes citadas.

Luego de esta descripción de la variedad de productores reunidos en esta asociación, ¿bajo qué categoría sociológica-económica ubicar, entonces, a este conjunto? ¿Artesanos, pequeños productores, productores independientes y/o de la economía popular? Quizás todas ellas puedan servir en un sentido general, sin embargo, teniendo en cuenta que una de las finalidades definidas en la creación de la Asociación es la de interpelar al Estado, quizás sea conveniente ubicarlos en una categoría, que en los últimos años ha ganado implantación en los ámbitos de diseño y aplicación de políticas públicas, así como también en los terrenos científico y de la extensión universitaria en ámbitos rurales. Me refiero a la categoría de agricultores familiares. Es evidente que en un primer momento genera asombro la idea de incluir a productores de bijouterié, remeras o cuadernos en una categoría relacionada con la agricultura, y quizás no es el término más efectivo para el sentido común. Sin embargo, como expondré a continuación, esta inclusión, cobra sentido, si se la contextualiza histórica y regionalmente, y puede, adicionalmente, cobrar una finalidad práctica. Me apoyaré entonces en la reconstrucción de la trayectoria de la categoría de Agricultura Familiar que ha hecho Craviotti (2014). Según la autora:

La agricultura familiar (AF), como noción conceptual y operativa que engloba a un heterogéneo conjunto de productores que recurren al trabajo de sus familias, toma cuerpo a comienzos del nuevo milenio en Argentina […] en un contexto donde se recuperan las capacidades estatales de formulación y ejecución de políticas, situación que afianzó equipos técnicos orientados al sector y su vinculación con organizaciones sociales -tanto de base como ONGs- y contribuyó a moldear una visión de la agricultura familiar como sujeto productivo con características propias (p.175).

El concepto de Agricultura Familiar, permite ampliar la mirada con respecto al de pequeño o mediano productor, pues no solo toma en cuenta las características de la unidad de explotación económica, sino que integra otros criterios de carácter social, como se verá a continuación. Craviotti señala que a tono con las tendencias regionales y, a partir de la gestión asociada entre el Estado y las organizaciones del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, se crea en Argentina en el año 2007 el RENAF (Registro Nacional de la Agricultura), que busca producir información sobre posibles destinatarios de políticas públicas focalizadas. Este ente, establece como unidad de registro y análisis al Núcleo de Agricultura Familiar, esto es:

una persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, que comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural (RENAF citado en Craviotti, 2014, p.179).

A su vez, el Registro dispone que dicho núcleo posea residencia en áreas rurales o a una distancia que permita contactos frecuentes con la producción; una proporción de mano de obra familiar en el total de la mano de obra empleada superior al 50% y la contratación de no más de 2 trabajadores asalariados permanentes (RENAF, 2009) citado en (Craviotti, 2014, p.179). Por otro lado, el mismo documento dispone que:

las familias pueden realizar actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, las de producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de recolección y el turismo rural (…) sin importar si el destino de esas actividades es la venta, el autoconsumo o el trueque, o si se trata de la actividad principal o una secundaria del hogar (RENAF) (Craviotti, 2014, p.15-16).

Es evidente que la intención de este organismo es ampliar el criterio de pertenencia para que pueda abarcar diversas situaciones que hoy en día distan de ser excepciones en el ámbito rural. Esta ampliación puede pensarse en relación a las transformaciones de la nueva ruralidad discutidas en el primer apartado de este trabajo, que refieren a la disminución de las actividades agropecuarias y su reemplazo o combinación con empleos y ocupaciones heterogéneas para garantizar su sustento. Adicionalmente, en zonas rurales las condiciones de logística, de comercialización, de acceso a determinados suministros, al dinero en efectivo, a canales bancarios u otras herramientas tecnológico-digitales, suelen presentar mayores complicaciones que en ámbitos urbanos, sobre todo para personas o familias que no cuentan con grandes capitales y viven del trabajo día a día. En base a estas consideraciones estimo pertinente la ampliación de sentido que introduce el documento del RENAF, puesto que el universo de sujetos que se intenta definir posee características suficientemente distintivas con respecto a productores que cuentan con mayores medios de producción, como maquinaria pesada o extensiones superiores de tierra. Por otro lado, si bien los productores no agrarios de estas zonas comparten características con otros trabajadores por cuenta propia o precarizados de las ciudades, el contexto rural y sus condicionamientos debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar la realidad de productores, y sobre todo a la hora de pensar o ejecutar políticas públicas. Sin embargo, que este sentido ampliado siga siendo representado por el significante “núcleo de agricultura familiar”, aunque lo agrario no sea un requisito, puede implicar problemas, pues a veces ni las personas que podrían acceder a determinados beneficios por ser incluidos en aquella categoría, no se sienten interpeladas por ella, como pasó al charlar con una productora de cosmética natural de Origen Delta. Considero que una buena conceptualización para referirse a este conjunto, sería denominarlo como Productores Familiares Rurales, para responder mejor a la diversidad de actividades.

