RESEÑA HISTORICA DE LA DISCRIMINACIÓN CIVIL Y POLÍTICA DE MUJERES EN EL PARAGUAY

1. Introducción

Desde los inicios de la humanidad, los seres humanos han participado en todas las actividades taxativas de sus hábitats, sin embargo, en las diversas civilizaciones hasta nuestros días, la mujer ha sufrido un trato discriminatorio en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Definida como un ser que no poseía las capacidades suficientes para emitir su opinión referente a asuntos públicos, ni mucho menos formar parte de la vida política y pese que en algunas culturas tuvo un protagonismo trascendental, su rol fue minimizado en la creencia de que la mujer no era apta para trabajos intelectuales y su condición de menor le permitió dedicarse solamente a las labores del hogar, con algunas marcadas excepciones. En el Paraguay fue la actora tácita de acontecimientos relevantes, pero siempre su alusión aparece en los anales históricos, como esposa o madre de algún personaje importante, razones que postergaron por tanto tiempo su derecho a la ciudadanía e incluso la oportunidad de acceder a una educación, incumpliendo así con las facultades inalienables que posee todo ser humano deber.

La ciudadanía es un derecho que concede la libertad de intervenir en el poder político de una sociedad determinada. Potestad consagrada en sistemas legales y constitucionales de cada Estado, como la facultad que tienen las personas a gobernar y decidir quién gobierna. Esta concepción de ciudadanía comprende también los derechos civiles, sociales y políticos de hombres y mujeres (Bareiro, 1997). Noción que motivó el tema de la presente investigación analizando las memorias históricas e iniciativas de mujeres por construir su ciudadanía en el Paraguay, con acciones que determinaron su reconocimiento en la jurisprudencia y su perseverancia por conquistar espacios en la vida pública del país.

La lucha femenina en el Paraguay por eliminar su histórica discriminación y obtener su ciudadanía tiene un sólido respaldo histórico en el protagonismo que la mujer ha ocupado desde los mismos inicios de nuestra nacionalidad. Su accionar irrumpió ya en el período prehispánico pasando por los días primigenios de la conquista con la mujer española primero y, al mismo tiempo, con la indígena a quien le cupo desempeñar el rol de concubina, madre y bracera en las labores agrícola y, la mestiza y/ o paraguaya después, han sido las protagonistas tácitas en la historia oficial de nuestro país y aunque ellas hayan estado presente en los diversos sectores del quehacer nacional y hayan participado activamente al lado del hombre en la construcción ciudadana del Paraguay, su desempeño no fue visibilizado en los anales históricos, no por la falta de méritos, sino porque los espacios del mundo público siempre han estado ocupados por los hombres.

Recién, a partir de la obtención del derecho al sufragio femenino alcanzado en 1961, las mujeres iniciaron un lento pero sostenido proceso de ingreso a los espacios políticos mediante la apertura iniciada también en los partidos políticos tradicionales, permitiéndole ocupar escaños en el Parlamento, pese a que su participación durante la dictadura stronista fue muy escasa. No obstante, la lucha por la obtención de derechos ciudadanos prosiguió y con más énfasis al final de la década de los años ochenta, etapa en que se producen los reclamos más decididos por su participación política en el ejercicio del poder. En la siguiente década, se plantearon varias propuestas referentes a las cuotas legislativas cuyos resultados promovieron un incremento consecutivo de la presencia femenina tanto en la política como en los terrenos de poder público. A partir de estos vislumbres, la metodología del trabajo se centró necesariamente en la descripción de los acontecimientos sin perder su enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que la investigación documental depende fundamentalmente de la información que se recoge entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información sólida y rinda cuentas de una realidad o acontecimiento (Casares, 1995).

La investigación sobre el tema propuesto contiene nuevas perspectivas y variados aportes referentes a las inequidades civiles y políticas entre hombres y mujeres en el transcurso de los distintos períodos históricos del Paraguay. Por lo expuesto, se puede afirmar que la dilatada senda recorrida por las paraguayas con el propósito de afianzar sus derechos no concluyó, sino que en el presente, se sigue construyendo para que la participación ciudadana de mujeres en el Paraguay sea una ostensible realidad.

2. Antecedentes

“La mujer es la protagonista de toda la Historia paraguaya”

Augusto Roa Bastos

La inclusión de las mujeres en la historia implica necesariamente la redefinición y ampliación de nociones tradicionales del significado histórico, de modo que abarque la experiencia personal y subjetiva, lo mismo que las actividades públicas y políticas. En ese sentido, los estudios concretos en la historia de las mujeres requieren abordar nuevas perspectivas que puedan explicar las inequidades persistentes como experiencias sociales radicalmente diferentes y en donde, por lo general se advierte la firmeza de su status marginal en los campos que siempre han sido inherentes a los hombres (Scott, 2012). Es así que, desde el período pre-hispánico esa marginalidad discriminatoria se evidenciaba en casi todas las naciones nativas habitantes del antiguo territorio paraguayo. En la gran mayoría de las etnias paleolíticas originarias del gran Chaco, las mujeres no gozaban de los mismos derechos que ostentaban los hombres, inclusive si no satisfacían las necesidades de su unidad familiar eran repudiadas y entregadas a otros grupos en calidad de esclavas y generalmente, eran utilizadas para establecer alianzas matrimoniales, pactos inter-grupales e intercambios comerciales. Sin embargo, como en otras comunidades, también existieron excepciones. Algunas parcialidades otorgaban a ciertas mujeres un rol relevante en cuanto a la toma de decisiones y más cuando estas eran ancianas. Si bien, en la mayoría de las bandas del Chaco, se constata la existencia de una sociedad patrilineal, los niños y las niñas pertenecían a la familia de la madre. Este código se expresaba más fuertemente entre los chorótis y chuluí de la familia lingüística Mataco, cuyas mujeres, probablemente por encontrarse en minoría, poseían una condición muy independiente y respetada y más aún cuando ejercían la función de cacicas. Otro rasgo característico empleado en ciertas comunidades fue la limitada libertad ejercida por las mujeres antes del matrimonio, en cuanto a la elección de parejas, al divorcio y a la limitación de la natalidad. Las mujeres de la familia Guaycurú, particularmente entre los mbayá, toba y payagua sólo tenían uno o dos hijos, ya que restringían el nacimiento mediante uniones matrimoniales tardías y frecuentes abortos (Susnik, 1971).