De hecho, la categoría de productor familiar fue utilizada por los propios promotores de la Asociación, como forma de diferenciarse de los productores forestales, que predominan en las demás secciones, y que suelen agruparse en la categoría de pequeños o medianos productores. Como demuestran Galafassi (2001) y Olemberg (2015), el actor predominante en dicha actividad son los productores con mayor nivel de capitalización y la producción empresarial, excepto en el caso del mimbre (Olemberg, 2015). Por lo tanto, la identificación bajo la categoría de productores familiares, sirve a esta diferenciación, que funciona de múltiples maneras, puesto que se intenta demarcar, claramente, que se trata de otros tipos de actores y actrices socio-económicos, que requieren de otro tipo de políticas públicas; y adicionalmente, cumple otro propósito: le permite a los miembros de Origen Delta diferenciarse de las prácticas la forestación capitalizada/empresarial. Mientras aquellos realizan endicamientos en sus territorios que alteran el ciclo hídrico natural de la región, los productores familiares se reivindican como ejecutores de prácticas sustentables, pues las materias primas que producen y/ o las escalas que manejan, pueden realizarse sin dichos impactos ambientales.

La asociación con prácticas ecológicas sustentables es un aspecto importante en la construcción de legitimidad en el Delta. Valga recordar que el propio origen del CAPI se remonta al conflicto de Colony Park, que aglutinó a los activistas bajo dos consignas principales, “no a la destrucción del modo de vida isleño” y “salvemos los humedales” (precisamente lo que hace el endicamiento es eliminar la característica de humedal de las islas) (Astelarra, 2013). Dicho conflicto derivó en la presentación de un Plan de Manejo Integral de la sección tigrense del Delta que llevó a largos debates sobre qué se entendía por sustentabilidad. Las organizaciones sociales isleñas plantearon que no estaban siendo tenidas en cuenta en las definiciones, y finalmente, luego de nueve años de sostener dicho reclamo, se les dio cierta institucionalidad a su voz con la oficialización del organismo consultivo. Como señala Leite Lopes (2006), asistimos en las últimas décadas a una ambientalización de los conflictos sociales, un proceso por el cual sectores cada vez más numerosos de la población comienzan a utilizar la cuestión ambiental como eje de sus intereses y reivindicaciones. Diferentes actores intentan apropiarse de este discurso, pues otorga un manto de legitimidad con su sola mención, incluso cuando las acciones no se condicen lo que se enuncia. En el caso del Delta, el discurso ambiental intenta ser apropiado tanto por la municipalidad de San Fernando (Camarero, 2011) como por los empresarios constructores de Colony Park, y el Municipio de Tigre (Astelarra, 2014). La gestión del municipio pasó de impulsar los megaproyectos inmobiliarios, a postularse, luego de la irrupción del conflicto, como garante de la sustentabilidad ambiental. Sin embargo, al plantear sus propias prácticas como las técnicas productivas más sustentables los miembros de Origen Delta se apropian del discurso social en su propio beneficio. Para esto incorporan ciertos sentidos circulantes globalmente, pues, la construcción de una vinculación entre los sujetos de la agricultura familiar y la responsabilidad ambiental no es un fenómeno exclusivo del Delta y ni siquiera de Argentina.