A diferencia de las chaqueñas, en las naciones neolíticas guaraní, la mujer rechazaba el aborto y no permitía el incesto, pero por su condición era muy discriminada, ya que se la considerada solamente como un objeto de estimación económica, pues ella era la encargada de sembrar, cosechar y elaborar los productos propios de la subsistencia comunal. Además, servía como valor de cambio especialmente en las transacciones comerciales. La mujer guaraní podía valer unas cuantas pieles, carne de caza o varios juegos de adornos de plumería. Por estos motivos ella era requerida, tanto por la nación guaraní, como por los indígenas del Chaco, pero sin investir ningún derecho, con excepción a veces, de la consejería (Metraux, 1948).

En la etapa de conquista, las primeras españolas que arribaron al Rió de la Plata y que ulteriormente se establecieron en el Paraguay, llegaron en 1536. Algunas vinieron en calidad de criadas de los oficiales de alto rango, otras como esposas, hijas o familiares de los conquistadores. La mayoría de ellas no figuraba en la lista de la tripulación[2] pues casi nunca se las nombraba y tampoco se las consideraba para este u otro tipo de registros o padrones, salvo notables excepciones.

Isabel de Guevara fue una de ellas, quien testimonió las penurias acaecidas en la conquista del territorio, donde las mujeres cumplían, a más de las domésticas, las mismas tareas que los hombres, pero cuando se efectuaron las reparticiones de indios y solares no recibieron dichos beneficios, por ser mujeres o porque sus esposos pertenecían al bando político contrario del gobernante. Por esa omisión en 1556, la Guevara escribió a la reina gobernadora reclamando que, las mujeres de la expedición tenían el mismo derecho de recibir todos los privilegios concedidos a los hombres (Cartas de Indias) y, si bien sus demandas no fueron atendidas, el memorable documento se constituyó en un antecedente valido en un intento de construir la igualdad de derechos en la etapa incipiente de la Historia paraguaya (Monte de López Moreira, 2012, p. 1).

Los conquistadores, una vez asentados en las tierras del antiguo territorio del Paraguay, tomaron por la fuerza a las indígenas guaraní, práctica común en este periodo, denominada saca. Estas mujeres hacían las veces de criadas, de agricultoras y de amantes de sus amos. La saca desmedida fue debilitando gradualmente las comunidades guaraní. La escasez de mujeres no sólo desintegraba su potencial biológico, sino también el económico. Disminuyeron los brazos para el cultivo[3] y por consiguiente su capacidad alimenticia. Estas razones originaron un rápido declive demográfico indígena y un acrecentamiento de la población mestiza (Susnik, 1965).

En breve tiempo, en la naciente colonia se constató la presencia de cuatro grupos de mujeres. Las ya mencionadas indias, concubinas silenciosas de los europeos; las españolas y las criollas, quienes junto con las mestizas fueron las verdaderas actoras de la vida cotidiana de la inicial sociedad, pero sin ostentar ningún derecho civil o político.

Las mestizas de las primeras generaciones, a diferencia de otras colonias españolas, en el Paraguay adquirieron un status socio-jurídico similar al de las criollas. Algunas de ellas tuvieron actuaciones relevantes en el orden social como las cuatro hijas del gobernador Domingo Martínez de Irala: doña Isabel, doña Marina, doña Ginebra y doña Úrsula, casadas con los oficiales reales, enemigos políticos de su padre y que más tarde, se convirtieron en sus más leales partidarios y defensores a ultranza de su política. La clase dominante pronto se estableció alrededor de los esposos de las mestizas Irala, pues gracias a este parentesco, dos de ellos después de la muerte del suegro, lo sucedieron en el mando gubernativo (Monte de López Moreira, 2012, p. 1). Sin embargo, pese a que las mujeres de este siglo obtuvieron una manifiesta participación en la vida pública, fueron relegadas y discriminadas y casi no se las mencionan en los anales históricos.

Los acontecimientos socio-políticos vinculados a mujeres en las siguientes centurias fueron muy esporádicos. El siglo XVII se caracterizó por el cese de inmigración, de crecimiento vegetativo, de encomiendas, de pueblos de indios y de establecimiento de reducciones religiosas. Situación prolongada hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y la apertura del puerto de Buenos Aires se propició en gran medida la inmigración de comerciantes europeos que se afincaron en la región y formaron familias con las jóvenes provincianas, cuyas descendencias tuvieron notables realizaciones durante el proceso independentista (Velázquez, 1985). Algunas mujeres, entre ellas, doña Juana de Lara, mayordoma de la Catedral, y a quien se le otorga un presumible rol en la noche del 14 de mayo por haber coadyuvado en la ejecución del plan revolucionario y que una vez concretado éste se definió la futura soberanía del Paraguay (Monte de López Moreira, 2012, p. 2). Otras mujeres de ese periodo fueron Carmelita y Josefa Speratti. La primera fue esposa de Martínez Sáenz, dueño de la casa en donde se reunían los revolucionarios que preparaban los planes independentistas y la otra, fue novia y luego esposa en 1812, del brigadier Fulgencio Yegros y presidente de la Junta Superior Gubernativa. En el transcurso de los años siguientes, se puede constatar que los conceptos de Josefa sobre la igualdad de derechos eran bastante firmes. En una misiva enviada a su hijo Rómulo José, quien fuera edecán del general Francisco Solano López, en relación a la manumisión de ciertos esclavos, ella proponía la abolición sin excepciones aduciendo que “todas las personas fuimos creadas iguales y que al nacer recibimos de nuestro creador, ciertos derechos indiscutibles y que nadie puede arrebatarnos, entre estos, el de vivir, ser libres y buscar la felicidad...” (A.F.MY.M), es decir resaltaba la igualdad entre hombres y mujeres como derecho inalienable que todo ser humano debería poseer.

Una mujer que, probablemente haya luchado por la misma equidad fue Petrona Regalada Rodríguez, que con permisión coercitiva del gobierno, administrado por su hermano, el dictador José Rodríguez de Francia (1814-1840), pretendió a través de la educación, enseñar a las niñas de su escuela, los principios de libertad e igualdad. Petrona Regalada tuvo el mérito de haber sido la primera maestra consagrada a la educación femenina en el Paraguay independiente (Monte de López Moreira, 1994).

No sólo en este período, sino también en el siguiente, durante las dos primeras décadas de gobierno de Carlos A. López, las mujeres dejaron de figurar en el estamento oficial del país, hasta la llegada de Elisa Lynch, la pareja irlandesa de Francisco Solano López, quien con su presencia alteró y transmutó la sencilla vida social y política paraguaya en los años de la pre guerra.

En el transcurso de la guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), la historia oficial presenta a la mujer con el rol tradicional de abastecedora de alimentos, enfermera en los hospitales, donante de sus joyas para la causa de la patria y acompañante como residenta del ejército nacional. Salvo pequeñas alusiones se nombran a las traidoras que por razones políticas fueron destinadas a remotas comarcas en el interior del país, porque sus familiares o eran miembros de la Legión Paraguaya[4] o simplemente habían exteriorizado algún desafecto contra el presidente Solano López. Varias además, fueron las demostraciones político-patriotas en esta etapa bélica como las pretensiones realizadas por ciertas mujeres al solicitar su inclusión en la lista de combatientes. Otras propuestas de idéntica conducta se repitieron en el transcurso de la contienda y si bien al principio no fueron aceptadas por el gobierno, más tarde gran número de mujeres, por la necesidad preexistente, integraron varias armas en el ejército.

La reconstrucción de la patria tuvo nuevamente a la mujer, como el eje central para la repoblación y por mucho tiempo estuvo al frente de la actividad productiva y reproductiva. Es de advertir que en esta etapa el escenario de los hogares paraguayos sufrió una considerable variación ya que gran parte de la población femenina no solo siguió ejerciendo el rol social de jefa de hogar sino también, en la reconstructora del país en cuanto a la economía se refiere. Las unidades matriarcales en las últimas décadas del siglo XIX, proliferaron acentuadamente y fueron innumerables las mujeres de todos los sectores sociales, quienes se transformaron en generadoras de nuevas identidades nacionales, pero conservando algunos rasgos distintivos como la legua guaraní y las tradiciones culturales y, de quienes en su mayoría desconocemos sus nombres y acciones por haber sido radicalmente excluidas de los anales históricos. Gracias a sus esfuerzos logró, en forma anónima pero muy demostrativa, levantar la economía y repoblar el país. Sin embargo, fue en este periodo y amparadas tal vez por la Constitución Liberal de 1870, las mujeres empezaron a reclamar ciertos derechos políticos que gracias a la legislación antedicha, eran ya inherentes a los hombres. Estas primigenias luchas para eliminar su discriminación, tímidas al comienzo, se sucedieron por espacio de un siglo, en donde se bregó de distintas maneras por las reivindicaciones femeninas (Barreto, 2012). En sus primeras etapas tuvieron severos y crueles antagonismos a través de los medios de prensa, no obstante, a partir de la segunda década del siglo XX, fueron no sólo mujeres, sino también hombres legisladores o políticos, quienes ejercieron la defensa por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. En ese contexto se realizaron diversas formas de manifestaciones a favor de las legítimas demandas en la obtención de la ciudadanía femenina.

3. La lucha para eliminar la discriminación civil y política de mujeres en el Siglo XX

A partir de los primeros años del siglo XX, la lucha por la igualdad de derechos civiles y políticos de las mujeres abrió el debate en todo el mundo y si bien revistió caracteres diferentes según los países, también presentó rasgos comunes que permiten identificar al feminismo como sinónimo del sufragismo, tema que no solamente interesó a mujeres, sino también a hombres, quienes pretendían la reivindicación de la mujer al sufragio y a los derechos civiles. En el Paraguay, varios políticos acompañaron el proceso de cambio de mentalidades que implicó entonces, y sigue representando ahora, la inclusión sin discriminaciones de las mujeres en el pacto social ciudadano.

En 1901, sin ser ciudadanas, unas treinta y siete mujeres de Concepción de expresaron como tales al protestar por la elección de un senador, a quien consideraban traidor a la patria. Igualmente, las integrantes de la Comisión Pro-Paz, que en 1904 solicitaron al jefe revolucionario que pretendía derrocar al gobierno que no desatara una guerra civil la que ocasionaría innumerables pérdidas humanas. Tres años más tarde, obtenía su título la primera abogada del Paraguay, la doctora Serafina Dávalos, quien fue electa Miembro del Tribunal Superior de Justicia, sin poder aun ejercer su derecho al sufragio.