Se trata entonces de un fenómeno global, o mejor dicho, alter-global, pues está ligado mayormente al activismo en contra de la globalización capitalista, de la mano de las empresas transnacionales y el agro-negocio. En esta línea, Oliveira (2011) plantea que en el ámbito de la agricultura alternativa, agroecología, agricultura orgánica (u otras denominaciones posibles) se suele presuponer que es el agricultor, el protagonista de las transformaciones ecológicamente progresivas:

Se observa que el discurso que se produce en este universo, en el que predominan las ONG, tiene al agricultor como objetivo prioritario. Es el agricultor quien debe construirse como el nuevo sujeto que “impulsará” esta transformación hacia un modelo de agricultura amigable con el medio ambiente. Este proceso se da a partir de la producción de un discurso que busca “normalizar” un universo social dado, ofreciendo ventajas económicas, políticas y ambientales y desarrollando también ciertos dispositivos de control, castigo y disciplina. El agricultor se insertará en esta dinámica en la que tendrá que posicionarse frente a este discurso ecológico y esta inserción producirá cambios en sus prácticas y en la forma de pensar el mundo que lo rodea. Pero la adopción de este discurso no se da sin ajustes y manifestaciones de resistencia y relaciones de poder. Esta dinámica da lugar a un proceso de reflexividad desde el cual estos agricultores irán mostrando sus condiciones de posibilidades ante las limitaciones a las que están sometidos. Es una dinámica procedimental y dialéctica y, en este sentido, lo que emerge no se limita a un sujeto sustantivo, unitario y fielmente coherente con los principios identitarios forjados en este proceso. Los sujetos de esta relación son los efectos de una síntesis inacabada del encuentro de diferentes formas de percibir y actuar en el mundo que les rodea (Oliveira, 2011, p.2).

Por lo tanto, me parece adecuado plantear que los productores de esta asociación civil están incorporando estratégicamente los supuestos que de ellos se esperan. Adoptar dichas prácticas les permite obtener un plus de legitimidad e intentar convertirse en interlocutores privilegiados de las autoridades municipales u otros organismos públicos o no gubernamentales, puesto que de otra manera se encuentran en difíciles condiciones de sostener su reproducción y las de sus familias, pues tanto el modelo forestal, como el modelo turístico (tal cual como se viene desarrollando en las últimas décadas), los ha dejado marginalizados. La adopción del discurso agroecológico, la visibilización de aquellas prácticas sustentables que realizan, es también una forma de resistencia. Como lo es, también, la adopción de la consigna de la Recuperación del Delta Productivo detrás de la cual se articuló la creación de la comisión y la formación de la asociación civil.

En definitiva, lo que este grupo está mostrando es una habilidad, una disposición adquirida para interpelar a los agentes estatales en la forma en la que los criterios de racionalidad estatal indicarían que sus agentes deben ser interpelados. Este despliegue puede analizarse a la luz de los aportes de Mussetta (2013) y su recuperación de las problematizaciones de Foucault en torno a los conceptos de Estado y gubernamentalidad. La autora nos recuerda que el poder no es meramente represivo, sino que busca producir subjetividades y disposiciones para actuar de una determinada manera. Bajo esta concepción, podemos entender que el accionar de los miembros de Origen Delta consiste en demostrarle al Estado por qué ellos son buenos destinatarios de políticas estatales, que poseen la racionalidad y las buenas prácticas que se esperan de ellos.

Sin embargo, si bien señalé la disposición del colectivo de productores de pensar en los términos de la racionalidad gubernamental, esto no significa una adaptación al poder estatal, sino que le exige a éste que oriente su accionar hacia la resolución de los problemas de los “gobernados”. Esto permite reflexionar sobre el carácter contingente de los procesos sociopolíticos, es decir, enfatizar que el presente de una determinada normativa o institución estatal es el resultado de una serie de sucesos determinados por mecanismos de poder y mecanismos de resistencia. “A contracorriente de las etiologías causalistas y deterministas, el análisis desde el enfoque de la gubernamentalidad busca promover la idea de que las cosas no necesariamente deben ser como son en el presente y que el futuro, más que resultado de alguna lógica de desarrollo, está abierto” (Mussetta, 2013, p.49).