En ese decurso de acontecimientos, tanto individualidades como organizaciones se expresaron en carácter de ciudadanas a través de escritos, debates, proyectos de ley y gestiones proclives a luchar contra la discriminación y la obtención de la igualdad legal entre mujeres y hombres en relación a los derechos civiles y políticos de las mujeres.

3.1. Escritos y proyectos

Dávalos argumentaba en su tesis Humanismo, sobre la necesidad de reconocimiento de lo que ella llamaba “la personalidad política de la mujer” como requerimiento esencial para la existencia de una democracia, que en caso contrario se convertiría en una “oligarquía de hombres”. Abogó fervientemente por la defensa del feminismo, hecho que se puede constatar en su trabajo, que a más de una crítica al sistema cultural, educativo, político y jurídico de ese entonces expresaba: "Si queremos construir un país verdaderamente democrático en que la libertad, la justicia y la igualdad, sean hermosas realidades, debemos empezar por organizar el hogar sobre la base de una perfecta igualdad". En cada una de las páginas de la obra, su autora defiende los derechos de la mujer y propone la capacitación profesional como hecho fundamental para la liberación femenina y su igualdad en la sociedad, pensamientos de notable vigencia en la actualidad (Dávalos, 2007).

De igual modo, en 1925, Virginia Corvalán editaba su tesis El feminismo. La causa de la mujer en el Paraguay, obra con la que logró su doctorado en la Facultad de Derecho. En sus nueve capítulos, fundamenta sobre la condición de la mujer y sobre su derecho al sufragio. En la conclusión de su trabajo, Corvalán manifiesta: La equidad o el sentimiento natural de lo justo, impone que se otorgue a la mujer todos los derechos políticos de que el hombre goza (Bareiro-Soto-Monte, 1993).

En esa etapa, también algunos políticos lucharon por la obtención de la igualdad de derechos para eliminar la discriminación y, aunque en su momento no lo consiguieron abrieron las sendas que posteriormente posibilitaron estas concreciones. El inicial intento lo realizó el diputado republicano, Telémaco Silvera, quien en 1919, presentó al Congreso dos proyectos de Ley, sobre los Derechos Civiles y Políticos de la mujer. En una parte de su extensa fundamentación sobre el tema, señalaba que: “Los derechos civiles y políticos de la mujer constituyen una cuestión de reconocimiento de su capacidad civil y el proyecto responde en parte a una deuda de gratitud y a reparar la injusticia de la legislación vigente,(…) La mujer merece ese derecho por su mentalidad superior, revela­da en la agudeza de su ingenio, en su discreción y delicado tacto y en su potencialidad productiva. Por su inteligente actividad en las faenas domésticas y su espíritu practico en los negocios…” (Silvera, 1992). Pese a todas las buenas iniciativas del diputado Silvera, la aprobación del proyecto no prosperó por la resistencia de sus pares congresistas.

3.2. Organizaciones

Las primeras organizaciones propiamente feministas que se conocen en el Paraguay surgieron bajo el influjo del sufragismo, motivadas por la necesidad de dar apoyo a proyectos de ley presentados por los políticos de entonces. En el transcurso de las primeras décadas del siglo XX, se crearon distintas entidades, todas con la misma finalidad de conseguir los derechos civiles y políticos de la mujer.

En 1920, se fundó el Centro Feminista Paraguayo, siendo esta entidad, la primera iniciativa a la que puede considerarse como una organización de género. El principal motivo de su fundación, radicaba en la necesidad de que las mujeres se organizaran para luchar por sus derechos y para contribuir con ideas al Congreso Internacional de la Alianza para el Sufragio Femenino que se celebraría en Madrid. Una representante de esta entidad y reputada feminista fue María Felicidad González, quien representó al país en esa oportunidad y luego en el Congreso de Mujeres de Baltimore. El texto de su conferencia fue reproducido en la revista Feminismo Internacional con un elogioso acápite hacia la persona de su autora (Speratti, 1989).

La Asociación Feminista del Paraguay, fundada en 1929, pretendía la promulgación de la Ley sobre los derechos civiles y políticos de la mujer. Sus integrantes eran conocidas luchadoras de tales derechos, entre las que cabe citar a Elida Ugarriza, una docente de notable actuación que en 1925, en procura de mejoras salariales, lideró la huelga general de maestros. Otras fueron Virginia Corvalán, María Felicidad González, Isabel Llamosas de Alvarenga, Carmen Gatti, Josefina Pastor, y, unos algunos políticos pertenecientes a los dos partidos tradicionales, como Telémaco Silvera, Juan Vicente Ramírez, Justo Pastor Benítez, Pablo Max Ynsfrán y Anselmo Jover Peralta (Soto-Bareiro, 1981).

En los siguientes años se fueron creando varias organizaciones casi todas con similares proyectos para eliminar del contexto nacional toda clase de discriminación respecto a los derechos civiles y políticos, como La Unión Femenina del Paraguay (1936), primera organización de género que contó con Estatutos y un programa de 27 puntos. La Unión editó el periódico Por la Mujer, “Para las mujeres que trabajan y piensan”. El Centro Cívico de Mujeres (1936). Aglutinaba a mujeres del Partido Liberal. El Consejo de Mujeres de la República del Paraguay (1940), cuyo propósito era unir los esfuerzos por la dignificación de las Mujeres con el lema “Todo por la Mujer y el bien de la Mujer”.

Durante el gobierno dictatorial de Higinio Morínigo, se creó la Unión Democrática de Mujeres (1946), con el firme propósito de conseguir los derechos citados, cuyas consignas eran: Profesar su culto, pensar libremente, trabajar sin hambre y vivir sin miedo. Otra organización, creada 1951, fue la Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer, promocionada por Isabel Arrúa Vallejos y mujeres pertenecientes a la A.N.R. que publicó el periódico El Feminista y bajo cuyo influjo directo se consiguió, finalmente, la aprobación de la Ley 236 de 1954, que representó un avance en los derechos civiles de las mujeres. El Instituto Cultural de Amparo a la Mujer, fundado en 1953, con integrantes activistas del Partido Liberal. Tres años más tarde, el instituto fue proscripto por orden del gobierno de Alfredo Stroessner, por tratarse de “una organización que funciona antirreglamentariamente para solventar al movimiento subversivo” (La Tribuna, 1956). Ulteriormente se creó la Asociación de Universitarias Graduadas del Paraguay, que aglutinaba a un considerable grupo de mujeres que bregaban por los mismos objetivos citados (Monte-Bareiro-Soto, 2011).

En esa coyuntura y en simultaneidad a las demandas de mujeres, constituidas en las diversas organizaciones antedichas, el discurso nacionalista le otorgaba un sitial privilegiado en la sociedad aludiéndola como la mujer que en la guerra y en la paz simbolizaba la virtud y el coraje, es decir la imagen de la kuñá guapa[5]. El papel de la mujer en la postguerra contra la Triple Alianza (1865-70) refuerza el símbolo de fortaleza y coraje de la mujer paraguaya, representada por la kuña valé[6], es en realidad el magistral modelo de la mujer que es capaz de salir sola adelante. Esta, que para muchos es la base del supuesto "matriarcado" paraguayo, es en realidad, la expresión más tradicional del patriarcado, que consiste en considerar únicamente al hombre como la encarnación del legítimo poder en el estamento socio-político del país, del que las mujeres estaban –en muchos casos, aún están- excluidas. La kuña guapa, la residenta que sobrevivió a la guerra, la mujer abnegada y la trabajadora reconstructora de la nación, constituye la idealización femenina en el Paraguay. Ideal que da responsabilidades pero no, derechos.

La lucha de las mujeres para eliminar su discriminación civil y política no tuvo tregua ni descanso. En los años sucesivos, las organizaciones sufragistas trabajaron valerosamente y apremiaron a las autoridades a través de comunicados de sus líderes, para lograr la concreción de sus propósitos. A ese efecto, el 26 de agosto de 1954, la Cámara de Representantes[7] promulgó la Ley N° 236, con 53 otorgado los Derechos Civiles de la Mujer y, recién en 1961, el Poder Ejecutivo propuso al Legislativo un dictamen favorable para conceder los derechos políticos. Es así que, el 30 de junio de ese año, sin oposición alguna, los legisladores aprobaron la citada disposición y el 5 de julio, Alfredo Stroessner promulgó la Ley 704, que confirió a las mujeres sus ansiados derechos políticos, convirtiéndose el Paraguay en el último país de América Latina en establecer el derecho al sufragio activo para las mujeres (Monte-Bareiro-Soto, 2011).

Y si bien, las mujeres empezaron tímidamente a ejercer el derecho al sufragio a partir de las elecciones generales de 1963, en la práctica eran muy pocas las posibilidades de ser elegidas para regir cargos públicos de importancia, no obstante en dichos sufragios fueron electas dos mujeres para ocupar sus escaños en la Cámara de Representantes. Después de casi tres décadas, se les volvió a otorgar la potestad de ser electas como representantes por el pueblo. Efectivamente, luego de las elecciones generales de 1988, cuatro mujeres formaron parte del Parlamento: dos senadoras y dos diputadas, es decir el 5,8 % del Congreso Nacional[8] (Ver cuadro N° 1).

Aunque, logrados los Derechos Civiles y sus modificaciones en años posteriores y, los objetivos del voto, el renacer del nuevo feminismo de los países del norte llegó tarde al Paraguay. Cuando en los años sesenta se creaban movimientos de liberación en Estados Unidos y Europa, las mujeres paraguayas organizadas o estaban lejos de cuestionar las bases de la cultura patriarcal, o actuaban dentro de los partidos de oposición y los movimientos sociales, preocupadas más por la represión y la falta de democracia que por otra clase de luchas como la discriminación y la violencia contra las mujeres.

En ese contexto, vale apuntar que después de casi tres décadas de trabajo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para seguir de cerca la situación femenina en el país y promover sus derechos, puso de manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le niega la igualdad con el hombre. Estos esfuerzos en pro del adelanto de la mujer han desembocado en varias declaraciones y convenciones, de tal manera que el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)[9], que entró en vigencia como tratado internacional, el 3 de septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países. Diez años más tarde, unos meses después de la caída de Alfredo Stroessner del poder, casi 100 naciones –entre ellas, el Paraguay-, declararon que se consideran obligadas por sus disposiciones.

Precisamente, antes de concluir la década de 1980, empezaron a aparecer grupos y organizaciones de mujeres con diferentes objetivos, a la par de un aumento de movilizaciones sociales. El impulso de líderes feministas provenientes de la militancia en otros ámbitos, la influencia de eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas de Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985, la creciente necesidad de visibilizar la condición de las mujeres al interior de organizaciones mixtas, y la ratificación de Paraguay en la CEDAW, fueron algunas de las motivaciones del surgimiento de estas organizaciones de mujeres. Así se fundaron algunos organismos como la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), que actualmente aglutina a diversas organizaciones; la Red de Mujeres Munícipes, que reúne a todas las intendentas y concejalas del Paraguay; la Coordinadora Interpartidaria de Mujeres del Paraguay (CIMPAR), la Red de Mujeres Políticas.