Esto no quiere decir que el éxito acompañe siempre a los sujetos en sus demandas. Al contrario, en la cotidianidad de la gestión de dichas demandas, los productores aquí analizados se encuentran con cientos de trabas. Las normas procedimentales heredadas, las disputas de poder entre los propios agentes estales y el propio poder efectivo que los funcionarios ejercen para determinar que debe ser hecho y qué no, hace que muchas veces, las promesas y reconocimientos obtenidos por la asociación en una agencia estatal, deban ser disputados nuevamente en cada instancia. Esta disputa que nunca se termina sólo puede ser desafiada por la persistencia de la acción colectiva organizada, en una cambiante relación de fuerzas. No por casualidad pasaron más de ocho meses de exigencias burocráticas desde la promesa de otorgamiento del local para la asociación hasta obtener el sello y la firma de dicho otorgamiento, y cuatro meses después de esa firma, el local concreto aún no ha sido asignado.

Consideraciones finales

El territorio del Delta ha atravesado desde mediados del siglo XX al presente un proceso de desagrarización y despoblamiento. Mientras que las secciones del Delta más alejadas del área metropolitana de Buenos Aires se reconvirtieron hacía la producción forestal y ganadera, la Primera Sección, correspondiente al Partido de Tigre, vivió un proceso de repoblamiento ligado a la turistificación de la región, que desarticuló casi por completo lo que quedaba del entramado productivo de las islas.

Este proceso de despoblamiento y repoblamiento, junto con los cambios en la matriz económica en el Delta, han generado una disputa -por momentos latente, por momentos explícita- por la apropiación simbólica del territorio, la identificación como “el verdadero isleño”. En esta disputa, el lugar de nacimiento y la longevidad en el territorio, la ligazón al pasado productivo de la isla, el respeto por la naturaleza o la contribución al desarrollo económico y social son elementos que los habitantes utilizan selectivamente para construir la legitimidad de sus modos de vida, acciones y reclamos.

En este contexto, y con una valoración crítica de las posibilidades que el desarrollo turístico ofrece a la región, un grupo de productores con proyectos de pequeña escala, basados principalmente en el trabajo de miembros de la propia unidad doméstica, y con bajo nivel de capitalización, han decidido crear una asociación civil, Origen Delta, para aumentar las posibilidades de obtener asistencia estatal a sus proyectos. Esta asociación, se da en el marco de un proceso más amplio de interpelación al Estado, para ser tenidos en cuenta en el diseño de políticas públicas para la región, expresado en el reconocimiento institucional del CAPI.

En este marco de situación, los promotores de Origen Delta, han desarrollado una estrategia que involucra una multiplicidad de factores de legitimación que busca convertirlos en destinatarios deseables de las políticas públicas. De esta manera, su apelación a una recuperación del Delta Productivo corresponde a un uso del pasado que les permite ligarse en una continuidad histórica, con un período que todavía conserva una valoración de esplendor en los discursos dominantes en el Delta, incluso aunque la mayoría de los miembros ni de sus familias hayan vivido o nacido en la isla. Adicionalmente, el foco sobre sí mismos no se pone solo en la consideración de la producción, sino también, en el carácter sustentable de la misma: esto les permite conectar con los nuevos sentidos de corrección política imperantes en la región (y a su vez son reflejo de transformaciones a nivel global). Por otro lado, la apelación a la sustentabilidad les permite diferenciarse positivamente de actores con mayor peso económico y capacidad organizativa y, por ende, otras formas de ejercer presión política. Asimismo, la apelación a la categoría de productores familiares empalma con la preponderancia que dicha categoría ha adquirido en los últimos años a nivel nacional y regional y la focalización creciente (aunque incompleta y contradictoria), a los adscriptos en ella de los programas de desarrollo rural.

Esta conjunción de factores interpela a diferentes funcionarios del Estado Municipal, que, producto de sus propias necesidades de diferenciación y construcción política, en los últimos años han venido demostrando una tendencia a buscar nuevas formas de gubernamentalidad. Dicho proceso de transformación no está exento de tensiones y trabas, y es todavía un proceso en disputa.

El proyecto de la Asociación Civil Origen Delta, aún se encuentra en una etapa embrionaria y avanza a un ritmo bastante más lento del que sus miembros esperaban, por lo que resulta difícil pronosticar sus posibilidades de consolidación. Estas demoras y la consiguiente incertidumbre y resquemores que generan, dificultan en cierta medida la obtención de datos precisos o definitivos sobre la estructura interna y las dinámicas de funcionamiento que se espera que adquiera. Sin embargo, la posibilidad registrar el surgimiento de una organización y de relevar los sentidos que pone en juego y los problemas que debe enfrentar, es un desafío lleno de potencialidades para una investigación antropológica.

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Notas