A principios de los años noventa, varias organizaciones de mujeres exigieron al Estado la instauración de la Secretaría de la Mujer. Gracias a esta iniciativa se aprobó la Ley de su creación en 1992 y cuyo funcionamiento se inició a partir del año siguiente. Aun cuando falta tanto por hacer en este aspecto, se consiguió que el Estado crease un organismo de alto rango rector de las políticas hacia las mujeres, y el discurso con perspectiva de género está hoy bastante legitimado en las instituciones públicas que trabajan el tema mujer (Soto, 1998). Los graves problemas de la institucionalidad estatal en general hacen que estas victorias sean aún parciales, pese a que el Paraguay, como Estado es parte CEDAW debe garantizar la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

En su preámbulo la CEDAW reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones" y subraya que esa discriminación “viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana". De acuerdo al artículo 1º, por discriminación se entiende "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (…) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". Y afirma en su artículo 3º el principio de igualdad al pedir a los Estados Partes que tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre" (www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm)

Al enfatizar estos dos artículos relacionados con la discriminación y la trasgresión de los principios de igualdad de derechos es importante indicar que en nuestro país sigue vigente de alguna manera el concepto de que la mujer debe estar en segundo lugar y sometida totalmente, tanto en el plano hogareño o como en el público, a la voluntad del hombre[10]; en absoluta contravención a lo estipulado en la Constitución Nacional que reconoce y promueve la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida.

En ese devenir, es de saber que antes y durante la dictadura stronista, fueron varias las activistas de distintas organizaciones que protagonizaron importantes acciones en el marco de la construcción ciudadana de mujeres y ameritan ser reconocidas como Dora Vargas de Coscia, Inés Enciso Velloso, Isabel Arrúa Vallejos, Dora Freis de Barthe, María Elina Olmedo Giménez, Leónidas González, María Luisa Candia de Burt y muchísimas más que bregaron por la obtención de sus derechos. Especial importancia tuvieron: Mercedes Sandoval de Hempel, célebre por sus diatribas contra el régimen dictatorial y doña Carmen Casco de Lara Castro, más conocida por doña Coca, quien pugnó por la tolerancia y respeto a los derechos humanos en el Paraguay. A propósito, siendo ella senadora propuso al Congreso la conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya, en recordación a la reunión de mujeres realizada en Asunción el 24 de febrero de 1867, con motivo de la donación de joyas, siendo esta la primera asamblea femenina registrada en la Historia de América. Aceptado su proyecto, la Ley fue promulgada por decreto el 6 de diciembre de 1974, en coincidencia con las Naciones Unidas que celebraba el “Año Internacional de la Mujer”.

Al mismo tiempo, cabe mencionar en este apartado a las mujeres anónimas que desde sus hogares, en su labor silenciosa también coadyuvaron de manera efectiva, en la construcción ciudadana, tejiendo la urdiembre de valores y decisiones en cada uno de los miembros de su entorno familiar.

4. Igualdad y no discriminación

El reconocimiento formal de la ciudadanía a las mujeres fue un hito, pero no marcó el final del camino. El ejercicio del voto llevó más tiempo, e incluso en la actualidad para muchas personas, no solo para las mujeres, este derecho sigue limitado debido a diversas formas de fraude electoral que tienen como trasfondo la pobreza, la corrupción de varios sectores políticos y la larga tradición autoritaria que impide un uso libre del voto como expresión de ciudadanía. El acceso a la representación, que inicialmente fue excepcional, se fue constituyendo en reclamo colectivo y en objeto de propuestas legislativas recién a partir de la última década del siglo XX. Las llamadas cuotas de participación de mujeres ocuparon un primer plano entre las demandas de las mujeres políticas, lográndose inicialmente que en algunos partidos se las fuera incluyendo como un porcentaje mínimo de presencia en las listas de candidaturas, si bien posteriormente en otros casos se amplió la norma a porcentajes mayores e incluso casi paritarios (Soto, 2011).

La Constitución Nacional de 1992, incluyó artículos referentes a la igualdad y a la no discriminación, especificando que el Estado debe promover mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, especialmente a la participación en los asuntos públicos. En ese sentido, el 9 de mayo de 1993, en el marco de las elecciones generales, en sufragios completamente libres y democráticos[11], una nueva agrupación política, el Encuentro Nacional compitió con los dos partidos tradicionales, la ANR y el PLRA, en cuya ocasión postuló a una mujer, María Victoria Brusquetti, para la vicepresidencia de la República.

Una conquista importante para las mujeres fue la modificación del Código del Trabajo. De acuerdo a la Ley 496/1995, en su artículo 85 se incluyó el acoso sexual como causa justificada para terminar contratos laborales (Código del Trabajo). Con respecto a elecciones partidarias, en 1996, el Código Electoral paraguayo estipuló un 20 % de participación mínima de mujeres las listas primigenias de los partidos políticos, es decir, se permitió el acceso de una mujer por cada cinco lugares ocupados por los hombres para los padrones elaborados por los sectores internos en la postulación a elecciones partidarias (Art. N° 32 del Código Electoral). La A.N.R. fue la primera agrupación política en conferir la cuota convenida en la citada Ley. Otro elemento resaltante del contexto político paraguayo es que, a partir de dicha apertura democrática, se produjo una proliferación de partidos políticos pugnando por el siempre móvil tercer espacio. Tanto desde sectores conservadores como desde la izquierda emergieron expresiones políticas que en algunos casos han sido efímeras y en otros tienden a la consolidación, con diferentes tamaños y disputando hasta ahora un porcentaje no mayor del 20% del electorado. De hecho, el 80% de los votos sigue monopolizado por los dos partidos históricos, la ANR y el PLRA (Soto- Schvartzman, 2014).

En el siglo XXI, los movimientos femeninos aumentaron sus demandas al tiempo de formular diversas propuestas para superar la histórica exclusión de las mujeres de los asuntos públicos. Si bien, las conquistas por ocupar espacios de decisión en la esfera política y ciudadana eran aún escasas, en el decurso de los años se consiguieron algunos escaños en dichos sectores. En las elecciones de los años 1993, 1998 y 2003, se constatan ciertos avances en los porcentajes legislativos, aunque no era precisamente el esperado porque en las listas partidarias, las mujeres no ocupaban los primeros lugares (Ver Cuadro N° 2). Con relación a otros cargo ostentados por mujeres, en el año 2001, una indígena guaraní occidental, Susana Pintos fue electa como concejal de la municipalidad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón en el Chaco y entre 2006 y 2010, Evanhy Troche de Gallegos fue intendenta de Asunción. En el año 2008, una mujer indígena ocupó la titularidad del ente público responsable de las políticas para los pueblos indígenas, Margarita Mbywangi, de la comunidad Aché.

En cuanto a candidaturas femeninas a la presidencia de la República, en las elecciones generales del 2003, de las nueve en pugna, una correspondió a Gladys Teresa Notario, representante del Partido Humanista. En las del 2008, de siete candidaturas presidenciales, una correspondió a la postulante de la ANR, Blanca Ovelar. En las elecciones de 2013, de once aspiraciones para ocupar la presidencia, solo una mujer, Lilian Soto, perteneciente al partido Kuña Pyrendá, presentó su candidatura. En el 2018, se presentaron diez pretendientes para ocupar la curul presidencial, pero ningún partido o movimiento político, postuló a una mujer para ese cargo, a excepción del Partido del Movimiento Patriótico Popular que eligió a Irma Vera para la vicepresidencia.

Si bien, desde el inicio del proceso democrático en el Paraguay, el nombramiento de ministras del Ejecutivo dio un marcado avance hacia el profesionalismo femenino, no se logró hasta el presente conseguir la paridad de género en la distribución de cargos ministeriales. La primera ministra en un gabinete presidencial paraguayo fue Chyntia Prieto Conti, quien se desempeñó en la cartera de Salud durante el gobierno del general Andrés Rodríguez y en el decurso de los sucesivos gobiernos, otras mujeres también ocuparon compromisos relevantes pero en significativa minoría frente a los desempeñados por hombres en los cargos ministeriales.

Volviendo al contexto municipal, en las lides eleccionarias de 2015, se percibieron algunas mejorías. De 250 municipios, 26 fueron ganados por mujeres y se eligieron 552 concejales mujeres de los 2.640 en disputa por el cargo (ABC Color, 3-VIII.2017). De acuerdo a lo expresado por L. Bareiro, el 2015 ha sido un año de algunos avances en términos de derechos para las mujeres, como la Ley del Trabajo Doméstico que permite a unas 220.000 mujeres acceder al derecho de la jubilación y a las 8 horas de trabajo, pese a que en algunas entidades se sigue manteniendo la discriminación con respecto al salario mínimo que por Ley deben percibir todas trabajadoras del país. Otras conquistas legales fueron: la Ley de Protección Integral a las Mujeres, aprobada en general por la Cámara de Diputados en diciembre de ese año, y la Ley de Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, que extiende el permiso de maternidad a 6 meses (ABC Color, 5-I-2016).

Con respecto al Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay está compuesta por 9 Ministros, de los cuales, en la actualidad tres mujeres ejercen dichas magistraturas. En el año 2004, después de 97 años, recién otra mujer fue electa como Ministra[12], la doctora Alicia Pucheta. Más tarde, en diciembre de 2010, fue electa la doctora Gladys Bareiro y en el 2015, la doctora Mirian Peña, quien fuera la primera mujer fiscal, en 1977 y en 1980, la primera jueza. En la actualidad también, es Ministra de la Corte. El 8 de marzo del 2018, fue designada como Fiscala General del Estado, la agente fiscal, Sandra Quiñonez, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.

Con respecto a las gobernaciones, las candidaturas de mujeres han sido más bajas, con un porcentaje entre 8 y 13% en las elecciones durante la última década (Soto-Schvartzman, 2014). Mientras que, en los cargos pluripersonales, es decir en la Cámara de Senadores y de Diputados, en las elecciones generales antedichas, el número de mujeres que accedieron a puestos legislativos se fue acrecentando pero en forma muy exigua no sobrepasando el 20% frente a los ocupados por los hombres. En las elecciones de 2008, los escaños destinados a las mujeres alcanzaron solo un 16,9% frente al 81,1% de los ejercidos por hombres. En las siguientes de 2013, se eligió una mujer gobernadora de los 17 departamentos en pugna; de los 45 senadores, fueron electas 9 mujeres y de los 80 diputados, 12 mujeres. En tanto, en las recientes elecciones del 2018, ni una sola mujer fue electa para administrar gobiernos departamentales y solo obtuvieron solo 8 bancas para el Senado y 11 para la Cámara de Diputados (Ver Cuadro N° 3), produciéndose una involución en los porcentajes de escaños parlamentarios con relación a las elecciones anteriores. Es interesante destacar que, la lista liderada por Lilian Soto, representante del Partido Kuñá Pyrendá con propuestas feministas no ha logrado conseguir los votos necesarios para acceder a la senaduría, evidenciando de esta manera que un proyecto político basado esencialmente en la equidad de género, igualdad de clases y la lucha contra el modelo económico productivo extractivista aún carece de suficiente concienciación o sensibilidad en un gran sector de la ciudadanía paraguaya.

En los citados comicios del 22 de abril de 2018, se experimentó una atípica situación política, específicamente con la lista para la senaduría presentada por la ANR que postuló al presidente de la República, Horacio Cartes y al vicepresidente, Juan Afara, ambos en ejercicio de sus funciones. Una vez confirmados como senadores y tras la renuncia de este último, correspondió al Poder Legislativo, de acuerdo a sus atribuciones, allanar la disyuntiva de quien ocuparía su cargo, teniendo en cuenta que el Congreso debía estar conformado el 1° de julio, fecha en que prestan juramento los legisladores electos. En esa coyuntura, la doctora Alicia Pucheta, dimitió a su cargo de Ministra de la Corte y en una sesión extraordinaria celebrada el 9 de mayo, pese a las graves críticas contra su persona, 81 congresistas la consideraron idónea para regir la vicepresidencia hasta la renuncia, a su vez del presidente y convertirse así, por breve tiempo, en la primera presidenta del Paraguay hasta la asunción del nuevo mandatario (Ultima Hora, 10-V-2018), hecho que no se dio porque el nuevo Congreso inhabilitó la senaduría de Horacio Cartes y este no pudo jurar como tal. Similar circunstancia le cupo experimentar al ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, quien también aspiraba un escaño en el Senado, pretensión abortada por el entonces presidente del Congreso, Fernando Lugo que lo excluyó de la lista de senadores para la ceremonia de juramento y convocó en su reemplazo a Mirta Gusinky, obteniéndose con esta designación, una banca parlamentaria más, investida por una mujer.

Por otra parte, las escasas cifras que se ha venido dando desde el inicio del período democrático en los cargos políticos ocupados por mujeres, motivaron a varios colectivos desde el año 2003, a reclamar la paridad en el sistema electoral y de gobierno. Las pioneras en plantear la cuestión paritaria fueron las mujeres europeas en la Declaración de Atenas del año 1992. La propuesta consistía en establecer, por medio de disposiciones legales, que hombres y mujeres debían estar en igualdad numérica en los espacios de poder y así prescindir de toda clase de discriminación política. En el Paraguay, el tema es más reciente y ha producido pocas propuestas a nivel gubernamental, sin embargo ocasionó debates reveladores instalados, no solo en las asociaciones femeninas, sino también en el seno de los partidos y movimientos políticos, argumentando que las listas de candidaturas deben componerse con el 50% de cada sexo en forma alternada y secuencial, con el propósito de erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. En consecuencia, algunos de partidos establecieron la paridad en sus listas como el Partido País Solidario, el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, el Partido Participación Ciudadana y el Partido Frente Amplio. En 2015, se sumaron el Partido Revolucionario Febrerista y el Partido del Movimiento al Socialismo. En ese sentido, el Frente Nacional por los Derechos Políticos de las Mujeres, conformado por parlamentarias de diferentes bancadas, por mujeres que ocupan espacios de decisión en el Poder Ejecutivo y políticas de diversos sectores estuvieron trabajando en la presentación de proyectos al Congreso con el objetivo de lograr esa equidad (ABC Color. 31-VII-2011) sin embargo, la presencia femenina sigue siendo mínima en la actividad política, inclusive se planteó aumentar la cuota de participación de las mujeres al 33%, pero no la paridad.

Sin embargo, aún existen grandes desafíos y grandes deudas del Estado y si bien, se dio un pequeño incremento en los cargos electivos, la cuota es aun mínima, la inequidad subsiste en los espacios de poder de todos los partidos y movimientos políticos –en las elecciones generales de 2018 solo se obtuvo un 15, 20 % para los cargos legislativos-, situación que ha impedido tener un impacto efectivo para decidir sobre los intereses de género y sobre la vida política, social, económica y cultural del Paraguay.

5. Conclusión

La obtención del sufragio femenino representó un avance muy significativo en la construcción ciudadana de mujeres, pero en simultaneidad a este logro, se fortaleció el modelo represivo implantado por la dictadura stronista que impidió y reprimió la existencia de organizaciones críticas en la sociedad paraguaya, cuyas secuelas ocasionaron una desmovilización femenina que pareja con un corte de la memoria histórica en relación a las experiencias organizativas de las mujeres. Recién, desde el inicio del período post-dictatorial, empiezan a surgir nuevas organizaciones, muchas de las cuales se fueron consolidando con los años al seguir bregando por el acceso a los espacios de decisión política y al centrar sus demandas en la igualdad legal. Según Flavia Freidemberg, especialista en Ciencias Política y Sociales, en el Paraguay como en muchos países Latinoamericanos, existen muchos obstáculos para la mujer que quiere hacer política, pues históricamente se ha enseñado que los espacios públicos y los Partidos Políticos son exclusividad de los hombres y que el ámbito privado es para la mujer, concepciones que fueron trasplantadas a la política; pero en el presente se deben eliminar estereotipos pre concebidos sobre los roles que hombres y mujeres deben ejercer para participar y competir en igualdad de condiciones y la única manera de lograrlo en poner en vigencia la Ley de Paridad, es decir en la proporción igualitaria de cuotas eleccionarias entre hombres y mujeres; en la exigencia de atención efectiva por parte del Estado y sobre todo en la lucha contra la violencia, en base a diversos programas socio-educativos con el fin de erradicar la discriminación contra las mujeres y los feminicidios.

La participación política es una impetración constante de las mujeres paraguayas, motivada fuertemente por su escasa presencia en la esfera política. Son minoría en casi todos los cargos públicos y para ámbitos de decisión estatales, de partidos políticos y de la sociedad organizada y, llegan a ocupar apenas un 20,53% de estas funciones. En la actualidad, la diversidad entre las organizaciones de género es magna en cuanto a tamaño, formas de acción, objetivos, estabilidad y estructuración que trabajan desde sus diversos ámbitos para construir elementos que valoren y puntúen el acceso de más mujeres a los espacios públicos con el propósito de transformar el escenario cívico con la equidad de género, más allá de lo simbólico o subyacente y lograr así una mayor presencia femenina, no solo en la política, sino también, en las esferas decisivas de poder, con más inclusiones que exclusiones y propender al logro de una legítima construcción ciudadana y democrática en el Paraguay.